El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) archivó la denuncia contra el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por sugerir que sus escoltas podrían colaborar en una eventual salida del país.
La denuncia fue presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) después de que Peinado argumentara, al ordenar la retirada del pasaporte de Gómez, que los agentes encargados de su seguridad podrían eventualmente facilitar una fuga. El TSJM determinó que esas expresiones no constituyen una falta disciplinaria de desatención o desconsideración contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Peinado envió el pasado 20 de junio a juicio a Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, ordenó como medidas cautelares retirarle el pasaporte, prohibirle abandonar España y comparecer cada 15 días ante el juzgado.
Para justificar la retirada del documento, el magistrado aseguró que «a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia».
Peinado también argumentó que los integrantes de las fuerzas de seguridad encargados de proteger a Gómez podrían colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar» una «fuga» de la acusada, declaraciones que provocaron la denuncia del sindicato policial.
En la resolución que archivó la denuncia, el magistrado apuntaba que «no cabe duda» de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez «en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
El juez abrió en abril de 2024 la investigación contra Gómez para indagar presuntos delitos relacionados, entre otros asuntos, con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía.
La investigación comenzó después de una denuncia presentada por Manos Limpias, organización que se autodenomina sindicato y es identificada como ultraderechista, basada inicialmente en informaciones publicadas por medios de comunicación.
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