Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la 53ª prórroga del régimen de excepción con la cual el Gobierno informó que lleva 92,740 personas capturadas, 260 detenidos más respecto a la cantidad reportada hace un mes.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Vamos ha solicitado que se aplique “sin margen de error”. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) estaban ausentes.
La diputada Elisa Rosales, secretaria de la junta directiva de la Asamblea, leyó la solicitud del Gobierno, firmada por el secretario de asuntos jurídicos de la Presidencia de la República, Adolfo Muñoz, que “es necesario prolongar dicho régimen en lo referente a las medidas extraordinarias vinculadas a la limitación de los derechos contenidos en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República, que en este momento son las que resultan necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad”.
Las tres disposiciones constitucionales citadas se refieren al derecho de la persona detenida a ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención con garantía a la asistencia de defensor en los procesos judiciales; a que dicha detención administrativa no excederá de 72 horas; y a la inviolabilidad de la correspondencia o telecomunicaciones.
El nuevo decreto de prórroga iniciaría su vigencia el 30 de julio y concluiría el 28 de agosto de 2026.
En su intervención, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, señaló que hubo “gobiernos metidos en pactos con pandillas, que financiaron a las pandillas, que hicieron pactos con pandillas para que favorecieran en votaciones”. “No podemos permitir que la memoria sea corta porque cuando un país olvida su pasado corre el riesgo de repetirlo”, dijo.
En la solicitud, el Gobierno dijo haber constatado que aún hay participación de menores de edad en el reclutamiento de otros para incorporarlos a pandillas.
“Se ha constatado la participación de menores de edad, pandilleros, en el reclutamiento de otros menores para incorporarlos a estas organizaciones criminales así como en la posesión de droga y armas de fuego”, sostuvo en la solicitud.
Además, subrayó que, “en procedimientos de seguridad se ha recolectado evidencia digital que confirma la persistencia de vínculos, mecanismos de coordinación y actividades orientadas a mantener la influencia de estas organizaciones criminales”.
La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que el mes pasado de junio “cierra como el más seguro en los últimos nueve años”.
El gobierno cuenta 1,275 días sin homicidios durante el actual gobierno y una caída drástica de los homicidios en todo el país, algo que atribuyen sobre todo al régimen de excepción. Mientras, organizaciones nacionales e internacionales registran más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias, pero también han reportado denuncias de torturas, maltratos y más de 500 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
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