La Asamblea Legislativa sumará esta semana un total de 13 créditos, una garantía crediticia y una emisión de títulos valores por un monto de $1,971.4 millones que ya pasaron autorización y ratificación.
La autorización y la aprobación son las primeras dos votaciones necesarias que, junto a las reformas presupuestarias correspondientes, permiten al Estado empezar a recibir los desembolsos de las nuevas deudas contraídas.
Se trata de deudas que oscilan entre los $9.6 millones y $501.2 millones, en su mayoría con un destino específico. Solo dos de los 15 instrumentos aprobados poseen un destino flexible, ya que sus fondos pueden ser utilizados para obligaciones generales del Estado o transferencias: el préstamo de $501.2 millones y la emisión de títulos por $100 millones.
En el caso de los préstamos y la garantía, los mayores acreedores son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $625 millones; seguido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, por $617.9 millones; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $445 millones; y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $150 millones.
El monto mayor ha sido un préstamo del BIRF autorizado y ratificado en abril que es desembolsado a cambio de resultados educativos que presente el Gobierno. El primer desembolso, por $131 millones, se realizará después de una reforma presupuestaria acordada el lunes al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt).
Entre los requisitos para recibir los desembolsos de este préstamo está incrementar el porcentaje de estudiantes desde 2º grado hasta 2º año de bachillerato con niveles de suficiencia en matemática y lectura, implementar una plataforma digital de aprendizaje y un sistema de evaluación del aprendizaje, mejorar el sistema de gestión de datos educativos y dotar de computadoras portátiles y tabletas a estudiantes y docentes. Sin embargo, los fondos pueden ser utilizados para «acciones estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran liquidez y transferencias varias».
La emisión de títulos por $100 millones aprobada en abril también puede ser utilizada en «prioridades, obligaciones, transferencias o necesidades».
El resto de préstamos o la garantía sí tiene un destino fijo según los decretos aprobados.
Así, el segundo préstamo mayor, que asciende a $195 millones, fue otorgado por el BID, aprobado el 29 de enero de 2026 para el programa de modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez».
Le sigue un crédito de $185 millones del BCIE destinado al proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa en el área metropolitana de San Salvador y otro de $155 millones del BCIE para el programa de infraestructura vial y movilidad urbana fase II.
Luego aparecen dos créditos por $150 millones cada uno, uno otorgado por el BID y otro por el BCIE, tienen como destino decretado el control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador y un programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos fase II. Estos, según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, podrían empezar a ser ejecutados el próximo año.
El resto de créditos se destina a proyectos de generación de empleo o créditos empresas, becas universitarias y su seguimiento, DoctorSV, centro de maternidad El Nido, luminarias en carreteras, financiamiento adicional al proyecto Crecer y Aprender Juntos y una planta solar fotovoltaica en San Matías, La Libertad.
Deja una respuesta