Autor: Alvaro Cruz

Los fanáticos del presidente Donald Trump quisieran verlo subir a un podio, en Oslo, para recibir el Premio Nobel de la Paz. Los seguidores de Vladimir Putin, el autócrata ruso, desearían verlo entrar a la capital de Ucrania, Kiev, a la cabeza de un desfile de victoria militar, cobijado por el aplauso del mundo. Aunque es difícil imaginar que ambos escenarios puedan darse en la realidad, algo tienen en común estos dos grupos de admiradores: conocen muy bien las metas fijas que persiguen sus respectivos líderes políticos.

Trump y Putin comparten ambiciones grandes además de personalidades afines. Tienen claros sus objetivos, han aprendido a enviarse señales y saben perfectamente que la única forma en que ambos podrían salir beneficiados de la guerra en Ucrania es logrando la imposible cuadratura del círculo. Pese a ello, la reciente reunión que sostuvieron en Alaska marca un hito interesante en términos de estrategia política, pues pareciera que tanto el estadounidense como el ruso siguen teniendo razones para encontrarse, estrecharse las manos, hacer a un lado exabruptos, sentarse a dialogar por tres horas y ofrecer declaraciones ambiguas.

Los seguidores de Vladimir Putin, el autócrata ruso, desearían verlo entrar a la capital de Ucrania, Kiev, a la cabeza de un desfile de victoria militar

La última vez que Putin había estado en suelo americano fue con motivo de la 70ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, en el mes de septiembre de 2015. El presidente de EE UU era Barack Obama y el enfriamiento entre Washington y Moscú había escalado luego de la ilegal anexión rusa de Crimea el año anterior.

En aquel momento, hace diez años, Putin subió a la tarima de la ONU para declararse un firme aliado de la organización en la búsqueda de la paz y para enfatizar en el gran papel que su país podía jugar en equilibrar los pesos y contrapesos planetarios. Con la excepción de su invitación a crear una alianza internacional contra el entonces temible Estado Islámico, muchas de las cosas que dijo ese día en Nueva York podrían copiarse y pegarse en su discurso actual.

La retórica de Putin, pues, no ha cambiado; tampoco su forma de promocionar el régimen que encabeza ni la exagerada fuerza que atribuye a la participación concreta de la Federación Rusa en el contexto global. Hasta casi ayer, y desde aquel lejano 2015, apoyaba con palabras y acciones al dictador de Siria, Bashar al-Asad, considerándolo un aliado contra el extremismo islámico; hoy solo pretende que se acceda a su forma de entender la paz en esa parte de Europa que le importa, es decir, esperando que la comunidad internacional considere la toma de Crimea como un preámbulo de la invasión a Ucrania que intentaría en febrero de 2022.

“Si no me detuvieron en 2014, cuando me apropié con frescura de Crimea, ¿por qué seguirme impidiendo la invasión de toda Ucrania?”

En realidad no habría demasiado que analizar para interpretar con relativo acierto el rostro impasible de Putin. “Si no me detuvieron en 2014, cuando me apropié con frescura de Crimea, ¿por qué seguirme impidiendo la invasión de toda Ucrania?”, parecía estarle diciendo a su homólogo Trump, quien por cierto aterrizaba en la base militar de Anchorage para discutir, supuestamente, el fin del conflicto en ese antiguo país de la órbita soviética.

La cumbre en Alaska significaba para el presidente de EE UU una ocasión de oro para exhibir sus dotes de pacificador. Se esperaba que su presión a Rusia tuviera el efecto persuasivo e intimidante que él siempre cree ejercer sobre otros líderes mundiales. Incluso mandó que siete bombarderos B-2 –del mismo tipo de aviones furtivos que se usaron contra las instalaciones nucleares en Irán, en junio pasado– sobrevolaran la reunión en Anchorage, en un claro despliegue de poder.

Mientras Putin hablaba en términos amigables, las alarmas en Kiev sonaban por posibles ataques de misiles rusos

Ni así. Putin llamó a Ucrania una “nación hermana” y agregó que todo lo que está pasando entre ellos “es una tragedia y nos duele”. Pero mientras hablaba en estos términos tan amigables, las alarmas en Kiev sonaban por posibles ataques de misiles rusos. Tras retomar su discurso en torno a las “causas fundamentales” que justifican la invasión militar a la “nación hermana”, el líder ruso completó la imagen con una frase incomprensible: “La seguridad de Ucrania debe ser asegurada ciertamente, y estamos listos para trabajar en ello”.

Ni siquiera un ilusionista de las palabras como Donald Trump se atrevió a ahondar en el significado de semejante nota al pie. El mandatario estadounidense aseguró que informaría a la Otan y al presidente ucraniano Zelenski sobre el estado del proceso, después de lo cual prefirió cambiar el rumbo de su alocución hacia los “tremendos representantes empresariales rusos” con los que se reuniría. Evidentemente, las cuestiones económicas nunca dejan de estar sobre el tablero.

El tan ansiado acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania no se mencionó por su nombre

Hubo referencias a una cumbre “extremadamente productiva”, a retomar las conversaciones pronto –“en Moscú”, vaticinó el ruso, tal vez en broma– y a pretendidos “avances” que nadie hizo el favor de precisar. En todo caso, el tan ansiado acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania no se mencionó por su nombre, pese al tono amenazante que Trump había usado ante el expansionismo de Putin. Los periodistas presentes y el resto del planeta nos quedamos sin respuestas.

Luego Washington ha “sugerido” a Zelenski que ceda a los chantajes de Putin, algo que envía nuevos mensajes confusos sobre el trasfondo del papel negociador que Trump juega en esta trama. Sea lo que sea, en Alaska no parece haberse implantado una bandera de paz, sino el alargamiento de una guerra trágica y estéril.

*Federico Hernández Aguilar es escritor salvadoreño.

A Katya Natalia Miranda Jiménez, niña salvadoreña de nueve primaveras, la violaron sexualmente y asesinaron de forma desalmada a tan corta edad. Los salvajes que consumaron semejantes atrocidades, fueron favorecidos por otra: la impunidad propiciada por un sistema de justicia podrido hasta su médula. Escasamente había transcurrido poquito más de siete años de la firma del acuerdo final de paz, el más publicitado entre los que posibilitaron frenar los combates bélicos y garantizaron que después no se disparara ni una pinche bala entre los ejércitos gubernamental y guerrillero. Tan impecable cese al fuego terminó siendo lo más meritorio del proceso liderado por Naciones Unidas; esfuerzo que, lastimosamente, no alcanzó para superar lo que generó ese conflicto: la ausencia de una democracia real junto a las violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, así como la persistencia de una sociedad eternamente dividida.

Lo contrario a esos gravísimos males nacionales sufridos por nuestras mayorías populares, era lo que constituyó las aspiraciones plasmadas en el primer acuerdo alcanzado por las partes beligerantes en Ginebra el 4 de abril de 1990. Por eso, este debería considerarse el más importante. Más allá del listado de las novedades que necesitábamos urgentemente –como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hoy totalmente desnaturalizadas– y de  dejar atrás prácticas contrarias al bien común como la impunidad, algo que no pasó, este acuerdo debió ser el mejor termómetro para calibrar la temperatura nacional en medio de un proceso de pacificación progresivamente desfigurado.

Coincidiendo con la fecha de la firma del Acuerdo de Ginebra, nueve años después ocurrieron los horrendos crímenes referidos. Temiendo por su seguridad, con sobradas razones, la madre y la hermana de Katya abandonaron su terruño en noviembre del 2020. Emigraron, sí, pero no claudicaron. Al despedirse de la niñez salvadoreña, Hilda María Jiménez dijo que no abandonaba el esfuerzo iniciado un año atrás. Aseguró entonces que debía cuidar a su otra hija ‒Gina Marcela‒ y garantizar que no les ocurriera nada, para seguir hasta que los asesinos de Katya y sus encubridores –dentro y fuera del aparato estatal‒ paguen sus culpas.

Con fuerza y tesón comprobables en el tiempo, ya lograron que el caso llegara hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En su escrito de remisión para someterlo a esa jurisdicción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala “la responsabilidad internacional de El Salvador por el homicidio y la violación sexual de la cual fue víctima Katya Miranda Jiménez, así como por la omisión en el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos”. 

Luego de un breve resumen del caso, la CIDH retoma los dos procesos judiciales impulsados por la Fiscalía General de la República (FGR). Procesos, para mí,  fraudulentos. En enero del 2000 arrancó uno, contra Carlos y Edwin Miranda ‒abuelo y padre de Katya, respectivamente‒ junto a dos empleados del primero. Carlos fue acusado tanto por homicidio agravado como por violación y agresión sexual agravadas; a su hijo, por abandono y desamparo de persona. Al otro par lo acusaron por encubrimiento en perjuicio de la actividad judicial. Edwin fue sobreseído definitivamente en octubre; los demás provisionalmente, para que los fiscales en un año investigaran y aportaran elementos suficientes para enjuiciarlos. Pero eso no pasó y quedaron libres del todo al cumplirse dicho plazo. El Ministerio Público apeló sin éxito.

En el segundo requerimiento ‒presentado catorce días antes de finalizar el período fijado para perseguir a los sádicos criminales‒ se acusó a Carlos de fingir el secuestro de su nieta, culpar por ello a un enemigo personal y así vengarse de este. Pero falló el plan. Paradójicamente, por ese pajazo sacado de la manga fiscal sí hubo condenas que fueron revertidas en septiembre del 2014 mediante sentencia favorable para los acusados.

Hoy que se tramita el caso en el tribunal regional, ya saltaron quienes dicen que ‒a diferencia de “los mismos de siempre”‒ esto es “mérito” de Nayib Bukele y su supuesta “lucha contra la impunidad”. ¡No jodan! Sépanlo: su administración recibió el Informe de Fondo de la CIDH el 6 de diciembre del 2023 e inicialmente tuvo dos meses para exponer cómo estaban acatando sus recomendaciones. Pero tras siete prórrogas solicitadas por el Estado durante un año y medio, las víctimas no fueron reparadas por las violaciones señaladas. Conociendo los antecedentes en cuanto al deplorable cumplimiento estatal de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como parte peticionaria neceamos solicitando someter el caso a la Corte IDH y lo logramos. Esto último es fruto de la tenacidad de Hilda María y Gina Marcela. ¡De nadie más!