Hay muchas maneras de enfangarse en territorio extranjero. EE UU tiene una larga historia de complicaciones internacionales, casi todas militares, por no haber aprendido la que quizá es la lección más importante en esta materia: si desconoces su idiosincrasia, ignoras los valores que la edificaron y careces de una vía segura de salida, ¡evita intervenir en una nación!
Desde el ilegal apoyo de infantes de marina al derrocamiento de la reina de Hawái en 1893 –acción por la que se vio obligado a pedir disculpas el presidente Grover Cleveland– hasta la controvertida participación de alrededor de 1.000 soldados americanos en Níger, África occidental, en 2013, o la desastrosa retirada de tropas de Afganistán, hace menos de cinco años, Estados Unidos ha protagonizado demasiadas operaciones militares calamitosas fuera de sus fronteras, en las que además de experimentar pérdidas humanas y económicas terminó incumpliendo los objetivos que originalmente planteaba la concreta intervención.
Filipinas (1899-1902), México (1916-1917), Corea (1950-1953), Vietnam (1964-1975), Laos (1964-1973), Irán (1980), Irak (2003-2011) y Siria (2014) son algunos de los nombres de países que, con sus respectivas fechas, no figuran en la lista de acciones guerreras que EE UU desearía recordar, pues tanto políticos como historiadores –y muchos ciudadanos informados– siguen deplorando las justificaciones y los resultados de aquellas incursiones. La Administración de Donald Trump, en consecuencia, debería evitar a toda costa sumar Venezuela a esa penosa lista.
Nada tendría que complicarse demasiado en la tierra de Bolívar si el Gobierno estadounidense entendiera, luego de remover a Nicolás Maduro, el compromiso que ha adquirido delante del mundo. Como se ha explicado en esta columna, Trump, lo quiera o no, solo puede exhibir una campaña exitosa en Venezuela si el trance desemboca en un proceso democrático. Ningún otro objetivo le otorgaría credenciales de triunfo al presidente, a ojos de la comunidad internacional y –¡muy importante!– de los votantes de su partido en noviembre, si la caída del dictador chavista no se traduce, más pronto que tarde, en un retorno de la libertad y el rescate de la institucionalidad.
Ciertamente, es un mal necesario contar con cuadros del chavismo para cubrir la primera etapa de la transición; sin embargo, como todo mal, lo “necesario” se empieza a volver relativo conforme pasan los días. Delcy Rodríguez está obligada a manejar un doble discurso y eso es muy entendible: su situación política –y hasta quizá su seguridad personal– depende del fino equilibrio con que logre aplacar a los extremistas bolivarianos mientras cumple las órdenes de la Casa Blanca. Pero Donald Trump no puede seguir comportándose como lo está haciendo. En este momento tiene que apretar las tuercas del régimen para que el proceso gane ritmo, hondura e intensidad.
Contrario a las de Oriente Medio, Venezuela es una nación cultural y étnicamente uniforme. Apenas en septiembre pasado, una encuesta seria expuso que siete de cada diez venezolanos rechaza sin paliativos la dictadura chavista. Edmundo González Urrutia y sobre todo María Corina Machado son reconocidos como los líderes de la oposición que triunfó en las elecciones de julio de 2024. Esto es fundamental: existe una alternativa política que goza de credibilidad y apoyo.
Sin embargo, como ocurre cuando se descabeza a un cartel criminal, la estructura tiende a adaptarse al nuevo entorno; las lealtades se vuelven transaccionales, de mera sobrevivencia; y si además son muchos los que pueden perder sus privilegios e ir directo a la cárcel, la cuestión se complica. El aparato ya no responde a idealismos revolucionarios trasnochados, sino a la necesidad de permanecer lo más posible y evadir la rendición de cuentas.
Como ha escrito la académica Colette Capriles, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, “incluso sin Maduro el Estado sigue siendo un laberinto, compuesto por una extensa red de servicios de inteligencia superpuestos, grupos paramilitares conocidos como colectivos y jefes regionales que compiten por sobornos. Esta fragmentación (…) ha contribuido a garantizar que ningún general o ministro tuviera suficiente poder unificado para liderar un golpe de Estado, al tiempo que mantenía a todos los funcionarios vinculados al centro por la necesidad compartida de protección y ganancia”. En otras palabras, un sistema mafioso en toda regla.
Para domar un pulpo así, Trump y Marco Rubio deben exigir mayores muestras de compromiso por parte del grupo que gobierna. Aparte de las excarcelaciones –que se han venido dando a cuentagotas–, el interinato de Rodríguez debe empezar a liberalizar la economía y restaurar los incentivos que hacen de la propiedad privada una garantía de dignidad humana. No se olvide que la inflación provocada en Venezuela confiscó el fruto del trabajo de varias generaciones; se imprimió billetes, agregándoles ceros, tratando de cubrir los agujeros heredados del gasto incontrolable de Hugo Chávez.
La moneda de la libertad, ya se sabe, tiene una cara política y otra económica: ambas subsisten solo si van juntas. Pero, ¿quién está a la cabeza de ese esfuerzo paralelo? Desde luego no serán los remanentes del chavismo, que entienden de libre intercambio lo que un chimpancé entiende de trigonometría. Y tampoco puede hacerlo a control remoto la Casa Blanca, porque toda intervención extranjera en otra nación, si no culmina en democracia, apenas es hinchazón gubernamental extendida en un mapa.
Mientras más tiempo le lleve asegurar la libertad en Venezuela, por mucho que rehúya enfangarse en territorios extraños, peores consecuencias habrá para Trump y su legado.
