Autor: Alvaro Cruz

Siendo director del Centro Monseñor Romero, perteneciente a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el jesuita Jon Sobrino  publicó en la revista Estudios Centroamericanos del primer trimestre del 2012 un texto reelaborado cuyas ideas fundamentales –según su autor– las expuso durante la conmemoración del sexagésimo tercer aniversario del día en el cual la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el evento referido , organizado por el instituto especializado en la materia y parte de dicha casa de estudios superiores, se contó con la presencia y participación de víctimas de violaciones de sus derechos humanos. Este teólogo nacido en España pero salvadoreño por opción, título así su artículo: “El pueblo crucificado”. Ensayo con ocasión de los aniversarios de la UCA y El Mozote.

De entrada citó a Pedro Arrupe, quien fuera prepósito general de la Compañía de Jesús de 1965 a 1983; también a Ignacio Ellacuría, mártir de la UCA, y a Jean Ziegler quien es actual vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y catedrático en las universidades de Ginebra y la Sorbona. El primero afirmó, en 1976, que el mundo estaba “enfermo”; el segundo, diez días antes de ser masacrado por integrantes del ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989, sostuvo al momento de recibir el Premio Alfonso Comín que la civilización estaba “gravemente enferma”; el tercero ha asegurado que está “amenazada de muerte” y ha condenado el hambre, calificándolo como un “arma de destrucción masiva”.

Y al día de hoy, ¿cómo podríamos calificar la civilización? Es más, ¿aún podemos llamarla civilización, cuando vemos en diversas partes del mundo escenas de una barbarie inaceptable y ‒por tanto‒ de un derroche descarado de atrocidades?; ¿cuándo el genocidio del Israel de Netanyahu asola Palestina?; ¿cuando este criminal junto a las fuerzas del imperio yanqui se ensañan con casi dos centenares de niñas escolares en Irán?; ¿cuando esa misma potencia imperial y su decadente conducción aprietan impúdicamente las tuercas del bloqueo contra Cuba, sin importar el daño que le causan aún más a su pueblo?; ¿cuando el conflicto armado ucrano-ruso ya superó los cuatro años?; ¿cuándo la Organización Mundial por la Paz reporta más de 52 conflictos activos en el planeta?; ¿cuándo, además, la biodiversidad de este la están devastando?

Precisamente relacionado con esto último situémonos en nuestro país, donde desde diciembre del 2024 se aprobó una Ley general de minería metálica con todo y sus consecuencias negativas para nuestras mayorías populares que en gran número habitan un territorio pequeño, atravesado por el río más caudaloso existente en el mismo y cuya contaminación se incrementará. También hay que considerar la situación económica y social de estas, marcada por altos índices de subempleo e informalidad; el deterioro de un sistema de salud que nunca ha sido el mejor, pero que actualmente se ha visto más afectado por los despidos al interior del mismo; no existe autosuficiencia alimentaria, lo que hace dependiente a El Salvador de sus vecinos en lo más elemental para su supervivencia; en teoría, se tiene canasta básica alimentaria más baja de Centroamérica, pero en esta se incluyen menos productos que en los otros países y no ha sido actualizada desde hace más de cuatro décadas…

Y qué decir cuando vemos a las familias de las víctimas inocentes del régimen de excepción, clamar por un debido proceso para sus seres queridos y llorar a quienes de estos mueren en prisión. Más allá del eufemismo insultante al llamarlos “daños colaterales”, ¿no son estas personas parte del pueblo crucificado salvadoreño? De ahí la pertinencia del título con el que Sobrino etiquetó su escrito, rememorando algunas de las palabras pronunciadas por el cuarto arzobispo de San Salvador durante su homilía del 19 de marzo de 1978. “Sentimos en el Cristo de los brazos abiertos y crucificados, al pueblo crucificado”. Eso dijo entonces monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pero aclaró que su prédica de ese Domingo de Ramos, no era la de un “conformismo”; ojo: el pastor no le estaba pidiendo a su rebaño ser pasivo.

Al contrario. En su Tercera carta pastoral expresó su apoyo al derecho humano de asociación, “sobre todo cuando en las circunstancias del país se considera la ‘organización popular’ como uno de los medios más importantes para la implantación de la justicia”. En consonancia con nuestro santo, una de las lecciones más importantes que nos deja la historia de las luchas populares en nuestro país ‒en el afán por dejar de ser un pueblo crucificado‒ es que estas deben partir de la organización desde el abajo y el adentro de nuestras mayorías populares.

En las últimas semanas hemos presenciado una sincronía que invita a la reflexión. Primero, informes locales como el de Cristosal; luego, la audiencia temática en la CIDH con el informe del grupo de expertos; y ahora, el Democracy Report 2026 de Suecia, que compara la situación del país con un golpe militar. Es evidente que esta coordinación de entregas no es al azar, pero es aún más evidente que este despliegue revela la desconexión de ciertos actores y el grave error de una oposición que no entiende a la población. Esto explica por qué, incluso luego de siete años, no logran ganar el corazón del votante.

​Mientras los organismos internacionales se centran en la «erosión institucional» en términos meramente académicos, olvidan que, para el imaginario colectivo, su libertad no nació en una sentencia emitida en una oficina judicial, sino por los pies: para estas poblaciones, su derecho a caminar por su barrio sin el permiso de un criminal es la verdadera libertad.

​El gran error de la sociedad civil y los partidos de oposición ha sido atrincherarse en la defensa de una institucionalidad que, en la práctica —entiendan—, nunca le sirvió a la gente que vivía en zozobra bajo el dominio total de las pandillas.

​Esa «independencia de poderes» que desde la academia señalamos como perdida, fue la misma que permitió que la violencia se normalizara mientras las instituciones miraban hacia otro lado. Intentar convencer a la población de que esa estructura que les falló es el ideal al que deben volver es un ejercicio inútil. Para el ciudadano de a pie, esa institucionalidad no fue un refugio; ni siquiera sabían que existía porque nunca les enseñaron a ejercer sus derechos. Los salvadoreños se quedaron solos frente al crimen mientras los burócratas celebraban subir un par de puntos en las mediciones internacionales de democracia.

​Sé con certeza que la marcada soberbia intelectual de ciertos actores les hace creer que cualquiera que los critique es un enemigo. Siguen sin comprender que ese manejo desde un pedestal, regañando a la gente por sus decisiones, es un error estratégico. No se dan cuenta de que tratarlos como ignorantes, solo porque no están dispuestos a sacrificar su paz actual por conceptos jurídicos abstractos, los aleja cada vez más.

​Llevo varios años diciéndoles que, mientras el lenguaje de la oposición sea decirle al ciudadano que es «tonto» por preferir su seguridad física, lo único que están haciendo es clavarse una daga en el pecho. No se puede representar ni pedir el voto a la gente a la que se mira con desprecio.

​Este manejo coordinado de informes, con una narrativa que parece priorizar los derechos de quienes antes aterrorizaban comunidades, los está dejando marcados con la etiqueta de «libérenlos ya». Lejos de debilitar al poder actual, esta manera de comunicar solo está consolidando a quienes hoy gobiernan, convirtiéndose en el mejor movilizador del voto oficialista de cara al 2027.

​Si queremos hablar con la gente y explicar qué es la democracia real, debemos entender que la seguridad es el derecho supremo. Instalado en la mente de las personas —ya sea por publicidad, luces LED o cualquier otra cosa—, es algo que no van a entregar. Atacar el modelo actual desde la soberbia, sin ofrecer una alternativa que garantice que no habrá un paso atrás hacia la violencia, es ignorar a las otras víctimas: las de las pandillas.

​El análisis de expertos, comisionados internacionales y tanques de pensamiento no hará incidencia en las elecciones de 2027 a menos que logren entender que, en este país, la libertad empezó por los pies. Nadie va a renunciar a su derecho a caminar solo porque un informe en inglés diga que, «técnicamente», el pasado institucional era mejor.