Autor: Alvaro Cruz

En los últimos años, el término “modelo Bukele” ha sido repetido en reuniones, seminarios y pronunciamientos oficiales de El Salvador como si fuera el paradigma a imitar de la política de seguridad, gobernanza e incluso desarrollo en América Latina. Funcionarios del Gobierno, como el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han viajado al exterior para mostrar la estrategia institucional del presidente Nayib Bukele como “referente” regional; paralelamente, la vicepresidencia ha llegado a hablar de una “democracia compleja del siglo XXI” para justificar el diseño institucional que acompaña al proyecto. Pero presentar este caso como un “modelo exportable” es metodológicamente arriesgado y políticamente engañoso. A mi juicio, hay tres razones de peso para rechazar que lo que sucede en El Salvador sea un “modelo” universalizable: la imposibilidad de reproducción en otros contextos institucionales; los costos democráticos de fondo; y el avance evidente hacia la captura institucional y la autocracia.

1) Imposibilidad de reproducción: por qué las recetas no viajan bien

Para hablar de “modelo” se entiende que hay algún mecanismo sistemático que puede replicarse en diferentes escenarios, como si fuese un “manual” de política pública que puede ponerse en marcha en otro país con resultados similares. Sin embargo, la teoría reciente de las ciencias sociales —particularmente los estudios de policy transfer y de path dependence— advierte que tales suposiciones son muy frágiles.

El concepto de policy transfer define la adopción total o parcial de una política de un contexto de gobierno a otro, basada en el conocimiento de la experiencia externa, y distingue procesos de difusión, emulación, aprendizaje cognitivo o coerción. Minkman (2018) advierte que “previously made policy decisions create path dependency”, es decir, que las decisiones previas condicionan el éxito de la transferencia. Por su parte, la literatura sobre path dependence afirma que las decisiones pasadas, los marcos institucionales existentes y los incentivos acumulados generan rigidez institucional: una vez que un país avanza por un determinado camino, revertirlo o adaptarlo cuesta mucho.

En el caso de El Salvador, el aparato de control —la “mano dura” contra las pandillas, el estado de excepción prolongado, la militarización de la seguridad pública— se asienta sobre una coyuntura territorial, institucional e histórica muy particular: un país con altísima violencia criminal estructural, un Ejecutivo con popularidad extraordinaria, una Asamblea dominada por el oficialismo y un sistema judicial subordinado. Estas condiciones son atípicas incluso en la región. Por tanto, lo que existe no es un modelo, sino un caso singular, difícilmente exportable sin importar también sus costos normativos y democráticos.

2) Los costos democráticos: Estado de excepción permanecido y rediseño constitucional

Desde marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción que ha sido prorrogado decenas de veces: a octubre de 2025, la Asamblea aprobó la 43.ª prórroga del mismo. Esto convierte lo que en principio fue una medida extraordinaria en un nuevo estado ordinario de la gobernanza. Este proceso erosiona el debido proceso, las garantías judiciales y las libertades básicas.

En paralelo, se ha producido una reingeniería constitucional e institucional que afecta el corazón del sistema democrático. El 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, una decisión criticada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. En 2025 se aprobaron reformas que habilitan la reelección indefinida del presidente y la extensión de los mandatos. Todo esto se justifica en nombre de la “estabilidad”, pero en la práctica implica un cambio estructural en los límites entre poderes.

Organizaciones como Freedom House catalogan hoy a El Salvador como “parcialmente libre” y documentan una concentración del poder en el Ejecutivo. Presentar entonces esta experiencia como modelo sin advertir que se basa en la restricción de libertades y la subordinación institucional es, cuando menos, engañoso.

3) Captura institucional y autocratización: lo que muestran los datos comparados

El instituto V‑Dem Institute, en su Informe “25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?” (2025), clasifica a El Salvador como una autocracia electoral. Según este informe, el índice de democracia liberal del país ha disminuido drásticamente, con retrocesos en independencia judicial, libertades civiles y control del Ejecutivo.

La captura institucional —el dominio del aparato estatal por el poder ejecutivo y su partido— ha alcanzado niveles que desactivan el sistema de pesos y contrapesos. El poder legislativo está alineado con el ejecutivo, la Sala de lo Constitucional fue reemplazada, y los organismos de control actúan bajo subordinación. Esto confirma un proceso de autocratización que desmiente cualquier pretensión de que el caso salvadoreño sea replicable como modelo exitoso.

Presentar esta experiencia como “modelo” ignora que la eficiencia lograda en materia de seguridad se sostiene sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas. Quien intente reproducirlo deberá aceptar también la erosión de libertades y contrapesos, lo cual no puede considerarse una exportación deseable de política pública.

Es más honesto hablar de “caso salvadoreño” que de “modelo”

Los modelos presuponen replicabilidad y generalización; las excepciones, en cambio, son únicas e irrepetibles. El Salvador no ofrece un modelo universal, sino un caso excepcional con condiciones irrepetibles y costos institucionales evidentes. Reconocer los logros en materia de seguridad no puede hacerse sin contabilizar los costos en materia de derechos humanos, institucionalidad y Estado de derecho. Exportar la “mano dura” no es construir democracia. Un verdadero modelo regional debería basarse en instituciones fuertes, fiscales independientes, jueces imparciales y gobiernos responsables ante la ciudadanía.

Los fines de la educación son: educar, instruir, enseñar valores y el amor a la vida. Además, esos fines son variados y complejos de analizar cuando es aplicado a extractos sociales vulnerables o con precariedades económicas.

La educación ha tenido muchas connotaciones: enseñar a cultivar valores, culturas, tener conocimientos para acoplarse al status quo de una sociedad o para competir y saber quién es el mejor. De este modo, el ser humano debería de formarse para ser una persona de bien y no solo reflexionar que con la educación puede convertirse en un ser sin valores.

Los fines educativos están escritos; pero, aún no se logran aplicar en la escuela salvadoreña. La educación sigue siendo un paradigma a vencer. Las estadísticas muestran que no todos los estudiantes terminan la escuela, hay deserciones en diferentes niveles. El bajo grado de escolaridad hace que los salvadoreños no tengan las mismas oportunidades de aquellas personas que terminaron bachillerato o una carrera universitaria.

Por lo tanto, para poder eliminar las desigualdades se necesita: incorporar un currículo educativo que sea equitativo. La educación debe ser un pilar para garantizar una sociedad más justa y democrática. “Para Vasconcelos la educación es un proceso subsidiario, intencional y directo en el cual el educador acompaña y encamina al educando para influir en él, ´de suerte que cada educando consume dentro de sí la máxima potencialidad de su naturaleza´”. Por ende, los docentes deben ser una inspiración para que los discentes puedan tener los conocimientos necesarios y útiles para triunfar.

En 2012, León presentó “La esencia de la educación es educar, formar, liberar, ordenar, disciplinar. La buena educación forma al niño, a la niña, al joven y a la joven para el desarrollo y construcción del ser humano agradable, inteligente, productivo, libre, firme, sabio”.

Macías (2021) afirma “el proceso educativo, de acuerdo con el pensamiento pedagógico de Vasconcelos, es causado por factores internos, pero también externos, y combina las virtualidades de la autoeducación y de la heteroeducación, incluye las connotaciones de las dos raíces latinas del término educar: educere (sacar de, extraer de…) y educare (guiar, llevar, conducir, orientar…)”. Lo anterior hace repensar que el ser humano debe ser guiado y conducido hacia los saberes, hacia los aprendizajes que la vida misma nos trae. La educación debe ser una manera de orientar a los seres humanos para que encuentre el bien y la semilla del saber.

Es importante que en todos los niveles educativos se restructure el currículo para que enseñen: valores, urbanidad y toda ciencia que ayude a ser un mejor ser humano. Por ende, el ser humano educado es probable que no le falla a la sociedad, al Estado, a su familia y se distinguirá entre el bien y el mal. Una persona con estudios formales, logra salir adelante en la vida con menos dificultades. Los fines de la educación, según lo expuesto, es: formar, disciplinar, educar, sensibilizar y guiar al ser humano a que enfrente al mundo y todas las vicisitudes. Un ser humano con bases sólidas en educación logra entrar en todos los estamentos de la sociedad, no se deja engañar y contribuye, a través de su conocimiento, a transformar un mundo con mejores posibilidades, a que los derechos humanos se apliquen igualmente. Una persona educada tendrá la oportunidad de aplicar la ciencia para el bien de la sociedad.

La educación tiene que tener fines motivadores, a no ser un sistema educativo con dogmas políticos. Toda persona debe ser libre para pensar por sí solo. Si tuvo la oportunidad de educarse, que sean esos aprendizajes para realizar una reconstrucción de un sistema que enseñe a valorar más la vida, a que no se fomente que se llega a la escuela con el fin de aprender habilidades y destrezas para luego pasar en una organización si fomentar el talento humano. La educación debe de  enseñar a pensar al ser humano, a liberarse de todo lo que le impida desarrollarse y dejar una sociedad con valores.

*Fidel López Eguizábal es docente e investigador Universidad Nueva San Salvador 

fidel.flopez@mail.unssa.edu.sv