El nuevo año inició con una Venezuela acorralada por la presencia militar de Estados Unidos. Finalmente, en la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa fueron extraídos de Caracas. La situación política y social del país sudamericano había llegado a ser tan manifiestamente indigna de cualquier defensa moral —diagnóstico extensivo a Cuba y Nicaragua—, que la intervención norteamericana se presentaba como la única salida viable del problema. Por responsabilidad histórica, sin embargo, conviene preguntarnos por qué se llegó a este escenario tan extremo.
La amenaza de cualquier nación sobre otra rompe con uno de los principios básicos del derecho internacional: la no injerencia. Ningún país debería sentirse justificado para interferir en otro. Tanto la Carta de las Naciones Unidas (ONU) como la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señalan la “no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” como un pilar de la convivencia pacífica.
Pese a que sendos documentos reconocen este principio, ninguno de los dos declara que sea absoluto. Se admite la existencia de razones válidas para la injerencia en la realidad doméstica de una nación, siempre y cuando quien la lleve a cabo sea una fuerza organizada multilateral a cuyo criterio se sometan las pruebas de aquellas razones: peligros reales para la paz, la defensa de un país agredido y cuando un Estado haya demostrado su incompetencia en la protección de su propio pueblo contra crímenes monumentales.
De acuerdo al capítulo VII de la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad es la entidad encargada de “tomar la iniciativa” en todo lo concerniente a la búsqueda y sostenimiento de la paz en el mundo. Si la organización fuera exitosa en esta misión —justo para la que fue creada, no se olvide—, la fraternidad y la cooperación serían las características principales de las relaciones internacionales y la diplomacia preventiva estaría siempre a la vanguardia ante cualquier asomo de conflicto.
La realidad histórica se ha mostrado muy distinta. Desde la creación de la ONU, en octubre de 1945, cientos de disputas armadas han estallado alrededor del planeta. De hecho, según la edición más reciente del Índice Global de la Paz, en la actualidad hay 59 conflictos estatales activos, “la mayor cantidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial”. Adicionalmente, la solución pacífica de estas confrontaciones es menor que en cualquier otro momento del último medio siglo.
La internacionalización de los pleitos también ha crecido de manera exponencial. Al menos 78 países se encuentran involucrados hoy en tensiones que superan sus fronteras territoriales y un total de 106 naciones han incrementado su capacidad militar. En 1970 solo seis países poseían una influencia sustancial en otros Estados, mientras que ahora esa cifra se ha elevado a 34. La fragmentación del poder global no solo ha debilitado la buena vecindad sino que la ha demolido.
El evidente fracaso de la ONU es resultado de muchos factores, comenzando por la facultad de veto que tienen, dentro del Consejo de Seguridad, incluso los países que ejecutan agresiones contra otros. Rusia, por ejemplo, frena cualquier resolución sobre la guerra en Ucrania; Estados Unidos no deja avanzar ninguna decisión sobre el conflicto en Gaza, y China suele defender los intereses de sus aliados. ¿Por qué estos tres Estados tienen ese poder? Porque, junto con Reino Unido y Francia, fueron las naciones triunfadoras de la última gran guerra, adjudicándose a sí mismas un puesto perenne en el Consejo. Para colmo, entre los miembros no permanentes de esta entidad han llegado a figurar la Libia de Gadafi, el Pakistán de Musharraf, el Sudán de Al Bashir y el Egipto de Mubarak.
La ONU habría podido resultar mucho más eficaz si el cruce de vetos entre potencias tuviera una contraparte técnica inteligente. Pero tampoco es el caso. La organización lleva décadas promoviendo e imponiendo agendas “progresistas” a gran escala, provocando más divisiones de las necesarias y alimentando a una burocracia multilateral que jamás ofrece cuentas claras sobre el trabajo que realiza. La OEA funciona con límites muy semejantes, incapaz de lograr los dos tercios de su Consejo Permanente para aplicar como Dios manda su Carta Democrática (otro reluciente modelo de papel mojado).
En consecuencia, huérfanos de una organización mundial con la suficiente autoridad —operativa, jurídica y moral— para gestionar los conflictos, los líderes autoritarios se sienten libres de amedrentar a sus propios pueblos o atacar a sus países vecinos. Así vemos a Hugo Chávez y Nicolás Maduro implantando una dictadura de 25 años en Venezuela o a Vladimir Putin invadiendo Ucrania, todos bajo el manto de la impunidad.
El cerco militar estadounidense al régimen de Maduro habría sido innecesario si existiera una entidad supranacional con la capacidad de actuar oportunamente contra las tiranías, con criterios definidos, acciones concretas y límites bien trazados. Pero en el caótico escenario de la humanidad, cuando quienes deberían garantizar la paz y los derechos individuales exhiben su agotamiento y venalidad, es difícil esperar que los cambios se produzcan sin trastornos.
No se trata de librar de responsabilidades a ningún líder o nación, sino de exponer el daño que produce la ausencia de consensos objetivos y viables alrededor del eterno desafío de la paz.
