Autor: Alvaro Cruz

Durante décadas, el debate sobre el fenómeno de las pandillas criminales en El Salvador se concentró, casi de manera exclusiva, en la figura del pandillero visible: aquel del tatuaje en la piel, el lenguaje corporal desafiante, el que ordenaba y mandaba en muchas zonas del país, y el arma homicida empuñada en las comunidades.

Esta aproximación, comprensible desde la óptica del impacto visual del crimen, dejó en una conveniente penumbra a un engranaje sin el cual el terror territorial jamás habría alcanzado escala sistémica: la amplia red de colaboradores.

En el desmantelamiento penal de la delincuencia organizada en El Salvador, una frontera técnica y moral sigue tensionando la impartición de justicia: la figura del colaborador por coacción o colaborador no habitual.

Durante décadas, mientras el Estado cedió el monopolio de la fuerza y el territorio, las pandillas no solo operaron mediante cuadros leales; también sometieron a comunidades enteras bajo un régimen de extorsión existencial y de absurdos. En ese ecosistema, cooperar no siempre fue una decisión criminal; fue la única alternativa para conservar la vida de su familia y la de él o ella, es una realidad.

Desde la dogmática penal y la criminología de la violencia territorial, este fenómeno se analiza bajo la doctrina de la «no exigibilidad de otra conducta» y el «estado de necesidad disculpante». No puede atribuirse dolo ni pertenencia orgánica a quien actuó bajo amenaza de daño inminente, real e insuperable.

Un transportista, taxista, picachero u otros obligado a movilizar pandilleros bajo amenaza contra sus hijos, la dueña de la tienda de la comunidad forzada a guardar paquetes sin preguntas, o el joven compelido a vigilar una esquina tras recibir una golpiza de advertencia, son instrumentos del terror, no cómplices ideológicos. Reducir estos dramas a una simple complicidad técnica ignora la naturaleza asimétrica del poder criminal frente a ciudadanos desarmados y desamparados.

El desafío de la seguridad pública radica en trazar con precisión la línea que divide al facilitador oportunista del rehén comunal. Mientras el colaborador voluntario negoció márgenes de ganancia, prestigio territorial o impunidad para actividades ilícitas propias, el coaccionado operó bajo un déficit absoluto de libertad. Su conducta estuvo guiada por un cálculo básico de autopreservación. Cuando la alternativa a negarse a un encargo es el cementerio clandestino o el desplazamiento forzado, el derecho penal no puede exigir actos de heroísmo individual que las instituciones del Estado y de los mismos gobiernos fueron incapaces de respaldar en su momento.

Procesar a un colaborador por coacción bajo los mismos estándares, penas y tipificaciones que a un operador criminal convencido introduce una grave distorsión en la legitimidad del sistema de justicia. Confundir el sometimiento con la complicidad diluye la responsabilidad de los verdaderos perpetradores y genera una victimización secundaria a sectores poblacionales cuya única transgresión fue no haber tenido los medios económicos para huir de sus comunidades.

La pacificación duradera exige rigor probatorio individualizado. La investigación técnica y pericial debe ser capaz de reconstruir el contexto ambiental, los historiales de amenazas y la trazabilidad de los beneficios: quien vive en la precariedad y terror permanente difícilmente encaja en el perfil del socio del crimen organizado y las pandillas.

El Salvador necesita castigo implacable contra las redes que diseñaron, lucraron y ejecutaron el luto nacional. Pero ese imperativo de seguridad jamás debe olvidar que, en los años más oscuros del dominio de las comunidades, cantones, caserios, miles de salvadoreños no colaboraron para delinquir; colaboraron simplemente para despertar vivos al día siguiente.

Distinguir la complicidad del instinto de supervivencia es el examen definitivo entre la justicia real y el castigo ciego. La penología que se debe aplicar debe ser proporcional a la gravedad del delito, su participación individual, participación por amenazas o sometimiento, por los hechos acreditados de manera individual. Las víctimas de las pandillas merecen justicia y verdad, y los responsables de los delitos y crímenes deben responder de acuerdo con la ley y su nivel individual de participación.

* Ricardo Sosa / Doctor en Criminología / Experto en seguridad / @jricardososa

Al delimitar el campo de análisis al tramo de la línea del tiempo que va del 15 de octubre de 1979 al 24 de marzo de 1980, ocurre que queda claro qué actores impactaron sobre qué factores y qué escenarios fueron los que se habilitaron.

El equipo de gobierno que llegó hasta el 30 de diciembre de 1979 comprendió (dos y medio meses después) que la esperanzadora Proclama de la Fuerza Armada que la Juventud Militar había propuesto al país no podía materializarse con toda esa variopinta tripulación a bordo. El coronel José Guillermo García, ministro de Defensa, era por decirlo así, la némesis del miembro de la Junta, Guillermo Manuel Ungo. El coronel Abdul Gutiérrez no podía ser más diferente que Román Mayorga Quirós (el ex rector de la UCA). Es decir, esa argamasa de intereses contrapuestos que se hallaba aglutinada bajo el alero que propició el 15 de octubre estaba condenada a desbaratarse.

Y el PDC, con José Napoleón Duarte a la cabeza, entendió a la perfección que era su turno y buscó un arreglo rápido con los militares que habían escalado la represión después del 15 de octubre, y eso permitió que un nuevo equipo de gobierno se conformará, ya más homogéneo, y donde los demócrata-cristianos llevaban la batuta, al menos en el ámbito político.

Esa fue una de las recomposiciones importantes que hubo en ese lapso. En lo que atañe al PR se produjo un acercamiento significativo entre sus ramales (forzado por las circunstancias) que apuntaba a concretar una coordinación operativa. La gigantesca manifestación del 22 de enero de 1980 y el lanzamiento de la plataforma programática del Gobierno Democrático Revolucionario eran muestra clara de que algo nuevo se había forjado en el llamado campo popular. Aunque todavía era incipiente aquello, dado el feroz sectarismo y los bandos de reproches que se habían dado entre las diversas organizaciones del movimiento guerrillero entre sí, y todas ellas contra el PCS.

En el terreno empresarial también hubo novedades. Los defensores a ultranza del PCT se atrincheraron y alzaron su intransigencia y pasaron ‘a las armas’, es decir, ahí se incubaron nuevas modalidades ―que antes solo estuvieron en las estructuras de la inteligencia del Estado y en los cuerpos militares de represión) de acción típicas de los Escuadrones de la Muerte. Y eso pareciera que no fue óbice para que la efímera entidad llamada Frente Amplio Nacional (FAN) evolucionara y diera lugar, a finales de 1980, al partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). ¿Eran complementarios? ¿Eran caras de una misma moneda? ¿Había vasos comunicantes? Es obvio que hubo un entramado invisible, sobre todo hasta 1983.

Pero también hubo otros segmentos empresariales que no solo no adhirieron a los Escuadrones de la Muerte (una especie de ‘solución final’) ni tampoco corrieron a enlistarse al FAN (de donde nacería ARENA), y optaron por buscar una posición menos estridente y afín con su imaginario y por eso en aquellos momentos de recomposición contribuyeron al desarrollo del partido político Acción Democrática (AD). Ese segmento empresarial que desde el 15 de octubre hasta diciembre de 1979 se amparó en la denominación de Sector Productivo Progresista es el que recaló en AD.

Sin embargo, hubo un actor en ese momento de recomposiciones que no pudo continuar en su senda. De ahí que los fanáticos que decidieron asesinar al arzobispo Óscar Arnulfo Romero dieron en el blanco al golpear al factor decisivo que, de forma inconsciente, desesperada pero valiente, estaba al frente de ese extraño e insólito movimiento socio-religioso que flotaba en torno a las predicas del obispo Romero y que para el fatídico 24 de marzo de 1980 era un peligroso ejemplo de conducta cívica

Con esa línea de acciones (de los Escuadrones de la Muerte, de la represión masiva de toda protesta popular, de eliminación física como la del máximo jerarca de la Iglesia Católica) el camino hacia la guerra estaba garantizado.

Ahora, a casi 50 años de aquel lapso (octubre 1979 – marzo 1980) hay que decir con toda claridad que el PDC no habría podido llegar a un pacto con los militares obcecados con la represión si no hubiese estado de por medio la presencia norteamericana, que no solo garantizó el flujo financiero de ‘ayuda’ económica y militar, sino que custodió el rediseño de la gestión gubernamental y trazó la hoja de ruta que debían seguir. Y esto se tradujo en la implantación de la reforma agraria y las nacionalizaciones de los bancos y del comercio exterior, algo que la plataforma programática del Gobierno Democrático Revolucionario tenía como líneas rojas, pero que ya en manos del PDC, los militares represores y la presencia norteamericana se desnaturalizó y pasó a formar parte del dispositivo contrainsurgente de la guerra que pronto (en enero de 1981) se desataría.

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones