Autor: Alvaro Cruz

  • El 3% de los visitantes que llegan a El Salvador lo hacen por turismo médico, según Corsatur

    El 3% de los visitantes que llegan a El Salvador lo hacen por turismo médico, según Corsatur

    El turismo médico continúa ganando espacio dentro de la oferta turística de El Salvador. De acuerdo con datos de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cerca del 3 % de los visitantes que recibe el país viajan con el objetivo de someterse a tratamientos médicos especializados, principalmente procedentes de Estados Unidos y Canadá.

    La directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, explicó que esta modalidad combina la atención médica con la experiencia turística, lo que permite a los pacientes recibir un tratamiento mientras permanecen temporalmente en el país.

    “El turismo médico es el resultado de la combinación de que tú haces turismo porque vas a dormir a un lugar donde no vivís y, aparte de eso, vas a realizarte algún tratamiento”, explicó la funcionaria.

    Durán destacó que entre los servicios con mayor demanda por parte de los visitantes internacionales figuran la odontología, la cirugía plástica y estética, la cirugía bariátrica, la oftalmología y otros procedimientos médicos especializados, áreas en las que El Salvador ha fortalecido su oferta en los últimos años.

    Durante la actividad Impulsando el Turismo Médico, organizada por ProSalud Medical Center, la directora de Corsatur afirmó que el país busca consolidarse como un referente regional en esta industria mediante la integración de servicios de salud de alta calidad con la oferta turística nacional.

    “Hoy, El Salvador no solo abre sus puertas como un destino vibrante de cultura, naturaleza y hospitalidad, sino que se posiciona con firmeza como un centro de excelencia en turismo médico y de bienestar en la región. El turismo de salud no es únicamente la combinación de medicina y viajes; es, ante todo, una promesa de confianza y tranquilidad”, expresó Durán.

    El encuentro reunió a representantes del sector salud, turismo y empresarial con el propósito de fortalecer alianzas que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo del turismo médico y atraer a un mayor número de pacientes internacionales.

     

  • EEUU impone un arancel adicional del 10 % a El Salvador y otros 60 países

    EEUU impone un arancel adicional del 10 % a El Salvador y otros 60 países

    El Salvador se encuentra entre los países que enfrentarán un arancel adicional del 10 % para exportar productos hacia Estados Unidos, como parte de las nuevas medidas comerciales anunciadas este jueves por la administración del presidente Donald Trump.

    La decisión fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), dirigida por Jamieson Greer, tras concluir una investigación iniciada en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual evaluó las políticas de 60 economías relacionadas con la prohibición de importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

    Los nuevos gravámenes sustituirán el arancel global temporal del 10 %, vigente desde febrero, que expira este viernes. La medida representa una nueva etapa de la estrategia comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

    En Centroamérica, además de El Salvador, Guatemala, Honduras y México también estarán sujetos a un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana enfrentarán un gravamen del 12.5 %. La Administración estadounidense sostiene que las diferencias responden al nivel de implementación y cumplimiento de las medidas para impedir el ingreso de productos fabricados con trabajo forzoso.

    El USTR concluyó que las prácticas identificadas en los países investigados justifican la aplicación de medidas comerciales, al considerar que representan una carga para los trabajadores y las empresas estadounidenses. La investigación incluyó consultas con los gobiernos involucrados antes de adoptar la decisión final.

    Las nuevas tarifas también alcanzan a economías como Canadá, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza y los 27 países de la Unión Europea, aunque en algunos casos los aranceles varían según el tipo de producto importado. China quedó fuera de esta nueva lista debido a que ya está sujeta a un régimen de aranceles específicos y de mayor magnitud.

    La política arancelaria se ha convertido en uno de los principales ejes económicos de la administración Trump. Después de que el Tribunal Supremo invalidara gran parte de los aranceles globales impuestos previamente, la Casa Blanca recurrió a la Sección 301 como fundamento legal para mantener su estrategia de presión comercial sobre sus principales socios.

    Con la entrada en vigor de las nuevas medidas, las exportaciones salvadoreñas hacia el mercado estadounidense continuarán sujetas a un arancel adicional del 10 %, en un contexto en el que Estados Unidos endurece sus exigencias comerciales y busca que sus socios fortalezcan los mecanismos para prevenir el comercio de productos vinculados al trabajo forzoso.

     

     

  • EEUU amplía sanciones contra entidades y funcionarios del régimen cubano

    EEUU amplía sanciones contra entidades y funcionarios del régimen cubano

    El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones contra nueve entidades y dos funcionarios vinculados al régimen de Cuba, como parte de su estrategia para restringir el acceso de la administración del presidente Miguel Díaz-Canel a recursos financieros que Washington considera obtenidos de manera ilícita.

    El Departamento de Estado informó que entre las entidades sancionadas figuran el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), la Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A., compañías relacionadas con el sector energético cubano.

    La administración del presidente Donald Trump también incluyó en la lista de sanciones a varias empresas que, según las autoridades estadounidenses, forman parte de las operaciones del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas cubanas y señalado por Washington de intentar evadir las restricciones económicas impuestas al régimen.

    Entre las empresas sancionadas se encuentra la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., operadora del principal puerto de contenedores de Cuba, considerada por Estados Unidos como una de las entidades estratégicas del conglomerado militar.

    Las nuevas medidas también alcanzan a entidades relacionadas con el programa de misiones médicas internacionales de Cuba, al que Estados Unidos acusa de funcionar bajo un esquema de trabajo forzoso mediante la retención de una parte significativa de los salarios que reciben los profesionales de la salud enviados al extranjero.

    Los dos funcionarios incluidos en las sanciones son la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), Gretza Sánchez Padrón, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Las restricciones congelan cualquier bien o activo que ambos, así como las entidades sancionadas, posean bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.

    El régimen cubano tildó de «acto de agresión» las sanciones anunciadas y acusó a Washington de «intenciones genocidas» con el fin de provocar una crisis humanitaria.

    «Cada acto de agresión del Gobierno de EE.UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

    Asimismo señaló que el Gobierno estadounidense «continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba», pero «le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria» en el país caribeño.

    Las nuevas acciones se suman a las sanciones impuestas en junio pasado contra el presidente Miguel Díaz-Canel, varios de sus familiares y el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro. Asimismo, el Departamento de Justicia mantiene una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996, hecho que dejó cuatro personas fallecidas.

    Con este nuevo paquete de sanciones, la administración Trump mantiene la presión sobre el Gobierno cubano, al que acusa de sostener estructuras económicas y programas estatales que vulneran los derechos humanos y permiten financiar al régimen mediante actividades que considera contrarias a la legislación estadounidense.

     

  • Subsecretario de Estado de EEUU visita El Salvador para fortalecer cooperación bilateral en seguridad

    Subsecretario de Estado de EEUU visita El Salvador para fortalecer cooperación bilateral en seguridad

    El subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL), Cart Weiland, realizó este jueves una visita oficial a El Salvador, donde sostuvo reuniones con autoridades nacionales para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

    Como parte de su agenda, Weiland se reunió con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, con quien abordó los mecanismos de coordinación entre ambos países para enfrentar el crimen transnacional y reforzar las acciones conjuntas en materia de aplicación de la ley.

    Durante el encuentro, los funcionarios destacaron la estrecha colaboración entre Estados Unidos y El Salvador, enfocada en fortalecer la seguridad regional mediante el intercambio de experiencias, capacitación y coordinación permanente entre las instituciones encargadas de la seguridad pública.

    La reunión también reafirmó el compromiso de ambos gobiernos de mantener una cooperación constante para enfrentar las amenazas del crimen organizado y contribuir a la estabilidad y protección de la región.

    En el marco de su visita, el funcionario estadounidense recorrió las instalaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), en San Salvador, donde conoció el trabajo que desarrolla el centro de formación para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad de la región.

    Weiland observó parte del desarrollo del Curso Avanzado Antipandillas, una capacitación que se desarrolla durante esta semana y reúne a 40 participantes de Bahamas, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica y El Salvador. El programa busca fortalecer la cooperación regional y mejorar las estrategias para enfrentar a las estructuras criminales.

    Asimismo, el subsecretario sostuvo un encuentro con el equipo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) destacado en El Salvador, donde conoció de primera mano las iniciativas que impulsa esa oficina en coordinación con las autoridades salvadoreñas para fortalecer la seguridad y la aplicación de la ley.

     

  • Gobierno solicita incorporar $46.1 millones para ejecutar la segunda fase del programa Doctor SV

    Gobierno solicita incorporar $46.1 millones para ejecutar la segunda fase del programa Doctor SV

    El Gobierno de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto 2026 e incorporar $46,137,606 provenientes de un préstamo externo, con el objetivo de iniciar la ejecución de la segunda fase del programa Doctor SV y fortalecer el sistema nacional de salud.

    La propuesta fue remitida por el Ministerio de Hacienda a petición del presidente de la República y plantea incorporar esos recursos al Ramo de Salud para financiar el proyecto de inversión 9070, denominado «Programa para la implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II», el cual será ejecutado por el Hospital Nacional El Salvador.

    Los fondos provienen de un préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto total de $75 millones, aprobado previamente mediante el Decreto Legislativo n.º 556. La iniciativa busca incorporar únicamente $46.1 millones para iniciar la ejecución de la segunda fase del programa.

    De acuerdo con el documento, el proyecto tiene como propósito fortalecer el sistema de salud pública mediante una plataforma de servicios médicos en línea integrada con una red de servicios externos y personal especializado, con el fin de ampliar el acceso y la cobertura de atención para los pacientes.

    La inversión contempla el desarrollo y soporte del software Doctor SV, la adquisición de licencias tecnológicas, entre ellas Chrome OS Enterprise y Workspace, almacenamiento de información en la nube pública gubernamental, servicios de mensajería para telemedicina, contratación de personal especializado y gastos de evaluación del proyecto.

    La iniciativa también propone modificar el presupuesto del Hospital Nacional El Salvador para incorporar una nueva unidad presupuestaria destinada a la implementación de Doctor SV Fase II, así como reforzar las asignaciones de recursos para la ejecución del proyecto.

    Según el proyecto de decreto, la implementación tendrá cobertura a nivel nacional y la meta física del programa es alcanzar un avance del 100 % antes de diciembre de 2026. Los recursos serán financiados con fondos provenientes del préstamo de la CAF.

    El Ejecutivo solicita que la reforma presupuestaria sea aprobada por la Asamblea Legislativa para permitir la incorporación inmediata de los recursos al presupuesto vigente y dar inicio a la ejecución del programa, orientado a modernizar los servicios de salud mediante herramientas tecnológicas.

     

  • México bloquea cuentas de personas y empresas vinculadas a la red financiera del Cártel de Jalisco

    México bloquea cuentas de personas y empresas vinculadas a la red financiera del Cártel de Jalisco

    El Gobierno de México ordenó este jueves el bloqueo de las cuentas bancarias de 55 personas y empresas señaladas por Estados Unidos de integrar una presunta red financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida forma parte de las acciones de cooperación bilateral con Estados Unidos para combatir las finanzas del crimen organizado y evitar el uso del sistema financiero para el lavado de dinero.

    La decisión se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a 39 personas y 16 empresas presuntamente vinculadas con el CJNG.

    Tras esas sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un análisis que detectó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos en efectivo, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

    Las autoridades mexicanas también identificaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero, además de detectar empresas que, según la investigación, presentan características de compañías fachada o con escasa actividad económica.

    Como resultado de las indagaciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los individuos sancionados por Estados Unidos, así como a otras ocho personas señaladas de pertenecer a la misma estructura financiera.

    «Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada», señaló la Secretaría de Hacienda.

    Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias «Pelón», identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, «el Mencho», ocurrida en febrero de este año durante un operativo federal en el estado de Jalisco.

    González, quien posee nacionalidad mexicana y estadounidense, también es buscado por el Gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que permita su captura.

    Las autoridades estadounidenses también señalaron a diversas empresas dedicadas a la comercialización de bebidas alcohólicas y al sector gasístico como parte de la presunta red financiera del CJNG. Desde el año pasado, Washington mantiene al Cartel Jalisco Nueva Generación en su lista de organizaciones terroristas, junto con otros grupos del narcotráfico mexicano, como parte de una estrategia para intensificar la presión contra el crimen organizado.

     

     

  • El Salvador y Gibraltar firman un acuerdo para fortalecer la regulación de activos digitales

    El Salvador y Gibraltar firman un acuerdo para fortalecer la regulación de activos digitales

    El Salvador y el territorio británico de Gibraltar firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación entre sus autoridades reguladoras del sector financiero, con énfasis en los activos digitales, los mercados de predicción y la industria del juego.

    El acuerdo fue suscrito durante la visita oficial a Gibraltar de Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), quien viajó al territorio británico tras la visita que el ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, realizó a El Salvador a inicios de este año.

    Como parte de la agenda, Reyes firmó el memorando con la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC), documento que formaliza la relación de trabajo entre ambas instituciones y establece un mecanismo para fortalecer la cooperación, la comunicación y el intercambio de información entre los reguladores.

    Durante su estancia, el funcionario salvadoreño también sostuvo una reunión con el ministro Feetham para analizar oportunidades de colaboración en materia de activos digitales, mercados de predicción y regulación de la industria del juego.

    Según el Gobierno de Gibraltar, las conversaciones dieron continuidad a los acuerdos alcanzados durante la visita del ministro británico a El Salvador y reflejan el interés de ambas jurisdicciones por promover la innovación mediante marcos regulatorios modernos y sólidos.

    Las autoridades destacaron que El Salvador se ha consolidado como una de las principales jurisdicciones para el desarrollo de activos digitales, gracias al marco regulatorio implementado en los últimos años para este sector.

    El encuentro también permitió intercambiar experiencias sobre las nuevas tendencias en las finanzas digitales y explorar áreas de interés común para fortalecer la cooperación entre ambos territorios en materia de innovación tecnológica.

    El ministro Nigel Feetham afirmó que la firma del memorando representa un paso importante para profundizar la relación entre Gibraltar y El Salvador.

    «Me complació dar la bienvenida a Juan Carlos Reyes a Gibraltar tras mi visita a El Salvador a principios de este año. La firma de este Memorando de Entendimiento marca un hito importante en la relación entre nuestras dos jurisdicciones y refleja nuestro compromiso compartido con altos estándares regulatorios, la innovación y la cooperación internacional. Espero seguir trabajando estrechamente con el Sr. Reyes y su equipo a medida que profundizamos nuestra colaboración», expresó el funcionario.

    El acuerdo busca consolidar un marco permanente de cooperación entre ambas autoridades regulatorias y facilitar el intercambio de conocimientos sobre regulación financiera, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los mercados digitales y promover estándares internacionales en la supervisión del sector.

     

  • El Petróleo WTI supera los $92 por tensión en Oriente Medio

    El Petróleo WTI supera los $92 por tensión en Oriente Medio

    El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para El Salvador, registró este jueves un fuerte incremento del 6.17 % y cerró en $92.19 por barril, impulsado por una nueva escalada del conflicto en Oriente Medio que elevó la preocupación sobre el suministro mundial de crudo.

    Al cierre de la jornada bursátil, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre aumentaron $5.36 respecto a la sesión anterior, reflejando la incertidumbre generada por los recientes ataques contra embarcaciones petroleras en el mar Rojo.

    Por su parte, el barril de Brent, referencia para Europa, avanzó un 7.03 % en el mercado de futuros de Londres y cerró en $100.69, superando nuevamente la barrera de los $100 por primera vez desde finales de mayo.

    Durante la sesión, el Brent llegó a cotizarse en $101.95 antes de moderar parte de sus ganancias. A falta de una jornada para concluir la semana, el crudo acumula un incremento superior al 32 %, impulsado por el deterioro de la situación geopolítica en la región.

    El repunte de los precios se produjo después de que los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaran un ataque contra dos petroleros saudíes que navegaban por el mar Rojo, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte internacional de petróleo.

    La ofensiva abrió un nuevo foco de tensión en la región y aumentó la preocupación de los mercados por posibles interrupciones en el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz y del corredor marítimo del mar Rojo, fundamentales para el comercio energético mundial.

    Tras los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a responsabilizar a Irán por el respaldo que brinda a los hutíes y advirtió sobre la posibilidad de lanzar nuevas operaciones militares de gran escala si continúan las agresiones contra embarcaciones comerciales.

    El fortalecimiento de las tensiones entre Washington y Teherán ha incrementado la volatilidad en los mercados energéticos, debido al riesgo de que un conflicto de mayor magnitud afecte el suministro de petróleo proveniente del golfo Pérsico.

    Analistas consideran que la evolución de los precios dependerá del desarrollo de la crisis en Oriente Medio y de la seguridad de las principales rutas marítimas utilizadas para el transporte de hidrocarburos, mientras los inversionistas siguen atentos a cualquier señal de una mayor escalada militar.

     

  • Unión Europea aprueba un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia por la guerra en Ucrania

    Unión Europea aprueba un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia por la guerra en Ucrania

    Los Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para aprobar el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, una nueva batería de medidas con la que el bloque busca incrementar la presión económica sobre Moscú por la invasión de Ucrania y limitar su capacidad para financiar la guerra.

    El acuerdo fue confirmado este jueves por la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea, que destacó que las nuevas sanciones apuntan a reducir las fuentes de ingresos del Kremlin, obstaculizar las operaciones de la denominada «flota fantasma» utilizada para transportar petróleo y afectar las cadenas de suministro vinculadas a la economía rusa.

    «Europa está con Ucrania frente a la brutal guerra de agresión de Rusia», afirmó la ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, tras conocerse el consenso alcanzado entre los Veintisiete.

    El entendimiento político fue respaldado por los embajadores de los Estados miembros luego de varios meses de negociaciones.

    El nuevo paquete extiende por otros 12 meses el mecanismo que limita el precio del petróleo ruso, amplía las restricciones al sector financiero y a las criptomonedas, incorpora nuevas sanciones contra embarcaciones y personas señaladas de facilitar la evasión de las medidas vigentes, y endurece las limitaciones dirigidas a la industria militar rusa.

    Las conversaciones permanecieron estancadas durante los últimos días debido a las objeciones planteadas por Grecia sobre las restricciones relacionadas con el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso hacia terceros países. Atenas consideraba que esas medidas tendrían un impacto reducido sobre las exportaciones de Rusia, mientras afectarían de manera significativa a la industria naviera europea.

    Finalmente, los países lograron superar las diferencias mediante un compromiso que establece una exención limitada para las transferencias de GNL destinadas a terceros países y para las compras vinculadas a contratos firmados antes del 24 de febrero de 2022.

    El acuerdo también impide que operadores europeos amplíen ese tipo de operaciones y establece que el Consejo de la Unión Europea revisará anualmente la aplicación de estas excepciones para evaluar su continuidad.

    Con este nuevo paquete, la Unión Europea mantiene su estrategia de endurecer progresivamente las sanciones económicas contra Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, con el objetivo de reducir los recursos financieros del Kremlin y reforzar el respaldo político y económico a Kiev.

     

     

  • Organizaciones ambientalistas exigen restablecer prohibición de minería metálica en El Salvador

    Organizaciones ambientalistas exigen restablecer prohibición de minería metálica en El Salvador

    Un grupo de organizaciones ambientalistas hizo un llamado a la sociedad salvadoreña para conformar un frente común que impulse el restablecimiento de la ley que prohibía la minería metálica en el país, derogada en diciembre de 2024 tras la aprobación de una nueva normativa promovida por el Gobierno.

    En un comunicado, las organizaciones afirmaron que la actual Ley General de Minería fue aprobada sin un proceso de discusión pública y aseguraron que contradice la postura mayoritaria de la población, que, según sostienen, rechaza la actividad minera en el territorio nacional.

    «Llamamos, nuevamente, a todos los sectores del país a hacer un solo cuerpo frente a la amenaza extractivista y a exigir el restablecimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica», expresaron las organizaciones.

    Los ambientalistas señalaron que, pese a los llamados realizados por la Iglesia Católica, iglesias históricas y diferentes organizaciones sociales para derogar la legislación, la Asamblea Legislativa mantiene vigente la norma mientras el Ejecutivo avanza con la implementación de proyectos mineros.

    Las organizaciones también citaron una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), según la cual el 67.3 % de los salvadoreños considera que la minería beneficia poco o nada a la población.

    El Salvador prohibió la minería metálica en 2017, pero esa restricción fue eliminada en diciembre de 2024 mediante una iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien ha sostenido que el país posee yacimientos de oro con una alta concentración por kilómetro cuadrado.

    No obstante, las organizaciones afirmaron que hasta la fecha ninguna institución gubernamental ha presentado estudios técnicos que respalden esa afirmación ni ha divulgado proyecciones sobre los beneficios económicos que generaría la explotación minera para la población salvadoreña.

    Los colectivos también advirtieron que el desarrollo de proyectos extractivos podría afectar a unos 4 millones de personas que habitan en la zona norte del país, incluyendo comunidades de los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión. Entre las organizaciones firmantes figuran Caminata Ecológica, Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Comunidades Eclesiales de Base (CEBS) del Bajo Lempa y Comunidades Históricas de Chalatenango, entre otras.