Autor: Alvaro Cruz

La decisión de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO) no solo aumenta la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro; también expone, con una crudeza difícil de ignorar, la profunda erosión moral y política del Estado venezolano. Washington podrá tener sus propios intereses geopolíticos, pero sería un error reducir la medida a una maniobra de la Casa Blanca: el problema central sigue siendo un gobierno cuya dirigencia ha convertido al país en un aparato criminal.

Desde hace años, abundan testimonios, investigaciones y señales que apuntan a la participación de altos mandos militares en redes de narcotráfico. El hecho de que las acusaciones formales del Departamento de Justicia se presentaran en 2020 no implica que el fenómeno sea reciente; más bien confirma la consolidación de una estructura que ha operado con impunidad durante décadas. El “Cartel de los Soles” dejó de ser una simple especulación cuando la cúpula del poder venezolano convirtió el control territorial y militar en un mecanismo para enriquecerse a costa de la descomposición nacional.

La reacción del Gobierno venezolano —calificando al cartel como un “invento”— ya no convence a nadie. Después de años de crisis humanitaria, colapso institucional y corrupción sistémica, la negación se ha vuelto un recurso gastado. Resulta revelador que, mientras millones de venezolanos huyen del país y los servicios públicos se derrumban, las élites militares y políticas mantengan niveles de vida que solo pueden explicarse por ingresos ilícitos.

Sí, la administración Trump utiliza esta designación como un instrumento de presión internacional. Pero lo hace sobre un terreno fértil, abonado por las propias decisiones del chavismo. La estrategia de confrontación permanente, combinada con una estructura de poder que premia la lealtad por encima de la legalidad, ha permitido que figuras como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello presidan un Estado que se parece cada vez menos a un gobierno y más a una organización mafiosa.

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y las operaciones contra supuestas “narcolanchas” pueden ser polémicas, pero surgen en un contexto donde el régimen venezolano ha renunciado a cualquier pretensión de transparencia y legitimidad, agravada desde el fraude electoral de 2024. Cuando el Estado se convierte en parte del problema, la comunidad internacional —con todos sus defectos y contradicciones— inevitablemente interviene.

La designación del Cartel de los Soles como FTO no resolverá por sí sola la tragedia venezolana. Pero sí coloca en el centro del debate una verdad incómoda: Venezuela no solo sufre bajo un gobierno autoritario, sino bajo uno que, según múltiples instituciones internacionales, participa activamente en actividades criminales que trascienden sus fronteras.

Maduro podrá acusar a Washington de agresión. Pero lo que ya no puede hacer es ocultar que dirige un régimen cuya legitimidad se ha desmoronado, no solo por su incapacidad de gobernar, sino por su colusión con estructuras que operan como organizaciones terroristas. Y esa, más allá de cualquier cálculo geopolítico, es la acusación más devastadora que enfrenta.