En abril de 2025, en esta misma columna de opinión, compartimos el asombro que nos causaba la amenaza del presidente de Estados Unidos de aplicar obstáculos al libre comercio a buena parte del mundo. Calificándola como “inexplicable”, advertimos de que las “razones” expuestas por la Casa Blanca para justificar su ofensiva arancelaria eran, en realidad, meras excusas, porque ni la lógica de la bravuconada como herramienta de intimidación ni el hipotético deseo de hacer caer los tipos de interés de la deuda americana vía recesión, tenían sentido. Los posibles beneficios de estas medidas no iban a compensar los peligros asumidos a través de ellas.
Los tres resultados que previmos se cumplieron a cabalidad: progresión de las respuestas comerciales bilaterales, nuevas alianzas en torno a polos de desarrollo alternativos a Estados Unidos y una ola inflacionaria que ha arrasado con la estabilidad de miles de hogares americanos. La argumentación de Trump relativa a supuestos “equilibrios comerciales” era insostenible, aberrante y antiliberal. Por eso sus efectos están golpeando al presidente en las encuestas y abriendo boquetes innecesarios en la imagen de su país como socio confiable.
La argumentación de Trump relativa a supuestos “equilibrios comerciales” era insostenible, aberrante y antiliberal
Faltaba, sin embargo, la cereza del pastel. ¿Iba la Corte Suprema de Justicia a fallar en contra de la agenda económica de Trump, tumbando su estrategia arancelaria? Porque lo cierto era que ningún mandatario antes del actual, al menos en el último medio siglo, había ido tan lejos en su desafío a la independencia judicial. Justo en septiembre pasado recordábamos que los tribunales estaban inundados de órdenes ejecutivas y que, de veintiún procesos elevados a la última instancia judicial, solo en tres de ellos la Corte no se había inclinado por otorgar mayor margen de maniobra al presidente en detrimento de las decisiones tomadas en primera instancia.
Si bien todavía nada de lo anterior suponía una violación flagrante a la Constitución, estaba claro que Trump hostigaba al sistema. En su segundo mandato, por tanto, solo el valladar del Estado de derecho podía impedirle abusar de sus funciones, a la usanza de los autócratas del sur de América o del África subsahariana.
El 20 de febrero, finalmente, con una mayoría de seis a tres, los magistrados del máximo tribunal hicieron su trabajo, recordándole a Donald Trump que la independencia de los poderes es un pilar de la democracia estadounidense y que sus facultades ejecutivas no pueden sobrepasar el marco legal en que dichas facultades se originan.
Al final de su voto concurrente, el juez Niel Gorsuch, aludiendo a la necesidad de que Trump acate los procedimientos constitucionales, escribió: “Sí, legislar puede ser difícil y llevar tiempo. Y sí, puede ser tentador eludir al Congreso cuando surge un problema acuciante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo fue el propósito central de su diseño. A través de ese proceso, la Nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, y no solo la de una facción o la de un hombre. Allí, la deliberación modera los impulsos y el compromiso transforma los desacuerdos en soluciones viables. Y dado que las leyes deben obtener un apoyo tan amplio para sobrevivir al proceso legislativo, tienden a perdurar, permitiendo a la gente común planificar sus vidas de maneras que no podrían si las reglas cambiaran día a día”.
Tres jueces que la prensa estadounidense llama “conservadores” —John Roberts, Amy Coney Barret y el citado Gorsuch— han ofrecido al mundo una prueba de eso que hace grande a Estados Unidos: su fortaleza institucional. Y lo hicieron, por cierto, no porque tengan animadversión contra el presidente Trump o quieran dar mayor poder al Capitolio, sino porque entienden que la posteridad les juzgará a ellos severamente por sus decisiones, mismas que deben estar fundamentadas en la Constitución y en la tradición de los grandes valores liberales.
Al unir su opinión a la de la mayoría de los magistrados de la Corte, la jueza Ketanji B. Jackson recalcó que la historia legislativa de EE UU provee clara evidencia sobre qué intentaba el Congreso al formular la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (Ieepa, por sus siglas en inglés), en la que Trump pretendía basar su arremetida arancelaria. Y agrega Jackson: “Dada esta evidencia, no necesitamos especular ni, peor aún, ponernos en el lugar del Congreso y formular nuestras propias opiniones sobre qué poderes sería mejor delegar al Presidente para su uso durante una emergencia”.
Dicho en otros términos, aparte de enviar un mensaje a los congresistas (republicanos sobre todo) para que conozcan y defiendan su poder legislativo, la Corte Suprema fue coherente al respetar la letra de la ley y evitar incurrir en la invasión de las facultades constitucionales del Capitolio, lo que habría supuesto una gigantesca incoherencia.
Donald Trump, por supuesto, al denostar la conclusión del máximo tribunal, ha sido particularmente grosero con los dos jueces que él colocó allí: Barret y Gorsuch. Como es usual en su retórica, apunta a la reputación de aquellos a quienes no puede vencer con argumentos. Pero su furiosa diatriba también va dirigida a los congresistas de su partido, que ahora deberán otorgarle una opción legal al presidente a pocos meses de jugarse ellos mismos sus respectivos escaños, en las elecciones de noviembre.
Pase lo que pase, la buena noticia para Estados Unidos y el mundo es que la institucionalidad democrática americana sobrevivirá a Donald Trump.
