La semana pasada anduvo por nuestra tierra Jorge Salazar, colega peruano. Conocido como “Coco”, fue integrante de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador identificada más como ONUSAL, por sus siglas; también participó en la operación verificadora de esta organización en Guatemala y en su agencia especializada en población refugiada, mejor conocida como ACNUR.
Nos juntamos y recordamos aquella época en la que estuvo presente acá en El Salvador, que también fue parte de la primera década de mi trabajo en la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el IDHUCA. Uno de los tantos esfuerzos entonces impulsados en este que vino a mi memoria, por ser considerado dentro y fuera de nuestro país como un aporte valioso, fue la publicación que denominamos “La agenda pendiente, diez años después. De la esperanza inicial a las responsabilidades compartidas”.
Su presentación oficial la realizamos en noviembre del 2002, pero un resumen anticipado de la misma apareció el mismo año en la revista Estudios Centroamericanos –la famosa ECA– editada por dicha casa de estudios superiores, en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la firma del llamado Acuerdo de Chapultepec y el fin del conflicto bélico interno entre los dos ejércitos protagonistas: el gubernamental y el guerrillero.
Desde el inicio de dicha investigación planteamos que la situación de los derechos humanos en aquel entonces, hace casi veinticuatro años, no debía evaluarse partiendo del “estado de barbarie que se llegó a alcanzar entre 1972 y 1992, sino confrontándola con las aspiraciones de humanismo y humanidad” que debían ser la guía para edificar “un El Salvador distinto”. Y no había dónde perderse en cuanto a sus puntos de partida y llegada. Inspirados en las enseñanzas de Ignacio Ellacuría ‒uno de los rectores mártires salvadoreños junto con Félix Ulloa, el grande‒ los ubicamos ambos, sin dudarlo, en la centralidad de nuestras mayorías populares.
Además, señalamos que el proceso salvadoreño iniciado en abril de 1990 con el primero de los acuerdos firmados entre las partes aún beligerantes ‒el de Ginebra que registró sus cuatro componentes esenciales‒ debía tener una sostenibilidad que hasta ese momento no estaba garantizada. Y esta nunca se garantizó pues “no se realizaron los ajustes necesarios para superar la desigual distribución del ingreso, con base en reglas claras y responsabilidades conjuntas en lo relativo a su cumplimiento”.
Al no haber impulsado los necesarios cambios estructurales para mejorar la situación social y económica de las mayorías populares prevaleciente a lo largo de nuestra historia, en un escenario nacional complejizado más con el deterioro ambiental, afirmamos en aquel momento que el conflicto continuaba “aunque no en su expresión bélica”. De por sí, eso era peligroso; pero se agravó aún más cuando las instituciones estatales no actuaron en función del bien común, los partidos políticos se esmeraron en defraudar a la sociedad y la población no se organizó como debía haberlo hecho para participar como fuerza definitoria y corregir el rumbo con coherencia, inteligencia y potencia.
Lo que se avanzó en democracia formal, porque algo se avanzó, terminó vertido en el sumidero de la suciedad. Por eso estamos como estamos. Hoy como siempre, algunas personas ‒las menos‒ saben y pueden reír disfrutando de sus egoístas y sustanciosos beneficios; pero a las más, les toca sufrir y lamentarse en medio de su desamparo. Las primeras son las largas “serpientes” con las que Silvio sueña; las que “en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor”. Casi logramos desnucarlas en un momento histórico dado, pero hace unos años apareció “una mayor” que siendo peor se mantiene y continúa creciendo… al menos por ahora.
Considerando lo anterior, en este momento no podemos hablar de una agenda pendiente; lo que está ocurriendo es el impulso de una agenda diferente, egoísta, marcada por el autoritarismo y la corrupción. Por ello, para diseñar una conveniente –fundada en el respeto de los derechos humanos de nuestras mayorías populares– debemos retomar las enseñanzas de monseñor Romero junto a las de los dos últimos papas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo incumplido o lo mal cumplido de los acuerdos de paz y lo que todavía podemos rescatar de nuestra Constitución. También hay que aprender de nuestras historias de lucha a lo largo de un tortuoso camino.
Si no, todo se terminará yendo definitivamente por el drenaje instalado en medio de la codicia voraz, la prepotencia insolente y la impunidad descarada; drenaje igual de malo que el del estadio construido por el dictador del siglo pasado, general Maximiliano Hernández Martínez, y ahora convertido en uno de los íconos de harina del “bukelato”.
