El Salvador cuenta con al menos 44 normas jurídicas vigentes y dos políticas públicas que regulan el ecosistema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los activos digitales, la ciberseguridad y la digitalización del Estado, según un estudio elaborado por Fusades que analiza la evolución del marco legal salvadoreño hasta mayo de 2026.
El documento, titulado Derecho de nuevas tecnologías en El Salvador: una radiografía normativa, sostiene que el país ha acelerado la creación de leyes e instituciones con el propósito de consolidarse como un centro tecnológico regional, apoyándose en la transformación digital de los servicios públicos, la atracción de inversiones y la reciente Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026.
Sin embargo, el informe advierte que ese crecimiento regulatorio también ha generado un problema de dispersión normativa. Según Fusades, las leyes, reglamentos y políticas públicas se encuentran distribuidos en distintos portales institucionales y, en muchos casos, publicados en formatos que dificultan su consulta por ciudadanos, inversionistas e incluso por sistemas de inteligencia artificial.
Para enfrentar ese reto, la investigación recopila y organiza la legislación salvadoreña relacionada con las nuevas tecnologías en cuatro grandes ecosistemas: fomento tecnológico e innovación; FinTech y Web3; derechos y cumplimiento digital; y gobierno electrónico, justicia y modernización del Estado. El objetivo es ofrecer una herramienta de consulta que facilite la comprensión del marco regulatorio nacional.
Entre los principales hallazgos, el estudio destaca que la Agenda Digital Nacional 2020-2030 establece las bases para la transformación tecnológica del país mediante el desarrollo de la identidad digital, la modernización de la administración pública, el fortalecimiento de la conectividad y la creación de marcos legales en materia de ciberseguridad y protección de datos personales.
La investigación también resalta que El Salvador ha construido uno de los marcos regulatorios más amplios de la región para los activos digitales. El ecosistema incorpora la Ley Bitcoin, la Ley de Emisión de Activos Digitales y diversas regulaciones para proveedores de servicios, emisiones de activos y prevención del lavado de dinero. Además, cita que la firma Coincub ubica al país en el primer lugar mundial en regulación e innovación de activos digitales.
En materia de inteligencia artificial, Fusades señala que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026, la Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Ley de Tecnologías Robóticas establecen un marco legal para promover la innovación mediante entornos de prueba regulados y la supervisión de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). El informe añade que la adopción de inteligencia artificial generativa alcanzó el 16.2 % en el segundo semestre de 2025.
El estudio también analiza el estado de la infraestructura digital del país. Con base en datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que el 93.4 % de los hogares dispone de al menos un teléfono móvil, el 79.8 % de la población utiliza internet y el 92 % de las escuelas públicas cuentan con conexión de banda ancha. No obstante, advierte que persisten diferencias entre zonas urbanas y rurales y desafíos en materia de gobernanza digital.
En cuanto a la inclusión financiera, Fusades señala que, pese a los avances en digitalización, únicamente el 28 % de la población mantiene una cuenta en una institución financiera tradicional, mientras que el uso efectivo de pagos digitales continúa siendo uno de los principales retos para ampliar la economía digital.
El informe también destaca avances en la digitalización de los servicios públicos. Entre ellos menciona plataformas como Simple.sv, la Identidad Digital, eDigital del Ministerio de Economía, los servicios electrónicos del Ministerio de Hacienda y los sistemas digitales del Centro Nacional de Registros, iniciativas que buscan reducir tiempos de atención y modernizar la gestión pública.
Como parte de sus conclusiones, Fusades sostiene que el derecho de las nuevas tecnologías dejó de ser una disciplina especializada para convertirse en un componente transversal del ordenamiento jurídico, al regular ámbitos como la protección de datos, el comercio electrónico, la identidad digital, la firma electrónica y la inteligencia artificial. También considera necesario fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el acceso al conjunto de normas que regulan este ecosistema.
La investigación fue elaborada por el Departamento de Estudios Legales de Fusades y recopila la normativa emitida entre 2015 y el 16 de mayo de 2026. El documento busca servir como referencia para ciudadanos, empresas, inversionistas, académicos y operadores jurídicos interesados en comprender la evolución del marco regulatorio salvadoreño sobre nuevas tecnologías y transformación digital.
