La India implementará una nueva orden que obliga a todos los nuevos teléfonos móviles fabricados o importados en el país a tener preinstalada una aplicación estatal que no pueda eliminarse, una medida que ha encendido el debate sobre la privacidad y que la oposición denuncia como una vulneración de derechos fundamentales.
La directiva, fechada el 28 de noviembre, obligará a que la aplicación esté preinstalada, visible y operativa desde la primera configuración del dispositivo, y prohíbe a los fabricantes limitar o desactivar sus funciones, según un comunicado difundido por el Ministerio de Comunicaciones.
El Gobierno estableció un plazo de 90 días para que la medida quede plenamente implementada y da 120 días para que las empresas presenten un informe de cumplimiento. Además, afirma que los fabricantes «deberán procurar» distribuir la aplicación mediante actualizaciones de software en los teléfonos ya fabricados y presentes en los canales de venta.
La orden busca, según recoge la nota del Gobierno indio, «salvaguardar a los ciudadanos de la compra de dispositivos no genuinos» y permitir una «comunicación sencilla de usos indebidos de los recursos de telecomunicaciones».
La oposición, liderada por el Partido del Congreso, tildó la medida de «inconstitucional» y exigió su retirada inmediata. Su secretario general, K. C. Venugopal, afirmó que una aplicación gubernamental que no puede desinstalarse es «una herramienta distópica para vigilar a cada ciudadano».
El Congreso recordó que el incumplimiento de la directiva puede acarrear acciones bajo la Ley de Telecomunicaciones de 2023 y las Normas de Ciberseguridad en Telecomunicaciones de 2024, que facultan al Gobierno para imponer sanciones y retirar equipos alterados o con números de identificación manipulados.
La aplicación, llamada Sanchar Saathi y desarrollada por el propio Ministerio, está concebida como una herramienta «centrada en el ciudadano», pensada para «empoderar a los suscriptores móviles, reforzar su seguridad y aumentar la conciencia sobre las iniciativas del Gobierno dirigidas al usuario», según declara su portal oficial.
Sus funciones, según recoge el Ejecutivo de Modi, permitirán comprobar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI, denunciar dispositivos perdidos o robados y bloquearlos, consultar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas sospechosas, intentos de fraude y enlaces maliciosos.
