A nueve años de iniciado el proceso, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio siguió este martes con la audiencia preparatoria en el proceso promovido contra el reconocido narcotraficante Daniel Quezada Fernández, alias “Don Dany”, miembro de la banda “Los Perrones”, una estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La entidad fiscal solicitó que los 24 bienes vinculados a los imputados sean extinguidos y administrados por el Estado, con el objetivo de destinarlos a la lucha contra el crimen organizado.
De acuerdo con la investigación fiscal, “Don Dany” fue identificado como el cabecilla de una estructura delincuencial en la que también participaron familiares y otros colaboradores, quienes fueron investigados y procesados penalmente entre los años 2000 y 2015.
En el proceso de extinción de dominio, la FGR plantea la procedencia injustificada de 24 inmuebles, tres vehículos automotores y tres cuentas financieras. El valor total de los bienes que se pretende extinguir asciende a $402,353.95.
Durante la audiencia desarrollada en el referido juzgado, la Fiscalía presentó prueba documental con la que busca demostrar que los bienes pertenecen al imputado, quien actualmente cumple condena de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Entre los bienes que la Fiscalía incautó en 2017 están una residencia en Altos del Río, otra en Ciudad Pacífica y otra en la colonia Milagro de la Paz, todas de San Miguel; también el hotel Playas Negras en Intipucá, La Unión, y otro inmueble en Conchagua, siempre en el departamento unionense.
Mientras que en el departamento de La Libertad fueron embargadas 20 propiedades, entre ellas un establo ubicado en el cantón Flor Amarilla.
Según la Fiscalía, los inmuebles también están vinculados a Gloria Argentina Medrano de Quezada, esposa de Armando Quezada, “don Dany”; a Leonel Caballero y Misael Herrera López.
El juzgado programó la reanudación de la audiencia para el 22 de enero de 2026, informó la FGR por medio de un comunicado de prensa.
El proceso de extinción de dominio inició en junio del año 2017, cuando la Fiscalía giró las anotaciones preventivas sobre los bienes.
¿Por qué le buscan quitar los bienes?
Según la acusación fiscal, Quezada Fernández fue procesado por proposición y conspiración para el tráfico de drogas. La FGR sostiene que el imputado contrataba lanchas rápidas para trasladar droga desde Nicaragua hacia su hotel Playas Negras, ubicado en La Unión, y posteriormente los cargamentos eran llevados a una hacienda, donde eran recibidos por personas de nacionalidad guatemalteca.
Quezada Fernández fue condenado inicialmente a tres años de prisión por narcotráfico y, posteriormente a cinco años por lavado de $3 millones. Su última condena fue impuesta el 23 de diciembre de 2015 por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Además de comprar propiedades y vehículos, la Fiscalía detectó que “don Dany”, envió dinero mediante remesas que ascienden a $78,161 a Nicaragua, Colombia, México y Estados Unidos.
A pesar que todos los mencionados fueron condenados por el Tribunal 5o. de Sentencia de San Salvador, por el delito de lavado de dinero, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos reconoció una de sus principales vulnerabilidades en materia de seguridad nacional: la falta de coordinación y el intercambio limitado de información entre sus agencias policiales y de control fronterizo.
Como respuesta, el país emprendió una reestructuración profunda de su sistema de seguridad, que dio origen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), creado el 25 de noviembre de 2002.
Bajo la sombrilla del DHS, el 1 de marzo de 2003 nació la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), hoy considerada una de las agencias policiales más grandes y tecnológicamente avanzadas del mundo.
Su misión es, según su sitio web, proteger a la población, resguardar las fronteras y fortalecer la prosperidad económica del país. Para cumplir con ese objetivo, CBP opera a través de tres componentes clave que actúan de manera complementaria: la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), la Patrulla Fronteriza (USBP) y la unidad Aeromarítima (AMO).
Agentes de OFO que operan en los puestos fronterizos y aeropuertos de Estados Unidos. Embajada de EEUU.
OFO: el control en los puertos de entrada
En más de 300 puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, la Oficina de Operaciones de Campo es la primera línea de contacto para quienes ingresan legalmente a Estados Unidos. Sus oficiales, reconocibles por su uniforme azul, inspeccionan a visitantes extranjeros, ciudadanos que regresan al país y las mercancías que transportan.
Además de verificar documentos migratorios, OFO es responsable de la recaudación de tarifas de productos importados y de la detección de contrabando, documentos falsos y mercancías ilícitas.
Para ello, emplea una amplia gama de herramientas tecnológicas, como lectores de matrículas, sistemas de reconocimiento facial, bases de datos interconectadas y otros mecanismos de análisis que operan las 24 horas del día.
Cada año, estos oficiales inspeccionan a millones de personas y vehículos en aeropuertos, garitas y puertos marítimos, incautando miles de cargamentos de narcóticos y documentos fraudulentos, en un esfuerzo constante por mantener la seguridad sin interrumpir el flujo legítimo de comercio y viajes.
Patrulla Fronteriza: vigilancia entre los puertos
Más allá de las garitas y puertos de entrada, la responsabilidad recae en la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), cuyos agentes visten el característico uniforme verde. Esta división es la encargada de vigilar más de 20 mil millas (32,186.88 kilómetros) de fronteras terrestres y costeras entre Estados Unidos, México y Canadá.
Su trabajo se desarrolla en algunos de los terrenos más hostiles del país: desiertos, montañas, cañones y zonas remotas donde el acceso es limitado. Ya sea a pie, en camionetas o en vehículos todo terreno, los agentes patrullan áreas donde se detecta el cruce irregular de personas, el tráfico de narcóticos y otras formas de contrabando.
Desde su creación, la Patrulla Fronteriza ha interceptado a millones de personas intentando ingresar de manera ilegal al país. Durante estos operativos, los agentes también detienen a individuos con antecedentes criminales, personas previamente deportadas, pandilleros y narcotraficantes, quienes son evaluados y procesados administrativa o penalmente, según cada caso.
Agentes Aeromarinos de AMO-CBP. Embajada de EEUU en El Salvador.
AMO: la frontera desde el aire y el mar
El tercer componente de CBP es la unidad Aeromarítima (AMO), considerada una de las fuerzas policiales aéreas y marítimas más poderosas del país. Sus agentes, que utilizan uniformes en tonos café, y amplían el alcance de CBP al operar en el espacio aéreo y en aguas costeras.
AMO apoya a los otros componentes mediante el uso de aeronaves, embarcaciones y tecnología especializada para detectar, monitorear e interceptara aquello que consideren una amenaza que podrían ingresar por mar o aire. Su labor es clave para prevenir el tráfico de personas, drogas y otros productos peligrosos que buscan evadir los controles terrestres.
En conjunto, estos tres pilares convierten a CBP en la primera línea de defensa de Estados Unidos, con una misión que combina la aplicación firme de la ley, la protección contra amenazas como el terrorismo y el contrabando, y la asistencia humanitaria a quienes lo necesitan.
En julio de este año, el gobierno de Estados Unidos designó $165,000 millones para fortalecer a CBP, entre estos, $46,000 millones para seguir con la construcción del muro fronterizo, $4,000 millones para contratar a almenos 6,000 nuevos agentes de aduanas y patrulla fronteriza, y 10,000 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En los barrotes cafés del muro fronterizo de Estados Unidos aún se observan manchas grises, son las cicatrices de los intentos o cruces de miles de migrantes que se jugaron la vida al colgarse de más de seis metros para llegar a San Diego, California, una ciudad que hacia el sur colinda con Tijuana, México.
Las primeras viviendas, carreteras, plazas e incluso el aeropuerto de Tijuana se ven desde el territorio estadounidense, y es que, tras la línea fronteriza, la vida en la ciudad mexicana empieza a apenas unos metros.
Esta cercanía con San Diego, a tan solo una hora de esa línea divisoria, es la razón porque en toda la frontera estadounidense de la ciudad de la eterna primavera hay dos muros.
Según el vocero de la Patrulla Fronteriza, (USBP, según sus siglas en inglés), Gerardo Gutiérrez, originalmente el muro se construyó para detener el flujo de vehículos que cruzaban sin un chequeo migratorio desde México a Estados Unidos, pero con los años se usa para detener el flujo de migrantes que buscan el sueño americano.
“La razón de porque hay dos muros es porque tenemos las dos ciudades, Tijuana y San Diego, juntas, entonces los muros nos dan tiempo para que nosotros podamos responder y mitigar cualquier cosa que esté pasando”, relató Gutiérrez mientras muestra las construcciones del muro primario y secundario.
“El muro primario mide alrededor de seis metros de altura y el secundario unos nueve metros. No están hechos para ser escalados; son peligrosos”, añadió.
Más de 25 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos, en San Diego, California, está custodiada por un doble muro. En la fotografía se muestra el final de uno de los muros, en el inicio de las montañas de California. / Fotografía de Iliana Cornejo
Ambas estructuras se extienden por 14 millas desde el océano hasta las montañas, es decir, unos 22 kilómetros y medio donde la geografía permite reducir la infraestructura a un solo muro. En total, el sector San Diego cubre 60 millas de frontera, 96 kilómetros y medio, de las cuales unas 50 ya cuentan con muro, mientras el resto continúa en proceso de construcción.
El agente de USBP indicó que la gran afluencia de personas que salen desde Tijuana para intentar cruzar la frontera ilegalmente, en su momento, les llevó a construir esa doble barrera, así les daba y sigue dando tiempo de acudir. A lo largo de los muros se extiende una calle, por tramos de concreto, en los lugares más inclinados especialmente, esa también es parte de la inversión que el gobierno estadounidense ha hecho, a través de la Patrulla Fronteriza para proteger su frontera.
“Nosotros siempre trabajamos para tener infraestructura, carreteras de todo clima para que nuestros agentes se puedan mover, si hay alguna incursión ilegal, entonces nuestros agentes pueden responder y entonces se necesitan los dos muros”, añadió Gutiérrez.
Y es que la topografía del sur de California difiere al sur de Texas o inclusive Arizona, la frontera para llegar a Estados Unidos ahí atraviesa montañas, riscos, lugares desolados, donde el clima es inclemente, pero también se une con el océano Pacífico, cuyas aguas en el hemisferio norte se alejan de la tibieza del trópico y sus temperaturas se tornan frías que podrían causar la muerte de una persona que lo intente cruzar y se mantenga por mucho tiempo en ellas.
Ese doble muro también se adentra al océano, en al menos 50 metros, una longitud considerable para que las personas no puedan ingresar a territorio estadounidense.
“El muro entra al mar unos 50 metros, aproximadamente como media cancha de fútbol”, detalló el vocero de la Patrulla Fronteriza. Aunque la distancia puede parecer corta, subrayó que no fue diseñada para ser cruzada, sino para frenar y disuadir los intentos de ingreso irregular en una zona altamente urbanizada.
Un drone sobrevuela en las cercanías del muro fronterizo de EEUU, atrás se observa Tijuana. Fotografía de Iliana Cornejo.
Túneles y drones: las rutas ocultas del crimen organizado
Debajo del muro y por encima de él, las organizaciones criminales han buscado otras rutas.
En los últimos 25 años, la Patrulla Fronteriza ha detectado más de 90 túneles en el sector San Diego, utilizados para el tráfico de personas, drogas y mercancías ilícitas. Algunos de estos pasadizos han sido altamente sofisticados, con sistemas de ventilación, electricidad, rieles e incluso bombas de agua.
Los túneles más extensos han alcanzado casi tres kilómetros de longitud, cruzando silenciosamente la frontera bajo tierra. Uno de ellos, inició en una iglesia en Tijuana y llegó hasta una bodega del lado de San Diego, pero que fue intersectado por las autoridades estadounidenses.
A estas rutas subterráneas se suma el uso de drones, empleados por contrabandistas de personas o “coyotes” para vigilar los movimientos de los agentes y coordinar cruces ilegales. Según explicó Gutiérrez, estas prácticas forman parte de una adaptación constante de los grupos delictivos frente al reforzamiento de la frontera.
Vigilancia permanente y coordinación binacional
Frente a estas amenazas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha reforzado su capacidad tecnológica en el sector.
La vigilancia se mantiene las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso en días festivos, mediante una combinación de personal, infraestructura y tecnología avanzada.
El sistema incluye cámaras de vigilancia diurnas y nocturnas con visión infrarroja, sensores de movimiento y plataformas automatizadas con inteligencia artificial, capaces de detectar actividad tanto en tierra como en el mar.
“Aunque las personas piensen que pueden cruzar sin ser vistos, siempre hay vigilancia”, advirtió Gutiérrez.
Además, las autoridades estadounidenses trabajan de forma coordinada con autoridades mexicanas a través de las llamadas operaciones espejo, que consisten en monitoreos simultáneos a ambos lados de la frontera para responder de manera inmediata ante actividades ilícitas.
El final de los muros fronterizos entre Tijuana, México, y San Diego, California, Estados Unidos, en el océano Pacífico. / Fotografía de Iliana Cornejo.
Un cruce que no perdona errores
Pese a las advertencias, los intentos de cruce continúan.
“Hemos visto muchas personas perder la vida”, lamentó Gutiérrez. Recordó que hace apenas una semana y media, cuatro migrantes murieron ahogados luego de que una lancha pesquera rudimentaria volcara en aguas cercanas a este punto de la frontera.
La neblina, las corrientes marinas y el frío convierten este tramo de San Diego, California, en un escenario impredecible, donde una mala decisión puede ser fatal.
Para la Patrulla Fronteriza, el muro, el mar y la tecnología no son obstáculos aislados, sino parte de un sistema diseñado para impedir cruces irregulares en una de las fronteras más vigiladas del mundo.
“La única vía segura es la legal, a través de un puerto de entrada o un consulado”, reiteró el vocero de CBP.
Mientras tanto, el océano Pacífico sigue golpeando los muros día y noche, recordando que en este punto del mapa la frontera no solo divide países, también intenta separar la vida del riesgo extremo.
La huella de los migrantes salvadoreños en la frontera de San Diego, California, Estados Unidos, disminuyó drásticamente más de un 85 % en el año fiscal 2025, según las cifras de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) de este sector.
Según el vocero de la Patrulla Fronteriza, Gerardo Gutiérrez, entre el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 (periodo que comprende un año fiscal en Estados Unidos), aproximadamente 500 salvadoreños cruzaron ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos en San Diego en contraste con los 3,500 connacionales que entraron por esta vía, en el año fiscal 2024.
Y no se trata solo de los salvadoreños, las cifras globales para los oficiales que resguardan la ciudad de San Diego, aunque ven migrantes a diario, se han reducido en todas las nacionalidades. En el año fiscal 2024, este puesto de la Patrulla Fronteriza reportó 324,260 detenciones de migrantes ilegales versus 49,202 al cierre del año fiscal 2025, una reducción de más del 84 %.
Según Gutiérrez, esta reducción en las cifras es la consecuencia de la implementación de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
Ropa, recipientes y cepillos de dientes son encontrados en la frontera entre San Diego y Tijuana que han sido dejado por migrantes. / Iliana Cornejo
«La práctica de que te agarramos, te arrestamos y te liberamos se terminó, ahora hay consecuencias. Eso es un resultado, cuando alguien rompe la ley al entrar de manera ilegal se le ponen consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? La gente puede ir a la cárcel, se le va a imponer multas de hasta $5,000 y otras multas administrativas, entonces, creo que eso es lo que ha hecho este cambio», manifestó el vocero de CBP a un grupo de periodistas en San Diego, California, un estado que se ha considerado como el hogar de millones de salvadoreños que han buscado mejorar su calidad de vida.
«Estos resultados reflejan las medidas de la administración del presidente Trump. El presidente Trump es muy serio con prevenir y eliminar la migración ilegal», indicó el consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos, en El Salvador, Sean McIntosh.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump anunció que cerraría la frontera sur de Estados Unidos y sacaría a quienes estuvieran ilegalmente en el país del norte. El mismo día de su toma de posesión cerró el programa de CBP One que ofrecía una oportunidad de exponer su caso ante una corte migratoria, ahora, la oferta es ‘CBP Home’, una vía para quienes deseen autodeportarse sin recibir cargos legales.
Un libro con escritura vietnamita a las orillas del muro que divide la frontera entre San Diego, California, y Tijuana, México. / Iliana Cornejo
El Salvador no está en el top 5 de migrantes
A pesar de la reducción de cruces, a las orillas del muro fronterizo entre San Diego y Tijuana, la ciudad mexicana más próxima a Estados Unidos frente al océano Pacífico, aún se encuentran botellas con agua, recipientes de sueros y libros en diferentes idiomas que indican que la migración en ese punto tiene un rostro multicultural, pero especialmente asiático.
La Patrulla Fronteriza aseguró que actualmente las nacionalidades de los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente son principalmente mexicanos, colombianos, guatemaltecos, turcos y chinos. Entre el 1 de octubre de 2025 hasta la primera quincena de diciembre, apenas podían contarse 17 salvadoreños.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron este jueves 20 allanamientos simultáneos en negocios dedicados a la compra, venta y reparación de dispositivos electrónicos en distintos puntos de Chalatenango, como parte del “Plan Tenaza”, una estrategia para desmantelar redes que comercializan aparatos obtenidos mediante robos, hurtos u otros delitos.
Según explicó el fiscal del caso, los operativos se desarrollaron con apoyo del Departamento de Investigaciones y abarcaron siete establecimientos en Chalatenango Norte, cuatro en Chalatenango Centro y nueve en Chalatenango Sur.
“Nos encontramos imputando el Plan Tenaza, que busca identificar y desmantelar establecimientos que compran teléfonos, tablets, laptops y otros dispositivos que provienen de delitos. Los 20 registros se están efectuando de manera simultánea en todo el departamento”, detalló el fiscal.
Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron 34 celulares, dos tablets y dos laptops que no contaban con ningún respaldo legal de su procedencia.
La FGR informó que los propietarios de los negocios allanados estarían vinculados a la comercialización de aparatos electrónicos obtenidos ilícitamente, una práctica que alimenta estructuras dedicadas al robo y hurto de dispositivos en el país.
Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán en el marco de la estrategia contra la receptación y la cadena criminal asociada al comercio ilegal de tecnología.
Agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtieron sobre los crecientes riesgos que enfrentan los migrantes que intentan ingresar al Estados Unidos por la vía marítima, especialmente, en la costa del Océano Pacífico, en San Diego, California, desde territorios mexicanos como Tijuana.
Desde motos acuáticas hasta lanchas de pescadores sobrecargadas, los agentes describen un patrón constante que los migrantes sufren al creer en la palabra de contrabandistas: embarcaciones inestables, frío extremo, corrientes fuertes y nulas medidas de seguridad que con frecuencia terminan en hospitalizaciones, naufragios o muertes.
Durante un recorrido marino realizado por CBP en la frontera sur, agentes explicaron que, aunque la cantidad de cruces ha disminuido debido al aumento de la vigilancia, los peligros siguen siendo letales. “En un día favorable, encontramos a las personas mojadas, con frío, muchas veces con hipotermia. Pero también las encontramos perdidas, en condiciones críticas o ya fallecidas”, señaló un agente de Operaciones Marítimas y Aéreas de CBP.
Los riesgos aumentan para los menores, quienes suelen ser abandonados por los traficantes al enfrentar dificultades en el trayecto. “A los traficantes no les importa si lo tienen que abandonar para ellos seguir. Se encuentran niños solos”, agregó el agente. La frecuencia de estos hallazgos es diaria. “Todos los días encontramos gente”, dijo.
Los agentes relataron que en el caso de los traficantes que llevan personas en motos acuáticos, al verse sorprendidos, lanzan a los migrantes al mar para huir.
Según CBP, los traficantes emplean diferentes tipos de embarcaciones según la demanda: motos acuáticas con una o dos personas, o lanchas de pesca o tradicionales conocidas como “pangas”, con entre 15 y más de 30 migrantes, navegando de noche, sin luces y en condiciones inestables.
“La sobrellenan. Navegan sin luces. Es mucho el riesgo”, explicó otro agente. Estas prácticas, sumadas a las corrientes y el oleaje de la zona, convierten el cruce en una travesía mortal. “Es lo menos favorable cruzar nadando. Aunque está cerca, hay mucha corriente y se ahogan”, puntualizó.
La frontera entre Estados Unidos y México, en lSan Diego, California. De lado derecho, la ciudad de Tijuana. /Iliana Cornejo
Más recursos
La intensificación de la presencia de CBP y de otras agencias federales en esta región también ha cambiado el comportamiento de las redes de tráfico, luego del cambio de políticas de la administración del presidente Donald Trump, quien ha apostado por reforzar el cierre de la frontera.
CBP señaló que ahora tienen más barcos, aviones y agentes para patrullar la frontera, y esto se ha traducido en la reducción de arrestos. Según el sitio de esta institución, solo por vía marítima en el área de San Diego, en el año fiscal 2025 se rescataron a 78 personas, mientras que en el año 2024 fueron 173.
“La cantidad de activos ha aumentado drásticamente, lo que reduce el número de migrantes que están llegando porque ven la mayor seguridad”, dijo un segundo agente de Operaciones Marítimas y Aéreas. Sin embargo, esto no implica que los riesgos hayan disminuido. “Es extremadamente peligroso. Los barcos son inestables y a los contrabandistas no les importa la gente, sino el dinero”.
Desde la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el consejero de Asuntos Públicos Sean McIntosh subrayó que la única vía segura y legal para llegar al país es mediante procesos regulares de migración. “Es muy peligroso viajar con coyotes y en otras maneras ilícitas. La única opción es la vía legal”, afirmó. McIntosh añadió que intentar ingresar ilegalmente puede resultar en prohibiciones de por vida, multas de hasta $5,000, y expulsión inmediata.
Mientras las operaciones de seguridad continúan reforzándose en el mar y en tierra, CBP insiste en que el peligro no ha disminuido: las rutas marítimas siguen siendo una de las travesías más mortales para las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, expresó este jueves a la comunidad internacional su preocupación ante dos hechos «intimidatorios» ocurridos en las últimas horas, los cuales, afirmó, podrían interferir en la fase final de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
«Hoy, he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales», señaló Hall en la red social X en relación a las declaraciones del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y el Parlamento.
Durante la reunión con el G16+ (foro de cooperación internacional con Honduras), la funcionaria manifestó su preocupación por la convocatoria realizada el martes por el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, a los colectivos de esa organización política.
Zelaya instó a esos colectivos de la formación oficialista a concentrarse en las afueras del estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), sitio donde se encuentran trabajando funcionarios del CNE y se resguarda material electoral.
La segunda «preocupación» de Hall es un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Parlamento (que solo integran nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado), en el que se mencionan presuntos delitos electorales atribuidos tanto a ella, como a la consejera Cossette López, «sin fundamento ni competencia para ello».
En concreto, el presidente del Parlamento, Luis Redondo (oficialista), quien no convoca a sesiones desde finales de agosto, instaló la Comisión Permanente, que tiene amplios poderes.
Ante estos hechos, Hall reiteró su «compromiso institucional: como presidenta del CNE defenderé el proceso electoral, que es parte fundamental de la democracia de nuestro país», subrayando que «Honduras es primero».
La denuncia de Hall trasciende a pocas horas de que se inicie la segunda fase del escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre con el conteo de los votos de 2.773 actas que presentan inconsistencias.
Con el 99,40 % de las actas electorales escrutadas, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal (ambos conservadores) con 1.256.428 sufragios (39,48 %) y la candidata de Libre, Rixi Moncada, es tercera con 618.448 votos (19,29 %).
Los hondureños concurrieron a las urnas para elegir a un presiente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano, pero aún no saben los resultados finales pues el ente electoral tiene hasta 30 días después de los comicios para darlos a conocer.
La alcaldía de San Salvador Centro activó el Plan Pólvora 2025 en los distritos de Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y San Salvador Capital.
El director de Protección Civil Municipal, Willian Hernández, informó que se realizará monitoreo las 24 horas del día, los siete días de la semana, en los 15 puntos autorizados para la venta de productos pirotécnicos. Añadió que la comuna trabajará de manera artcon el Gobierno Central y cuerpos de socorro para atender cualquier emergencia.
Puntos autorizados para venta de pólvora
La Comuna Central detalló los espacios seguros donde podrán comercializarse productos pirotécnicos en cada distrito:
San Salvador: Parque Centenario, Teatro de Cámara Roque Dalton, redondel Badel Powell, triángulo calle Motocross, Plaza Masferrer, calle a Huizúcar frente a Despensa de Don Juan, calle Ramón Belloso (Barrio San Jacinto) y 17.ª avenida sur (Barrio Santa Anita).
Mejicanos: Bulevar Constitución, frente a Walmart, y el propio distrito.
Ayutuxtepeque: Redondel Santísima Trinidad y sector del cementerio Central.
Ciudad Delgado: Barrio San Esteban.
Cuscatancingo: Centro Integral de Convivencia Mariona y sector del mercado municipal.
En total, 305 puestos de venta ya han sido acreditados y distribuidos entre los cinco distritos. Rodrigo Iverte, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, explicó que cada vendedor recibió capacitaciones para operar bajo medidas de seguridad y prevención.
Refuerzos de seguridad y limpieza
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) supervisará los puntos autorizados para evitar ventas ilícitas de pólvora, apoyar controles policiales y acompañar el trabajo de las unidades municipales. Además, se mantendrá vigilancia a través del Sistema de Videovigilancia Sivar Seguro.
En materia de limpieza, el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, informó que 135 empleados municipales ejecutarán el Plan Especial de Limpieza, que incluye barrido de calles, limpieza de cunetas y aceras, y recolección de residuos en los alrededores de los puntos de venta. Como parte del operativo, se instalarán 610 basureros tipo barril para facilitar la disposición adecuada de desechos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que para este jueves se esperan condiciones de ambiente muy cálido durante el día, con formación de nubosidad por la tarde y algunas lluvias aisladas en horas nocturnas.
Durante la mañana, no se prevén lluvias en ninguna zona del territorio salvadoreño, y prevalecerá un cielo entre poco nublado y despejado.
Sin embargo, hacia la tarde, el calentamiento diurno y la humedad proveniente del flujo acelerado del noreste favorecerán la formación de nubosidad en las zonas altas de la franja volcánica y en la cadena montañosa norte. No se descarta la posibilidad de lluvias aisladas en los alrededores de estas áreas.
Para la noche, el Marn señala que podrían presentarse algunas lluvias en la zona sur del país, especialmente entre la costa y la franja volcánica.
Viento y temperaturas
El viento soplará con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 kilómetros por hora.
Las temperaturas se mantendrán muy cálidas durante el día, mientras que por la noche y madrugada el ambiente será más fresco.
Según el informe, las condiciones estarán influenciadas por un flujo acelerado del noreste, que aporta suficiente humedad para propiciar el desarrollo de nubosidad y algunas lluvias poco organizadas en el país.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre tres nuevas condenas contra miembros de estructuras criminales que fueron encontrados responsables de extorsionar a comerciantes y trabajadores en distintos puntos del país. Las penas impuestas oscilan entre 15 y 16 años de cárcel, según resolvieron tribunales de Chalatenango, San Salvador y Apopa.
La primer condena ocurrió este miércoles en Chalatenango, donde el Tribunal de Sentencia impuso una condena de 16 años de prisión a Félix Antonio Orellana Portillo, quien participó en la extorsión de un comerciante de La Reina en agosto de 2021.
Según la investigación fiscal, Orellana Portillo y cinco pandilleros más de la MS-13 rodearon a la víctima, la amenazaron con armas de fuego y le exigieron pagos mensuales.
La denuncia permitió realizar entregas controladas que terminaron en la identificación y captura de los responsables.
Los otros cinco implicados fueron condenados en junio de 2024 a la misma pena, y todos enfrentan además proceso por agrupaciones ilícitas.
Por otro lado, en San Salvador, el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a 15 años de cárcel a Christian Martínez Garay.
La FGR señaló en mayo de 2018, Martínez comenzó a llamar a su víctima —una persona del sector productivo— para exigirle pagos quincenales bajo amenazas de muerte. Tras la denuncia, las autoridades lo capturaron en el momento en que recibía el dinero exigido.
Y por último, en Apopa, el Tribunal Sexto de Sentencia también impuso 15 años de prisión a Bryan Mauricio Durán Galdámez, miembro de la pandilla Barrio 18.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2018, cuando el condenado llegó al negocio de la víctima para exigirle dinero mensual a cambio de permitirle seguir trabajando y no atentar contra su vida.
La víctima hizo una primera entrega, pero posteriormente denunció el caso, lo que permitió identificar y capturar al pandillero.
Durán Galdámez también enfrenta proceso por agrupaciones ilícitas.
