La Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro de San Vicente apartó al juez Hugo Banzer Flores Alas del caso Santa Marta, asignado al Tribunal de Sentencia de San Vicente, luego que fuera recusado por la defensa de cuatro exmiembros de la guerrilla y actuales ambientalistas comunitarios.
«Tras confirmar la pertenencia del juez Flores Alas a la extinta Guardia Nacional, la honorable Cámara declaró ha lugar el pedido de recusación presentado por el equipo de abogados defensores de nuestros líderes ambientalistas», dice un comunicado publicado por la comunidad Santa Marta.
En abril, la comunidad denunció que el juez presidente del tribunal, Hugo Banzer Flores Alas, había pertenecido a la extinta Guardia Nacional una de las instituciones que dependió del Ministerio de la Defensa durante el conflicto armado.
«Flores Alas fue miembro de la extinta Guardia Nacional, uno de los cuerpos represivos de seguridad estatal durante la guerra; es decir, perteneció al bando contrario al de los compañeros ambientalistas y, por tanto, estaría ética y legalmente inhabilitado para participar en el nuevo juicio», indicó la comunidad en abril.
Posteriormente, la comunidad y los familiares de los procesados pidieron a la Corte Suprema de Justicia empezar una investigación en su contra en la sección de Investigación Judicial.
Un comunicado de Santa Marta publicado este 6 de junio afirma que «la Cámara validó los argumentos de recusación, según los cuales Flores Alas tenía graves implicaciones éticas y conflicto de interés para juzgar a personas que militaron el bando contrario durante el conflicto armado», y saludaron la decisión como «un resquicio de independencia del sistema judicial cooptado y manipulado».
Afirmaron que la Cámara nombró a nuevos jueces para la instalación del juicio que está programado para el 29, 30 y 31 de julio.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los excombatientes de la Resistencia Nacional, una de las organizaciones que conformó el FMLN, de asesinar el 22 de agosto de 1989 a una mujer identificada como María Inés Alvarenga.
Los acusados en el proceso son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
Según la acusación, los procesados sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.
El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.
En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas desarrolló el juicio en contra de los ocho acusados y fueron absueltos de los cargos, principalmente, porque el caso no configuraba los requisitos como crimen de guerra.
Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.
Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientalistas de Santa Marta.
