Unos padres pasaron de ver huir al mayor de sus hijos para salvar su vida tras denunciar a unos pandilleros en El Salvador, a defender la inocencia y exigir al Estado un juicio justo para su otro hijo, detenido en el contexto de un régimen de excepción tras ser acusado de colaborar con las maras o pandillas.
Reynaldo Santos contó a EFE que su hijo Jonathan Santos Castillo fue detenido el 26 de diciembre de 2022 en su casa y que el acta de detención señala que no le encontraron elementos relacionados con las pandillas. Además, no había una orden de captura en su contra, algo que no impidió que la Policía lo encarcelara.
«Está limpio», dijo uno de los agentes antes de detenerlo en «vías de investigación», recordó Reynaldo.
Este arresto se produjo en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, por el cual se suspenden garantías constitucionales y que ha dejado más de 96,000 personas detenidas, acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estas bandas.
La medida, que está previsto que la Asamblea Legislativa prorrogue un mes más, goza de amplio respaldo popular, pero organizaciones de derechos humanos han recibido más de 6.400 denuncias de atropellos que trasladaron a instancias internacionales y el propio Gobierno ha admitido la detención de inocentes.
En este marco, el Órgano Legislativo también ha dado luz verde a reformas penales, a solicitud de la Administración del presidente Nayib Bukele, para juzgar a los detenidos en juicios masivos, mientras activistas señalan que estos procesos colectivos no permiten una defensa justa.
Contradicciones
Para Reynaldo Santos todo «es bien contradictorio»: «Fuimos víctimas de grupos delincuenciales y hoy somos víctimas del Gobierno».
Recordó que en 2017, su hijo mayor denunció a miembros de pandillas por intentar obligarlo a prestarles una motocicleta, una decisión que tomó siguiendo las enseñanzas que él mismo había trasladado a sus hijos de «sobrevivir» con honestidad, evitando siempre cualquier vínculo con delincuentes.
«Al día siguiente, le tocó agarrar camino: o se iba o me lo podían matar» y por eso «es complicada la situación de vivir bajo la delincuencia», relató Reynaldo, que procede de la localidad de Soyapango, muy estigmatizada por la violencia de las pandillas.
Así resulta «hasta irónico» que les quieran señalar como colaboradores por vivir «en una zona que siempre ha sido estigmatizada»: «Eso no nos hace a nosotros miembros de estructuras criminales», subrayó Reynaldo, que forma parte del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
Son «víctimas» de las pandillas, insiste, pero a su hijo Jonathan «lo ponen como colaborador».
Su situación, sin embargo, parece que podría cambiar tras el reciente anuncio de Bukele de que el Gobierno cuenta con un plan para dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores no habituales de las pandillas detenidos en el contexto del régimen de excepción, lo que alcanzaría a unos 5.000 presos.
Según un gráfico que presentó Bukele con una pirámide invertida sobre la distribución de la población carcelaria relacionada con las pandillas en El Salvador, del total de 96.457 reos, señaló que 42.125 son ‘homeboys’ (miembros plenos de las pandillas), 25.910 son «miembros no brincados» que aspiran a llegar a lo más alto de la escala pandillera, 17.793 son «paros» o colaboradores voluntarios habituales y 10.629 serían colaboradores casuales.
El presidente insistió en que van a «revisar los casos» de esos colaboradores casuales, pero ante cualquier duda sobre la liberación de pandilleros, subrayó: »Que quede claro, ningún pandillero va a salir libre. Nunca».
Años sin ver a su hijo
René Campos, hijo de Josefina Elías, está detenido acusado de colaborador.
Josefina no ve a su hijo desde que lo arrestaron en junio de 2023, cuando cursaba una preparación para obtener nuevas licencias de marino mercante, y cree que lo detuvieron por ser de una zona «estigmatizada» en el municipio de Ilopango.
La única «prueba de vida» que tiene de su hijo desde entonces es que cuando va a la cárcel a entregar un paquete con productos de primera necesidad para él, le dicen: «Mire, se cambió de celda; está en el mismo sector, pero hoy está en otra». Esa es la única noticia que tiene desde hace más de tres años de su hijo.
Además, lamenta, en las primeras diligencias que realizó para tratar que lo liberaran, los funcionarios de la Procuraduría General, que se encarga de dar defensa pública, extraviaron sus documentos de arraigo.
“Yo sé que, en nombre de Dios, mi hijo es inocente. Yo soy una madre luchadora, una madre buscadora de justicia, buscadora de la verdad. Mi hijo no se puede defender (…). Pero aquí estoy yo, como mamá, luchando por él”, remarcó.
