Latinoamérica y el Caribe necesitan invertir anualmente hasta $31,000 millones en infraestructuras resilientes al impacto del cambio climático y movilizar otros $15,000 millones hasta 2030 para la adaptación y gestión del riesgo de desastres naturales que agravan la desigualdad, según un estudio.
El informe, hecho público este lunes, ha sido desarrollado por la Fundación Iberoamericana Empresarial, presidida por Trinidad Jiménez, con el patrocinio de la compañía de Seguros Mapfre y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Los datos de este documento se aportarán «como contribución» a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid el 4 y el 5 de noviembre.
Jiménez -exministra de Exteriores de España y antigua secretaria de Estado para Iberoamérica- explica en el informe que la XXX Cumbre Iberoamericana «ha situado la protección civil y la reducción del riesgo de desastres entre sus focos prioritarios» y añade que es una «oportunidad política excepcional para convertir esta propuesta en una iniciativa iberoamericana concreta».
Subraya que la «resiliencia financiera ya no es una opción: es una condición para el desarrollo de Iberoamérica».
El texto sostiene que los países de la región necesitan crear una «Estrategia Iberoamericana de respuesta a desastres naturales, tomando en cuenta la resiliencia, los seguros y las alianzas público privadas para acelerar la recuperación tras una catástrofe».
Para ello, los autores Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz proponen un decálogo de medidas, entre ellas, «integrar la resiliencia financiera como prioridad de Estado y reducir la brecha de protección frente a los desastres naturales».
En los últimos cincuenta años, aseguran, cuatro de cada diez habitantes de Latinoamérica y el Caribe han sufrido el impacto de algún desastre natural, «con un balance acumulado de casi 100,000 muertos y pérdidas económicas superiores a los 360.000 millones de dólares».
Ante esta situación, según las estimaciones de los autores, «es necesaria una inversión de hasta 31.000 millones de dólares al año en infraestructuras resilientes a inundaciones y huracanes y movilizar otros 15.000 millones de dólares hasta 2030 para la adaptación y gestión del riesgo de desastres».
Además, plantean priorizar los riesgos, activos y actividades de mayor impacto económico y social; garantizar pagos rápidos, transparentes y verificables; utilizar la innovación tecnológica y financiera para ampliar la cobertura o avanzar mediante un multilateralismo flexible y orientado a resultados.
Ante fenómeno meteorológicos cada vez con más impacto, sostienen que a la protección civil es necesario añadir una segunda línea de protección, «la resiliencia financiera», con el objetivo de que los ciudadanos, las empresas y los Estados «dispongan de mecanismos financieros antes de los desastres naturales que les permita adaptarse a los impactos».
Según el texto, «el seguro es una herramienta central de desarrollo» y su «expansión» puede construir resiliencia, proteger patrimonio, acelerar la recuperación y reducir ajustes presupuestarios tras los desastres.
Desastres naturales que agravan la desigualdad
Manuel Balmaseda explica a EFE que los desastres naturales «agravan la desigualdad en América Latina de forma importante porque el mismo desastre tiene consecuencias muy distintas según la capacidad de cada hogar, empresa o territorio para absorberlo».
Subraya que «los hogares vulnerables disponen de menos ahorro, las pequeñas empresas tienen menor capacidad financiera y los territorios más pobres suelen contar con infraestructuras más frágiles.
Por eso, asegura, «una catástrofe puede convertirse en una pérdida permanente de patrimonio, empleo o ingresos» y añade que «la desigualdad no solo condiciona el daño inicial, también determina la capacidad y la velocidad de recuperación».
En la región se ha avanzado «considerablemente» en protección civil y sistemas de alerta temprana, afirma, pero «buena parte de la respuesta financiera sigue organizándose después del desastre, mediante ayudas extraordinarias y reasignaciones presupuestarias».
Uno de los retos, incide, es «completar esos avances con la incorporación sistemática del riesgo de catástrofes a la planificación fiscal, territorial y financiera, ante la recurrencia de los desastres».
En su opinión, es necesario que la resiliencia financiera, que «debe formar parte de la infraestructura básica de desarrollo», se complemente «con una segunda capa, mediante seguros, fondos contingentes y alianzas público-privadas que permitan anticipar y absorber los impactos de los desastres sin comprometer el desarrollo económico».
Apunta que los resultados podrán medirse dentro de cinco años, si la cumbre de 2026 adopta las propuestas, como la creación de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres como primer paso.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, cada dolar invertido en prevención y reducción de riesgos genera hasta 15 dólares de ahorro en la recuperación de esas catástrofes y cada dólar invertido en infraestructuras resilientes supone 4 dólares de ahorro en la reconstrucción.
