La Fiscalía General de la República (FGR) finalizó sus alegatos en la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 y solicitó al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador que imponga la pena máxima por cada una de las imputaciones atribuidas a los acusados.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, informó que la institución pidió condenas máximas para las 47,000 imputaciones que forman parte de este proceso judicial, además de una responsabilidad civil de $9 millones que deberá ser asumida por los pandilleros procesados.
“En esta audiencia única pública hemos finalizado nuestros alegatos finales, solicitando la imposición de la pena máxima en cada una de las 47,000 imputaciones que se les hacen a estos 485 criminales”, declaró Muñoz en un video por el Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el desarrollo del juicio fueron presentadas pruebas que sustentan más de 14,420 imputaciones por delitos ordenados entre 2012 y 2022, período en el que la institución señala que la estructura criminal operó bajo órdenes de sus principales líderes.
“Todo esto puede representar condenas estimadas en decenas de miles de años para algunos de los líderes pandilleros de este corporativo criminal”, afirmó el fiscal adjunto.
La FGR sostuvo que la solicitud de penas ejemplares responde al papel de mando que, según la acusación, tuvieron los procesados dentro de la estructura de la MS-13, al ser señalados como responsables de ordenar delitos como homicidios, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y otros hechos criminales.
“Fiscalía quiere saldar esa deuda histórica, de poder lograr condenas ejemplares a todos estos cabecillas que dieron las órdenes para que la estructura criminal cometiera los delitos”, agregó Muñoz.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador continuará con la audiencia única abierta el próximo jueves 9 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.
La Fiscalía inició los alegatos finales a principios de junio, pero el juicio empezó en abril de este año.
Durante el proceso, los fiscales expusieron que los delitos cometidos por la pandilla fueron decisiones ordenadas por los 22 ranfleros, los cuales, daban las órdenes e instrucciones durante llamadas grupales. Para probarlo reprodujeron audios de las llamadas donde exponían el momento donde asesinaban personas.
Los fiscales también expusieron el sistema de «válvulas abiertas» que eran periodos de tiempo donde los pandilleros tenían pase libre para asesinar a personas que consideraban traidores o miembros de la pandilla rival.
Los pandilleros fueron acusados por delitos como homicidios, feminicidios, extorsión, tráfico de armas, desaparición de personas, rebelión, entre otros.
La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales.
