La crisis de accidentabilidad vial que atraviesa El Salvador tiene una raíz profunda en el desconocimiento de la ley, especialmente fuera del Área Metropolitana. Un trabajo de campo a nivel nacional revela que la inmensa mayoría de las personas que conducen en los municipios del interior del país lo hacen sin autorización del Estado y sin haber recibido educación vial formal.
Benedicto Perlera, consultor vial y director de la Empresa Examinadora y Escuela de Manejo (EDEM), advierte sobre esta «crisis oculta» que alimenta las estadísticas diarias de siniestros de tránsito. A través de la ejecución de un Plan Nacional de Educación Vial, un esfuerzo que lidera desde hace siete años, Perlera ha recorrido el país evaluando la realidad de los conductores rurales.
«Hemos descubierto un promedio de un 85 al 90 % de las personas en los pueblos que andan conduciendo y no tienen conocimiento de la ley y, mucho menos, tienen autorización del Estado con la licencia», reveló el experto.
Estas cifras no son estimaciones aisladas. Perlera y su equipo han llevado su plan de educación y certificación a los 14 departamentos del país, trabajando de la mano con las alcaldías en distritos como Tacachico, Jucuapa, San Ignacio y Nueva Concepción, donde solo en este último municipio lograron graduar a más de 3,100 personas de forma voluntaria.
El consultor lamentó que el aprendizaje se esté dando de forma irregular. Muchas personas adquieren la habilidad de mover un vehículo a través de un familiar o un amigo sin preparación académica en tránsito, heredando «malos hábitos» que luego se reflejan en las carreteras.
Al obtener la licencia de forma empírica, el conductor adquiere «una facultad, pero no un conocimiento», explicó Perlera, destacando que ignoran aspectos básicos como el significado de los ejes preferenciales, el uso de las rotondas o la diferencia legal entre un conductor y un motorista.
Una crisis sobre dos ruedas
El perfil del conductor empírico en el interior del país está íntimamente ligado a los vehículos de dos ruedas. De acuerdo con los hallazgos de las capacitaciones masivas realizadas en los distritos, el 75 % a 80 % de estos conductores en situación de ilegalidad son motociclistas.
Esta revelación concuerda con las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que ubican a los motociclistas como los usuarios más vulnerables y el grupo que mayor cantidad de accidentes de tránsito (2,814) y de lesionados (2,736) ha reportado en el primer semestre del año.
Ante esta realidad, Perlera hace énfasis en los riesgos letales y legales de manejar al margen de la ley. «Si usted no tiene una licencia de conducir, toda su familia puede morir y la sangre va a conmover, pero la legalidad a usted no le va a responder porque no carga la licencia», advierte a los asistentes a sus capacitaciones.
Para contrarrestar esta problemática, el Plan Nacional de Educación Vial apuesta por un proceso formativo intensivo en el terreno antes de la evaluación. A las personas se les instruye en la Ley de Tránsito, el Código Penal, el reglamento de tránsito, el cuadro de multas y la señalización vial durante cuatro fines de semana, para luego llevarlos a un proceso de evaluación y certificación oficial ante las autoridades.
«Mi país no necesita que se le engañe, sino que se le enseñe; y eso es lo que tenemos que hacer para evitar este caos de lesiones y muertes», concluyó el experto.
