Autor: Uveli Aleman

El producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció 5.1 % en el segundo trimestre de 2026, informó este miércoles el Banco Central de Reserva (BCR).

El desempeño de la economía salvadoreña se aceleró frente a los resultados del primer trimestre, cuando creció 4.8 %, o frente a igual período del año pasado, que, según el BCR, había crecido 3.92 %.

Construcción se colocó nuevamente como el rubro de mayor desempeño de la economía salvadoreña, con un crecimiento de 11.20 % en el segundo trimestre.

Sin embargo, mostró una desaceleración frente al 13.66 % del primer trimestre o de las exponenciales tasas que venía registrando desde el año pasado, por arriba del 20 %.

«Este dinamismo estuvo acompañado por una mayor inversión, reflejada en el crecimiento interanual de 30.9 % del crédito destinado a la construcción y de 65.1 % del financiamiento para vivienda a junio de 2026», señala el BCR.

Debido al desempeño de construcción, también la actividad de alojamiento y servicios mostró un crecimiento de 6.29 %, y actividades inmobiliarias 6.03 %.

Vistazo al resto de la economía

Por su parte, las actividades profesionales, científicas y técnicas crecieron 7 %; explotación de minas y canteras se expandió 7.93 %; suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8.11 %. El desempeño de este último rubro está vinculado con el aumento en la demanda de electricidad por las olas de calor y el mayor uso de generación térmica.

La actividad de suministro de agua y alcantarillado mostró un crecimiento de 3.22 %, mientras que el rubro de comercio, reparación de vehículos y motocicletas se expandió 4.24 % en el segundo trimestre del año.

Transporte y almacenamiento registró un crecimiento de 4.19 %; información y comunicaciones 5.17 %, y actividades financieras y de seguros 5.04 %.

El Banco Central reporta que la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca cerró en decrecimiento, de -0.95 %. En el primer trimestre también registró resultados negativos, de -0.54 %.

Además, las actividades de servicios personales cayeron -0.5 %.

El rubro de agricultura se enfrenta este año al fenómeno climático de El Niño, que ya deja pérdidas en los cultivos de granos básicos, reducción en los cuerpos de agua y menor generación hidroeléctrica.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, insistió en que el cambio de la jornada laboral no afectará el derecho de los trabajadores a las horas extras.

Con el análisis sobre el cambio de la jornada laboral, una de las dudas —también de las críticas— es cómo quedarían las horas extras.

«No vamos a eliminar ningún derecho elemental de la clase trabajadora», insistió Castro.

El funcionario puso de ejemplo que, si un trabajador tiene una jornada de 11 horas diarias, de lunes a jueves, y es llamado por su empleador a que trabaje el viernes, tendrá derecho al pago de día doble, no como horas extras.

«La empresa le dice que llegue a trabajar el viernes, no le va a pagar hora extra, le va a pagar el día doble porque es su día de descanso. Entre ganar cuatro horas o ganar el día completo, el trabajador podría salir ganando porque no cobraría la hora extra, sino cobraría un día adicional completo», explicó.

El Código de Trabajo establece en el artículo 168 que los empleadores deben pagar un recargo por el exceso de la jornada. Este se calcula a partir del salario diario por hora, más el 100 % del salario por hora. Si es nocturno, este incluso tiene un recargo del 25 %.

«Es como el día domingo. Si usted va a trabajar el domingo, no le tienen que pagar dos horas ni cuatro horas extras, le toca pagar día completo», agregó el funcionario.

«Tendrán que negociar el día y creo que saldrán en mejores condiciones los trabajadores», añadió.

La comisión técnica finaliza esta semana la recepción de propuestas para modificar la jornada laboral y el período de escucha de opiniones, luego de recibir a delegados del Gobierno, empresarios, iglesias, academia y organismos internacionales.

Para este jueves, añadió Castro, se tiene en agenda escuchar a la banca multilateral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Actualmente, la jornada laboral diurna establece ocho horas diarias, 44 semanales, mientras que la nocturna es de siete horas por día, 39 semanales.

Las propuestas que más avanzan en la mesa plantean una jornada de cuatro días de 11 horas, o una de cuatro días de 10 horas y un día de cuatro horas.

Los insumos recogidos durante el período de análisis se trasladarán al Consejo Superior del Trabajo (CSJ) [sic], para que elabore la propuesta final que se enviará al presidente Nayib Bukele.

La comisión técnica que analiza el cambio en la jornada laboral recibirá este jueves a representantes de la banca multilateral y agencias del sistema de la ONU para que expongan sus puntos de vista.

«Esta semana cerramos ya con el planteamiento de los organismos internacionales», afirmó este miércoles Rolando Castro, titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

Castro agregó que se recibirá a los representantes de la banca multilateral, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También asistirán «otras instituciones internacionales», dijo.

Castro sostuvo que «hemos recibido a todo el mundo para que nos den sus aportes», al igual que señaló que el Código de Trabajo de El Salvador ha quedado desactualizado, por lo cual «tenemos que abrirnos». «No estamos hablando de precarizar las condiciones de los trabajadores», insistió.

Una vez cerrado el proceso de consulta y recepción de propuestas, la comisión técnica trasladará el debate al Consejo Superior del Trabajo (CST), donde se analizará «lo más pronto posible». Luego, se emitirá el documento final que se enviará al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Si recibe el aval presidencial, añadió Castro, se enviará la propuesta a la Asamblea Legislativa para reformar el Código de Trabajo y de «cualquier legislación en materia laboral que necesite modificarla».

Las propuestas que más avanzan en la mesa plantean una jornada de cuatro días de 11 horas, o una de cuatro días de 10 horas y un día de cuatro horas.

En anteriores declaraciones, el ministro Castro aseguró que la parte laboral se ha inclinado por una jornada de cuatro días de 10 horas y el quinto de cuatro.

En el proceso de consulta han participado representantes del sector trabajador, con la ANEP como vocera, sindicatos, pequeños empresarios, iglesias de diferentes denominaciones e instituciones del Gobierno.

Castro señaló que también se ha pedido escalonar los horarios, mientras que la parte laboral ha solicitado facilitar transporte o alojamiento.

El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla un déficit fiscal de $3,209 millones bajo los parámetros metodológicos del programa de Servicio Ampliado del Fondo (EFF) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta cifra incorpora el registro de $2,327 millones correspondientes a las obligaciones por intereses de los títulos previsionales.

El Ministerio de Hacienda publicó este martes la nota técnica con los lineamientos que regirán el proyecto presupuestario de 2027, que entregará este miércoles a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación. El documento incorpora las proyecciones fiscales que, según indica el texto oficial, aseguran la «plena coherencia» con la Ley de Sostenibilidad Fiscal y las metas del EFF bajo las definiciones del Memorando Técnico de Entendimiento (TMU).

Para el ejercicio 2027, Hacienda proyecta que los ingresos totales consolidados del Sector Público No Financiero (SPNF) alcancen $11,901 millones, mientras que el gasto primario —que excluye el servicio de la deuda e intereses— se situará en $10,376 millones. Con ello, el balance primario registraría un superávit de $1,525 millones.

No obstante, las proyecciones de base caja estiman un gasto tradicional en intereses por $2,407 millones, lo que arroja un resultado fiscal deficitario preliminar de $882 millones.

A este saldo se suma el requerimiento del programa con el FMI de registrar $2,327 millones por concepto de intereses devengados de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) en período de gracia, emitidos por el Estado a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

Al consolidar el déficit primario con la carga de los CFT, la brecha fiscal total asciende a $3,209 millones.

El impacto de los títulos previsionales

Este salto en la el déficit fiscal se debe a que en abril de 2027 finaliza el período de gracia convenido en el canje de deuda previsional efectuado en abril de 2023, cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) acordaron con el ISP un plazo de gracia de cuatro años para la amortización del capital e intereses acumulados, bajo una tasa del 7 %.

El peso de las obligaciones previsionales ya había sido advertido por las agencias calificadoras de riesgo.

Fitch Ratings señaló anteriormente que las presiones fiscales aumentarían al expirar dicho plazo, mientras que S&P Global Ratings estimó en agosto que estos compromisos implican una exigencia financiera equivalente a 5.5 % del producto interno bruto (PIB).

Para el próximo año, también está prevista una reforma paramétrica de pensiones según los lineamientos del Fondo Monetario.

Ajuste y contención del gasto corriente

El cumplimiento de las metas fiscales descansa en la profundización de medidas de austeridad en el sector público.

En la nota técnica, Hacienda ratificó que en 2027 se suspenderán de manera general los incrementos y nivelaciones salariales en todos los órganos del Estado, instituciones autónomas y municipalidades, independientemente de la fuente de financiamiento o estatuto de creación.

Asimismo, quedará prohibida la creación de plazas nuevas por Ley de Salarios o contratos, salvo excepciones por fuerza mayor.

La aplicación de los escalafones salariales quedará estrictamente acotada: en el ramo de Salud se limitará exclusivamente a empleados con remuneraciones inferiores a $1,500 mensuales, mientras que en Educación se mantendrá conforme a la Ley General de Educación y la Ley de la Carrera Docente.

Por el lado de los recursos, Hacienda prevé sostener la recaudación mediante la modernización tecnológica de la administración tributaria, la masificación de la facturación electrónica y la continuidad del Plan Antievasión y Anticontrabando.

El Plan Fiscal 2025-2027, presentado al FMI, contempla que la deuda del sector público no financiero (SPNF) con pensiones cerraría en 2025 en 88.8 % del PIB. En 2026 se reduciría a 87.7 % y en 2027, último año del ajuste fiscal, llegaría a 86.4 %.

Después de registrar la mayor cosecha de café en 13 años, los caficultores podrían enfrentar una reducción en la producción del ciclo 2026-2027, que inicia este 1 de octubre, debido a los efectos de la sequía, advirtió la Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal).

El fenómeno de El Niño provocó cuatro períodos de sequía en El Salvador, que acumularon 89 días secos y afectaron principalmente la zona oriental. En las regiones occidental y central también se registró una disminución de las lluvias.

Sergio Ticas, presidente de Acafesal, sostuvo que es “normal” que la cosecha disminuya debido a los daños ocasionados en los cafetales. Aunque la sequía fue más agresiva en la zona oriental, también afectó cultivos en Chalatenango, San Salvador, el volcán de Santa Ana y algunas zonas de Ahuachapán y Sonsonate.

Ticas señaló que la gremial no cuenta con capacidad estadística para cuantificar las pérdidas ocasionadas por la sequía, pero aseguró que sus sedes departamentales reportan casos de productores que han enfrentado la caída de granos o un menor crecimiento.

“Se ha caído el café o el café no creció a su tamaño normal, que es el problema que da con la sequía que pasó porque el grano verde no está creciendo normalmente, se queda con menor tamaño y el peso también afecta”, explicó.

El presidente de Acafesal estimó que la cosecha podría reducirse en al menos 50,000 quintales y cerrar con una producción de entre 750,000 y 800,000 quintales.

Por su parte, el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) reporta que el ciclo 2025-2026 cerraría con 963,650 quintales de café oro-uva, la mayor producción desde la cosecha 2012-2013, cuando se registraron más de 1.73 millones de quintales.

La cosecha de 2012-2013 marcó un punto de quiebre para el sector, pues en el siguiente ejercicio la producción se desplomó debido a un brote de roya.

La cifra del ISC es superior a la estimación de Acafesal, que había proyectado una producción cercana a los 850,000 quintales para el ciclo 2025-2026.

Aumento de plagas

El presidente de Acafesal también advirtió sobre un aumento de plagas asociado a los cambios drásticos de temperatura.

Entre los principales problemas para los productores se encuentran la roya y la antracnosis. Ticas agregó que también se ha observado un incremento de la araña roja, un ácaro que afecta el follaje del cafeto durante los períodos de sequía.

“Teníamos años de no tenerla tan pronunciada como la tuvimos cuando la erupción del de Santa Ana (la última en 2005), que el mismo calor hace que aparezca la araña roja”, sostuvo.

El productor aclaró que la plaga no se ha observado en todos los departamentos, sino en casos puntuales de Chalatenango y la zona paracentral.

La roya, en cambio, aumenta su incidencia con los cambios bruscos de temperatura. Ticas aseguró que los productores con capacidad financiera aplican fungicidas para combatirla, pero señaló que los insumos agrícolas han aumentado de precio debido al conflicto en Medio Oriente y el alza del petróleo en los mercados internacionales.

“Si antes dábamos dos abonadas, ahora alcanza para una abonada”, sostuvo.

El alza del petróleo impacta los costos de los productores por la logística y el uso de motobombas que funcionan con gasolina. Además, el crudo es utilizado para elaborar algunos fertilizantes y parte del suministro mundial transita por el estrecho de Ormuz, según lo señalado por el dirigente gremial.

El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que las importaciones de abonos aumentaron 86.8 % en los primeros siete meses de 2026, hasta alcanzar $96.94 millones.

Los cajeros de Chivo Wallet en Estados Unidos ya no están disponibles, confirma el monedero en su página web, luego de que la propiedad y el control operativo de la plataforma fueran transferidos a un operador privado como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el portal, “Chivo Wallet y todos tus fondos están completamente seguros y no se ven afectados” por el cese de operaciones de los cajeros.

“Estamos explorando nuevas formas para que los usuarios de Chivo en EE. UU. compren bitcoin. Pronto tendremos más novedades”, agrega el sitio.

El Gobierno salvadoreño lanzó el monedero en septiembre de 2021 para impulsar la adopción del bitcoin, un programa que se acompañó con una red de cajeros en El Salvador y Estados Unidos. Estos últimos estaban destinados, entre otros usos, a facilitar las operaciones de la diáspora salvadoreña.

En diciembre de 2024, la página de Chivo Wallet registraba cerca de 48 cajeros instalados en Estados Unidos, ubicados en Miami, Chicago, Houston, Austin, Dallas, Ohio, Los Ángeles, Atlanta, entre otras ciudades con una alta población salvadoreña.

Diario El Mundo intentó comunicarse con el centro de llamadas disponible en la página de Chivo en Estados Unidos, pero la línea aparece como ocupada. Al llamar al servicio de atención en El Salvador, el operador confirmó que la billetera continúa funcionando en EE. UU., pero que los cajeros están deshabilitados.

Desde inicios de septiembre también se ha intentado realizar un registro en la aplicación, pero el proceso de autenticación no permite completar el procedimiento. En la tienda de aplicaciones, la descripción aún señala que es una “billetera oficial de bitcoin y dólar del Gobierno de El Salvador”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó el 3 de septiembre que la propiedad y el control operativo de Chivo Wallet fueron transferidos a un operador privado. El FMI aseguró también que no se han utilizado recursos públicos para la acumulación de reservas de criptomonedas, sino que estas proceden de donaciones.

El Gobierno salvadoreño no ha aclarado cuánto dinero se entregó en el bono de bienvenida de Chivo Wallet, cuánto costó el desarrollo de la aplicación ni cuál fue el costo de instalación de los cajeros. Tampoco se ha explicado en cuánto se vendió el ecosistema de Chivo, ni quién es el nuevo propietario.

El Salvador forma parte de los 11 países de la región donde la niñez está expuesta a un riesgo elevado por las amenazas del fenómeno de El Niño, señala un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la situación humanitaria en América Latina y el Caribe.

El reporte señala que, según estimaciones preliminares de Unicef, al menos 86 millones de personas están expuestas a riesgos relacionados con El Niño, fenómeno que provoca sequías y altas temperaturas en algunos países, mientras que en otros genera inundaciones.

De ese total, 30 millones de personas podrían enfrentar necesidades humanitarias, de las cuales nueve millones son niños.

“Se estima que 2.7 millones de niños corren un riesgo elevado en 11 países de alta prioridad: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Los efectos no se limitarán a estos países, y las prioridades podrían cambiar a medida que evolucionen las condiciones del fenómeno”, advierte el reporte.

El informe recuerda que El Salvador sufrió en agosto el mes más seco desde 1971, por lo cual el país se encuentra en alerta roja.

Acciones

Ante la emergencia regional, El Salvador se encuentra dentro de la cobertura de la Acción Anticipatoria del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), que ha asignado específicamente $2.5 millones para atender a la población salvadoreña afectada.

Unicef señaló que el mecanismo colectivo para casos de sequía es facilitado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en colaboración con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, mediante un desembolso global de $10 millones.

Bajo este mecanismo, en El Salvador se ha proporcionado suministro de nutrición, agua, saneamiento e higiene en 29 centros de salud de atención primaria. Además, se realizó tamizaje a 3,526 niños menores de cinco años y 1,326 mujeres embarazadas y lactantes para detectar desnutrición.

De igual manera, se han distribuido suministros nutricionales en centros de salud priorizados para la suplementación con micronutrientes y el tratamiento de la desnutrición aguda moderada o grave.

Asimismo, se ha capacitado a 60 profesionales de salud en un protocolo para el manejo de la emaciación o desnutrición infantil.

El salvadoreño y la firma tecnológica estadounidense Modveon oficializaron este martes el lanzamiento de Sivar, una plataforma digital para transferencias transfronterizas que promete envíos de dinero desde Estados Unidos por una tarifa plana de $2.

La iniciativa opera bajo un acuerdo por cinco años firmado entre la empresa y la Agencia Administradora de Fondos Bitcóin (AAB). Según informaron las partes, Modveon —con sede en Palo Alto, California— estará a cargo del desarrollo, operación y expansión de los servicios de la aplicación móvil.

El principal gancho financiero de la plataforma apunta directo al mercado de remesas familiares, uno de los motores clave de la economía salvadoreña. Solo en 2025, los salvadoreños en el exterior enviaron cerca de $9,000 millones, de los cuales alrededor del 92 % procedió de Estados Unidos y benefició a unos 1.6 millones de personas.

A través de Sivar, los usuarios en territorio estadounidense podrán transferir fondos debitados desde cuentas bancarias o tarjetas hacia El Salvador pagando una tarifa plana de $2, independientemente del monto enviado.

La liquidación de estos recursos se realiza mediante dólares digitales (stablecoins) sobre Base, la red blockchain de capa 2 desarrollada por Coinbase, entidad que a su vez funge como socio de infraestructura y participa como inversionista en Modveon.

Nana Murugesan, director ejecutivo y cofundador de Modveon, sostuvo que el objetivo es reducir la intermediación tradicional en los envíos de dinero.

“Comenzamos con algo profundamente práctico: permitir que los residentes en Estados Unidos envíen dinero a El Salvador por dos dólares fijos, sin importar la cantidad”, señaló el ejecutivo, al tiempo que detalló que la herramienta tuvo una fase piloto con más de 25,000 salvadoreños.

Por parte del Ejecutivo, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró que el proyecto busca que la tecnología fortalezca la confianza y la vinculación con la diáspora. “Esta conexión incluye la capacidad de enviar y recibir dinero de forma rápida, sencilla y asequible, acercando aún más a los salvadoreños en el exterior con sus familias”, destacó la funcionaria.

La sombra de Chivo Wallet y la postura oficial

El despliegue de esta nueva herramienta coincide con las aclaraciones emitidas por la administración Bukele respecto al rol del Estado en el ecosistema de criptoactivos.

Al margen de conocerse los detalles del convenio con Modveon, la Oficina Nacional del Bitcoin descartó que el Ejecutivo tenga previsto operar o administrar billeteras digitales, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmara la venta y traspaso de Chivo Wallet a manos privadas[cite: 1, 2].

«El Gobierno de El Salvador no tiene planes para lanzar ni operar ninguna billetera de bitcoin, criptomonedas o stablecoin. Con la reciente venta de Chivo Wallet a un operador privado, toda participación estatal ha terminado oficialmente», afirmó la entidad en sus canales oficiales.

Pese a ese distanciamiento operativo, el esquema de Sivar mantiene un vínculo directo con los sistemas gubernamentales: la validación de los usuarios se realizará obligatoriamente mediante el Documento Único de Identidad (DUI).

La aplicación —disponible para iOS y Android— proyecta incorporar a futuro pagos de servicios básicos, cobros en comercios y transferencias entre ciudadanos y entidades del Estado, según adelantó la empresa desarrolladora.

La Oficina del Bitcoin aseguró este martes que el Gobierno salvadoreño no tiene planes de operar ninguna billetera en criptomonedas luego de que transfirió a un privado la propiedad de Chivo Wallet como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«El Gobierno de El Salvador no tiene planes para lanzar ni operar ninguna billetera de bitcoin, criptomonedas o stablecoin. Con la reciente venta de Chivo Wallet a un operador privado, toda participación estatal ha terminado oficialmente», escribió en redes sociales.

Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no aclarado a quién ni por cuánto se vendió el monedero.

Dicha declaración surge a raíz de una publicación de la agencia Bloomberg sobre que el gobierno de Nayib Bukele ha recurrido a stablecoins a través de un acuerdo con Modveon, quien desarrolla una aplicación para que los salvadoreños envíen y mantengan dólares digitales.

Bloomberg cita a Nana Murugesan, director ejecutivo y cofundador de Modveon. Según el texto, la plataforma se denominaría Sivar, y funcionaría a través de los documentos de identidad que emite el gobierno.

El texto señala que la aplicación permitiría enviar dinero, publicar contenido, participar en debates y encuestas.

Bloomberg incluso cita a Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, quien confirmó que «el objetivo es hacer posible que la tecnología genere confianza, participación y un sentido de conexión».

Esta discusión tiene lugar luego de que el Fondo Monetario confirmara a inicios de septiembre que la propiedad y el control operativo de la billetera Chivo, lanzada por el gobierno en 2021 para impulsar la adopción del bitcoin, se han transferido a un operador privado.

El FMI aseguró también que no se han utilizado recursos públicos para la acumulación de reservas de criptomonedas, sino que proceden de donaciones.

El gobierno salvadoreño no ha aclarado cuánto dinero se entregó en el bono de bienvenida de la Chivo Wallet, así como cuánto costó el desarrollo de la aplicación o la instalación de los cajeros.

La discusión para reformar la jornada laboral en El Salvador finaliza esta semana, aseguró este martes Rolando Castro, titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

«El proceso de consulta pública finaliza esta semana sobre la modernización del tiempo de trabajo. Escuchando a todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Y cada día fortaleciendo más y más la propuesta, con los insumos que todos nos hacen llegar», escribió el funcionario en redes sociales.

El funcionario aseguró que la propuesta que se entregará es «integral, justa y moderna», adaptada a los «retos y desafíos del mercado laboral».

El Consejo Superior del Trabajo (CST) creó el 20 de agosto una comisión técnica para que analice un cambio en la jornada laboral. Desde entonces, los delegados en esta instancia han recibido a representantes de diferentes gremiales empresariales, sindicatos, empresarios, gobierno, academia, organismos internacionales y de las iglesias de diferentes denominaciones.

Según ha indicado Castro, la propuesta avanza a la etapa final y será entregada al presidente de la República, Nayib Bukele.

A la mesa de discusión llegaron al menos 10 propuestas, pero las que más ha tomado relevancia corresponde a cambiar la jornada a un esquema de cuatro días con 11 horas diarias, o un sistema de cuatro días de 10 horas y el quinto de cuatro horas.

La ANEP, vocera del sector privado, ha pedido que el cambio sea opcional y se ajuste a cada actividad económica, mientras que la parte laboral, representada por la Unión Sindical, respaldó esas propuesta y también ha pedido que se acompañe de transporte, alojamiento y pausas rotativas.

Pese a que el Código de Trabajo establece que la jornada laboral es de 44 horas, en la práctica muchos salvadoreños destinan más tiempo a sus puestos de trabajo.

La Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025 del Banco Central de Reserva (BCR), publicada en enero pasado, reveló que el 36.4 % de los salvadoreños trabaja entre 45 y 60 horas semanales, contra un 12.4 % que destina más de 60 horas.

El 37.4 % trabaja entre 25 y 44 horas, mientras que un 10.4 % pasa de 8 a 24 horas, y el resto destina menos horas o no trabaja.