El Helicoide -una estructura en Caracas de la década de 1950 utilizada hoy como lugar de detención de presos políticos- pasará a ser «un centro social, deportivo, cultural y comercial», dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que reveló la propuesta después de las excarcelaciones anunciadas hace un par de semanas.
Concebida originalmente como centro comercial, esta instalación volvió al foco de la atención luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara, hace un par de semanas, sobre el cierre de un sitio de «torturas» en la capital venezolana.
En este inconcluso edificio -descrito como un «proyecto de vanguardia» por su diseño futurista en forma de hélice- funcionan las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros, según la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
El Helicoide es un lugar donde organismos de la ONU han denunciado la existencia de «salas de tortura» y donde han muerto varios detenidos bajo custodia, entre ellos el opositor Fernando Albán y el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.
A continuación, algunas claves sobre este lugar:
Derechos Humanos
La palabra «Helicoide» ha aumentado en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que investiga presuntas violaciones de derechos humanos en el país desde 2014.
En el primer reporte de la misión, en 2020, esta palabra figura solo dos veces, frente a unas 60 en el de 2024, año en el que se desató una crisis -que incluyó protestas antigubernamentales y denuncias de «represión»- tras la acusación de fraude electoral en el resultado que dio la victoria a Nicolás Maduro en las presidenciales.
En 2023, la misión documentó que las autoridades del Estado venezolano han recurrido a «la tortura y malos tratos» como métodos para «generar y perpetuar» un «clima de temor» en la sociedad civil venezolana.
Según este informe, algunas personas entrevistadas subrayaron que el «impacto simbólico de los casos de tortura y malos tratos servía para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir a la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide».
Muertes
En octubre de 2018, el opositor Fernando Albán murió en El Helicoide, donde permanecía detenido por estar supuestamente involucrado en un atentado con drones contra Maduro.
Su familia «no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cuerpo, pese a las numerosas solicitudes», indicó la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
Las autoridades informaron entonces que se trató de un suicidio, aunque las pruebas forenses «suscitan dudas sobre esa conclusión», subrayó la misión.
Distintos políticos y ONG denunciaron que en realidad fue un asesinato, por lo que pidieron que se investigara el caso, considerado «impune» actualmente porque, aunque fueron condenados dos funcionarios del Sebin, posteriormente el tribunal les redujo la pena.
Por otra parte, la misión también investigó la muerte del general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió presuntamente por covid el 12 de octubre de 2021 en El Helicoide. Su hija, Andreína Baduel, considera que su padre -acusado de corrupción- estuvo detenido de forma injusta y reclama justicia.
Amnistía
Delcy Rodríguez, quien juró como mandataria encargada el pasado 5 de enero, dos días después de que EE.UU. capturara durante una operación militar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, anunció este viernes su decisión de «impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente».
En 1999 se inauguró la etapa conocida como el chavismo, con la llegada al poder de Hugo Chávez, quien gobernó hasta 2013 -año de su muerte-, y fue sucedido por Maduro.
Al intervenir en el acto del inicio del año judicial, Rodríguez pidió a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió la mandataria encargada.
Varias ONG de Venezuela han aclarado que la propuesta de una amnistía no es un «perdón». Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha advertido que «estas personas fueron arbitrariamente encarceladas».
La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
Excarcelaciones
El 8 de enero pasado, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de «un número importante de personas», entre ellas venezolanos y extranjeros, -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país.
Hasta el jueves, Foro Penal había confirmado la excarcelación de 302 personas desde el pasado 8 de enero. Según el conteo de esa ONG, en el país hay 711 presos políticos.
