La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) abogó este domingo porque se mantenga «un compromiso firme para garantizar investigaciones exhaustivas, diligentes e independientes, incluyendo aquellas de carácter financiero», sobre el asesinato hace 10 años de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
«La Oficina también destaca la importancia de que todas las instituciones responsables cooperen plenamente con los procesos de investigación, incluyendo el acceso a la información relevante y la desclasificación», indicó la misma fuente en un comunicado.
Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, oeste del país, el 2 de marzo de 2016.
«En esta fecha significativa, la Oficina reafirma la importancia de avanzar en los compromisos pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición», subrayó la OACNUDH al honrar el legado de Cáceres «en la defensa del derecho a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas y la protección de quienes defienden la tierra y el territorio».
En línea con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OACNUDH también considera fundamental avanzar hacia un plan de reparación integral por los impactos que el proyecto hidroeléctrico, al que se oponía Cáceres en el oeste del país, tuvo en la comunidad indígena lenca de Río Blanco, incluidos los daños a su territorio ancestral y a sus prácticas culturales y espirituales.
«En particular, resulta esencial adelantar acciones relacionadas con las medidas relativas al saneamiento del territorio ancestral y la plena garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos», subrayó el organismo de las Naciones Unidas en Tegucigalpa.
El representante de la OACNUDH en Honduras, Juan Carlos Monge, expresó que «en este décimo aniversario, es esencial recordar que la justicia no sólo implica garantizar investigaciones serias y eficaces, sino también prevenir nuevos ataques y proteger a quienes defienden los derechos humanos, en particular a las personas y comunidades que resguardan el medio ambiente».
«Fortalecer las medidas de protección para la familia de Berta Cáceres, el COPINH y para las comunidades que ejercen esta labor es una responsabilidad urgente y prioritaria”, añadió, además de reiterar su disposición de brindar asistencia técnica al Estado de Honduras y a las víctimas para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Un estudio presentado el pasado 12 de enero en Tegucigalpa por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) indica que el asesinato de Cáceres «fue previsible y prevenible» y que el Estado tenía «información concreta sobre su planificación».
Señala además que «existía información concreta en manos del Estado y en tiempo real que alertaba sobre su planificación, incluyendo interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores».
En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra siete condenados por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien fue el único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.
El décimo aniversario del asesinato de la ambientalista será recordado en La Esperanza y otras ciudades del país, incluso en España, según ha informado el COPINH.
