Autor: Uveli Aleman

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá un arancel global del 10 % tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular parcialmente los gravámenes y apuntó que lo hará «dentro de tres días» y amparado en una ley de 1974.

“Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 (de la Ley de Comercio de 1974), además de los aranceles normales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras, para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”, declaró Trump.

La Ley de Comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al Presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15 % durante períodos de 150 días.

Trump, que aseguró que cuenta con «alternativas muy poderosas» para imponer estas tarifas, explicó que va a recurrir a tres leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, pero que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión judicial del Supremo.

«Es un proceso un poco más largo. Intenté simplicar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo», aseguró en su comparecencia ante la prensa apenas tres horas después de que su medida estrella haya sido parcialmente anulada por el poder judicial estadounidense.

Además de la Ley de Comercio de 1974, también mencionó la Ley de Expansión Comercial de 1962, firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en plena Guerra Fría, y que le permitió ampliar la autoridad presidencial para negociar acuerdos comerciales y modificar aranceles.

También apeló a la Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930 (o Smoot-Hawley), una norma estadounidense aprobada el 17 de junio de 1930, que aumentó los aranceles de importación a niveles históricamente altos, con el propósito de proteger a las industrias y agricultores estadounidenses de la competencia extranjera.

El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial, ya que considera esos gravámenes un impuesto y por lo tanto requiere la aprobación del Congreso.

El presidente, visiblemente contrariado por la decisión judicial, aseguró que «la Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular de los aranceles de la IEEPA».

«Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, imponer un embargo total, pero no puedo cobrarle a nadie ni un dólar por ello. Es ridículo, pero no importa, porque tenemos otras maneras, muchas otras maneras», concluyó Trump.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentaron este viernes una política pública agropecuaria enfocada en la seguridad alimentaria, el desarrollo productivo, sostenible e inclusivo del agro.

La Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025–2034 fue presentada como un instrumento estratégico que reconoce a la agricultura como pilar de la seguridad alimentaria, la generación de empleo, el ingreso de divisas y la sostenibilidad ambiental del país.

«Junto al IICA construimos esta política como país, en conjunto con todos los productores de alimentos. Esta es la hoja de ruta que toca los puntos más importantes», afirmó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca ecuatoriano, Juan Carlos Vega.

Según explicaron las autoridades, el instrumento está organizado en diez ejes que integran productividad, calidad e inocuidad, acceso a mercados, servicios e infraestructura, sostenibilidad ambiental, gestión de riesgos, financiamiento y seguros, innovación, educación y asistencia técnica, con un enfoque específico en la agricultura familiar campesina.

«Hoy presentamos una hoja de ruta estratégica para diez años. Una política que reconoce que el agro no es un sector más de la economía y precisamente, por la importancia que tiene el agro para el país, esta política fue construida con rigor», dijo el representante del IICA en Ecuador, Renzo Galgani.

La política contó con un proceso técnico y participativo que incluyó el mapeo de actores, espacios de diálogo con el sector productivo, el uso de información oficial y la incorporación de estándares internacionales, lo que garantiza su carácter medible, evaluable y alineado con los compromisos globales de Ecuador.

El precio del bitcoin se mantiene desde el 5 de febrero en la franja de los $60,000, su menor nivel desde noviembre de 2024.

El portal especializado en criptomonedas, CoinGecko, reportó que hasta las 12:50 p.m. de este viernes la cotización del bitcoin se ubicaba en $67,793, lo que representa una caída del 22.5 % en lo que va del año.

Según los registros, el bitcoin inició 2026 con una cotización superior a los $80,000 e incluso alcanzó los $96,000 el 14 de enero; sin embargo, desde la primera semana de febrero descendió al rango de los $60,000.

En los últimos 13 días, la cotización ha oscilado entre $63,822 —su punto más bajo, registrado el 5 de febrero— y $70,289 —alcanzado el 6 de febrero—.

Mientras algunos medios especializados en el mercado de criptomonedas aseguran que el precio repuntó este viernes tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles del gobierno de Donald Trump, otros analistas sostienen que la criptomoneda ha ignorado este anuncio.

La cotización del bitcoin inició este 20 de febrero en torno a los $67,800 y, a las 10:00 a.m., cuando ya se conocía la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, el precio se situaba en $67,500.

El Banco Central de Reserva (BCR) advirtió que el billete de $2 es legal en El Salvador y puede utilizarse en cualquier operación comercial.

“Aunque no lo veas seguido, el billete de $2 es auténtico, circula legalmente en El Salvador y puedes usarlo como cualquier otro dólar”, escribió el BCR en una publicación en su cuenta de X, acompañada de un video en el que señala que “muchas personas lo guardan” porque creen que no es auténtico o que “trae suerte”.

La denominación de $2 no es común en El Salvador y generalmente ingresa a través de salvadoreños en Estados Unidos, quienes lo traen al país; sin embargo, en ocasiones se encuentran con que algunos negocios no lo aceptan.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025, publicada por el BCR, los salvadoreños utilizan principalmente los billetes de $10 y la moneda de $0.25.

En una pregunta de opción múltiple, la encuesta encontró que el 74.7 % respondió que utiliza principalmente el billete de $10, mientras que un 53.3 % indicó que usa la moneda de $0.25.

El billete de $1 fue seleccionado por el 12.1 % de los encuestados; un 5.7 % indicó que utiliza principalmente el billete de $50 y solo un 0.9 % mencionó el de $100.

Asimismo, el estudio identificó que los salvadoreños utilizan mayoritariamente efectivo, pues el 87.4 % de los encuestados afirmó que lo emplea como principal medio de pago, frente a un 7 % que recurre a tarjetas de débito y un 5.5 % que realiza transferencias electrónicas.

Luis Rodríguez, director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), sostuvo un encuentro con el nuevo embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, para presentar los planes de inversión.

A través de una publicación en su cuenta de X, Rodríguez indicó que en la reunión también participó Ana Coímbra, jefa de Cooperación de la Unión Europea en El Salvador.

El director de la Opamss señaló que este fue el primer acercamiento con el diplomático, en el cual se presentaron los resultados y proyectos de inversión para 2026, así como los planes de educación, análisis de datos, desarrollo social, sostenibilidad y los corredores con mayor movimiento de construcción.

“Nuestro gran objetivo es la consolidación de nuestras relaciones con la Unión Europea en nuestro país”, dijo.

De acuerdo con la Opamss, 2025 cerró con una cifra récord de $5,000 millones liberados en inversión privada. En una entrevista el 12 de enero, Rodríguez agregó que el 50 % de los proyectos del año pasado corresponde al rubro habitacional, mientras que los portafolios mixtos mostraron un crecimiento significativo.

A inicios de 2026, la Opamss atendía 587 proyectos, entre habitacionales, turísticos, industriales y logísticos. Además, tenía en el radar seis edificaciones de 35 niveles, algunas en fase de permisos o estudios de mercado.