Autor: Yolanda Magaña

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó este jueves que las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) entregarán el viernes las pensiones de navidad o los aguinaldos a sus pensionados afiliados.

“Noticia de última hora, que a raíz de que nosotros íbamos a brindar esta noticia, tenemos acá nuestros asesores y directores con un vínculo con todo el sector productivo, y ahorita que estamos en la conferencia de prensa se nos informa que las AFP también van a cancelar el día de mañana”, afirmó en medio de una conferencia de prensa, sobre el pago de las pensiones de navidad.

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles un decreto transitorio que adelanta, desde el inicio de la vigencia del decreto, el pago de las pensiones de navidad tanto a los pensionados del sistema público como del sistema privado. Sin embargo, el Gobierno aclaró que el anticipo de estos “aguinaldos” es “opcional”.

La fecha límite de pago es el quinto día hábil de diciembre según la Ley integral del sistema de pensiones.

Este jueves, se le consultó al ministro de Trabajo si han tenido comunicación con las AFP para ver si realizarían este pago de manera adelantada también a sus pensionados afiliados, el funcionario enfatizó en que el anticipo es “opcional” para todo empleador, tanto privado como público. Explicó que no habían conversado con las AFP porque no pretenden que esto sea interpretado como una “coerción”. “El espíritu de la ley es anticiparlo”, sostuvo.

Sin embargo, posteriormente recibió un aviso de que las AFP realizarán los pagos de las pensiones de Navidad o “aguinaldos” para los pensionados el día de mañana 31 de octubre. «Se nos informa que las AFP también van a cancelar el día de mañana», anunció.

Ahora | Ministro de Trabajo recibe «noticia de última hora» en medio de una conferencia de prensa sobre los aguinaldos anticipados para los pensionados. “Ahorita se nos informa que las AFP (Administradoras de Fondos para Pensiones) también van a cancelar el día de mañana”,… pic.twitter.com/7NzgAjXztK

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) October 30, 2025

La periodista salvadoreña Angélica Cárcamo es una de las periodistas nominadas al Premio al Coraje que será entregado en la 33ª edición de los Premios Reporteros Sin Fronteras (RFS) a la Libertad de Prensa.

Cárcamo, quien fue presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y actualmente es directora de la Red Centroamericana de Periodistas, es fundadora de Infodemia, la primera web de fact-checking en El Salvador. Ella se encuentra exiliada de El Salvador desde 2025.

También se encuentran nominados al Premio al Coraje, el director del periódico de investigación “l’Evenement” en Burkina Faso, Atiana Serge Oulon; la directora de Abzas Media, Sevinj Vagifgizi, quien se quien fue condenada en Azerbajijan a nueve años de prisión el 20 de junio de 2025; Frenchie Mae Cumpio, periodista de Filipinas; la redacción del canal de televisión N1 de Serbia; y Noor Swirki, periodista de Palestina, corresponsal del canal de televisión independiente AlSharq News.

Compiten 15 periodistas, nueve medios de comunicación y cinco fotoperiodistas de 18 países diferentes.

Los premios “Press Freedom Awards 2025” de RFS a 29 periodistas, fotógrafos y medios se otorgarán el 15 de noviembre en París, Francia, en un festival que conmemora los 40 años de la organización. La ceremonia, en el recinto cultural de la Gaité-Lyrique, será conducida por la directora editorial de RSF, Anne Bocandé.

Se entregarán cinco categorías: Premio al Coraje, Premio al Impacto, Premio a la Independencia, Premio a la Fotografía Lucas Dolega-SAIF y Premio al Periodismo de Investigación RFS-Mohamed Maïga.

Reporteros sin Fronteras es una organización interancional sin ánimo de lucro fundada en 1985, reconocida como entidad consultiva por las Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció hoy un «pago anticipado» de las pensiones o los aguinaldos que se cancelan por ley a «todos los pensionados» de los sistemas público y privado de pensiones, aunque matizó que es «opcional» en el sistema privado.

Según Bukele, el pago se realizará el viernes 31 de octubre, tanto a los pensionados del sistema privado –quienes cotizaron a las Administradoras de Fondos para Pensiones– como del sistema público.

«Gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de aguinaldos, este viernes se realizará el pago del 100% de los aguinaldos y bonos anuales a todos los pensionados, tanto del sistema público como del privado, beneficiando directamente a 237,000 familias salvadoreñas y contribuyendo a acelerar la reactivación económica del país», escribió el presidente textualmente en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, publicado el jueves, el mandatario también aseguró textualmente: «Para el empleador, y en este caso, para las administradoras de fondos de pensiones, la medida es opcional».

La Ley integral del sistema de pensiones establece que esta «Pensión de Navidad» debe pagarse a más tardar el quinto día hábil de diciembre.

Bukele aseguró que el anticipo de las pensiones de Navidad es una medida adoptada al pago de aguinaldos al 100% a los empleados públicos.

Con ello, calcula que benefició a «más de 400,000 familias» y aseguró que impulsan «de forma anticipada la economía nacional».

El presidente también recordó que «el trabajador no está obligado a utilizar su aguinaldo de inmediato; puede mantenerlo en su cuenta si así lo prefiere».

Según el mandatario, el Gobierno tiene «excedentes de caja existentes tanto en el sistema público como en el privado» pero aclaró que no es dinero sobrante, sino únicamente que por hoy tienen suficiente liquidez.

«En resumen: esta política dinamiza la economía, beneficia directa e indirectamente a cientos de miles de familias y negocios, y no representa pérdidas para nadie», insistió.

Adelanto de aguinaldos

Sin especificar el monto erogado, ni la fuente de ingresos, el Gobierno adelantó el pago de aguinaldos en todas sus instituciones y e informó que realizó el pago el 24 de octubre de 2025. Tampoco sin especificar el monto erogado, la Asamblea Legislativa informó que, el mismo 24 de octubre, hizo efectivo el pago de aguinaldos a su personal.

El Código de Trabajo establece que los aguinaldos se pagarán entre el 12 y el 20 de diciembre. El adelanto en el sector privado se dejó opcional en el decreto.

El Gobierno Central, que incluye a los tres poderes del Estado e instituciones de control, ha programado $1,560 millones para gasto en las remuneraciones permanentes de sus empleados, un monto que incluye tanto salarios como aguinaldos. El presupuesto no desglosa cuánto eroga para aguinaldos.

El Fondo Especial para la recolección y disposición de desechos sólidos que es administrado por la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) podrá ser usado para pagar dar en prenda o pignorar, pagar hipotecas, préstamos, emitir y colocar bonos, y para titularizar activos.

Esa fue una de las reformas aprobadas el martes por la Asamblea Legislativa, que también autorizó a ANDRES a fijar precios por servicios que, según el director de la Autoridad, Alexander Gil Arévalo, será una facultad para crear el pliego tarifario de la comercialización de productos de reciclaje que están recolectando de tamaño voluminoso como electrodomésticos, colchones, llantas, vidrio.

Este fue uno de los cambios solicitado por el director general de ANDRES a los diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, y así fue aprobado en la Asamblea el miércoles.

Así, se incorporó en el literal “a” del artículo 46 que el Fondo “podrá ser usado para pignorar, garantizar, obligaciones para pagar hipotecas y préstamos, emitir y colocar bonos de toda clase en el mercado nacional y extranjero, y titularizar activos”.

La ley ya otorgaba a la ANDRES a obtener préstamos, emitir y colocar bonos, titularizar activos y otras obligaciones pero prohíbe a la Autoridad que hipoteque, pignore o grave sus bienes o instalaciones.

“En ningún caso podrá la Autoridad hipotecar, pignorar o gravar de cualquier forma sus instalaciones y demás bienes”, indica el literal “f” del artículo 17, sobre las atribuciones de ANDRES, excepto “los gravámenes hipotecarios o prendarios” sobre una propiedad.

Este Fondo, que es administrado por ANDRES, sí podrá ser utilizado por ANDRES para pignorar, un proceso mediante el cual el bien pasa físicamente a manos del prestamista en caso de impago, o para pagar hipotecas o préstamos.

El “Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos” creado con la aprobación de la ley de ANDRES, vigente desde el 20 de diciembre de 2024.

ANDRES es una institución pública adscrita al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) cuyo patrimonio está conformado por los aportes del Estado, bienes que adquiera de las municipalidades, del Estado o privados, ingresos por donaciones, cooperación, fondos de rentas o utilidades.

Durante 2025 ANDRES tiene programados $2,316,483 de fondos públicos programados en el presupuesto general del Estado 2025, de los cuales ya ejecutó $152,801.99. Los fondos provienen del Fondo General, es decir, ingresos del Estado alimentados por tributos que pagan los salvadoreños. Para el próximo año tiene un presupuesto de $2,427,718, de los cuales $2,327,718 serán transferidos por el MOPT, también del Fondo General.

El Fondo, según la ley, captará recursos de transferencias del Fondo General para cumplir compromisos con asocios o contratos con terceros para la recolección, logística o disposición final de residuos; también captará un porcentaje de las tasas municipales; y otros aportes. La ley actual obliga a las municipalidades a contribuir a este fondo con un 50 % de los ingresos brutos de sus tasas municipales.

Esta ley también obliga a las distribuidoras de electricidad a suscribir con ANDRES o la municipalidad convenios para realizar el cobro mensual de los servicios de aseo, limpieza, transporte y disposición final de residuos.

El martes, el director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, informó a la Comisión de Infraestructura que la Autoridad da servicios de recolección de residuos en tres municipios: San Salvador Este, La Libertad Costa y Cuscatlán Sur. Aseguró que ANDRES está realizando diagnósticos para evaluar cuáles serán los próximos municipios en donde intervendrían.

La Asamblea Legislativa reformó el miércoles la Ley del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) para que esta entidad tenga como finalidad la fabricación en todo el país de productos farmacéuticos con el fin de brindar atención médica de los militares y sus familias.

Actualmente, únicamente tienen como finalidad la comercialización de productos farmacéuticos para brindar atención a los miembros de la Fuerza Armada y sus grupos familiares.

Con la reforma, la finalidad del CEFAFA se amplía a la fabricación de productos.

También, la primera función del CEFAFA no solo será el suministro, sino la “donación”, para el apoyo a los componentes de Sanidad Militar y no solo de «insumos médicos, productos farmacéuticos y hospitalarios, vacunas, equipo industrial», sino también, como novedad, de “infraestructura”, algo que la disposición señala que son «necesarios para brindar atención a todos los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar».

El decreto fue aprobado con 58 votos, incluidos los de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Los diputados aprobaron la reforma sin emitir opiniones.

De acuerdo a la explicación del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, antes el CEFAFA tenía la facultad de fabricar sus propios medicamentos para Sanidad Militar mediante la cual prestan el servicio de salud a los militares y les quitaron dicha facultad, lo que creó deficiencias en el servicio de Sanidad Militar.

El ministro detalló que hay 30,000 militares en situación de retiro que tienen la obligación de prestarle atención sanitaria. «El universo es bastante grande y los recursos son limitados”, indicó.

Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó la Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos, para facultar a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) a aprobar precios que cobrará al público por productos y servicios que ofrezca.

«Aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca a través de un acuerdo institucional previa autorización del Ministerio de Hacienda», indica la nueva facultad.

La reforma agrega que el patrimonio de ANDRES también estará conformado por: «j) Los recursos provenientes del pago de la prestación de sus servicios y productos».

La reforma no detalla qué servicios y productos generarán los precios que serán cobrados por ANDRES, aunque el director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, aseguró que buscan definir el pliego tarifario para comercializar residuos voluminosos que la Autoridad está recolectando, como electrodomésticos, llantas, colchones, vidrio, entre otros.

Así mismo, permite que el Fondo Especial, creado para recolectar y disponer residuos, se destine también para el «funcionamiento» en asocios y contratos con terceros para la recolección, aprovechamiento o disposición de desechos.

Según la lectura, también el Fondo podrá ser utilizado para pignorar, pagar préstamos o titularizar activos.

La reforma modificó la exigencia de ser abogado para los vocales del tribunal sancionador a la de ser profesionales con título universitario.

También, se eliminó la exigencia de «tener conocimientos y experiencia laboral, en lo relacionado con la aplicación de la
legislación ambiental y especialmente de los Procedimientos Sancionatorios» para todos los miembros del tribunal sancionador.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles unas disposiciones transitorias que permiten el pago de la “pensión de Navidad” desde la vigencia del decreto y reitera la fecha límite para pagarlo del 5 de diciembre de 2025; y que también permite el pago de las pensiones alimenticias desde la vigencia del decreto y reitera que la fecha límite legal del pago es el 1 de diciembre de 2025.

“Los montos y criterios del cálculo son los mismos y se mantienen conformes a lo dispuesto a las normativas vigentes”. Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.

La “Ley integral del sistema de pensiones” autoriza el pago de una pensión de navidad equivalente a la mitad de la pensión y ya establece que es “pagadera en los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre” en el artículo 129.

El decreto aprobado este miércoles permite que, desde la vigencia del decreto, se realice el pago de la pensiones de navidad a los pensionados del Sistema de Pensiones Privado o del beneficio adicional anual para los pensionados del Sistema de Pensiones Público con un límite igual al “sueldo anual complementario” o aguinaldo para los empleados públicos.

El decreto reitera que “podrán pagarse desde” la vigencia del decreto hasta el 5 de diciembre.

Pensiones alimenticias

Por decreto, aprobado en 1997, las instituciones privadas y públicas deben retener a sus empleados obligados el pago de las pensiones alimenticias equivalentes al 30 % de la compensación o aguinaldo que reciban.

El decreto aprobado hoy establece que el pago de la pensión alimenticia podrá realizarse desde la vigencia del decreto “hasta el 1 de diciembre de 2025”.

Actualmente el decreto 140 aprobado el 6 de noviembre de 1997 faculta a los jueces de familia y Procuraduría General de la República para que ordenen a los pagadores de las instituciones públicas y privadas la retención de empleados obligados al pago de pensiones alimenticias. El decreto establece que “tendrán como plazo para remitir el pago hasta el día 1 de diciembre de cada año”.

El diputado Raúl Chamagua aclaró que los montos y criterios del pago de las pensiones se mantienen y destacó la importancia del “movimiento económico” que da el país el pago de los aguinaldos.

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa incluyó este miércoles dos comunidades más en la Ley especial de legalización de las calles o tramos declarados en desuso para ser transferidas a familias pobres a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).

El diputado Ernesto Castro aseguró que ellos como diputados están trabajando de la mano con el gobierno del presidente Nayib Bukele.

“Hemos trabajado junto con Fonavipo, el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), junto con un equipo de abogados asesorando para que al final ustedes puedan tener en sus manos esas escrituras en donde puedan heredarlas a sus hijos… Estos no son temas políticos, son temas de justicia”, expresó Castro.

El presidente Castro aseguró, sin mencionar casos específicos, que “siempre” los políticos tenían “en chantaje”, “con la amenaza de quererlos sacar de sus hogares, de sus casas”.

La diputada Claudia Ortiz los felicitó. “Ese es el poder del pueblo, ese es el poder de lo que hace la gente organizada, las mujeres organizadas, esas mujeres que han velado por una vida mejor para sus hijos y para los hijos de sus hijos”, expresó.

Ortiz aseguró que el derecho a la propiedad permite empezar a pensar en otros derechos. “El pueblo tiene que estar organizado”, insistió.

La ley fue aprobada el 10 de junio de 2009, con 59 comunidades favorecidas, durante la gestión gubernamental del FMLN.

En la gestión actual, la primer inclusión de una comunidad en la normativa se aprobó el 13 de enero de 2020. A partir de esa fecha, la gestión legislativa de Nuevas Ideas ha incluido 14 comunidades, incluidas El Manguito y Palermo.

El director de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), Alexander Francisco Gil Arévalo, explicó a los diputados que, con la nueva facultad que les aprobarían este miércoles para aprobar “precios públicos por servicios y productos”, definirían precios para comercializar residuos voluminosos que ANDRES ya está recolectando.

En su intervención en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, el martes, explicó que una finalidad es “garantizar la sostenibilidad del servicio público de la gestión de residuos”.

Explicó que la nueva facultad, en el artículo 27, les autorizaría a “aprobar un pliego tarifario para precios públicos en cuanto a la comercialización de los residuos que sean recolectados y estos puedan ser comercializados”.

“Cabe destacar que dentro de los servicios está el tratamiento de los residuos, hay un sinfín de residuos que no han tenido nunca una gestión adecuada. Estamos proponiendo poder dar este tipo de servicios”. Alexander Francisco Gil Arévalo, director de ANDRES.

“Esto viene y recae que los recolectores y el camión recolector tanto de ANDRES como de los municipios levantan los residuos de carácter ordinario, municipales, pero muchas veces dejan los residuos voluminosos, de manejo especial, como podría ser llantas, colchones, electrodomésticos, en el cual no se los llevan porque no hay un sitio de disposición final adecuada”, explicó el funcionario.

Calificó este tipo de residuos como de “manejo especial” o “voluminosos”.

«Estamos acopiando por ejemplo llantas, vidrio y es el momento que hay que aprovecharlos, hay que valorizarlos. Ese es el sentido que se solicita incorporar un numeral en el artículo 27 que nos dé la facultad de poder tener esta lista de precios que sea público para poder comercializar estos residuos que se están recolectando”, argumentó a los diputados.

Explicó que también piden una reforma al artículo 39 de la Ley de ANDRES para recibir estos recursos “que se generen de la venta y comercialización y servicios”.

Como cambio de última hora, el director de ANDRES pidió a los diputados que el Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos que fue creado con la ley sea usado para emitir y colocar bonos, así como titularizar activos.

Los legisladores aceptaron las modificaciones y elogiaron el papel de ANDRES. Aprobaron el dictamen favorable el martes y agendaron la aprobación de la reforma en la sesión plenaria de este miércoles.

La reforma también busca eliminar el requisito de ser abogado para los vocales del tribunal sancionador y exigirles únicamente ser profesionales. Según el director de ANDRES, buscan “que los vocales sean de otras especialidades y no solo abogados”.

ANDRES tiene servicios en San Salvador Este, La Libertad Costa y Cuscatlán Sur; y realiza diagnósticos para evaluar cuáles serán los próximos municipios en donde intervendrían.