Autor: Yolanda Magaña

El nnInstituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) fue una de las nueve instituciones que aprobaron su presupuesto por acuerdo interno institucional emitido por su Consejo Directivo, fue un plan de gastos de $1,008.5 millones para el año 2024, según el informe de liquidación del Ministerio de Hacienda.nnAl ISP le entraron ingresos financieros por $55.5 millones y contribuciones en seguridad social por $2.3 millones, pero la mayoría de sus fondos fueron obtenidos de financiamiento, recibió $1,035.8 millones.nnEntre los gastos ejecutados del ISP durante 2024 se incluyen:nn-$356.7 millones en prestaciones de seguridad social.n-$233.5 millones en transferencias corrientes.n-$131.7 millones en gastos financieros y otros.n-$328.5 millones en inversiones financieras (gastos de capital).n-$4.4 millones de amortización a endeudamiento público.nnPor área de gestión, el ISP destinó a conducción administrativa un total de $1,063.1 millones, según el informe publicado por Hacienda.nnLas otras instituciones que aprobaron sus planes de gastos por acuerdo institucional de sus directivas fueron: el Fondo de Conservación Vial (Fovial), Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).nnTambién aprobaron sus presupuestos mediante acuerdos institucionales el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (Cefafa), la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain), el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), la Caja Mutual del Abogado de El Salvador (Camudasal) y el Fondo de Emergencia para el Café (FEC).nnEn total, nueve instituciones descentralizadas del Estado “no empresariales” aprobaron sus presupuestos, que sumaron un total $1,733.6 millones para el año 2024 mediante acuerdos internos, siendo el presupuesto mayor el avalado por el ISP.nnLos gastos de gestión operativa de todas las instituciones ascendieron a $69.8 millones, $39.3 millones para remuneraciones, y $30.5 millones para bienes y servicios.n

El Fovial y el IPSFA

nLa segunda institución con presupuestos por acuerdo institucional de mayor presupuesto fue el Fovial, con $369.7 millones; y el IPSFA, que paga pensiones al personal militar, con un total de $186 millones. El IPSFA tuvo una erogación de $156 millones en gastos por prestaciones de seguridad social,nnEl Fovial tuvo una ejecución de $26.2 millones de gastos financieros y otros.nnOtras dos instituciones –el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (Fosep)– aprobaron presupuestos que suman $273.4 millones por decretos ejecutivos. Las 11 instituciones, más las nueve descentralizadas, suman presupuestos de $2,007 millones durante 2024, de los cuales ejecutaron $1,930.6 millones, es decir, un 96.2 %.nnLos ingresos de las instituciones descentralizadas provienen en su mayoría de endeudamiento público, un total de $1,088 millones, de los cuales $1,035.8 millones provienen de colocación de títulos valores en el mercado nacional, $128 millones de préstamos externos y $24 millones de préstamos internos.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, nombró a Cecilia Carolina Pereira de Barrientos como directora propietaria y presidenta del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, y a Horacio Alfredo Castellanos Chacón como director suplente ante el mismo consejo, por el Ministerio de Economía, por un periodo de tres años, del 14 de enero de 2025 al 14 de enero de 2028.

El acuerdo 06 del Ministerio de Economía fue emitido el 7 de enero de 2025 pero publicado en el Diario Oficial del 4 de abril de 2025.

Pereira de Barrientos fue nombrada presidenta del Consejo en sustitución de Marlon Antonio Vásquez Ticas, para que finalizara el periodo hasta el 13 de enero de 2025. Vásquez Ticas fue nombrado director general de Impuestos Internos a partir del 15 de junio de 2021 y en enero de 2023 fue nombrado director del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), quien fungirá en ese cargo hasta 2028.

Cecilia Carolina Pereira de Barrientos es licenciada en contaduría pública, fue nombrada directora presidenta del Consejo de Vigilancia por acuerdo ejecutivo del 8 de febrero de 2023. Funge como directora propietaria del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) por parte del Ministerio de Economía. Antes fue directora presidente suplente del Consejo de Vigilancia.

En marzo pasado, el Ministerio de Economía nombró a los directores representantes de las gremiales de contadores y auditores para el Consejo de Vigilancia, por un periodo de tres años, como propietarios a Luis Alfredo Siliézar Cardona (laboró en Deloitte El Salvador) y Otto Karin Guzmán Barrera (socio de Auditores y Consultores de Negocios); y como suplentes, Johny Alexander Argueta Amaya (presidente del Instituto de Auditores Internos de El Salvador 2023-2023 y exmiembro del Comité de Auditoría de Credicomer) y Walter Ernesto Guerrero (socio de García Cuéllar y Asociados, ha laborado en Deloitte).

Una reforma de 2021 permitió al Ejecutivo nombrar a los directores representante de las gremiales en el Consejo, que está conformado por un miembro nombrado por Economía, uno por Hacienda, uno por el superintendente del Sistema Financiero, uno por el presidente de la República y dos por las gremiales.

El nnsecretario de la defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró el miércoles que buscan mantenerse fuertes junto a los aliados para ayudar a “lograr la paz a través de la fuerza” y pone a El Salvador como ejemplo de la cooperación “mutuamente beneficiosa” con Estados Unidos.nn»Queremos mantenernos fuertes con los aliados que nos apoyan y ayudan a lograr la paz a través de la fuerza», expresó el jefe militar estadounidense al recibir en el Pentágono al ministro de Defensa salvadoreño, René Francis Merino Monroy.nnCasa Presidencial salvadoreña aseveró que el objetivo de la reunión «es fortalecer las alianzas estratégicas y cooperación en seguridad, defensa y desarrollo» entre ambos países.nnEl funcionario estadounidense manifestó que la relación entre Estados Unidos y El Salvador está “más fuerte que nunca” y que “solo es el comienzo”. “Los presidentes han marcado el tono, trabajar juntos estrechamente», indicó. Señaló que espera desarrollar una relación estrecha también con el Ministerio de Defensa salvadoreño. Puso a El Salvador como «gran ejemplo» de la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa con Estados Unidos.nnEl presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien se reunió el lunes 14 de abril con el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, acordó el uso del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), construido por el Gobierno salvadoreño a un costo de $115 millones, para recluir a los deportados de Estados Unidos acusados de ser miembros del Tren de Aragua y de la MS-13, expulsiones cuestionadas por organizaciones y familiares que señalan falta de pruebas o de condenas de los ahora presos en la megacárcel salvadoreña.nn

n

It was an honor to host El Salvador Minister of Defense Merino at the Pentagon.
n
nWe want to stand strong with allies who stand with us and help deliver peace through strength. pic.twitter.com/vDep1tvItk

n— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) April 16, 2025

nnnEn El Salvador, el Ministerio de Defensa ha sido una institución que ha participado activamente en las estrategias de seguridad del gobierno de Bukele como el régimen de excepción, implementado desde el 27 de marzo de 2022.nnEl uso de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para el apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC) en el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública fue prorrogado mediante decreto ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2025.nnEl decreto original de participación de la Fuerza Armada en seguridad pública fue emitido en noviembre de 2019, que renovó un decreto ejecutivo del 28 de septiembre de 2009, que durante el gobierno de Mauricio Funes también dispuso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, recurriendo al artículo 168 ordinal 12 de la Constitución, que permite disponer de la Fuerza Armada “excepcionalmente”.nnDe la misma manera, la administración Trump también ha usado la fuerza militar para combatir la migración ilegal y envió aviones militares al mandar a los primeros deportados durante su administración que inició el 20 de enero de 2025.

Los presupuestos extraordinarios del plan de gastos salvadoreño de 2024 sumaron un total de $324.8 millones, de los cuales un 78.3 % fueron destinados a gastos corrientes y el resto a gastos de capital.

La mayor parte de los fondos extraordinarios se destinó a «Fondos de Actividades Especiales«, un total de $165.1 millones, equivalentes al 50.8 % de los gastos extraordinarios; y elecciones tanto nacionales como el voto electrónico en el exterior, que sumaron $81.1 millones, un 25 % de los fondos extraordinarios.

Solo durante 2024, en el desarrollo de los comicios cuyos procesos se desarrollaron de enero a marzo, tomando en cuenta el voto electrónico, se destinaron $51.6 millones para las elecciones nacionales y $29.5 millones para el voto en el voto en el extranjero.

Los presupuestos extraordinarios se ejecutan de recursos de otros tipos de presupuesto, tanto «extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa como de otros recursos que son administrados por instituciones fuera del procedimiento de autorización presupuestario que establece la Ley de Presupuesto» y los presupuestos especiales.

Presupuestos extraordinarios: ingresos y gastos solo en 2024

1. Presupuesto extraordinario de reactivación económica (PERE): $27.7 millones de ingresos y $6.2 millones de gastos.

2. Presupuesto extraordinario de respuesta ante el covid-19 (PE-covid19): $3.8 millones de gastos.

3. Presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2024: $30.8 millones de ingresos y $51.6 millones de gastos.

4. Presupuesto especial extraordinario para el sufragio en el extranjero para el evento electoral 2024: $5.7 millones de ingresos y $29.5 de gastos.

5. Fondos de Actividades Especiales: $177.8 millones de ingresos y $165.1 millones de gastos.

6. Recursos extraordinarios institucionales: $72 millones de ingresos y $68.6 millones de gastos.

Los Fondos de Actividades Especiales y Fondos Especiales son administrados por diferentes instituciones del sector público; entre los cuales están: el fondo del Viceministerio de Transporte, el del Centro de Desarrollo de la pesca y la Acuicultura administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el fondo para venta de bienes y servicios de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal, el fondo por la venta de productos y servicios de la Dirección de Ordenamiento Forestal.

También hay fondos en el Cuerpo de Bomberos, administrado por el Ministerio de Gobernación, en el Instituto Especializado para la Formación Diplomática de Educación Superior, administrado por Cancillería, el Fondo para la Atención a los salvadoreños en el exterior y para las personas retornadas, también administrado por Cancillería.

A estos se suman fondos especiales para la comercialización de bienes y prestación de servicios producidos en los talleres y granjas del sistema penitenciario por los privados de libertad, administrado por la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y otros del Comando Logístico de la Fuerza Armada, del Hospital Militar Central, del Hospital Militar Regional San Miguel y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La organización Amnistía Internacional pidió a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre las “prácticas violatorias de derechos humanos” que consideran se practica en las expulsiones de migrantes de Estados Unidos a El Salvador.

En un comunicado de prensa, la organización internacional pide a la CIDH solicitar una visita en El Salvador para “verificar la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones carcelarias en el país”.

El objetivo de la visita in loco, según Amnistía, debe ser indagar sobre la “incomunicación prolongada, las denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, así como la posible “comisión de desapariciones forzadas” de los migrantes deportados de los Estados Unidos desde el pasado 15 de marzo.

La organización también le pidió al gobierno estadounidense «suspender inmediatamente todas las expulsiones hacia El Salvador de personas venezolanas u otras personas refugiadas o migrantes bajo el acuerdo bilateral» y garantizar «el acceso a los procesos de asilo y migración en Estados Unidos», así como evitar firmar acuerdos similares con otras naciones.

La entidad internacional declaró haber «documentado el proceso irregular y arbitrario en las que ocurrieron las expulsiones de algunas de las 261 personas enviadas a El Salvador». Citan el caso de Alejandro, que tenía una audiencia el 27 de marzo, pero que agentes del ICE le notificaron el 14 de marzo que sería deportado, pese a que no tenía antecedentes penales. «Tiene dos tatuajes, uno con el nombre de su madre y otro con el nombre de su padre y una corona», detalla el comunicado.

“Mi esposo estaba esperando una audiencia sobre su deportación que iba a ser el 24 de marzo. De repente me llama el 14 de marzo que está siendo deportado ya a Venezuela», citan a una mujer, esposa de un deportado venezolano.

Así mismo, Amnistía Internacional pidió a El Salvador derogar el régimen de excepción, eliminar la incomunicación en los centros de detención del país, publicar el paradero de las personas venezolanas detenidas en El Salvador e investigar las muertes de detenidos bajo custodia estatal, así como las denuncias de tortura y desapariciones durante el régimen de excepción.

El gobierno de Estados Unidos inició una serie de deportaciones de venezolanos y salvadoreños señalados de ser miembros de las bandas criminales Tren de Aragua y MS-13, para que sean recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Desde el 15 de marzo, han deportado 288 personas.

El Ministerio de Hacienda reportó una ejecución al cierre del año 2024 de $38,469,500 como «complemento deuda política«, es decir, el financiamiento que el Estado le otorga a los partidos políticos por los votos recibidos en las elecciones de inicios de 2024.

Según el «Estado demostrativo de ejecución presupuestaria de gastos por unidades primarias y rubros de agrupación», incluido en la «Liquidación del último presupuesto aprobado», el complemento de la deuda política se ubicó en el rubro de «Transferencias corrientes».

La cantidad ejecutada o gastada según este informe difiere de la ejecución reportada en la tabla dinámica del Portal de Transparencia Fiscal, que registra una ejecución de $14.2 millones de un total de $38.7 millones, es decir, un 36.7 %.

El cargo de la deuda política se encuentra dentro de la unidad presupuestaria “Obligaciones generales del Estado”, partida que tiene un presupuesto modificado de $974.9 millones para el año 2024, de los cuales se ejecutaron un total $264.5 millones, un 27.1 %.

La deuda política está eliminada desde el 6 de marzo de 2025, fecha en que inició la vigencia de la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República, luego de que la Asamblea Legislativa acordara el mecanismo rápido de reforma constitucional en una sola legislatura y estrenara dicho mecanismo con la eliminación de la deuda política.

Durante 10 años, los partidos políticos recibieron $160 millones en financiamiento público y privado.

Obligaciones generales del Estado aumentó, pero terminó con baja ejecución

El gasto de la deuda política se ubicó dentro de la unidad presupuestaria de Hacienda «Obligaciones generales del Estado«, que si bien inició con un presupuesto de $141.3 millones terminó con casi $1,000 millones –$974.9 millones según el informe y $1,029.4 millones según la tabla dinámica del Portal de Transparencia.

En esta partida presupuestaria también se incluyen gastos en clases pasivas, aportes al régimen del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), contribuciones a organismos internacionales, devolución de ingresos de años anteriores, devolución de IVA a importadores, seguro de vida de empleados públicos y devolución de Impuesto sobre la Renta.

Hasta el 10 de octubre de 2024, la asignación modificada de obligaciones generales del Estado había subido a $1,608.1 millones, pero solo se había ejecutado $171.2 millones, con un disponible o no ejecutado de $1,436.3 millones, es decir, un 10.6 % devengado.

A febrero de 2025, se han previsto $111.7 millones para todo el año y la partida ha crecido a $141.2 millones, ya se ejecutó $49.8 millones.

¿Qué no se ejecutó?

En la tabla interactiva del Portal de Transparencia, se tenía un presupuesto programado modificado de $1,029.4 millones para obligaciones generales del Estado.

Se han ejecutado casi totalmente las «clases pasivas» (pago de pensiones a funcionarios públicos y familiares) por $12.2 millones y aportes al ISSS por $571,428.57.

Las contribuciones a organismos internacionales sumaron una ejecución de $78.2 millones de $99.5 millones.

Sin embargo, la provisión para devolución de ingresos de años anteriores creció a $337.2 millones, de los cuales se ejecutaron apenas $4.3 millones; el monto para devolución de IVA a importadores creció a $419.2 millones pero únicamente se ejecutaron $3.3 millones. La programación inicial era $2.5 millones.

Para seguro de vida de empleados públicos, de $500,000 se ejecutaron $332,365.57 y para el pago de las pensiones de los beneficiarios del Instituto del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) Hacienda transfirió $114.1 millones, de los cuales se ejecutaron $112.8 millones.

El presidente estadounidense Donald Trump dejó claro su interés en que El Salvador pueda construir más cárcel o más recinto carcelario bajo el modelo del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), reveló él mismo durante una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Una periodista preguntó a Trump cuántos delincuentes ilegales planea exportar a El Salvador y preguntó a Bukele cuántos planea recibir. Trump respondió «tantos como sea posible» y enseguida reveló: «Justo le pregunté al presidente, ¿sabe?, sobre este enorme complejo carcelario que construyó, le dije: ¿podría construir más, por favor?», reveló, en referencia a la megacárcel que Bukele presenta como modelo.

El presidente salvadoreño no respondió cuántos delincuentes planea recibir en el Cecot y tampoco detalló si tiene planes para construir más cárceles.

En el presupuesto general del Estado 2025, la Dirección General de Centros Penales, cuyo director es el exdiputado Osiris Luna, tiene un presupuesto de $72,392,006, solo $16,000 destinado a activo fijo, que puede ser infraestructura.

El Cecot costó al menos $115 millones en construcción y equipamiento, incluyendo las 200 manzanas de terreno, de las cuales 32 están construidas, reveló el propio Bukele, en noviembre de 2024, aunque no hay información pública disponible sobre esto en los sitios oficiales del gobierno.

Puede leer: Menores pandilleros pasarán a cárceles comunes y jueces sin rostro vigilarán sus penas

El Cecot, según el gobierno, tiene capacidad para recluir a 40,000 personas y tiene aproximadamente 15,000. Estados Unidos ha enviado casi 300, se desconoce cuántos de estos han sido procesados y condenados por los crímenes que supuestamente han cometido pero públicamente han sido señalado por funcionarios estadounidenses de pertenecer a las pandillas Tren de Aragua y MS-13.

Según el gobierno, en esta prisión están los cabecillas de las pandillas MS-13 y Barrio 18. Se desconoce si quienes están dentro del Cecot son personas que ya estaban condenadas antes del inicio del régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022 y que marcó el encarcelamiento masivo de pandilleros y sospechosos.

El Salvador, además del Cecot, tiene otras 20 prisiones, cuyas condiciones actuales se desconocen, ni familiares pueden ingresar a dichos recintos. Las mujeres están en el penal de Apanteos, Santa Ana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el lunes que pidió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que construya más cárceles similares a la megacárcel Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) y que deportará a tantos criminales como «sea posible».

En la Casa Blanca, cuando Trump daba una conferencia de prensa junto al presidente salvadoreño, una periodista preguntó: ¿Cuántos delincuentes ilegales planea exportar a El Salvador?

“A tantos como sea posible. Justo le pregunté al presidente, ¿sabe?, sobre este enorme complejo carcelario que construyó. Le dije: ‘¿Podría construir más, por favor?’. Tantos como podamos sacar del país, los que permitió el incompetente de Joe Biden a través de fronteras abiertas. Probablemente oigan hablar de fronteras abiertas y ni siquiera lo entiendan, porque nadie lo entiende. Nadie inteligente ni con sentido común lo entiende”, respondió Trump.

Luego de elogiar al presidente Bukele, a quien calificó de un presidente fantástico, y de recibir elogios de Bukele a su administración, Trump también manifestó su interés en deportar a El Salvador a criminales estadounidenses que en realidad sean «malos, muy malos«, pero explicó que, para ello, están estudiando qué dicen las leyes.

“Me gustaría que fuéramos un paso más allá, por supuesto, tenemos que cumplir las leyes, me gustaría incluir a esas personas en ese grupo de personas que vamos a echar del país, pero tendremos que ver lo que dicen las leyes. Si son delincuentes y golpean con bates de béisbol en la cabeza a personas de 90 años, o si violan a mujeres de 37 años en Coney Island, Brooklyn. Sí, sí, eso los incluye. No estamos hablando de gente violenta, estamos hablando de gente mala, muy mala”, indicó.

El Salvador tiene recluidas en el CECOT a 288 personas deportadas por el gobierno de los Estados, que asevera que todos son miembros del Tren de Aragua o de la pandilla MS-13, ambos declarados como grupos terroristas desde el primer día de gobierno de Trump.

El grupo más numeroso, enviado el 15 de marzo, incluyó 238 venezolanos supuestamente miembros del Tren de Aragua y 23 supuestos miembros de la pandilla MS-13. El tercer grupo, enviado el 12 de abril, fueron 10 personas que, según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, provienen de Guantánamo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló que el presidente Bukele manifestó Venezuela no aceptaba a los deportados, por lo que tuvieron que «encontrar un lugar donde enviarlos» y Bukele «tiene el lugar perfecto». «Hicimos un trato con él a principios de febrero, y esta fue la forma en que se ejecutó. Estamos muy agradecidos», indicó. «Estuvo de acuerdo; dijo, miren, he construido estas cárceles y albergaré gente aquí. Primero, quiere a sus sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos, porque también son buscados por delitos en El Salvador», expresó el alto funcionario de Trump, en una entrevista con Donald Trump Jr.

En medio de una conferencia de prensa conjunta en la Oficina Oval de la Casa Blanca junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele, el mandatario estadounidense Donald Trump no dejó clara su posición sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), que da un estatus migratorio legal pero temporal a más de 180,000 salvadoreños en los Estados Unidos.

Un periodista le preguntó: ¿Tiene el presidente Bukele tiene una mejor garantía de que ustedes no terminarán el TPS?

La pregunta prosiguió a una serie de elogios y agradecimientos de Trump a Bukele por el acuerdo que le permite deportar a señalados de ser miembros del Tren de Aragua y de la MS-13 a El Salvador y por la construcción de la megacárcel en donde los recluye.

La respuesta de Trump se centró en la amistad con el presidente salvadoreño:

“Con el presidente Bukele, tengo una excelente relación con él. Nos conocemos. Lo conozco desde muy joven, como dije, muy joven y me impresionó. Le dije: «Miren a este tipo. De hecho, parece un adolescente. ¿Qué clase de país es este? Creció, creció bien en los últimos cinco años».
Donald Trump, presidente de EE.UU. a la pregunta sobre el TPS.

Posteriormente le preguntaron a Trump si apoyará una extensión del TPS para los salvadoreños.

Únicamente respondió: “I support him, I support to him” (yo lo apoyo a él), mientras señalaba con el pulgar a Bukele.

Posteriormente, en su conferencia de prensa, dio paso a la pregunta de otro periodista: “Escuchemos la pregunta de este presentador de muy baja audiencia de CBS”. Y le preguntaron sobre cómo planeaba ayudar a retornar al salvadoreño que por error deportaron a El Salvador.

El TPS, un programa temporal migratorio aprobado en 2001 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), benefició inicialmente a más de 250,000 salvadoreños que vivían en Estados Unidos desde el 13 de febrero de 2021.

Según el National Inmigration Forum, hasta el 31 de marzo de 2024, había 180,375 salvadoreños beneficiados por el TPS, de un total de 863,880 de 16 países. Una encuesta de 2017 a tepesianos de El Salvador y Honduras reveló que el 88.5 % estaba trabajando, la mayoría en construcción, conducción y limpieza de edificios o casas, pero también en jardinería, cocina y tiendas.

La más reciente prórroga al TPS, otorgada en enero bajo la administración Biden, vence el 9 de septiembre de 2026. Trump, que inició su gestión el 20 de enero, ha cancelado el TPS para Haití y Venezuela. En 2018, durante su primera administración, canceló el TPS para El Salvador, ya que consideró que las condiciones ambientales que originaron la designación no existían. Sin embargo, la salida de los salvadoreños se ha venido prorrogando dejando sus permisos laborales vigentes.

El vicepresidente estadounidense, James David Vance dijo, en plena campaña presidencial estadounidense, que Trump cancelaría el TPS ante una pregunta de Telemundo de cuál es su plan ante la promesa de revocar el TPS para inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio.

«Vamos a dejar de otorgar subvenciones masivas de Estatus de Protección Temporal», dijo, en esa ocasión. Sobre venezolanos, mexicanos o de otras comunidades, respondió que Kamala Harris concedió «amnistía a millones y millones de personas que no tienen derechos legales para estar en el país y eso tiene que terminar».

Una encuesta de población salvadoreña en EE.UU. calcula unos 1.4 millones nacidos en El Salvador que residen en Estados Unidos.