Redacción DEM ADMIN

Autor: Yolanda Magaña

  • Gobierno Central: 3 instituciones con recorte y 24 instituciones aparecen con aumento en presupuesto 2026

    Gobierno Central: 3 instituciones con recorte y 24 instituciones aparecen con aumento en presupuesto 2026

    Un total de 24 de las 28 instituciones del Gobierno Central aparecen con aumento presupuestario, mientras solo tres presentan un recorte en el proyecto de Ley de presupuesto general del Estado 2026 entregado por el Ministerio de Hacienda el 30 de septiembre pasado a la Asamblea Legislativa.

    Los ministerios de Gobernación y Economía, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentan un recorte.

    Los mayores aumentos porcentuales los recibe el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con aumentos del 79 %, 48 % y 40 %, respectivamente, respecto a los fondos asignados en el presupuesto 2025.

    En monto, como ya se publicó, los mayores aumentos se darán al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que tendrá $210 millones más; Salud tendrá $145.5 millones más; Seguridad Pública y Justicia, que tendrá $113.5 millones, y Educación, que tendrá $100 millones más.

    Los siguientes mayores aumentos, en cantidad, los recibirá Agricultura ($72 millones más), la Presidencia de la República ($50 millones más), el Órgano Judicial ($41 millones más), el Ministerio de Hacienda (27 millones) y el Ministerio de Defensa Nacional ($20 millones más).

    El proyecto de presupuesto general del Estado que presentó el Ministerio de Hacienda para el año 2026 es 9.2 % mayor al presupuesto aprobado para 2025, es decir, aumenta de $9,662,997,142 a $10,555,580,928.

    Otras instituciones también recibirán aumentos, aunque en menor cantidad: $16 millones adicionales recibirá Turismo, $5.3 millones la Corte de Cuentas, $5 millones más la Cancillería, $4 millones más el Tribunal Supremo Electoral, $3.1 millones más para el Ministerio de Cultura, $3 millones más para la Fiscalía General de la República, $2.3 millones para Vivienda, $1.7 millones para el Ministerio de Desarrollo Local.

    El resto de instituciones reciben aumentos aunque menores al millón de dólares: $624,932 más para la Procuraduría General de la República, $56,496 más para Trabajo; $46,633 más para Medio Ambiente; $11,103 más para el Consejo Nacional de la Judicatura; $3,876 más para el Tribunal de Ética Gubernamental, $3,285 para el Tribunal de Servicio Civil y $3,022 para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

    El Órgano Legislativo no aumenta ni disminuye su presupuesto.

    La PDDH baja el presupuesto en $1.9 millones, un 17.9 %, de $10.7 millones a $8.8 millones.

    Gobernación bajará de $283.6 millones a $280.9 millones, en un 1 % menos, un recorte de $2.7 millones.

    Economía bajará de $75.2 millones a $64.5 millones, en un 14.2 %.

    El mayor aumento presupuestario ocurre la partida de obilgaciones generales del Estado con un 91.4 % de aumento, de $112.7 millones a $215.8 millones. El pago de la deuda pública baja $351 millones, de $2,784 millones a $2,433 millones.

    El gobierno publicó el proyecto de presupuesto 2026 el 5 de octubre en el Portal de Transparencia Fiscal, días después de presentado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, a la Asamblea Legislativa, el 30 de septiembre.

  • Dictaminan elección de procurador de derechos humanos luego de entrevistar a estos cinco candidatos

    Dictaminan elección de procurador de derechos humanos luego de entrevistar a estos cinco candidatos

    Sin proponer a algún candidato específico, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche del lunes un dictamen favorable para que el pleno elija al procurador de derechos humanos que fungirá entre el 16 de octubre de 2025 hasta el 15 de octubre de 2028.

    Luego de entrevistar a los cinco candidatos, entre estos la procuradora Raquel Caballero de Guevara y el dirigente sindical Roswall Solórzano, quien según la diputada Cesia Rivas, en el reporte entregado a los diputados, apareció con cinco procesos en la Fiscalía General de la República de los cuales cuatro están «archivados» y uno está abierto. Solórzano le respondió el caso informado como «activo» está «archivado».

    Públicamente aún no se conoce cuál será el nombre propuesto por Nuevas Ideas. En las elecciones de funcionarios de segundo grado, las propuestas del partido oficial coinciden con las que realizan los partidos aliados, PCN y PDC, pero estas las dan a conocer hasta en el pleno legislativo.

    ¿Quiénes son los candidatos a la PDDH y qué dijeron a los diputados?

    1. Raquel Caballero de Guevara: actual procuradora de derechos humanos, elogió el sistema carcelario actual, dijo que no ha recibido ninguna denuncia sobre algún caso de tortura en El Salvador y defendió la reserva de información sobre los viajes que ha realizado como procuradora. Elogió la situación de seguridad actual.

    Puede leer: “No he recibido ningún caso de tortura”, dice procuradora; diputada le menciona 402 casos denunciados en CIDH

    2. Carolina María Hernández de Hernández (ha sido jefa del departamento de denuncias de la PDDH): dijo que tendría una PDDH cercana a la población, elogió el régimen de excepción. Consideró que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos emite resoluciones para los Estados “de carácter moral” y los Estados deben deben cumplir las recomendaciones. Propuso crear un número único de atención para atención integral. Aseguró que la población tiene derecho a conocer qué está haciendo el procurador de derechos humanos como los viajes y cuáles serán los beneficios.

    3. Roswal Gregorio Solórzano Hernández (dirigente sindical y colaborador en Unidad de Monitoreo del Órgano Judicial). Dijo que tiene “179 organizaciones sociales”, que participa en una asociación de “abogados populares” y que están “incursionando” también en el tema migratorio. Defendió el régimen de excepción. Dijo que hay que valorar “el daño colateral” y “la realidad que está viviendo el pueblo salvadoreño en este momento”. Criticó reclamos de organizaciones que sostienen captura de personas inocentes sin revisar los “expedientes”, criticó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hay que revisar el sistema interamericano, revisen cómo está conformada la CIDH”, dijo.

    La diputada Cesia Rivas aseveró que Roswal Solórzano tiene cinco expedientes en Fiscalía General de la República, cuatro archivados y un activo por “desacato y divulgación de la imagen de persona protegida”. Rivas le pidió explicar el caso activo.

    “Ese expediente está archivado, lo juro frente al pueblo”, dijo Solórzano. Añadió que un juez de San Miguel lo denunció porque él dijo que el funcionario maltrató a empleados pero añadió que un fiscal le notificó en abril pasado que el caso quedaba archivado.

    4. Walter Edgardo Fuentes Rodríguez (procurador de defensa pública penal): como primera acción haría una revisión al cuerpo legal “desfasado” con un “FODA”, propuso la creación de defensorías móviles y un comité para la atención integral a víctimas de desapariciones forzadas. Dijo que haría mesas de trabajo interinstitucionales para hacer propuestas al Estado salvadoreño, ante la pregunta si presentaría una ley de justicia transicional. También propuso capacitación en Inteligencia Artificial y transparencia.

    5. David Oswaldo Escobar Meléndez (juez de cuentas en la Corte de Cuentas): propuso una “reingeniería”, uso de herramientas tecnológicas, promoción de derechos humanos, interrelación con el Ministerio Público y mantener «la mejor comunicación» con las instituciones del Estado. No quiso opinar sobre la reserva de información de los viajes de la actual PDDH dirigida por Raquel Caballero de Guevara. «Hay factores para hacer una reserva de información, no podría yo decir si se ha hecho una reserva excesiva», arguyó.

  • “No he recibido ningún caso de tortura”, dice procuradora; diputada le menciona 402 casos denunciados en CIDH

    “No he recibido ningún caso de tortura”, dice procuradora; diputada le menciona 402 casos denunciados en CIDH

    La actual procuradora de defensa de derechos humanos de El Salvador, Raquel de Guevara, aseguró que no tiene reportes de ningún caso de tortura en las cárceles salvadoreñas, algo que fue cuestionado por la diputada Cesia Rivas, de Vamos.

    “No he recibido ni un caso de tortura en este periodo”, aseguró la funcionaria, este lunes, en su entrevista como candidata a su segunda reelección en el cargo.

    Entre las cifras que proporcionó, la funcionaria mencionó que la PDDH tiene 3,379 expedientes en investigación y ha recibido 19,935 solicitudes de personas privadas de libertad.

    Guevara aseguró que ha visitado los centros penales y se declaró “impresionada” e “impactada”: en el centro penal La Esperanza, dijo, vio orden y limpieza, cultivos hidropónicos, “ya hay lechugas y repollos”.

    En el centro penal de Apanteos, en Santa Ana, dijo que “lo impresionante” es que no vio a ninguna de las privadas de libertad “con esposas”, las celdas estaban vacías y todas estaban en distintas actividades.

    “Otra de las cosas que me impactaron”, dijo, “es la autosostenibilidad”. Indicó que “todos” los 3,700 privados de libertad en el penal de Quezaltepeque “reciben atención médica” y en donde, reveló, “hay pacientes renales 1, 2, 3 y 4. Comentó posteriormente que encontraron a un privado de libertad que “él solo se estaba haciendo la diálisis”.

    Agregó que “una de las cosas bastante impresionantes” es la fábrica del centro industrial penitenciario en donde 3,000 privados de libertad confeccionan uniformes para distintas instituciones.

    “No hay motines. Ahora la situación es completamente diferente”, indicó.

    “Vulneración sistemática” del Estado

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, le respondió que desde el acuerdo de paz de 1992 no había habido una vulneración sistemática por parte del Estado como la que se está viviendo ahora con el régimen de excepción.

    Le dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH reportó 4,825 detenciones arbitrarias, 402 casos de tortura, 193 desapariciones forzadas y más de 300 muertes bajo custodia estatal en 2024.

    Le dijo también que el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) reportó entre marzo de 2022 a 2023 que hubo 3,319 menores detenidos de los cuales fueron entrevistados 66 liberados y muchos reportaron maltratos, hacinamiento, hambre, abuso sexual, tortura y fueron obligados a realizar confesiones falsas.

    Rivas le aclaró que se refería a las vulneraciones por parte del Estado, ya que todos saben la violencia que provocaron las pandillas.

    “Yo tengo otra versión de los hechos”

    “Yo tengo otra versión de los hechos. Cuando el Estado permite que en el año 2015 haya muchos asesinatos, incluso más de 3,000 asesinatos al mes, es un Estado fallido, venimos de situaciones realmente graves”, le respondió la procuradora.

    Guevara dijo que el gobierno actual ha implementado el régimen de excepción que tiene “rango constitucional”.

    Indicó que si hay alguna situación en los centros de resguardo de menores “hay procesos que se han impulsado para investigar esos casos”.

    Le piden levantar reserva a viajes a la procuradora

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista, le preguntó sobre qué protección realiza sobre los despidos en la institución, las acciones sobre las desapariciones denunciadas y los avances sobre el caso del fraude de la Cooperativa de Santa Victoria (Cosavi).

    La diputada también le preguntó sobre la reserva de información de los viajes realizados en la PDDH. “Quiten esas reservas”, le sugirió.

    “Varias personas nos decían qué está haciendo la PDDH para ayudarles a que se respeten sus derechos”, indicó.

    Guevara respondió que está tratando “de optimizar recursos, ya tenemos la seguridad” en el país, “es importante que optimicemos esos recursos”.

    También, le preguntó que si era cierto que había cometido nepotismo y que le había dado plaza a una hijastra suya. Indicó que fue doblemente juzgada por ello y que el ascenso que aprobó era de una persona que ya había sido contratada.

    “Le aseguro mil por mil que no me fui a ningún estadio”, indicó en la comisión sobre sus viajes bajo reserva, también cuestionamiento realizado por la diputada de Vamos. La procuradora justificó la reserva en que la PDDH había recibido «demasiadas solicitudes» de información.

  • CEPA gestiona $17.2 millones con ICO de España para «cúpula envolvente» de terminal en el Aeropuerto del Pacífico

    CEPA gestiona $17.2 millones con ICO de España para «cúpula envolvente» de terminal en el Aeropuerto del Pacífico

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 144 para aprobar que el Estado sea el garante de un préstamo que adquirirá la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para fabricar, suministrar y realizar el montaje de una “estructura envolvente” en la Terminal Beta de pasajeros en el Aeropuerto Internacional del Pacífico en el departamento de La Unión.

    El convenio de crédito para el “Proyecto de suministro e instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador” por $17,188,106 será otorgado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, que para suscribir el contrato requiere la garantía del Estado y gobierno de El Salvador.

    El financiamiento, según su presentación, incluiría la fabricación, el suministro, el montaje y la supervisión de la estructura envolvente.

    Esta cúpula será “una casqueta esférica de aproximadamente de 21 metros de altura con una cubierta de 4,550 metros que presentará dos grandes aperturas acristaladas a los lados que funcionarán como acceso y como fuente principal de iluminación”, en palabras de la subdirectora de inversión del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes.

    La “fase beta”, explicó la funcionaria, incluiría obras de terracería, construcción de edificios auxiliares, construcción del edificio terminal de pasajeros beta, pista de vuelo y calles de rodaje.

    “A fin de avanzar en esta fase beta CEPA ha gestionado este financiamiento con el ICO para la cual requiere la garantía del Estado”, sostuvo este lunes a los diputados de la Comisión de Hacienda, que aprobaron cinco dictámenes: dos reformas presupuestarias, dos autorizaciones de préstamo y la garantía soberana.

    Para la construcción del aeropuerto, CEPA ha recibido fondos, también, de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta $320 millones, que también financia un aeródromo en Sonsonate y la remodelación del Aeropuerto de Ilopango. El Estado salvadoreño debe pagar este préstamo en un plazo de 15 años.

    En marzo de 2025, la Asamblea Legislativa incorporó $157,745,589 de financiamiento para ejecutar obras en el Aeropuerto Internacional del Pacífico, fondos con los cuales se tendría un avance de entre el 60 y 70 % en las obras de terracería según CEPA.

    Presentación sobre la cúpula del Aeropuerto del Pacífico, que será financiada por el ICO de España.
  • Autorizan préstamo de BCIE de $65 millones para estas obras de infraestructura y tratamiento de agua en zona de playas de La Libertad

    Autorizan préstamo de BCIE de $65 millones para estas obras de infraestructura y tratamiento de agua en zona de playas de La Libertad

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen 142 para autorizar al Ministerio de Hacienda a que suscriba un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que financiará el programa «Surf City fase II» en el departamento de La Libertad por $65 millones.

    El plazo del financiamiento de este préstamo es 20 años y tendría 4 años de gracia. El ejecutor del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP).

    La subdirectora de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, dijo que los fondos servirán “para mejorar la infraestructura vial y el tratamiento de aguas residuales en la zona turística y costera de La Libertad”.

    Se espera mejorar las condiciones de infraestructura para la movilidad de personas y mercancías como un eje de atracción para oportunidades de negocio, para fines turísticos y también para efectos residenciales, constituyéndose en un ancla para atraer visitantes. También mejorar las condiciones de salubridad en las playas.

    Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público.

    Reyes sostuvo que los objetivos específicos del proyecto son: “mejorar las condiciones de la infraestructura vial para el transporte de carga y de personas a fin de estimular la inversión privada y la competitividad favoreciendo el acceso a zonas de producción y el turismo” y también “disminuir los niveles de contaminación en ríos, bocanas, playas a través de implementación de redes de saneamiento y aguas residuales”.

    ¿Qué incluye el programa Surf City fase II financiado por el BCIE con $65 millones?

    Estudios de diseño de obras

    El préstamo financiará estudios de diseño final de las siguientes obras:

    -Red de alcantarillado

    -Planta de tratamiento de aguas residuales

    -Diseño actualizado de un puente sobre el río Huiza.

    -Estudios topográficos

    -Metodología hidrológica e hidráulica

    -Planes de reingeniería

    Mejoras en infraestructura

    Mejoramiento de infraestructura pública en el Litoral del departamento de La Libertad mediante obras viales y sistemas de saneamiento:

    -Ampliación de la carretera CA-2 de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la residencial Xanadú hasta El Zonte, sobre la vía costera Surf City de La Libertad.

    -Construcción de aceras.

    -Bahía para autobuses.

    -Miradores.

    -Zonas de estacionamiento.

    -Retornos en U.

    -Ciclovías.

    -Construcción de puentes sobre el río Huiza, en el cantón Melara, así como en El Palmar y en El Zonte.

    Mejoramiento de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

    -Mejoramiento de sistema de alcantarillado y sanitario, y tratamiento de aguas residuales en las playas El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera.

    -Construcción de sistema de alcantarillado y sanitario, y tratamiento de aguas residuales en San Diego, Cangrejera, y caseríos Melara, Santacruz y San Alfredo.

    Monitoreo de tráfico

    -Gestión de movilidad inteligente para mejorar el flujo de tráfico y seguridad, antenas para monitoreo y evaluación del tráfico.

    -Medidas de adaptación climática: integración de medidas en la infraestructura vial y el sistema de tratamiento de aguas residuales, que incluye instalación de sistemas de drenaje, barreras naturales, sistemas de tratamiento de aguas residuales e incorporación de carriles para bicicletas y aceras accesibles.

    -Supervisión de las obras, auditoría externa y administración del programa.

  • Así explicó Hacienda el refuerzo de $113.2 millones para 13 instituciones en presupuesto 2025

    Así explicó Hacienda el refuerzo de $113.2 millones para 13 instituciones en presupuesto 2025

    La subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, llegó este lunes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa a explicar un refuerzo presupuestario que tendrán 13 instituciones entre las cuales están Presidencia, Seguridad Pública y el Ministerio de Agricultura (MAG) para el año 2025.

    Los diputados aprobaron el dictamen 141 para aprobar la reforma.

    “Actualmente varias instituciones del sector público tienen diversos compromisos que son prioritarios e impostergables, totalizan un monto de 13 millones doscientos mil dólares”.

    Laura Michelle Arce, subdirectora de presupuesto de Hacienda.

    La subdirectora Arce No detalló si los fondos provienen de fondos propios o deuda e insinuó que algunos de los recursos se usarán para funcionamiento institucional, así:

    Aseguró que en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se necesita el refuerzo para “fortalecimiento institucional” y que la Procuraduría General de la República (PGR) requiere $2 millones “para dar cumplimiento al mandato constitucional de facilitar el servicio de defensa pública en diferentes áreas”, principalmente en sectores vulnerables.

    Agregó que la FGR requiere $8 millones más para combatir la criminalidad y para instalar el Centro Nacional Anticorrupción.

    Para Medio Ambiente y Recursos Naturales se asignarán $500,000 para adaptación a cambio climático en sectores vulnerables.

    El Ministerio de Educación ocupará su refuerzo de $2.5 millones para “servicios de atención integral” para la primera infancia en cumplimiento de la Ley Crecer Juntos.

    Arce, sin profundizar en los detalles del gasto, dijo que el Ministerio de Turismo ocupará los $2,650,000 para actividades de Surf City El Salvador y “promoción del turismo en eventos internacionales”.

    También, Obras Públicas y Transporte ocupará un refuerzo de $2 millones para proyectos de “infraestructura vial, social y productiva”.

    El Ministerio de Cultura, según la subdirectora, usará $3.86 millones para “fortalecimiento institucional” y “revitalizar espacios culturales”.

    También, indicó que Economía también recibirá $6.5 millones para promover la inversión internacional.

    Relaciones Exteriores recibirá $10 millones adicionales “para fortalecer el óptimo funcionamiento de las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior”, sin detallar para qué específicamente se utilizarán los fondos.

    En Seguridad Pública, la funcionaria dijo que los $17 millones serán para apoyar “todas las acciones encaminadas a incrementar la seguridad pública, consolidar el Plan Control Territorial y el Plan Cero Ocio, entre otros”.

    Un total de $26 millones se destinarán “para reactivar el sector agropecuario a nivel nacional y fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos para la población”. No mencionó si se incorporarán a los agromercados, que buscan ofrecer productos de primera necesidad a menor precio.

    Aseveró que los $32 millones de la Presidencia de la República que se destinarán se ocuparán “para continuar ejecutando los planes y políticas que permitan el desarrollo económico y social del país”. Tampoco especificó para qué específicamente se usarán dichos fondos.

    ¿De dónde provienen los fondos?

    La subdirectora, sin detallar el origen de los fondos, dijo que “se han identificado asignaciones disponibles hasta por un monto de $113.2 millones que pueden reorientarse para reforzar las instituciones antes relacionadas”.

    El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, intentó indagar el origen de los fondos y lanzó la pregunta a la subdirectora Arce de dónde provenían los fondos, así:

    “Nos gustaría que quedara claro si este es un excedente por la recaudación o si es una asignación que se está haciendo entre las instituciones para poder reforzarlas y que algunas necesitan, esto quiere decir que los fondos ya estaban asignados en el presupuesto 2024 (sic)”.

    Geovanni Zaldaña (Nuevas Ideas).

    Recientemente, el presupuesto de 2025 recibió un refuerzo presupuestario de préstamo de $250 millones del Banco Mundial que se incorporó a la partida de “Obligaciones generales del Estado” y que Hacienda no detalló para qué lo utilizaría. El refuerzo del préstamo, al parecer para funcionamiento estatal, está vigente desde septiembre. El Banco Mundial tampoco ha publicado el destino de este préstamo.

    La subdirectora le respondió al diputado Zaldaña que es una «reasignación» aunque no detalló si la asignación disponible en Hacienda proviene de excedentes de impuestos o de deuda.

    “Se trata de una reasignación de recursos, estos recursos se encuentran programados en el presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda, así que es una reasignación de recursos”, contestó la subdirectora Arce.

    Posteriormente, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen 141 que decreta la reforma al presupuesto general del Estado 2025 con el fin de reforzar estas 13 instituciones.

    Presentación realizada por la subdirectora de presupuesto de Hacienda de El Salvador, el 6 de octubre, en la Comisión de Hacienda.
  • Presupuesto 2026 baja más de 700 plazas en Gobierno Central pero aumenta monto en planilla y remuneraciones

    Presupuesto 2026 baja más de 700 plazas en Gobierno Central pero aumenta monto en planilla y remuneraciones

    El Gobierno Central presenta 775 plazas menos, un aumento el planilla salarial de $11.8 millones y de $85.8 millones en remuneraciones, en el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026.

    El proyecto de presupuesto presenta 775 plazas menos –572 plazas por Ley de Salarios y 203 por contrato– aunque el monto de gasto en dichos salarios es $11.8 millones mayor que 2025. La diferencia exacta es $11,876,890.

    El Gobierno Central ha incluido un total de 127,874 plazas en el presupuesto general del Estado de 2026, de las cuales 107,733 están reguladas por Ley de Salarios y 20,141 por contrato.

    El gasto en planilla anual, según el sumario de plazas a tiempo completo contenido en el proyecto de ley, suma aproximadamente $1,539 millones ($1,539,046,025), un poco más el monto contenido en la ley de 2025.

    En la Ley de presupuesto de 2025, siempre en el Gobierno Central, se registran 128,649 plazas, 108,305 por Ley de Salarios y 20,344 por contrato, equivalente a un gasto anual en salarios de $1,527 millones ($1,527,169,135).

    Gasto en remuneraciones

    En el proyecto presupuesto 2026, se prevé un gasto en remuneraciones de $2,457 millones ($2,457,679,397) en todo el año; mientras que en la Ley de presupuesto de 2025 se aprobaron $2,371 millones para remuneraciones ($2,371,810,728).

    Así, el gasto en remuneraciones considerado para 2026 es $85.8 millones mayor a la ley de presupuesto 2025, una diferencia de $85,868,669, un aumento del 3.6 %.

    Plazas aumentan en Salud, Hacienda, TSE

    Solo en el Gobierno Central, las instituciones que aumentan plazas son el TSE (324 a 413), Instituto de Acceso a la Información Pública (una), Ministerio de Hacienda (3,006 a 3,164), Cancillería o Relaciones Exteriores (1,152 a 1,186), Ministerio de Salud (de 15,042 a 15,677) y Ministerio de Desarrollo Local (de 128 a 158).

    Siempre en el Gobierno Central, disminuyen plazas: Presidencia (de 1,222 a 1,154), Consejo Nacional de la Judicatura o CNJ (2), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o PDDH (442 a 360), ministerios de Gobernación (1,320 a 1,237), Seguridad Pública (35,417 a 34,191), Educación (46,515 a 46,400), Cultura (953 a 947), Vivienda (275 a 271), Economía (249 a 234), Agricultura (572 a 514) y de Obras Públicas (916 a 852).

    En monto de planilla correspondiente a los salarios del personal contratado por Ley de Salarios y también por contrato, aumentan las siguientes instituciones: el TSE aumenta de $5.2 a $6.5 millones; el IAIP aumenta su costo de planilla de $922,045 a $991,200; Hacienda aumenta de $45.1 a $47.9 millones; Relaciones Exteriores, de $38.6 a $39.6 millones; Educación, de $519.5 a $519.9 millones; Salud, de $226.1 a $245 millones; y Desarrollo Local, de $2 a $3.7 millones.

  • Nueva ley antilavado regularía bancos de inversión y proveedores de activos digitales y bitcoin

    Nueva ley antilavado regularía bancos de inversión y proveedores de activos digitales y bitcoin

    El nuevo proyecto de ley contra el lavado de activos dictaminado el viernes por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa incluye entre los sujetos obligados a los proveedores de activos digitales y bitcoin, a los bancos de inversión, así como a los partidos políticos.

    El nuevo proyecto de «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva» establece 10 sujetos obligados, entre los cuales agrega a «proveedores de servicios de activos y proveedores de activos de bitcoin» en el noveno lugar y partidos políticos en el décimo lugar.

    Uno de los compromisos asumidos por el gobierno en el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue presentar antes de agosto de 2025 una nueva ley contra el lavado de dinero que cumpla con la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sugiere identificar lavado en nuevos productos y uso de nuevas tecnologías, incluidos activos virtuales.

    El acuerdo con el FMI también incluye la aprobación de una ley para regular y supervisar las criptomonedas a mediados de diciembre de 2025.

    Según el proyecto de ley, leído el viernes en la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa, los sujetos obligados deben registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República y reportarles las operaciones sospechosas, así como desarrollar planes antilavado y tener un sistema de gestión de riesgos.

    Retoman proyecto de 2023

    El dictamen favorable de nueva ley antilavado, que ajusta los sujetos obligados de la normativa fue retomada del dictamen favorable aprobado el 21 de diciembre de 2023, cuando la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó en donde se eliminaban de los sujetos obligados a inversionistas de instituciones privadas, sociedades mercantiles y de economía mixta, y a importadores o exportadores agropecuarios, y agregan a proveedores de servicios de activos virtuales y digitales, y personas dedicadas a transporte de mercaderías.

    En ese entonces, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad argumentaron que buscaban la inclusión financiera. En esa ocasión, la normativa fue recibida por el pleno el 20 de diciembre y su dictamen favorable fue aprobado un día después.

    El viernes 3 de octubre, los diputados retomaron el proyecto, reuniéndose públicamente con el fiscal pero también con la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias.

    El pasado 9 de enero de 2024, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseveró que incluirían a constructoras, droguerías, farmacéuticas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y gremiales como sujetos obligados en ley antilavado.

    Excluidos: sociedades, inversionistas

    En comparación con la normativa actual, quedan excluidas de los sujetos obligados las sociedades o empresas de cualquier tipo, los importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios, importadores de vehículos nuevos o usados, casas de empeño, empresas constructoras, empresas privadas de seguridad, importadores de armas de fuego, empresas hoteleras, agencias de viajes, empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, proveedores de servicios societarios, organizaciones no gubernamentales, inversionistas nacionales e internacionales, droguerías, laboratorios y farmacias, asociaciones, consorcios y gremios, instituciones privadas o de economía mixta y sociedades mercantiles.

    También, fue redefinida la inclusión de los abogados, contadores y auditores, con lo cual se excluyen aquellos que no realicen actividades para sus clientes relacionados a compra y venta de inmuebles, administración de dinero o valores o de cuentas bancarias, creación de empresa o compra y venta de entidades comerciales.

  • Gobierno lleva ejecución presupuestaria del 64 %, préstamos con ejecución del 12 %

    Gobierno lleva ejecución presupuestaria del 64 %, préstamos con ejecución del 12 %

    Las instituciones del Gobierno Central llevan una ejecución presupuestaria del 64 % del presupuesto general del Estado 2025 hasta agosto, según el informe de la ejecución presupuestaria de gastos del Ministerio de Hacienda publicado el 1 octubre.

    De estos fondos, llevan una ejecución más avanzada los provenientes del Fondo General, de los cuales se han ejecutado un 73.4 % de los $8,440.2 millones programados para el año 2025. El Fondo General conforma el 97.03 % de la ejecución presupuestaria.

    En contraste, los fondos provenientes de préstamos externos programados en el presupuesto 2025, un total de $1,517.6 millones, han sido ejecutados en un 12.3 % hasta agosto, es decir, $187.4 millones.

    Hacienda muestra en su informe que los préstamos externos apenas ocupan el 2.94 % de los fondos devengados de enero a agosto de 2025, y las donaciones apenas ocupan el 0.3 %.

    Las instituciones que reportaron una mayor ejecución de su programado son, en ese orden: el Ministerio de Relaciones Exteriores, que reportó que ya ejecutó o gastó el 87.7 % de su presupuesto programado; además de tres instituciones que muestran una ejecución del 66 %: Defensa, Trabajo y Procuraduría General de la República.

    Reportan menor ejecución, pero siempre sobre el 50 %. Presidencia de la República, Gobernación, Seguridad, Educación, Salud, Cultura, Agricultura, Medio Ambiente, Fiscalía, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Servicio Civil, Instituto Acceso a la Información Pública y Consejo Nacional de la Judicatura.

    Las instituciones con menor ejecución presupuestaria son el Ministerio de Economía, Desarrollo Local, Ministerio de Turismo, Vivienda y Obras Públicas.

    El informe indica que el rubro de menor ejecución es la inversión en activos fijos, con una ejecución del 16 % y la inversión en capital humano, con un 22.5 %.

    El monto total del presupuesto estatal 2025 ha aumentado de $9,663 a $9,982.6 millones, luego de que haya sido modificado en $319.6 millones hasta agosto. Hasta julio, las modificaciones sumaban $317.4 millones.

    De $1,517.6 millones de fondos provenientes de préstamos incluidos en el presupuesto 2025, se han comprometido $376.7 millones y hay disponibles $1,140.9 millones. El Fondo General, en su mayoría utilizado para el funcionamiento del Estado, dispone de $1,671 millones y se han comprometido ya $6,769.2 millones.

  • Bukele reitera defensa a destitución de jueces en El Salvador y dice EEUU no debe rendir cuentas “a nadie”

    Bukele reitera defensa a destitución de jueces en El Salvador y dice EEUU no debe rendir cuentas “a nadie”

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reiteró esta tarde su defensa en X la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional realizada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021.

    “Cuando destituimos a los jueces corruptos de nuestro país, enfrentamos una fuerte reacción de la llamada ‘comunicación internacional’, incluida la administración Biden. Lo hicimos de todos modos, porque era la única manera de salvar nuestro país”, escribió en X, en inglés.

    Bukele sugirió que Estados Unidos no debe darle explicaciones a nadie, en respaldo a la sugerencia del empresario Elon Musk de destituir a los jueces para “restaurar el poder en Estados Unidos”.

    “Estados Unidos, sin embargo, no tiene por qué rendir cuentas a nadie”, comentó Bukele, este domingo, retomando un comentario propio sobre el consejo de Elon Musk al gobierno estadounidense para destituir a los jueces de ese país.

    “La única manera de restaurar el poder en Estados Unidos es destituir a los jueces. Eso fue lo que se necesitó para arreglar El Salvador. Lo mismo aplica a Estados Unidos”, decía Elon Musk, el 25 de febrero, a lo que en ese entonces, Bukele advirtió que, si no los destituyen, “formarán un cártel y bloquearán todas las reformas”.

    La legislatura salvadoreña, en su primer día de gestión luego de que el partido de Bukele ganara la mayoría, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por frenar órdenes ejecutivas emitidas durante la pandemia covid-19, entre otras razones. La destitución está siendo analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de una demanda por la violación a derechos humanos de dos de los magistrados destituidos.