Autor: Yolanda Magaña

Un 52 % de los latinoamericanos cree que la situación económica y la de su familia será mucho mejor o un poco mejor de la que tenía a finales del año pasado. En El Salvador, ese optimismo respecto a su economía familiar lo tiene también un 52 % de la población.

Con ello, El Salvador no se vuelve el país más optimista ni el más pesimista respecto a su situación económica familiar, según el informe Latinobarómetro 2024 realizado en diciembre con más de 19,000 entrevistas en encuestas nacionales.

El optimismo económico familiar es mayor en Costa Rica (58 %), México (59 %) y Guatemala (60 %) que en El Salvador.

Los datos 2024 sugiere que en las sociedades latinoamericanas el optimismo sobre el futuro de la economía personal y familiar es alto, pero la confianza en la economía del país se mantiene baja. Latinobarómetro 2024.

Los países más optimistas sobre su situación económica familiar, sin embargo, son República Dominicana y Panamá, en donde el 74 % cree que su situación mejorará. Son seguidos de cerca de Paraguay (67) y Brasil (64).

Abajo del promedio, se colocan los países más pesimistas: solo el 30 % de los chilenos cree que mejorará su economía, los bolivianos (36) y argentinos (37) no logran una mayoría optimista. En Ecuador, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y Honduras, tienen una proporción de población optimista que oscila entre 45 % al 51 %.

Situación económica del país: 37 % región y 48 % en El Salvador

Por otra parte, el 37 % de los latinoamericanos cree que en los próximos 12 meses la situación económica del país será mucho mejor o un poco mejor. Nuevamente, los países más optimistas son Panamá y República Dominicana (73 y 56 %) pero son seguidos de México (50 %) y El Salvador (48 %).

Al final del año 2024, los salvadoreños siguieron creyendo que el principal problema de El Salvador es la economía o problemas relacionados con esta, como la falta de empleo.

La encuesta publicada el 23 de diciembre por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló que el 44.3 % consideró que es la economía y el 16.4 % afirmó que es el desempleo. Esta encuesta fue realizada entre el 5 y el 17 de diciembre, con un error muestral de 2.75 % y 95 % de confianza.

En la misma encuesta de Latinobarómetro, pocos califican la situación económica de muy buena o buena, un 26 % en El Salvador.

Un total de 10,048 salvadoreños cayeron en 2023 en el desempleo según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec), luego de que las personas desocupadas, sin empleo pero que buscan, disminuyó de 151,352 en 2022 a 161,400 en 2023.

La proyección económica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para El Salvador es del 3 % al cierre de 2024 y 3 % para el año 2025. Sin embargo, el 16 de diciembre, el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy, previó que la economía salvadoreña crecerá 2 % –o menos– al cierre de 2024.

El procurador general de la República, René Escobar Álvarez, aprobó el 16 de diciembre un reglamento de viáticos para gastos de alojamiento y alimentación de funcionarios o empleados que participen en misiones oficiales dentro –en un radio mayor a 15 kilómetros– o fuera del país.

Los viáticos son definidos por el reglamento como la cuota diaria para gastos de alojamiento y alimentación, y se diferencia de los gastos de transporte.

Los viáticos por servidor público para misión nacional son $4 por tiempo de alimentación si su misión dura un mínimo de tiempo como 4 o 6 horas; estos pueden subir a $7 u $8 por dos tiempos o a $11 para tres tiempos. Si en estos casos deben pernoctar recibirían $30 por noche.

El reglamento fue aprobado un día antes de que la Asamblea Legislativa aprobara el presupuesto general del Estado 2025 con varias disposiciones de austeridad, como un recorte de plazas que afectó a la Procuraduría General de la República (PGR), la suspensión de nuevas contrataciones, suspensión de incrementos salariales, prohibición de creación de plazas nuevas y suspensión de nuevas prestaciones o beneficios a los empleados del Estado.

Para las misiones internacionales, se establecen las siguientes cuotas de viáticos (alojamiento y alimentación)

Cuota diaria por persona para misiones oficiales (alojamiento y alimentación):

Procuradores general y adjunto:

Centroamérica y Belice: $300

México Canadá, EE.UU., América del Sur y El Caribe: $400

Europa, Asia, África y Oceanía: $500

Procuradores auxiliares, especializados, secretarios, directores y gerentes:

Centroamérica y Belice: $270

México Canadá, EE.UU., América del Sur y El Caribe: $350

Europa, Asia, África y Oceanía: $400

Servidores públicos en general:

Centroamérica y Belice: $250

México Canadá, EE.UU., América del Sur y El Caribe: $300

Europa, Asia, África y Oceanía: $375

Además, recibirán fondos para gastos de salida y regreso del viaje:

Centroamérica y Belice: dos cuotas de viáticos, una de salida y otra para el regreso. Sumaría $500 a $600.

México Canadá, EE.UU., América del Sur y El Caribe: tres cuotas de viáticos, cuota y media de salida y cuota y media para el regreso. De $900 a $1,200.

Europa, Asia, África y Oceanía: cuatro cuotas de viáticos, dos de salida y dos para el regreso. Oscilaría entre $1,500 a $2,000.

Gastos terminales:
$60.

En el reglamento aprobado y firmado por el procurador, se establece que los nuevos montos de viáticos deberán ser revisados “periódicamente para adecuarlas al costo de vida” y que el transporte aéreo será clase económica, salvo casos autorizados por el procurador, al considerar la duración del vuelo.

Para los pagos de viáticos, la PGR no exigirá comprobación de gastos en concepto de viáticos, gastos de viaje y gastos terminales en las misiones oficiales al exterior.

Durante el año 2024, la PGR registró un gasto de $16,206.50 en viáticos y pasajes por viajes.

El procurador recibió $330 por viáticos por gasto de terminal y de viaje en un viaje del 23 al 25 de enero de 2024 a la ciudad de Panamá, Panamá, a la segunda semana de “Seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana”.

De abril a mayo, la PGR erogó un total de $10,052.50, $4,530 para pasajes y $5,522.50 en viáticos. Durante ese periodo, el procurador viajó del 7 al 9 de mayo a Asunción, Paraguay, para participar en reuniones de la Asociación Interamericanas de Defensorías Públicas (Aidef), con una asignación de $1,245 en viáticos. El procurador de Defensa Pública recibió por el mismo periodo $945 de viáticos.

De julio a septiembre, la PGR erogó también $902 en pasajes y $4,922 en viáticos.

En Colombia, se desarrolló del 8 al 12 de julio un intercambio de experiencias con instituciones colombianas, en donde participaron cuatro funcionarios que recibieron uno, $645, y los otros tres, $465 de viáticos.

También se registra dos viaje del 12 al 16 de agosto a Dallas, Texas, EE.UU. con $307.50 de viáticos para cada una de dos participantes.

El procurador general de la República, René Escobar Álvarez, aprobó el 16 de diciembre un reglamento de viáticos para gastos de alojamiento y alimentación de funcionarios o empleados que participen en misiones oficiales dentro –en un radio mayor a 15 kilómetros– o fuera del país.

Los viáticos son definidos por el reglamento como la cuota diaria para gastos de alojamiento y alimentación, y se diferencia de los gastos de transporte.

Los viáticos por servidor público para misión nacional son $4 por tiempo de alimentación si su misión dura un mínimo de tiempo como 4 o 6 horas; estos pueden subir a $7 u $8 por dos tiempos o a $11 para tres tiempos. Si en estos casos deben pernoctar recibirían $30 por noche.

El reglamento fue aprobado un día antes de que la Asamblea Legislativa aprobara el presupuesto general del Estado 2025 con varias disposiciones de austeridad, como un recorte de plazas que afectó a la Procuraduría General de la República (PGR), la suspensión de nuevas contrataciones, suspensión de incrementos salariales, prohibición de creación de plazas nuevas y suspensión de nuevas prestaciones o beneficios a los empleados del Estado.

Para las misiones internacionales, se establecen las siguientes cuotas de viáticos (alojamiento y alimentación)

Cuota diaria por persona para misiones oficiales (alojamiento y alimentación):

Procuradores general y adjunto:

1. Centroamérica y Belice: $300

2. México Canadá, EE.UU., América del Sur y El Caribe: $400

3. Europa, Asia, África y Oceanía: $500

Procuradores auxiliares, especializados, secretarios, directores y gerentes:

1. Centroamérica y Belice: $270

2. México Canadá, EE.UU., América del Sur y El Caribe: $350

3. Europa, Asia, África y Oceanía: $400

Servidores públicos en general:

1. Centroamérica y Belice: $250

2. México Canadá, EE.UU., América del Sur y El Caribe: $300

3. Europa, Asia, África y Oceanía: $375

Además, recibirán fondos para gastos de salida y regreso del viaje:

1. Centroamérica y Belice: dos cuotas de viáticos, una de salida y otra para el regreso. Sumaría $500 a $600.

2. México Canadá, EE.UU., América del Sur y El Caribe: tres cuotas de viáticos, cuota y media de salida y cuota y media para el regreso. De $900 a $1,200.

3. Europa, Asia, África y Oceanía: cuatro cuotas de viáticos, dos de salida y dos para el regreso. Oscilaría entre $1,500 a $2,000.

Gastos terminales:

$60.

En el reglamento aprobado y firmado por el procurador, se establece que los nuevos montos de viáticos deberán ser revisados “periódicamente para adecuarlas al costo de vida” y que el transporte aéreo será clase económica, salvo casos autorizados por el procurador, al considerar la duración del vuelo.

Para los pagos de viáticos, la PGR no exigirá comprobación de gastos en concepto de viáticos, gastos de viaje y gastos terminales en las misiones oficiales al exterior.

Durante el año 2024, la PGR registró un gasto de $16,206.50 en viáticos y pasajes por viajes.

El procurador recibió $330 por viáticos por gasto de terminal y de viaje en un viaje del 23 al 25 de enero de 2024 a la ciudad de Panamá, Panamá, a la segunda semana de “Seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana”.

De abril a mayo, la PGR erogó un total de $10,052.50, $4,530 para pasajes y $5,522.50 en viáticos. Durante ese periodo, el procurador viajó del 7 al 9 de mayo a Asunción, Paraguay, para participar en reuniones de la Asociación Interamericanas de Defensorías Públicas (Aidef), con una asignación de $1,245 en viáticos. El procurador de Defensa Pública recibió por el mismo periodo $945 de viáticos.

De julio a septiembre, la PGR erogó también $902 en pasajes y $4,922 en viáticos.

En Colombia, se desarrolló del 8 al 12 de julio un intercambio de experiencias con instituciones colombianas, en donde participaron cuatro funcionarios que recibieron uno, $645, y los otros tres, $465 de viáticos.

También se registra dos viaje del 12 al 16 de agosto a Dallas, Texas, EE.UU. con $307.50 de viáticos para cada una de dos participantes.

El 65 % de los salvadoreños afirmaron a Latinobarómetro 2024 que creen que la población del país no dice lo realmente piensa cuando se les pide que expresen su opinión política y que hacerlo tiene consecuencias negativas personales.

A través de otra pregunta, la investigación encontró que solo un 8 % de los salvadoreños dice expresarse a través de redes sociales; un poco más, 14 %, expresa sus opiniones política en familia y 12 % lo hace entre sus amigos. Sin embargo, un 63 % de salvadoreños dijo que no suele opinar en ninguno de los círculos sociales –ni redes, ni familia, ni amigos– índice que ocupa el primer lugar en toda América Latina en autocensura política, que tiene un promedio de 44 % en la región.

El estudio, realizado con encuestas nacionales representativas en 17 países de América Latina, esta percepción de autocensura política de la población ha aumentado en América Latina a través del tiempo, desde un 57 % en 1995 hacia el 66 % en 2024.

Los países con más percepción de autocensura política son Ecuador, Guatemala, Honduras y Colombia en donde oscila entre 80 y 72 % de la población. El país que menos autocensura tendría es Chile, aun con un considerable 52 %.

Latinobarómetro detectó que los latinoamericanos «perciben a las redes sociales como un instrumento que no contribuye a mejorar la política, pues el 35 % dice la empeora, el 45 % la considera neutra respecto de esta actividad y solo un 13 % dice que la mejora».

El 30 % de los salvadoreños creen que las redes sociales empeoran la política y solo un 18 %, que la mejoran. Es en las redes sociales donde mayor cantidad de salvadoreños (73 %) y latinoamericanos (76 %) creen que circula información falsa, más que en televisión, radio y prensa escrita.

Ocho de cada diez salvadoreños (84 %) está de acuerdo o muy de acuerdo con que los empleadores le den prioridad a los nacionales sobre las personas extranjeras cuando hay escasez de empleos.

Por el contrario, solo 14 % está en desacuerdo de que se le dé prioridad a las personas de nacionalidad salvadoreña en los empleos.

La más reciente encuesta de Latinobarómetro indagó esta preferencia en todos los países latinoamericanos.

Esta preferencia por los nacionales es una opinión generalizada en América Latina: en promedio, son 79 % de latinoamericanos que creen que se debe prioridad a sus nacionales.

Es aún mayor en Ecuador (87 %), México (86 %), República Dominicana (86) y Honduras (86) y no baja del 64 %, proporción de uruguayos que piensan en que se debe dar prioridad a sus nacionales.

Ahora, El Salvador, junto a Venezuela, Uruguay, Paraguay, Honduras y Argentina, son los cinco países con menos opinión negativa de los migrantes.

En el mismo estudio se le preguntó a los latinoamericanos si los inmigrantes causan aumento del crimen. Un 26 % creen que los inmigrantes causan crimen pero un 67 % creen que no.

La imagen negativa de los inmigrantes, sin embargo, aumenta en Chile (85 %), Colombia (78), Perú (76), Ecuador (76), Costa Rica (63), Bolivia (62), Panamá (60).

Las encuestas se realizaron a 19,214 personas de 17 países. El estudio tiene un nivel de confianza de 95%, un margen de error de las muestras nacionales entre +/-2.8 y +/-3.1% y de +/- 6.0% en Colombia. Se realizó entre el 23 de agosto al 9 de octubre de 2024.

Un total de 42,125 salvadoreños han sido retenidos por razones migratorias en todo el territorio de Estados Unidos, la mayoría en su frontera sur, de enero a noviembre de 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), por sus siglas en inglés.

La cantidad de retenciones de salvadoreños por causas migratorias viene cayendo desde el año 2021.

La cantidad cayó un 61 % respecto a los 108,185 salvadoreños retenidos en el mismo periodo del año 2021, un 48 % respecto a los 81,067 encontrados en 2022 y un 31.2 % en comparación con los 61,255 salvadoreños en condición migratoria irregular detectados de enero a noviembre de 2023.

Si la tendencia continúa así, las retenciones de la migración irregular salvadoreña podrían disminuir más de un 30 % al final del año 2024 y concluir en unos 45,900 salvadoreños retenidos. Por ahora

Por ahora, en los primeros 11 meses de 2024, las autoridades migratorias estadounidenses llevan retenidos 19,130 salvadoreños menos que el mismo periodo de 2023.

Un 93 % en la frontera sur

La mayoría de migrantes salvadoreños son detectados en la frontera sur en donde el flujo o las retenciones han disminuido un 25 % en un año. Solo en la frontera sur, de enero a noviembre, fueron detectados 39,561 salvadoreños, 93.9 % del total.

El flujo de retenciones sin embargo ha implicado 13,131 salvadoreños menos retenidos en esta zona o una disminución del 24.9 % respecto a los 52,692 detectados en los primeros 11 meses de 2023.

Respecto a años anteriores la caída de la cifra asciende a 40,731 migrantes o 50.7 % menos que los 80,292 de 2022 y 68,008 o 63.2 % menos que los 107,570 de 2021. La estadística del año 2024 solo supera a los 21,054 salvadoreños que fueron retenidos en 2020, en el año de la pandemia, es 87.9 % superior.

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El delito de conducción peligrosa es «excarcelable» reiteró la noche del sábado el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, quien recordó que estos conductores, además de ser detenidos, son multados con $150 y pueden perder su licencia por un año o permanentemente si son reincidentes.

El funcionario enfatizó en que es un delito excarcelable como lo había escrito en X. “Las personas, como la ley anterior, pueden ser liberadas incluso en un plazo aproximado de 72 horas o incluso un poco más de tiempo”, afirmó, en declaraciones a periodistas.

El funcionario recordó que la nueva pena establecida en la reforma al Código Penal para el delito de conducción peligrosa es de 2 a 5 años de prisión y, si comete homicidio culposo, la pena por el delito de conducción peligrosa puede subir hasta 10 años de prisión si es cometido en vehículo particular y hasta 15 años de prisión si es cometido en transporte colectivo o de carga.

¿Pero cuándo un conductor podrá ser liberado y no enviado a prisión luego de su detención inicial?

Diario El Mundo consultó a dos abogados, quienes explicaron que el término “excarcelable” ya no se utiliza, pero sí detallaron los casos en los cuales el juez puede o no sustituir la prisión al imputado luego de su detención administrativa inicial. Cada disposición depende de la decisión del juez y también de condiciones específicas:

¿Suspensión condicional del procedimiento?

No hay claridad si aplica o no la suspensión del procedimiento en el delito de conducción peligrosa. El abogado Carlos Avelar explicó que la figura de “suspensión condicional del procedimiento” se aplica cuando “no excede la pena de los tres años” de prisión.

El artículo 24 del Código Procesal Penal dice que aplica la “suspensión condicional del procedimiento” cuando son “delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad” y en donde el imputado admite los hechos y haya reparación.

Otro abogado consultado por Diario El Mundo aseguró que “la suspensión solo opera cuando la pena de prisión excede de tres años”. “Si el juez estima que la condena debe ser mayor a 3 años ya no se puede conceder la suspensión, entonces, en el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, como la pena puede llegar hasta 5 años, el acceso a la figura de suspensión dependerá de acordar o recibir una pena mayor a 3 años”, explicó el abogado.

Según el abogado Carlos Avelar, como el delito de conducción peligrosa tiene penas de 2 a 5 años de prisión, “no cabe en la suspensión condicional de procedimiento porque la supera los tres años”. “No va a gozar de la suspensión condicional del procedimiento, solo le quedaría procedimiento abreviado y el juez puede decretar medidas cautelares”, indicó.

Procedimiento abreviado

Sin embargo, el abogado Carlos Avelar ve posible un “procedimiento abreviado”, en donde se condena al imputado a una pena menor; el fiscal, el imputado y la defensa deben estar de acuerdo.

Esto es regulado por el artículo 417 del Código Procesal Penal, que señala que el imputado acepta los hechos y recibe una condena entre la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena establecida por la ley.

Medidas para sustituir la prisión: arraigos

Las medidas para sustituir la prisión provisional pueden aplicarse aunque el delito tenga una pena superior a tres años dice el artículo 331 del Código Procesal Penal. Este autoriza al juez a dictar una “medida cautelar alterna” si se cree que el imputado “no tratará de sustraerse a la acción de la justicia”. Este artículo regula los delitos en donde no puede aplicarse medidas alternas: homicidios, robos, extorsión, tráfico, delitos de drogas.

“Eso quiere decir que el proceso continúa, pero la persona puede quedar en libertad si establece los arraigos (domiciliar, familiar y profesional, social), pero eso queda a criterio del juez, el juez debe determinar si la persona es fiable”, explicó el abogado Carlos Avelar.

Reemplazo de penas no mayores a tres años de prisión

El artículo 74 del Código Penal faculta al juez a “reemplazar las penas de prisión mayores de seis meses y que no excedan de un año por igual tiempo de arresto de fin de semana, de trabajo de utilidad pública o multa” o “sustituir las superiores a un año y que no excedan de tres años por igual tiempo de arresto de fin de semana o de trabajo de utilidad pública”.

Suspensión condicional de la ejecución de la pena

Llegado a un procedimiento abreviado o vista pública, y si el imputado es condenado a menos de tres años de prisión, también pueden disculparle la ejecución de la pena, explicó el abogado.

“En los casos de pena de prisión que no exceda de tres años… el juez o tribunal podrá otorgar motivadamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dejando en suspenso su cumplimiento por un periodo de prueba de dos a cinco años, atendiendo las circunstancias personales del condenado, las del hecho y la duración de la pena”, dice el artículo 77 del Código Penal.

El delito de conducción peligrosa tiene penas entre 2 y 5 años de prisión según la reforma al Código Penal, que pueden llegar a 10 años si provoca un homicidio culposo en vehículo automotor y hasta 15 años si provoca un homicidio culposo en transporte colectivo o de carga. La reforma aprobada el 20 de diciembre también incluyó un cambio al artículo 38 del Código Penal que impide que se extinga la acción penal del homicidio culposo causado por un conductor peligroso, exclusivamente por el consumo de alcohol, aunque haya conciliación o mediación.