Autor: Yolanda Magaña

El Salvador y Venezuela son los países que más se ubican en una ideología de derecha, y México es el único inclinado a la izquierda, de acuerdo con el informe de Latinobarómetro 2024 publicado este diciembre.

A una muestra de 19,214 personas entrevistadas en 17 países, Latinobarómetro le preguntó dónde se ubica ideológicamente en una escala en donde 0 es la izquierda y 10 es la derecha. El promedio de ubicaciones de los salvadoreños resultó en 6.8, más a la derecha; seguido del 6.6 que promediaron los venezolanos, del 6.2 que resultó de los dominicanos y del 6.1 de los hondureños.

Las poblaciones de Panamá, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia se ubican arriba del punto central, que es 5.0. Chile y Uruguay se ubican exactamente en el centro, con 5.0, y solamente México logra un promedio de 4.4.

En consecuencia, El Salvador aparece como el país con menor porcentaje de población ubicada a la izquierda, con un 8 %; Argentina, con un 13 %, y Venezuela y Panamá, con 15 %. La mayor cantidad de población que se ubica en la izquierda está en México, un 31 %.

Las proporciones son mucho mayores cuando se declaran a la derecha: un 49 % de la población en Venezuela y República Dominicana, un 45 % en El Salvador, un 43 % en Honduras y un 39 % en Panamá.

El informe señala una derechización generalizada en América Latina ya que el promedio ha pasado de una posición central de 5.0 que se registró en el año 2020 a 5.2 en 2023 y, luego pasó un poco más a la derecha, a 5.4 en 2024. La inclinación a la derecha, sin embargo, no llega al 5.9 que logró en 1998.

En 2023, en El Salvador, un 11 % de la población se ubicaba a la izquierda, un 22.2 % en el centro (5.0) y un 50.9 % a la derecha (superior a 5.0). En 2015, la población salvadoreña estaba más inclinada a la izquierda, ya que las personas que se ubicaban en menos del 5.0 sumaban 33.4 % y quienes se ubicaban a la derecha de 5.0 eran 27.3 %.

Si el conductor de un vehículo automotor no concede el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública, cometerá una infracción de tránsito «grave» y esta podrá ser sancionada con una multa de $100 por una autoridad presente, según la más reciente reforma a la «Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial» aprobada el 20 de diciembre.

Se trata de la infracción número 63 que pueden cometer los conductores clasificadas en la nueva lista de 130 infracciones incluidas en la reforma.

Esto significa que los vehículos deben concederle el paso a los ciclistas si transitan por la «vía pública».

Pero también deberán respetar zonas de ciclovías o circulación de bicicletas.

¿Cuáles son las infracciones relacionadas con el ciclismo, ciclovías o las bicicletas, en la nueva reforma de tránsito aprobada el 20 de diciembre de 2024?

63. No conceder el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública: $100.

64. No respetar la zona de la vía pública destinada para la circulación de las bicicletas: $100.

65. Sujetarse a otro vehículo en marcha mientras se conduce una bicicleta, motocicleta u otros: $100.

77. Circular vehículos automotores sobre aceras, carriles auxiliares, hombro de carretera, ciclovías, zonas prohibidas o en lugares y/o horarios no permitidos…: $150.

78. Circular en motocicletas sobre aceras, ciclovías cuando su cilindrada de motor sea mayor de 50 centímetros cúbicos (…): $150.

Esta es la primera vez que el irrespeto a los ciclistas es considerado una infracción de tránsito dentro de una ley secundaria. En la ley anterior, el artículo 60 únicamente exigía a los ciclistas que circularan por las redes viajes a respetar la ley y su reglamento.

Del 1 de enero al 26 de diciembre de 2024, han muerto 22 ciclistas en accidentes de tránsito.

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Sin embargo, el actual «Reglamento general de tránsito y seguridad vial» –aprobado en julio de 1996– imponía obligaciones a los ciclistas como: circular por el lado derecho de la vía, no circular en carreteras de 60 km/h o más, circular en fila, no circular en las aceras de las vías públicas, y circular con dispositivos reflectivos en horas nocturnas. También, este reglamento prohíbe a los ciclistas: circular con frenos en mal estado, soltar el timón en marcha, asirse de vehículos en marcha.

¿Qué dice la ley marco para el uso de bicicleta?

La Asamblea Legislativa 2018-2021 aprobó, el 27 de agosto de 2020, la vigente «Ley marco para el uso y fomento de la bicicleta», que fue sancionada por el presidente Nayib Bukele el 18 de septiembre de 2020 y publicada en el Diario Oficial del 25 de septiembre de 2020.

Esta «Ley marco para el uso y fomento de la bicicleta» reconoce el uso de la bicicleta como medio de transporte y da, en su artículo 3, a los ciclistas «el derecho a circular en el carril completo sobre la vía», así como «circular en vías primarias» a menos que se señalice lo contrario.

Esta normativa, en su artículo 12, obligan a los ciclistas a ceder el paso a los peatones y respetar las velocidades necesarias en caso de compartir espacios con peatones.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó este viernes la Lista Engel e incluyó a la exalcaldesa de Soyapango Nery Patricia Montano de Martínez y al narcotraficante José Edgardo Bruno Ventura, alias «Brother», ambos de El Salvador.

La Lista Engel, como es conocida la Sección 353 «Informe sobre actores corruptos y antidemocráticos de 2024», fue reportada al Congreso de los Estados Unidos.

Los dos salvadoreños fueron incluidos en el informe al Congreso sobre personas extranjeras que «han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de dicha corrupción».

Bruno Ventura, alias «Hermano», fue incluido en la Lista Engel por estar «involucrado en una corrupción significativa, incluso a través de grandes sobornos a miembros de la Policía Nacional Civil de El Salvador y otros funcionarios para ayudar e instigar su red de narcotráfico y apoyar a una de las pandillas carcelarias más grandes de El Salvador».

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Así mismo, la exalcaldesa de Soyapango fue incluida en la Lista Engel señalada de haber participado «en importantes actos de corrupción al negociar ilegalmente contratos como alcaldesa de Soyapango, malversar fondos públicos y dirigir contratos municipales a un individuo sin la aprobación del Concejo Municipal».

«Cuando las personas no pueden confiar en sus instituciones, buscan oportunidades en otros espacios. El informe de hoy sobre ‘Actores corruptos y antidemocráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua’ saca a la luz las personas que socavan el Estado de derecho y apoya la rendición de cuentas y la transparencia en la región», escribió en X Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

En la Lista actualizada este viernes, también incluyen actores de Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre quienes se encuentran magistrados del Tribunal Constitucional de Guatemala, Claudia Paniagua, y de Honduras, Sonia Dubón, así como el exsecretario de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz por apropiarse fondos públicos; y también la vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, Almarina Solís, por reprimir la disidencia al tomar control de las universidades.

GUATEMALA

• Jorge Adolfo Mondal Chew, presidente de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), incurrió en corrupción significativa al sobornar a magistrados de la Corte Constitucional para mantener su puesto al frente del BANTRAB.
• Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, magistrada del Tribunal Constitucional, incurrió en importantes actos de corrupción al aceptar sobornos a cambio de sentencias favorables del Tribunal Constitucional.

HONDURAS

• Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema asignada a la Sala Constitucional, socavó los procesos democráticos al utilizar sus poderes oficiales para socavar el estado de derecho.
• Ebal Jair Díaz Lupián, Secretario de la Presidencia de 2018 a 2022, incurrió en una importante corrupción mientras desempeñaba su función oficial al apropiarse indebidamente de fondos públicos asignados para proporcionar viviendas a los hondureños afectados por los huracanes Eta e Iota.
• Lourdes Pamela Blanco Luque, abogada privada, socavó procesos o instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones gubernamentales para obtener ciertos resultados, así como al utilizar sus conexiones con funcionarios gubernamentales para traficar influencias.

NICARAGUA

1. Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses. instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
2. Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
3. Jaime López Lowery, Secretario Técnico del CNU de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
4. Isaías Hernández Sánchez, Director de Planificación y Desarrollo del CNU de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
5. Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
6. Nivea del Socorro González Rojas, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
7. Francisco Martín Jácomo Ramírez, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
8. Luz Marina Ortis Narváez, vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al utilizar su cargo para implementar políticas que castigan a Casimiro. Profesores y estudiantes de la Universidad Sotelo que no participan en actividades políticas del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.
9. Moisés Ignacio Palacios, secretario general de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a Casimiro Sotelo. Profesores y estudiantes universitarios que no participan en actividades políticas del partido político Sandinista FSLN de Ortega.
10. Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica Nacional, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan al Politécnico Nacional. Profesores y estudiantes universitarios que no participan en actividades políticas del partido político Sandinista FSLN de Ortega.
11. Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan al Politécnico Nacional. Profesores y estudiantes universitarios que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
12. María Alejandra Martínez Guadamuz, Secretaria General de la Universidad Politécnica Nacional, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a la Politécnica Nacional. Profesores y estudiantes universitarios que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
13. Johana Elena Torrez Mendoza, rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan Profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
14. José Ramón Velásquez Hernández, vicerrector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que Sancionar a profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participen en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
15. Juan Carlos Benavides Fuentes, Rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los nacionales. Profesores y estudiantes de la Universidad Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
16. Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan Profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
17. José Elías Álvarez, secretario general de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al utilizar su cargo para implementar políticas que castigan a la Universidad Nacional. Profesores y estudiantes de Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
18. Flor de María Pérez Vélez, rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que Sancionar a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participen en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
19. Javier Guillermo Hernández Munguía, vicerrector de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que Sancionar a profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participen en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
20. Claudia Patricia Jovel Castillo, Secretaria General de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que Sancionar a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participen en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.

En este orden,

la iglesia, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas son las tres entidades o instituciones que inspiran confianza en 78 %, 74 % y 68 % de la población salvadoreña, arriba de casi todos los países latinoamericanos, según el informe de Latinobarómetro 2024.

En toda América Latina, la confianza en la Iglesia solo es mayor en República Dominicana (82 %) que en El Salvador.

Pero, cuando se comparan las demás instituciones en la región latinoamericana, El Salvador ocupa el primer lugar de todos los países en la confianza –mayor proporción de población que confía– en su presidente, sus Fuerzas Armadas, su Policía, su gobierno y en el Poder Judicial, con un 51 %.

El Salvador es el país que puntea el ranking de aprobación del presidente, con un 87 %, en la región latinoamericana.

En las encuestas a la población latinoamericana, preguntaron por la evaluación de distintos líderes; en esta evaluación, punteó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con un 7.7, arriba del Papa Francisco, con un 5.9; Joe Biden, con 5.5, Pedro Sánchez, con 5.2 y Lula da Silva, con 5.1.

Bukele fue mejor evaluado en Honduras, con un 9.1; en Panamá, con un 8.8, en Paraguay y Guatemala, con 8.6; Ecuador, con 8.5; y Costa Rica, con 8.5, todas notas superiores a las obtenidas en su propio país en esta pregunta, de 8.2.

El país donde peor evalúan a Bukele es Brasil, con 4.2; Uruguay, con 6.1, Chile con 6.3, y Argentina y México, con 6.5. En Venezuela, lo califican con un 7.6, todas las notas en una escala del 0 al 10.

Evalúe a los siguientes líderes en una escala del 0 al 10 en la que 0 significa muy mala y 10 es muy buena: Nayib Bukele (Latinobarómetro 2024)

1. Honduras: 9.1.
2. Panamá: 8.8.
3. Paraguay: 8.6.
4. Guatemala: 8.6.
5. Ecuador: 8.5.
6. Costa Rica: 8.5.
7. El Salvador: 8.2.
8. Perú: 8.0.
9. República Dominicana: 8.0
10. Latinoamérica: 7.7.
11. Bolivia: 7.6.
12. Venezuela: 7.6.
13. Colombia: 7.2.
14. México: 6.5.
15. Argentina: 6.5.
16. Chile: 6.3.
17. Uruguay: 6.1.
18. Brasil: 4.2.

Después de la iglesia, el presidente y las Fuerzas Armadas, en El Salvador aparece el Gobierno, en el cual dice confiar el 66 %; y la Policía, en el cual dice confiar el 65 % de los salvadoreños.

Pero las tres instituciones en las cuales confían menos salvadoreños son el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 41 %; la Asamblea Legislativa, el 41 %; y los partidos políticos, el 21 %, abajo del promedio latinoamericano (24 %). La confianza en los diputados es mayor en Uruguay e igual en República Dominicana.

Por otra parte, la confianza que tienen los salvadoreños en la radio, televisión, prensa escrita, redes sociales y sindicatos es sentida por menos del 50 % de su población, desde el 47 % hasta el 28 % en los sindicatos.

Confianza en instituciones (porcentaje de salvadoreños) según Latinobarómetro 2024

1. Iglesia: 78 %.
2. Presidente: 74 %.
3. Fuerzas Armadas: 68 %.
4. Policía: 65 %.
5. Gobierno: 66 %.
6. Poder Judicial: 51 %.
7. Radio: 47 %.
8. Televisión: 45 %.
9. Asamblea o Congreso: 41 %.
10. TSE: 41 %.
11. Redes sociales: 37 %.
12. Prensa escrita: 33 %.
13. Sindicatos: 28 %.
14. Partidos políticos: 21 %.

El Salvador, con apenas un 40 % de su población que se declara de religión católica, aparece junto a otros seis países latinoamericanos señalados de «menos católicos» por el informe de Latinobarómetro 2024 publicado recientemente.

Entre los países menos católicos se encuentra Uruguay (33 %), Honduras (36), Guatemala (39), República Dominicana (43) y Chile (45).

El bajo catolicismo tampoco implica un crecimiento de la población que se declara evangélica: apenas un 35 % de los salvadoreños profesan una religión evangélica. Según el Latinobarómetro, El Salvador está entre los tres países en América Latina con más evangélicos junto a Honduras y Guatemala.

Este proceso de secularización está cambiando las sociedades más que cualquier otro cambio, reforma o nuevas constituciones que los pueblos puedan darse a sí mismos. Latinobarómetro 2024.

Los países con menor proporción de población con religión evangélica son Chile (12), Argentina (9), Paraguay (7), Uruguay (6 %) y México (5).

El 21 % de los salvadoreños dice no ser de ninguna religión. En toda América Latina las personas que no declaran alguna religión, según los datos de Latinobarómetro, han aumentado de 4 % en 1995 a 19 % en 2024.

Uruguay y Chile tienen una proporción considerable de población agnóstica, aquellos que no tienen una opinión certera sobre la existencia de Dios. Más de la mitad de los uruguayos se declaran sin religión (52 %); en la lista le sigue Chile con el 37 %, República Dominicana con 25 %, aquí aparece El Salvador con 21 % y continúan Argentina y Colombia, con 20 %, la quinta parte de su población agnóstica.

En 2023, la población salvadoreña que decía ser católica era 43.9 %; evangélica, 39.6 %; y ninguna, 16.3 %. En 1996, la proporción era totalmente distinta: 67.1 % eran católicos, 9.3 % sin religión y 16.2 % evangélicos de distintas corrientes.

Los datos provienen de 19,214 entrevistas con muestras nacionales representativas de la población de cada país, con un margen de error de 3 % en las muestras nacionales y 1 % en la región; realizadas en 17 países entre el 23 de agosto y el 9 de octubre de 2024.

Los salvadoreños califican la democracia de su país con un 7.1 solo abajo de Uruguay y Costa Rica, en una escala de 1 al 10 en donde 1 significa que «no es democrático» y 10 es «completamente democrático» pero el apoyo a esta forma de gobierno no es mayoritaria, de acuerdo con el más reciente informe de Latinobarómetro 2024.

El estudio hace un recuento de la satisfacción con la democracia en El Salvador que era sostenida por el 11 % de la población en 2018, pasó al 46 % en 2020 hasta llegar al 62 % después de la reelección de Nayib Bukele pese al señalamiento de que era inconstitucional por transgredir la prohibición de reelección en periodo consecutivo.

Esta satisfacción no es exclusiva de El Salvador, ya que según Latinobarómetro «en 2024 en todos los países de la región aumenta la satisfacción de la democracia» respecto a 2023, excepto en Honduras.

Sin embargo, la credibilidad expresa de los salvadoreños hacia la forma de gobierno democrática es limitada, por un 47 % de la población. Esa proporción de los salvadoreños dijeron que la democracia es «preferible» a cualquier otra forma de gobierno.

En medio de ese limitado apoyo al concepto de democracia, aparece una «incongruencia» señalada por el informe, ya que un 79 % de salvadoreños dice estar de acuerdo con que la democracia es «el mejor sistema de gobierno» aunque «puede tener problemas». Según el estudio, El Salvador es el país con «mayor incongruencia de apoyo a la democracia», una diferencia de 32 puntos entre ambas opiniones sobre la democracia.

La idea de autoritarismo no es apoyada expresamente por la mayoría de salvadoreños. Solo un 15 % de los salvadoreños, idéntica proporción del año pasado, siguen creyendo que «en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático», una proporción que es más alta en Paraguay, México, Ecuador, Perú y Guatemala. La proporción de salvadoreños que cree en un gobierno autoritario ha disminuido, ya que en 2008 llegó a ser el 28.9 %.

A más de un cuarto de la población de El Salvador (26 %) le es indiferente un régimen democrático que uno no democrático. El apoyo eventual a un régimen autoritario sumado a la indiferencia respecto al régimen democrático resulta en 41 % en El Salvador.

El país con más apoyo indirecto a la democracia son Argentina con el 87 %, seguido de Uruguay (83 %) y El Salvador, con 79 %. El informe Latinobarómetro 2024 encontró un aumento de 4 puntos porcentuales en la población que apoya expresamente la democracia, por lo que se refiere a una «democracia resiliente» en donde el deterioro democrático que venía desde 2010 se ha frenado y, según dicho informe, se revierte.

El apoyo expreso a la democracia en El Salvador aumentó de 2023 a 2024 apenas en un punto porcentual, del 46 al 47 % de la población que cree la democracia «preferible» a cualquier otra forma de gobierno, un respaldo mayormente visto en México, Argentina y Panamá.

Sin embargo, el estudio indica que en Nicaragua, Venezuela y El Salvador han «fracasado» las democracias pero que «nadie se atreve a declarar que El Salvador dejó de ser una democracia pese a su masiva y flagrante violación de los derechos humanos» de personas detenidas y que por ello «hay una gran disputa respecto de cuántas democracias hay». «La única democracia consolidada en América Latina podría ser la uruguaya. El resto cae en la categoría no consolidada», indica. «Al parecer se usan las elecciones como elemento para la legitimidad democrática pero se aplaude el desempeño más allá de las normas de la democracia y se quedan con una mayoría de ciudadanos no demócratas. En El Salvador se han roto las reglas de la democracia en cuanto al respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos, así como se modificaron a la fuerza las reglas de reelección», indica el informe.