Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa incluyó al caserío La Concordia ubicada en Usulután en el decreto que desde el año 2009 se aprobó para legalizar algunas calles o tramos de calle en desuso con el fin de que las familias que los han habitado por años puedan recibir dichas porciones como su propiedad a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).

La diputada Marisela de Guardado, de Nuevas Ideas, dijo que llegaron al lugar en enero de 2025 y que los cuatro diputados de Usulután de su partido gestionaron la legalización de estos terrenos.

Esa visita fue una inspección técnica que realizaron junto al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Vivienda, el Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) y la alcaldía de Usulután Oeste, explicó el diputado Omar Villanueva, del mismo partido.

Johana Hernández, también diputada de Nuevas Ideas, aseguró que les darán “un respaldo jurídico” a las familias y que ya lo tenían “planeado”. “Este es un legado que nosotros como diputados vamos a dejar”, afirmó.

Con la inclusión de dicha comunidad, son 71 comunidades beneficiadas por el decreto que legaliza estas porciones de carreteras para que familias salvadoreñas tengan ahí sus viviendas.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que este tipo de decretos que incluyen más comunidades al decreto de legalización de tierras “llenan de satisfacción y alegría” porque «el tema del acceso a la propiedad de la tierra y de la vivienda es fundamental, y un problema grave.

“Voy a dar mi voto a favor. Hay una campaña por ahí diciendo que esta servidora que en todo vota que ‘no’, pues, es mentira, ustedes mismos saben que en muchas ocasiones doy mi voto a favor y tenemos muy claro en cuáles damos nuestro voto a favor, cuando se aumentan los derechos de la gente”, dijo Ortiz.

El diputado Ángel Lobos, de Nuevas Ideas, culpó a anteriores gobiernos la falta de esta comunidad en el decreto. “La gente estaba mal acostumbrada que los funcionarios públicos llegaban a servirse del pueblo”, dijo.

Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, quien preside la Asamblea Legislativa, acusó a la oposición de “chantajear” a las comunidades con la legalización de tierras.

“Ocupaban estos temas para chantajear a la gente sobre todo a los más necesitados, y decirles: si ustedes votan por nosotros, entonces, nosotros en la próxima nosotros les vamos a legalizar sus tierras. Por eso es que a ellos les interesaba tenerlos en ese limbo legal en donde ustedes no sabían qué día podían, por orden de un juez o un político, llegar a desalojarlos”, señaló Castro.

El decreto recibió 59 votos de los diputados que estaban presentes en ese momento, tres de la oposición –2 de Arena y 1 de Vamos–, más 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

La diputada Marcela Villatoro pidió este martes a la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto para retribuir con un descuento en la factura de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a los usuarios afectados por el reciente corte de agua.

“A todas las familias salvadoreñas que fueron afectadas por esta lamentable situación puedan tener un descuento del 5 % de su factura del mes”, propuso la diputada del partido opositor Arena.

Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado del partido de gobierno Nuevas Ideas, felicitó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por la “movilización de pipas increíble” desde Guatemala a El Salvador, así como al Ministerio de Obras Públicas por su plan de contingencia.

La sola incorporación de la solicitud en la agenda de la sesión plenaria tuvo cuatro votos a favor: dos de Arena, uno de Vamos y uno de Nuevas Ideas.

“Con cuatro votos a favor no hay resolución”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

La legisladora entregó un proyecto de “Ley transitoria para la condonación de tarifas cobradas entre los días 17 y 22 del presente mes y año, del servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la ANDA”.

“El presente decreto tiene por objeto condonar el 5 % del pago de los recibos del agua potable durante los días que no se recibió el vital líquido en los hogares de las zonas que fueron afectadas por el desabastecimiento sin distinción a los usuarios que estén en mora en el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado que presta la ANDA de conformidad al acuerdo ejecutivo en el Ramo de Economía que contiene las tarifas por tales servicios”, indica la propuesta.

Al final de la primera parte de la sesión plenaria, el diputado de Nuevas Ideas que votó a favor del decreto aún no había pedido corregir su voto.

La nueva Ley de Estabilidad Financiera, con las observaciones presidenciales aprobadas el 11 de septiembre por la Asamblea Legislativa, habría modificado la conformación actual del Consejo Directivo del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), al eliminar nombramientos por los presidentes de los bancos e incluir propuestas del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Sin embargo, hay que aclarar que la Ley de Estabilidad Financiera, con sus observaciones presidenciales aprobadas, aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.

Con las observaciones presidenciales, leídas así por la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, el IGD quedará conformado así:

-2 directores nombrados por el Consejo Directivo del BCR, presidente y vicepresidente.

-2 directores nombrados de una terna propuesta por el ministro de Hacienda.

-2 directores nombrados de una terna propuesta por la Superintendencia del Sistema Financiero.

Actualmente, según la Ley de Bancos, el IGD está conformado por el presidente y el vicepresidente, “más dos directores nombrados por los presidentes de los bancos miembros”. Los miembros del Instituto son todos los bancos regulados por la Ley de Bancos.

El IGD, en su sitio web, explica que el Consejo Directivo del IGD está integrado por dos directores nombrados por el BCR y dos directores nombrados por los presidentes de los bancos miembros y sus suplentes.

Consultado al respecto, el economista Carlos Acevedo, expresidente del BCR, dijo que no le extrañaría la modificación, ya que bancos grandes que ya no están en el país eran “poco colaborativos con mecanismos para fortalecer el sistema financiero”, ya que eso aumentaba sus costos. Consideró que la conformación con las observaciones presidenciales es atinada porque “es política del Estado”.

Los bancos grandes eran poco colaborativos con mecanismos para fortalecer el sistema financiero, decían que eso aumentaba sus costos, que eso era para mantener a los chiquitos, no querían establecer un mecanismo de liquidez. Carlos Acevedo, economista, expresidente del BCR.

Las observaciones presidenciales fueron aprobadas el 11 de septiembre con 57 votos; hubo 1 voto en contra.

Todos los miembros del IGD serían nombrados por el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva con la prohibición de que sean asesores, directores, administradores o empleados de las entidades miembro del IGD.

La propuesta inicial era otra

La conformación del IGD en las observaciones del presidente Nayib Bukele aprobadas también cambió respecto a la versión de la Ley de estabilidad financiera aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2024.

La versión aprobada por los diputados el año pasado incluía nombramientos de directores de propuestas del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas (Colproce), universidades privadas y Ministerio de Economía.

Proponían que se nombraran dos directores por el BCR, además de uno nombrado de una terna propuesta por el Ministerio de Hacienda, otro de una terna propuesta por el ministro de Economía, otro de una terna propuesta por Colproce y otro nombrado de una terna propuesta de las universidades privadas.

El IGD, que se financia con las primas de los bancos que lo conforman, es una institución que busca respaldar los depósitos de los ahorrantes de las instituciones financieras.

Naciones Unidas ayudó a movilizar ayuda humanitaria a El Salvador por $25 millones, de un total de $25,000 millones movilizados a 77 países y territorios durante 2024, según la memoria de la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas 2025 y que fue compartida en redes el pasado 18 de septiembre.

Según el informe, se logró financiar el 29 % de las necesidades en El Salvador, es decir, tenían una meta de movilizar un total de $86.2 millones de ayuda humanitaria para El Salvador según la memoria.

La meta oficial de las Naciones Unidas era movilizar $50,000 millones de asistencia humanitaria en el mundo. Las Naciones Unidas calcularon que más de 323 millones de personas en 77 países tenían necesidades humanitarias durante 2024. Pero solo 116 millones de personas recibieron asistencia humanitaria.

“Pese a carecer de fondos suficientes, estar sobrecargados y ser banco de ataques, trabajamos incansablemente con nuestros asociados humanitarios para recibir asistencia y protección vitales”, indica la memoria.

El funcionamiento efectivo de la ONU costó $1,700 millones en 2023; según dicha memoria es el cuarto gasto o prioridad mayor durante el año. En 2024 registraban más de 35,000 personas que trabajan para la secretaría de la ONU en todo el mundo, un 43 % mujeres.

Los tres montos más grandes que destinó la organización internacional durante ese año fueron $7,100 millones destinados al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, $2,400 millones para la promoción del crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible; y $2,200 millones para la coordinación efectiva de la asistencia humanitaria, incluidos fondos mancomunados, según la información oficial de la entidad.

En la región, la ONU reporta más fondos humanitarios movilizados para Honduras, con $63 millones, con un 31 % de la meta; Guatemala, con $65 millones, con un 52 % de la meta lograda.

En América Latina, el país que recibió la mayor cantidad en ayuda humanitaria movilizada fue Venezuela, con $660 millones, pero solo lograron cubrir el 30 % de las necesidades detectadas. Hacia Haití, en donde dicen que coordinan a más de 160 organizaciones humanitarias, aseguran que movilizaron ayuda humanitaria por $296 millones.

La ayuda humanitaria se concentra en países en donde hay conflictos y risegos de hambruna como Sudán, Ucrania, Yemen, Afganistán y Siria.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen para incluir al “Caserío La Concordia”, del cantón La Concordia, en Usulután, de los tramos de calle desafectados para transferirlos a familias de escasos recursos económicas que habitan el lugar.

Esta sería la comunidad número 71 beneficiada con el decreto aprobado el 10 de junio de 2009.

En el caserío La Concordia, ubicado en el distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste, habitan más de 60 familias. Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) otorgó un informe de factibilidad.

Las familias habitan un terreno en desuso de longitud de 1.16 kilómetros que intercepta con la carretera CA02E tramo Jiquilisco – Santiago de María, con un ancho de derecho de vía de 30 metros.

Según la solicitud, los habitantes “no cuentan con escritura a pesar de haber llegado a poblar esa franja de terreno hace más de 40 años”.

La reforma se realizará a la “Ley especial para la legalización de las calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso público para ser transferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular”.

Actuamente son 70 comunidades las beneficiadas en la ley de legalización de calles, de las cuales 11 comunidades han sido incluidas durante el actual gobierno y las restantes durante los gobiernos del FMLN.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó hoy la programación de las entrevistas que realizarán a cinco candidatos a procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para el día lunes 6 de octubre.

Las entrevistas serán realizadas antes de que los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados de PCN y PDC elijan a uno de los cinco candidatos como procurador.

Sin embargo, la Comisión Política no suele emitir recomendaciones; el nombre del elegido se conoce hasta que un representante de Nuevas Ideas realiza la propuesta e inmediatamente las propuestas de PCN y PDC coinciden con la persona nombrada.

Los diputados acordaron que entrevistarán a los candidatos el lunes 6 de octubre en el siguiente orden a partir de las 2:00 de la tarde:

1. Raquel Caballero de Guevara

2. Carolina María Hernández

3. Walter Fuentes Rodríguez

4. Roswal Solórzano

5. David Escobar Menéndez

Raquel Caballero de Guevara es la actual procuradora, criticada por organizaciones no gubernamentales por su pasividad ante las denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.

Roswal Solórzano fue el dirigente sindical que acuerpó el ingreso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegidos por Nuevas Ideas tras destituir a la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021. También, fue uno de los sindicalistas recibidos por Nayib Bukele en octubre de 2021 para escuchar sus propuestas antes de reformar el sistema de pensiones en 2022.

“Baremos basura” y “toma y daca”

El diputado Serafín Orantes, del PCN, aseguró que en el pasado en un hotel sobre la Calle Padres Aguilar se hacía el “toma y daca” luego de una “reunión previa sin los medios de comunicación”. “Soy testigo”, dijo. Agregó que posteriormente los cargos “se elegían en Casa Presidencial”.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, por su parte consideró importante el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos y admitió que el funcionario debe velar por el cumplimiento de derechos humanos y está obligado a “investigar de oficio las violaciones a los derechos humanos”.

“Considero que la forma y el mecanismo que se ha realizado en esta Comisión Política es la más adecuada de la que usted está proponiendo y la más atinada”, dijo, después de destacar las funciones del procurador.

Luego, Navarro calificó de “basura” los baremos que en el pasado fueron propuestos por organizaciones no gubernamentales y aseveró que tenían “intereses mezquinos” y “no de país” al realizar estos instrumentos para entrevistar a los candidatos a funcionarios de segundo grado.

“Vamos a poder hacer las preguntas con toda libertad, aunque ya fue público el listado de las personas que están participando para ostentar el cargo de procurador de derechos humanos”, afirmó, por su parte, el diputado Ernesto Castro, quien preside la Comisión Política.

Castro pidió a la Gerencia de Operaciones Legislativas que notifiquen a los candidatos y que, a más tardar este martes, les envíen a cada uno de los diputados «la ficha técnica de los cinco candidatos» para que en la entrevista lleven «conocimiento» de los perfiles de «cada uno de ellos».

El Salvador mantiene un puntaje de 0.28 y 0.24 en derechos humanos y Estado de derecho, y de 0.44 y 0.48 en representación y participación, respectivamente, según el informe Estado Global de la Democracia en las Américas 2025 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

El informe, divulgado en inglés el 11 de septiembre pasado, calificó a 173 países en cuatro indicadores con datos de 2024. La calificación usa una escala del 0 al 1, la mejor nota.

En el ranking de 173 países, El Salvador está en el peldaño 147 en derechos humanos a 26 puestos del peor calificado, Afganistán; el año pasado estaba ocho puestos abajo con un puntaje de 0.25.

El Salvador en Estado Global de la Democracia 2025

Derechos humanos: del lugar 155 pasó al 147.

Estado de derecho: del lugar 148 al 149.

Representación: del lugar 94 pasó al pasó al 106.

Participación: del lugar 109 pasó al 108.

El informe “El estado global de la democracia 2025: democracia en movimiento” asevera que desde el año 2019 El Salvador declinó en 10 factores, Nicaragua declinó en ocho factores y Haití en cinco. Señala que El Salvador y Nicaragua presentan dos de los tres mayores descensos en la libertad de prensa en la región de las Américas, así como Perú.

“A pesar de las historias dispares del deterioro democrático de estos tres países”, señala el informe, “los tres experimentaron descensos significativos en acceso a la justicia, elecciones creíbles, gobiernos efectivos y partidos políticos libres”.

Los países mejor calificados en derechos humanos son europeos: Dinamarca, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Finlandia, Suecia e Irlanda.

Costa Rica tiene una calificación de 0.798 y ocupa el puesto 20. Estados Unidos, con una calificación de 0.721, tiene el puesto 34º. Ecuador también aparece con mejor calificación, con un 0.485, en el puesto 89, en derechos humanos.

Los países con peor puntaje son Afganistán, Siria y Corea del Norte.

Casi todos los subindicadores evaluados en El Salvador tienen puntajes abajo del promedio.

Para evaluar la representación se evalúan si las elecciones son creíbles, si el parlamento es efectivo, la libertad de organización de los partidos políticos, el sufragio inclusivo y la democracia local.

En derechos humanos, se evalúa el acceso a la justicia, las libertades civiles, la igualdad política y bienestar básico.

En Estado de derecho, se evalúa ausencia de corrupción, independencia judicial, integridad y seguridad personal; y en participación se evalúa la participación electoral, sociedad civil y compromiso cívico.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibió copia de las cartas credenciales del embajador de la Unión Europea en El Salvador, Duccio Bandini, quien le manifestó su deseo de fortalecer la relación con el país a través de un diálogo constructivo y libre de prejuicios.

“Sin duda, podemos ser útiles el uno para el otro y aprender mutuamente a través de un diálogo constructivo y libre de prejuicios. Y no debemos aspirar a menos que eso”, indicó el diplomático en X, que aseguró que llegó al país el 2 de septiembre pasado.

Bandini le agradeció a Bukele por su bienvenida. “La Unión Europea y El Salvador tienen muchas razones para querer fortalecer su relación y entendimiento recíproco”, aseveró.

La Embajada de la UE informó de la entrega de las copias de estilo a la canciller salvadoreña el 17 de septiembre pasado.

Su antecesor, el embajador Francois Roudie, se despidió de El Salvador el 30 de agosto pasado.

La Unión Europea publicó el 7 de junio de 2025 un comunicado en el cual aseveró que la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador “contraviene las obligaciones de El Salvador en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y manifestó su preocupación por las detenciones de defensores de derechos humanos.

El mismo 7 de junio, el presidente Nayib Bukele le respondió a la Unión Europea con críticas a la organización internacional: “UE: El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobreregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas, no electos todavía, insista en dar sermones al resto del mundo”.