Autor: Yolanda Magaña

  • EEUU confirma pláticas de Trump y Bukele sobre posibilidad recibir a pandilleros del Tren de Aragua

    EEUU confirma pláticas de Trump y Bukele sobre posibilidad recibir a pandilleros del Tren de Aragua

    El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, confirmó que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, conversaron sobre la posibilidad de revivir un acuerdo de cooperación de asilo y de la posibilidad de recibir a miembros de las pandillas del Tren de Aragua si Venezuela no los recibe.

    «En la conversación con el presidente, se habló específicamente de cómo nos podía ayudar nuevamente. En la primera administración, teníamos un acuerdo de cooperación de asilo (que) queremos revivir e incluir, ya que ha tenido tanto éxito el presidente Bukele con los miembros de la pandilla MS-13, de la Mara Salvatrucha, a incluir también a los miembros de las pandillas del Tren de Aragua», dijo el funcionario.

    Claver-Carone dijo que Bukele es un «gran aliado» en los temas de migración.

    Sin embargo, el enviado de EE.UU. para América Latina auguró que posiblemente los pandilleros del Tren de Aragua «van a querer regresar a Venezuela antes de tener que lidiar con las cárceles de las maras en San Salvador» y, además, confirmó la presencia de un asesor de Trump en Venezuela este viernes en lo que dijo «no es una negociación» sino una «obligación» de Venezuela aceptar a sus criminales.

    «Son temas muy profundos, muy importantes, que se hablarán durante ese viaje», anunció de manera inmediata sin referirse más al tema.

    En su visita a Panamá, Rubio se centrará en el Canal de Panamá, en donde han advertido una «fuerte influencia china» que Estados Unidos considera un riesgo no solo para la seguridad nacional de Estados Unidos sino de todo el hemisferio.

    El 23 de enero, CBS publicó que ambos mandatarios analizaban la posibilidad de convertir a El Salvador en “tercer país seguro” y permitir recibir deportados extranjeros y que «se está considerando permitir que Estados Unidos deporte pandilleros venezolanos del Tren de Aragua a El Salvador», explicó el periodista.

    Sin referirse específicamente al tema, el 27 de enero, Bukele acusó a la oposición de atacarlo basado en especulaciones: “Piensan que tienen oportunidad de ganar alguna narrativa y ponen su poca credibilidad en la línea de fuego, nosotros les damos unos días y revelamos el juego completo. Y vuelven a quedar como estúpidos”, fueron las palabras del gobernante.

    Claver-Carone consideró que Venezuela tiene la obligación de aceptar a criminales venezolanos que sean deportados de Estados Unidos y este será un tema precisamente de un enviado especial de Estados Unidos que visitará Venezuela precisamente hoy.

    «Esto no es una negociación, esto es trasladar un mensaje inequívoco sobre dos puntos: uno, los criminales venezolanos, de la gang del Tren de Aragua, que tienen que ser deportados, Venezuela los tiene que aceptar, es su responsabilidad, como es la responsabilidad de cada país del mundo, eso no es negociable y tiene que aceptarlo», enfatizó. Agregó que en segundo lugar Venezuela debe soltar y retornar a los rehenes norteamericanos a su país».

    «Si no se cumple, habrá consecuencias del gobierno de los Estados Unidos, aquí no hay negociación sobre petróleo», advirtió, en referencia a que consideran que a «a Estados Unidos no le hace falta el petróleo de Venezuela».

    Mi consejo a Nicolás Maduro, a Venezuela, es que atienda esas demandas y que las cumpla, ya que, si no, habrá consecuencias. Así que lo vea como una oportunidad».

    Mauricio Claver-Carone, enviado de EEUU para América Latina.

  • Salud propone multas hasta de $200,750 por infringir ley de ensayos clínicos

    Salud propone multas hasta de $200,750 por infringir ley de ensayos clínicos

    Dos propuestas de ley presentadas el miércoles por el ministro de Salud, Francisco Alabi, proponen multas que van desde uno hasta 550 salarios mínimos por cometer infracciones en la realización de ensayos clínicos o investigaciones sobre salud.

    Las normativas serán estudiadas por los diputados de la Comisión de Salud y Agricultura, que se reunirá el lunes 3 de febrero a las 2:00 de la tarde.

    Un proyecto de “Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria” pide aprobar multas desde 50 salarios mínimos del sector comercio, equivalentes a $18,250, hasta 500 salarios o $200,750.

    Proyecto de Ley de Ensayos Clínicos

    1. Multas de 50 a 150 salarios mínimos a infracciones leves
    2. Multas de 200 a 350 salarios mínimos a infracciones graves
    3. Multas de 400 a 550 salarios mínimos a infracciones muy graves

    En esta normativa sería infracción leve el uso de productos no declarados a la Superintendencia en un ensayo clínico.

    También, sería infracción grave usar productos en actividades distintas al ensayo clínico y no proporcionar información requerida por la Superintendencia.

    Entre las muy graves, se incluyen alterar resultados del ensayo clínico, divulgar información confidencial de la investigación, comercializar o transferir muestras biológicas sin consentimiento del sujeto de investigación, y presentar información adulterada o falsificada en el proceso de autorización del ensayo clínico.

    El ministro de Salud también pide la aprobación de una Ley de investigación para la salud que establece multas desde uno ($365) hasta 80 salarios mínimos ($29,200). Los obligados a cumplir esta ley son personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, organizaciones sin fines de lucro y entidades nacionales e internacionales que hagan investigaciones para la salud, así como entidades estatales. Las instituciones académicas públicas o privadas deberán asignar un presupuesto para realizar investigaciones para la salud e incluirlas como “eje transversal” en estudios de grado.

    Proyecto de Ley de Investigación para la Salud

    1. Multas de 1 a 10 salarios mínimos para infracciones leves
    2. Multas de 11 a 25 salarios mínimos para infracciones graves
    3. Multas de 26 a 80 salarios mínimos para infracciones muy graves

    Un Comité de Etica cuyos miembros serán nombrados por el ministro de Salud podrá suspender o cancelar las investigaciones que “no se realizan de manera ética” y comités locales de ética también harán “monitoreo ético de los estudios” y comunicarán “cuando las investigaciones no se realizan de manera ética a fin de que se proceda a su suspensión o cancelación”.

    Esta ley también crearía un Biobanco que albergaría datos y muestras para investigación de enfermedades y contribuir al desarrollo científico.

    La propuesta de ley faculta al Ministerio de Salud a realizar “el cobro de los precios públicos por la prestación de los servicios a que se refiere esta ley”, sin embargo, eximen de pago de “las tarifas” a hospitales, clínicas, centros educativos en formación e instituciones financiadas con fondos públicos.

  • Funcionarios y empleados declararán bienes y deudas a Hacienda desde 2025 según proyecto anticorrupción

    Funcionarios y empleados declararán bienes y deudas a Hacienda desde 2025 según proyecto anticorrupción

    El proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el presidente Nayib Bukele obligaría a funcionarios y empleados públicos a presentar al Ministerio de Hacienda declaraciones juradas de sus activos (lo que poseen), pasivos (sus deudas), adquisiciones y transferencias de bienes durante el periodo de declaración de renta.

    Cada «Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos«, según el proyecto, será publicada por el Ministerio de Hacienda en no más de 15 días hábiles luego de su presentación, información a la cual tendrá «acceso irrestricto» la Corte de Cuentas de la República, que hará investigaciones y reportará a la Fiscalía General de la República (FGR).

    El miércoles 29 de enero, Villatoro entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Anticorrupción para crear un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), ambos dirigidos por la FGR, dirigida actualmente por Rodolfo Delgado, nombrado por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa desde de la destitución de su antecesor el 1 de mayo de 2021.

    El CNA, según el proyecto, verificaría información de las instituciones del SINAC para investigar redes de corrupción, conexiones entre personas, instituciones y transacciones.

    El nuevo SINAC estará conformado por: Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía, Corte de Cuentas, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Comisión Nacional de Activos Digitales, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Obras Públicas por medio del Registro Público de Vehículos, Registro Nacional de las Personas Naturales y Dirección Nacional de Compras Públicas.

    El proyecto, que pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Ernesto Castro, reitera que no prescriben los delitos de corrupción como peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias; y considera la acción penal de orden público y aplicable independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos.

    Bukele anunció la Ley Anticorrupción la noche del miércoles, poco después de la ratificación que requería la reforma al artículo 248 de la Constitución realizada precisamente para abreviar en un solo paso, sin necesidad de ratificación, cualquier reforma a la Constitución.

    «Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador. Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes», escribió el mandatario, que funge su segundo quinquenio.

    En enero de 2023, la organización Acción Ciudadana reveló que la Corte Suprema de Justicia denegó información estadística sobre las personas que habían declarado patrimonio y la cantidad de procesados por enriquecimiento ilícito.

    Puede leer: Funcionarios no presentaron más de 11,000 declaraciones patrimoniales en los dos últimos quinquenios

    Cronología de las declaraciones patrimoniales en El Salvador

    24 de julio de 2015
    El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar la declaración patrimonial del entonces magistrado Rodolfo González a un ciudadano. La decisión vuelve públicas las declaraciones patrimoniales.

    1 de septiembre de 2015
    El IAIP ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar a ciudadanos solicitantes las auditorías de tres expresidentes de la República. Consideró que los exámenes, auditorías, análisis o dictámenes forman un solo cuerpo con la declaración y no pueden separarse. Fue así que inició un lapso muy breve en el cual informes de patrimonios de funcionarios eran públicos.

    23 de febrero de 2016
    La Corte entrega a dos ciudadanos solicitantes las auditorías patrimoniales realizadas a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes por la Sección de Probidad.

    16 de marzo de 2016
    La Corte entrega la declaración patrimonial del expresidente Francisco Flores, que constaba de 38 páginas.

    20 de junio de 2017
    La Corte reserva documentos en trámite con datos financieros, bancarios, contables y patrimoniales de funcionarios, y deliberaciones cuando no haya resolución definitiva de la CSJ o cuando dicha resolución exonere al investigado de indicios de enriquecimiento ilícito.

    30 de julio de 2019
    El IAIP ordena a la CSJ entregar versiones públicas de informes de Probidad de funcionarios investigados en 2018.

    22 de julio de 2019
    La Corte Suprema de Justicia resuelve entregar declaraciones patrimoniales del presidente pero rechaza la entrega de adendas.

    22 de junio de 2020
    El IAIP revoca la resolución de la oficial de la Corte Suprema de Justicia y le ordena entregar las adendas patrimoniales.

    4 de noviembre de 2020
    IAIP revierte orden de entregar adendas de informes patrimoniales por ser de naturaleza confidencial.

  • Funcionarios y empleados declararán bienes y deudas a Hacienda desde 2025 según proyecto anticorrupción

    Funcionarios y empleados declararán bienes y deudas a Hacienda desde 2025 según proyecto anticorrupción

    El proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el presidente Nayib Bukele obligaría a funcionarios y empleados públicos a presentar al Ministerio de Hacienda declaraciones juradas de sus activos (lo que poseen), pasivos (sus deudas), adquisiciones y transferencias de bienes durante el periodo de declaración de renta.

    Cada «Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos«, según el proyecto, será publicada por el Ministerio de Hacienda en no más de 15 días hábiles luego de su presentación, información a la cual tendrá «acceso irrestricto» la Corte de Cuentas de la República, que hará investigaciones y reportará a la Fiscalía General de la República (FGR).

    El miércoles 29 de enero, Villatoro entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Anticorrupción para crear un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), ambos dirigidos por la FGR, dirigida actualmente por Rodolfo Delgado, nombrado por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa desde de la destitución de su antecesor el 1 de mayo de 2021.

    El CNA, según el proyecto, verificaría información de las instituciones del SINAC para investigar redes de corrupción, conexiones entre personas, instituciones y transacciones.

    El nuevo SINAC estará conformado por: Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía, Corte de Cuentas, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Comisión Nacional de Activos Digitales, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Obras Públicas por medio del Registro Público de Vehículos, Registro Nacional de las Personas Naturales y Dirección Nacional de Compras Públicas.

    El proyecto, que pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Ernesto Castro, reitera que no prescriben los delitos de corrupción como peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias; y considera la acción penal de orden público y aplicable independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos.

    Bukele anunció la Ley Anticorrupción la noche del miércoles, poco después de la ratificación que requería la reforma al artículo 248 de la Constitución realizada precisamente para abreviar en un solo paso, sin necesidad de ratificación, cualquier reforma a la Constitución.

    «Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador. Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes», escribió el mandatario, que funge su segundo quinquenio.

    En enero de 2023, la organización Acción Ciudadana reveló que la Corte Suprema de Justicia denegó información estadística sobre las personas que habían declarado patrimonio y la cantidad de procesados por enriquecimiento ilícito.

    Puede leer: Funcionarios no presentaron más de 11,000 declaraciones patrimoniales en los dos últimos quinquenios

    Cronología de las declaraciones patrimoniales en El Salvador

    24 de julio de 2015
    El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar la declaración patrimonial del entonces magistrado Rodolfo González a un ciudadano. La decisión vuelve públicas las declaraciones patrimoniales.

    1 de septiembre de 2015
    El IAIP ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar a ciudadanos solicitantes las auditorías de tres expresidentes de la República. Consideró que los exámenes, auditorías, análisis o dictámenes forman un solo cuerpo con la declaración y no pueden separarse. Fue así que inició un lapso muy breve en el cual informes de patrimonios de funcionarios eran públicos.

    23 de febrero de 2016
    La Corte entrega a dos ciudadanos solicitantes las auditorías patrimoniales realizadas a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes por la Sección de Probidad.

    16 de marzo de 2016
    La Corte entrega la declaración patrimonial del expresidente Francisco Flores, que constaba de 38 páginas.

    20 de junio de 2017
    La Corte reserva documentos en trámite con datos financieros, bancarios, contables y patrimoniales de funcionarios, y deliberaciones cuando no haya resolución definitiva de la CSJ o cuando dicha resolución exonere al investigado de indicios de enriquecimiento ilícito.

    30 de julio de 2019
    El IAIP ordena a la CSJ entregar versiones públicas de informes de Probidad de funcionarios investigados en 2018.

    22 de julio de 2019
    La Corte Suprema de Justicia resuelve entregar declaraciones patrimoniales del presidente pero rechaza la entrega de adendas.

    22 de junio de 2020
    El IAIP revoca la resolución de la oficial de la Corte Suprema de Justicia y le ordena entregar las adendas patrimoniales.

    4 de noviembre de 2020
    IAIP revierte orden de entregar adendas de informes patrimoniales por ser de naturaleza confidencial.

  • Economista: "Moneda de curso legal voluntario no existe"

    Economista: «Moneda de curso legal voluntario no existe»

    El economista Rafael Lemus explicó que la reforma elimina la participación de instituciones públicas en las operaciones con bitcoin y quita el carácter obligatorio en la aceptación de pagos.

    «Esto queda opcional y solamente para personas naturales o jurídicas pero privadas», dijo.

    Según Lemus, con esta reforma, el gobierno «está cumpliendo todo lo que el FMI les ha indicado, lo de moneda de curso legal de manera obligatorio eso está quitado».

    «O sea, moneda de curso legal voluntario no existe, verdad», subrayó, en referencia a que la ley mantiene la frase «curso legal» pero establece expresamente que será de «aceptación voluntaria».

    Siguiendo el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno envió el miércoles 29 de enero por la tarde un proyecto de reformas a la Ley Bitcoin, a través de la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la Asamblea Legislativa lo aprobó el mismo día con dispensa de trámite el mismo día.

    En la reforma, establece el bitcoin de «aceptación voluntaria» y de manejo por privados; suprime el verbo «deberá» por «podrá» al referirse a la aceptación del bitcoin como forma de pago.

    También, la reforma a la Ley Bitcoin en El Salvador derogó el artículo que permitía pagar impuestos o contribuciones tributarias en bitcoin y elimina la disposición para que el Estado contara con «convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar».

  • Gobierno pide préstamo para centro de datos y garantías para cinco créditos de CEL

    Gobierno pide préstamo para centro de datos y garantías para cinco créditos de CEL

    El Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un préstamo por $60 millones que se pagará a un plazo de 25 años y que serviría para financiar la creación de un centro de datos en El Salvador.

    El préstamo destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» será suscrito por el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Financiará la adecuación y equipamiento del edificio para el Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital, con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

    Según la institución bancaria, el crédito, ya aprobado por el directorio ejecutivo del Banco, promete beneficiar a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos.

    «Se espera que el programa permita que todas las instituciones del Estado accedan a la 'nube del Estado', aumentando la disponibilidad de servicios en línea y mejorando la gobernanza», detalla el BID.

    Garantías soberanas

    La Asamblea Legislativa recibió cinco solicitudes aprobación de garantías soberanas del Estado, cuatro para créditos ya suscritos en 2008, 2012, 2015 y 2022; y una de un crédito nuevo por $50 millones.

    La solicitud de las garantías crediticias con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se debe a que la CEL gestionó financiamiento por $93 millones «con garantía soberana» con el BID para el «Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador» y, en las condiciones de los préstamos, la CEL se comprometió con el BCIE a que las obligaciones de pago con este banco tendrán «la misma prioridad» que otras.

    Las garantías soberanas aprobadas para préstamos de años anteriores suman $671.5 millones. La quinta garantía soberana del Estado respaldaría un préstamo nuevo por $50 millones que adquirirá el Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el BID para destinarlo a «vivienda social».

    Las solicitudes de préstamo serán estudiadas en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, que se reunirá el lunes 3 de febrero.

    Estas son las garantías soberanas solicitadas por Hacienda:

    1. Garantía soberana del Estado para el préstamo 2059 del BCIE a CEL por $57.5 millones, fondos que se destinan al proyecto «Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre», suscrito el 8 de junio de 2012.

    2. Garantía soberana para el crédito revolvente 2309 del BCIE a CEL por $100 millones, contrato suscrito el 30 de noviembre de 2022 para necesidades de «capital de trabajo».

    3. Garantía soberana para el préstamo 2143 del BCIE para CEL por $301 millones suscrito el 24 de septiembre de 2015 y cuyo monto aumentó el 27 de septiembre de 2017 con Inversiones Energéticas (INE), LaGeo, Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y Compañía Eléctrica Cucumacayán (CEC) como codeudores.

    4. Garantía soberana del Estado para el contrato de préstamo 1865 del BCIE a CEL por $163 millones para el proyecto de la central hidroeléctrica en el río Torola, San Miguel. Fue aprobado el 19 de septiembre de 2008.

    5. Garantía soberana del Estado para el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por $50 millones para el Fondo Social para la Vivienda (FSV) para financiamiento para vivienda social. El préstamo no se ha suscrito, el FSV lo ha gestionado y el BID requiere la garantía.

  • Organizaciones rechazan mecanismo rápido de reforma a Constitución

    Organizaciones rechazan mecanismo rápido de reforma a Constitución

    Organizaciones no gubernamentales, algunos abogados y partidos de oposición rechazaron modificación constitucional que permitirá un mecanismo de reforma rápida a la Constitución de la República una vez inicie su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Consideran que genera inseguridad jurídica por falta de reglas del juego claras.

    El director ejecutivo de Acción Ciudadana, el abogado Eduardo Escobar, aseveró que la ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que agrega un procedimiento ágil de reforma constitucional, afecta la seguridad jurídica o la certeza del derecho.

    La reforma fue promovida, según el presidente Nayib Bukele y sus diputados de Nuevas Ideas, porque se pretende eliminar el artículo 210 de la Constitución que otorga el derecho a los partidos políticos a tener financiamiento estatal.

    Según Escobar, la reforma abre la posibilidad de que puedan cambiar «cualquier cosa» por dos razones: la mayoría legislativa actual de Nuevas Ideas y que el gobierno no respeta principios democráticos como, dijo, la no regresividad en los derechos.

    «Abre la posibilidad de que cambien cualquier cosa. Pueden reconfigurar el Estado, eliminando o incluyendo nuevas instituciones, pueden cambiar a un sistema mayoritario, pueden eliminar deuda política», ejemplificó.

    Puede leer: Un 60 % cree que será más difícil que funcionarios respeten la Constitución

    Según el comunicado de la AC, la reforma elimina la «certeza» de que los derechos fundamentales «no serán cambiados, disminuidos ni anulados de forma arbitraria». «Es otra acción inconstitucional que solo busca favorecer la concentración de poder», consideró.

    El abogado Enrique Anaya también consideró que el mecanismo ágil de reforma constitucional aprobado mediante el cambio al artículo 248 es «inconstitucional» porque no se siguió el proceso de reforma y no hubo debate.

    La Constitución pierde su carácter reforzado y por ende pasa a ser casi como una simple ley: deja de ser en los hechos una Constitución.
    Enrique Anaya, abogado.

    Según Anaya, la legislatura podría reformar «cualquier cosa» según lo requiera Nayib Bukele. «Potenciará inseguridad jurídica, pues el régimen autocrático le conferiría forma constitucional» a lo que quiera el mandatario, indicó el abogado, que sostiene que El Salvador vive una dictadura.

    «¿Qué implica una reforma exprés a la Constitución, la de hoy y las demás que vienen a futuro? Inseguridad jurídica. No hay reglas del juego claras para nadie, aumenta el riesgo y eso nunca es bueno a nivel económico, político y social.
    Erika Saldaña, abogada, en X.

    ¿Para qué sirve a la dictadura reformar la Constitución que nunca respetó? Da al proyecto autoritario una careta de legitimidad: podrán decir que no hacen más que cumplir la Constitución. Hará que se cumpla más rápido el capricho del dictador.
    José Marinero, abogado, en X.

    Para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la reforma «elimina la posibilidad de generar un debate público» de las aprobaciones de las reformas constitucionales.

    «Esa concentración de poder en una única legislatura podría facilitar la aprobación de reformas que respondan a intereses coyunturales o partidarios, sin el debido escrutinio popular», indica la Fundación en su comunicado. La institución exhortó a la Asamblea a «reconsiderar» la reforma.

    De forma exprés, como siempre. Sin que nadie que no sea el presidente se los haya pedido, como siempre. Violando la misma Constitución, como siempre. Gabriela Santos, Idhuca, en X.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, rechazó la reforma al artículo 248 de la Constitución porque los diputados se atribuyeron la función de constituyentes sin haber sido electos como tales.

    «Ustedes se están autodenominando constituyentes este día, están violando la Constitución porque no están siguiendo el proceso de formación de ley, porque cuando ustedes hicieron esta reforma el periodo pasado ni siquiera iba dentro de sus plataformas como diputados, que es obligación porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, porque así conoce la población si quiere o no votar por esta persona», reclamó Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista, quien votó en contra de la ratificación.

    El diputado Francisco Lira, del mismo partido, cree que Nuevas Ideas y Bukele están interesados en «comenzar la reforma de la Constitución sin consulta alguna».

    Cesia Rivas, de Vamos, con la ratificación podrán «reformar la Constitución cuando quieran y como quieran». «No derogan la Ley de la Minería pero sí quieren tocar la Constitución. No se quitan el fuero pero sí quieren tocar la Constitución», reclamó.

  • Aprobado perdón de multas de tránsito del 20 de diciembre al 26 de enero: ¿y si ya las pagaron?

    Aprobado perdón de multas de tránsito del 20 de diciembre al 26 de enero: ¿y si ya las pagaron?

    Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un decreto de perdón de las multas de tránsito impuestas del 20 de diciembre de 2024 hasta el 26 de enero de 2025, periodo que según el gobierno «ha servido para que los conductores tengan un periodo de adaptación».

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra porque la Constitución prohíbe al Ejecutivo o Legislativo perdonar las deudas con el fisco.

    Si los conductores ya pagaron las multas, «tendrán derecho a gestionar la gestión de esos montos». La Dirección General de Tesorería hará la devolución, para lo cual se emitirán lineamientos.

    El decreto iniciará su vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y caducará hasta que la condonación se cumpla totalmente.

    Han existido más de 12,000 conductores que han pagado infracciones registradas gracias al sistema de fotomultas, lo que ha considerado una suma de $1.2 millones.
    Dania González, Nuevas Ideas.

    La dispensa de pago, que había sido prometida por el presidente Nayib Bukele, aplica a «la totalidad de las multas» impuestas por infracciones a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, durante ese periodo.

    Para gozar del beneficio de condonación de multas de tránsito, no será necesario interponer un escrito de impugnación. Si hay inconformidades en trámite, aclara el decreto, la autoridad «declarará la improcedencia correspondiente en virtud del beneficio».

    La dispensa no perdona los procedimientos judiciales por el delito de conducción peligrosa ni los procesos de suspensión de licencia relacionados.

    «Podrán acogerse al presente decreto los conductores propietarios o poseedores de vehículos que haya sido infraccionados por la Policía Nacional Civil o por el Viceministerio de Transporte durante el periodo y condiciones a que se refiere el artículo que antecede», indica la reforma.

    Vamos señala viola artículo 232 de la Constitución

    La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que esto «no es un tema de recaudación», en referencia a la aprobación de la reforma de tránsito que aumentó la máxima multa de tránsito de $57.14 a $150.

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, anunció que no votaría porque el artículo 232 de la Constitución «es claro»: «Ni el órgano Legislativo ni el Ejecutivo podrán dispensar del pago de las cantidades reparadas a los funcionarios que manejen fondos fiscales o municipales, ni de las deudas a favor del fisco o de los municipios».

    La legisladora opositora aseguró que cuando los ciudadanos pagan las multas de tránsito «va a parar al Ministerio de Hacienda» por lo cual «proceder con esta propuesta es hacer algo inconstitucional».

  • Bukele celebra reforma al artículo 248 de la Constitución y prevé eliminar "deuda política"

    Bukele celebra reforma al artículo 248 de la Constitución y prevé eliminar «deuda política»

    Minutos después del cambio definitivo al artículo 248 de la Constitución de la República, que agregó un mecanismo rápido de reforma constitucional, el presidente Nayib Bukele celebró la eliminación de la deuda política, la primera reforma constitucional que se aprobaría bajo este nuevo método.

    El nuevo mecanismo para reformar la Constitución exige 45 votos de los 60 actuales, en una sola aprobación. Pero este entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Los diputados aún no han eliminado la deuda política.

    Lo que aprobaron este miércoles es que, en lugar de que toda reforma constitucional exija dos aprobaciones por dos Asambleas Legislativas, en distintos periodos, podrá ser en una sola.

    Por ejemplo, una reforma exigiría la aprobación con mayoría simple de la Asamblea Legislativa 2024-2027 y su ratificación en la Asamblea 2027-2030. Ahora solo requerirá una aprobación en una sola legislatura.

    Después de la aprobación de esta reforma al artículo 248 de la Constitución, Bukele celebró con la frase:

    «Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo.»

    Nayib Bukele, presidente de la República.

    Los partidos políticos han recibido $85.7 millones de deuda política durante 11 años desde 2014 hasta 2024 según un informe de Acción Ciudadana.

    Según el Ministerio de Hacienda, para las elecciones de 2024, se han devengado o ejecutado un total $10,963,423.76 de enero hasta noviembre de 2024 en «complemento de deuda política» pero se tienen programados $38,469,509. En el año 2023, Hacienda tenía programados $500,000 como anticipo de la deuda política.

    Para las campaña presidencial de 2019, el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió $7,167,994, ya que ganó las elecciones con la candidatura de Nayib Bukele; en segundo lugar el partido Vamos recibió $109,005.75; el PDC recibió $43,149.75; el Partido Social Demócrata, $71,328.69; Arena recibió $182,920.61 y el PCN, $123,490.50. Desde entonces, Hacienda no ha divulgado los datos de deuda política detallada pagada a los partidos políticos.

  • Ratifican acuerdo que permitirá que una sola Asamblea reforme la Constitución

    Ratifican acuerdo que permitirá que una sola Asamblea reforme la Constitución

    Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el acuerdo de reforma al inciso segundo al artículo 248 de la Constitución salvadoreña, que le permitirá aprobar cualquier reforma constitucional en un solo paso, sin necesidad de que sea ratificada por una segunda legislatura.

    Hubo tres votos en contra: dos de Arena y uno de Vamos.

    «Solicito que estas piezas de correspondencias se aprueben oportunamente con dispensa de trámites», pidió el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas.

    La agenda para introducir ambas iniciativas fue modificada con 57 votos y la dispensa de trámites también fue aprobada con 57 votos.

    Actualmente, una reforma constitucional debe ser aprobada por dos legislaturas, la primera aprueba un acuerdo de reforma constitucional que debe ser ratificada por una segunda legislatura.

    Pero, luego de la ratificación, cualquier reforma a la Constitución exigiría solo una votación de una sola legislatura, con tres cuartas partes de los votos, es decir, 45 de los 60 votos de la próxima legislatura. Nuevas Ideas y sus aliados tienen 57 votos.

    El presidente de la República, Nayib Bukele, pidió eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, lo que exige una reforma constitucional. El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, argumentó que pretendían ratificar la reforma para eliminar la deuda política.

    El artículo 248 que estamos ratificando es indispensable la ratificación para poder hacer la eliminación del artículo 210 en el cual reconoce la deuda política en nuestro país.

    Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    La gente sabe que ustedes no son transparentes, no rinden cuentas, ustedes crean leyes para su beneficio. Esta es la excusa para centralizar más poder.

    Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    Buscaron la excusa perfecta para poder trastocar la Constitución. Lo pudieron haber hecho el primer día del periodo pasado.

    Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    La reforma abre las puertas a cualquier modificación constitucional incluso antes de finalizar el actual periodo legislativo, en abril de 2027. Bukele fue reelecto en periodo continuo sin una reforma constitucional y con una resolución de la Sala de lo Constitucional nombrada por Nuevas Ideas. Sin embargo, el vicepresidente Félix Ulloa no ha descartado la aprobación de una reelección indefinida.

    Sin embargo, el artículo 248 siempre dirá: «No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».

    El decreto iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que podría ser aplicado por la actual legislatura 2024-2027.

    Artículo 248 de la Constitución actual:
    «Art. 248.- La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos.

    Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial.

    La reforma únicamente puede ser propuesta por los Diputados en un número no menor de diez.

    No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».

    Artículo 248 reformado:
    “La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos.

    Para que cada reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos.

    Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial.

    La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor a 10.

    No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.