Autor: Yolanda Magaña

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, criticó esta semana a la oposición por no votar a favor de la prórroga 42 del régimen de excepción, que suspende tres derechos constitucionales para facilitar capturas en El Salvador.

“Si a usted no le gusta que el pueblo viva dignamente, vaya a vivirse a otro país, pero aquí estamos los valientes, los que recibieron un país con muchos problemas y que lo están sacando adelante”, afirmó. “O son cobardes, o son valientes”, exclamó.

Mientras la oposición aseguró que la votación del régimen de excepción era un tema constitucional y de irrespeto a juicios justos, Soriano planteaba que se trataba de cobardía y valentía.

“La historia nos va a juzgar, colegas, ¿qué hicimos en el tiempo que fuimos funcionarios de esta Asamblea Legislativa, ¿fuimos parte de la solución o un estorbo?, ¿dimos solución o dimos excusas?”, afirmó en el pleno.

El político prometió que, “mientras” tengan “el privilegio de tener la mayoría en la Asamblea Legislativa”, van a “garantizar que el pueblo tenga seguridad, salud, educación, buena infraestructura y lo necesario para llevar una vida digna en El Salvador”, aunque agregó que “falta mucho” por hacer en el país y que “no va a ser fácil”.

“Yo quiero ser recordado como parte de aquella generación de diputados valientes que ayudaron a derrotar a las pandillas más sangrientas del continente”. William Soriano (Nuevas Ideas).

El diputado de Nuevas Ideas sostuvo que “El Salvador está siendo transformado» e insistió que “es de los valientes acompañar esa visión”.

Invitó a la oposición a visitar la colonia Zacamil, ubicada en el distrito de Mejicanos. “Basta con circular en vehículo. No se bajen del carro, ya sabemos que les da alergia. Se darán cuenta del cambio de condiciones que la gente está teniendo día a día; que no es que el papel aguante, es que son transformaciones reales que ustedes pueden ver pero que no tienen el valor de admitirlas”, aseveró a la oposición.

Según el legislador oficialista, la oposición no debe tener “miedo” para votar por el régimen de excepción porque ya el gobierno actual los “venció”. “Ya nos enfrentamos a ellos y los vencimos, ahora se puede subir al caballito ganador”, exhortó a la oposición, para invitarlos a unirse a la votación.

Al final, el miércoles, el régimen de excepción fue prolongado por una cuadragésima segunda vez con 57 votos a favor y tres en contra. El gobierno atribuye al régimen de excepción la captura de 88,800 personas que según las autoridades pertenecen a pandillas; mientras, organizaciones y partidos de oposición señalan más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias usando el régimen de excepción, además de torturas a los detenidos y más de 400 muertes de estos. El gobierno ha aceptado que hay un margen de error en la captura de personas durante el régimen de excepción.

Los dos legisladores del partido Arena, que el miércoles no votó por la prórroga del régimen de excepción, aseveraron que no están a favor de la liberación de pandilleros pero que rechazan la falta de juicios justos y el encarcelamiento de personas inocentes que tienen cartas de libertad.

Ambos diputados no se quedaron en la votación del régimen de excepción, ya que sus votos iban a ser registrados en contra.

«Nadie quiere sacar libre a ningún pandillero, nadie, los pandilleros deben estar presos, todos estamos de acuerdo que no podemos volver a ese hecho en este país y es un compromiso de todos nosotros no permitir que ellos vuelvan a las calles… Nadie quiere volver a ese pasado”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que no permitirán que les modifiquen sus votos y que no recurren a la Sala de lo Constitucional porque esta «está secuestrada por este gobierno». “No somos cobardes, hemos dado la cara», dijo.

Según la legisladora, atribuirles sus votos «en contra» del régimen de excepción es una estrategia para decir en campaña que «están en contra del pueblo».

«No estamos en contra del pueblo salvadoreño, ni tampoco de las medidas para cambiar lo que está pasando en este país. Lo que estamos en contra es, por ejemplo, cuando ustedes no cumplen las cosas como respetar los derechos con un juicio justo, donde les postergan dos años a las personas para que puedan defenderse porque ni siquiera les han encontrado que han cometido algún delito», declaró en el pleno.

Señaló al gobierno de tener encarceladas a personas con resoluciones de libertad. «Hay personas que tienen carta de libertad y no pueden salir, porque simple y sencillamente no se les ronca la gana», reclamó.

El diputado Francisco Lira, del mismo partido, aseguró que «nunca» se han «opuesto a que los mareros no vean la luz del sol» pero insistió en que hay personas inocentes capturadas.

«Los amigos que nos están acompañando con el uniforme celeste, saben que las mismas personas les dicen ‘tengo un familiar inocente en la cárcel’… Esos inocentes que tienen carta de libertad votaron por ustedes. Sigan así, el pueblo salvadoreño está observando los abusos del poder y ojalá que sigan pensando que la oposición solo somos tres diputados», indicó.

El diputado recriminó a Nuevas Ideas que rechazó propuestas de Ley del registro de pandillas, ley para la defensa social y el abandono de la violencia, una ley para la revisión de casos del régimen de excepción y una comisión de alto nivel para liberar a los inocentes con carta de libertad, entre otras. Lira también exhortó a meter «presos a los funcionarios que negociaron con pandillas en este gobierno».

«Hemos acompañado colocar más penas a los pandilleros, que se pudran en la cárcel por el tanto daño que le han hecho al pueblo… No vengan con una campaña con una campaña de que si la oposición tiene más diputados, vamos a sacar a pandilleros, dejen de mentir». Francisco Lira, diputado de Arena.

Los diputados de Nuevas Ideas no respondieron a referencias sobre capturas de inocentes o juicios injustos, sino a la caída de homicidios durante el régimen de excepción. Consideraron que los diputados que votan por el régimen de excepción son valientes.

Lira también afirmó que «la oposición está en las comunidades que no reciben medicina, escuelas destruidas, agro abandonado, el dinero ya no les alcanza para comer». “Es una descripción del país que dejaron sus gobiernos y que poco a poco vamos avanzando, esas escuelas, ese agro que dejaron abandonado”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, quien subrayó que en el Legislativo solo hay dos formas de votar «a favor» o «en contra».

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles una propuesta para limitar el tiempo en que ciertos titulares de visas permanezcan en Estados Unidos porque consideran que su permanencia “prácticamente indefinida” es un “riesgo para la seguridad”.

Las visas bajo este nuevo límite serían al menos:

Estudiantes extranjeros (visas F): el gobierno federal establecería periodos de admisión y prórroga para estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio de no más de cuatro años. Desde 1978 podían permanecer en EE.UU. por un periodo indefinido sin nuevos controles llamado “duración de estatus”.

Medios de comunicación extranjeros: establecerían una admisión inicial de un máximo de 240 días prorrogables, pero no superior a la duración de la actividad. Según la propuesta, deberán solicitar una autorización para prolongar su estancia al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo que exigiría evaluaciones periódicas.

El comunicado no detalló otras visas afectadas por la nueva política.

Según DHS, la permanece de estudiantes extranjeros, de intercambio y medios de comunicación extranjeros “cuesta una cantidad incalculable de dólares a los contribuyentes y perjudica a los ciudadanos estadounidenses” y la nueva regla “pondría fin a este abuso de una vez por todas”. Menciona que el gobierno tiene la carga de supervisar “a los estudiantes extranjeros y su historia”.

“Los estudiantes extranjeros han aprovechado la generosidad de Estados Unidos y se han convertido en estudiantes ‘perpetuos’, matriculados de forma indefinida en cursos de educación superior para permanecer en Estados Unidos”. DHS, 27 de agosto.

DHS indicó que la propuesta se realizó en 2020 pero fue retirada por el gobierno de Joe Biden en 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso que denuncia la desaparición forzada de cinco menores de la familia Rivas durante la guerra civil en El Salvador. Los afectados piden medidas de reparación, atención psicológica, investigación penal y garantía de no repetición.

El caso 13.932 trata sobre la desaparición de José Vicente, Clara Vilma, Juana Noemy, Gladys Suleyma y Norma Rivas, niños entre 3 y 11 años de la misma familia, atribuidas a agentes de la Fuerza Armada y ocurrida en agosto de 1982 durante la guerra salvadoreña.

El caso, presentado en marzo de 2012 ante la CIDH, denuncia el ataque de soldados en el volcán Chinchontepec, en donde los habitantes regresaron al lugar y encontraron varios cadáveres pero no de los menores, por lo que se incluyen como desaparecidos en el Informe de la Comisión de la Verdad.

El proceso incluye tres demandas de habeas corpus contra miembros del Batallón Atlacatl y de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada.

En 2011 y 2017, la Sala de lo Constitucional en El Salvador ordenó recabar información del operativo “Anillo”, la Comisión Nacional de Búsqueda abrió una investigación en 2012. La Fiscalía informó en 2017 que aún continuaba la investigación según la CIDH.

La CIDH concluyó, según el comunicado, que hubo desaparición forzada y que la “sustracción» de los menores «fue cometida por miembros de la Fuerza Armada en agosto de 1982”.

Como “esfuerzos” señalan la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2010 y una política fiscal en 2018 pero no lo consideran suficiente ni diligente.

La CIDH reclama “más de 10 años” de investigaciones “sin avances significativos”, y respuestas “negativas” a pedidos de información, así como declaratoria de inexistencia de información del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Conjunto. “El Estado no realizó una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial”, e “impuso obstáculos para el acceso a la información y a archivos relevantes”, indicó la CIDH según el comunicado.

Por ello consideran que el Estado violó derechos a la vida, integridad personal, protección familiar, a la garantía judicial, al derecho a recibir información, todos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La “Ordenanza transitoria para el pago de tributos con dispensa de multas e intereses moratorios del municipio de La Libertad Sur” está vigente desde hoy y busca recuperar deuda que tienen los contribuyentes con la municipalidad para “incrementar los ingresos”.

El decreto municipal permite que personas naturales y jurídicas, arrendatarios de centros comerciales municipales, como el Central, Dueñas y Comasagua, y de cementerios municipales, que se encuentren en mora, puedan solicitar planes de pago de sus deudas con la dispensa de intereses.

Los contribuyentes deberán desistir de demandas administrativas o judiciales, y se les perdonaría el 100 % del pago de intereses y multas si el pago es total; el 75 % si es un plan de pagos de dos a seis cuotas; 50 % si es de siete a 12 cuotas.

El beneficio durará 30 días calendarios que inician este jueves 28 de agosto, ya que la ordenanza inició su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial del 20 de agosto. La ordenanza fue aprobada el 14 de agosto.

El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un contrato de préstamo de $60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar un proyecto que busca mejorar la calidad del sistema de transporte público en el área metropolitana de San Salvador (AMSS).

El préstamo busca también aumentar la eficiencia del sistema de pago del transporte público del AMSS, mejorar la planificación del transporte público y mejorar la seguridad de la infraestructura vial en carreteras críticas en donde suelen darse accidentes de tránsito, como Autopista Comalapa, Troncal del Norte y Autopista de Oro en busca de mejorar la seguridad de los automovilistas, motociclistas, peatones y ciclistas.

El nombre del proyecto es “Programa de apoyo al sistema de movilidad urbana del área metropolitana de San Salvador (AMSS)”. El préstamo fue aprobado el 6 de agosto por el BID bajo el número de proyecto: ES-L1164.

El plazo de préstamo será de 25 años, se pagará en 66 meses semestralmente, a una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario y una comisión no mayor al 0.75 % por año desde los 60 días de la suscripción del contrato.

El préstamo, según su propuesta publicada por el BID, tiene tres componentes:

1. Fortalecimiento institucional y sistemas tecnológicos: $22 millones

Este componente incluiría una consultoría para realizar un Plan Integral de Movilidad Sostenible para el AMSS con enfoque en desarrollo urbano, mujeres, inclusión; bienes y servicios para un Centro de Inteligencia de Datos que estudie los patrones de movilidad; el diseño y la implementación de un Sistema de Pago Electrónico con un análisis tarifario diferenciado para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y estudiantes; y una consultoría sobre gestión del transporte público.

2. Infraestructura segura: $35 millones

Incluiría obras como mejoramiento de señalización, cruces peatonales, banquetas, barreras protectoras, eliminación de obstáculos peligrosos en costados de vía, alumbrado, rehabilitación de pavimento, en los tres corredores con mayores índices de siniestralidad.
Consultoría para estudios técnicos de seguridad vial en corredores del AMSS.

3. Administración, evaluación y auditorías: $3 millones

Según la propuesta de préstamo, el gobierno salvadoreño tiene una propuesta para avanzar en una reforma del transporte público que incluye nuevos modos de transporte como el metro de San Salvador y una red de metrocables, mejorar los corredores viajes de alta siniestralidad, renovar la flota de buses, implementar un Sistema de Pago Electrónico y construir un centro de control de tránsito, transporte público e inteligencia de datos.

Toda la propuesta de transporte del gobierno tendría un costo de “al menos $2,600 millones”, por lo que se menciona que existe coordinación con otras entidades financieras o donantes como la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y Banco Mundial.