Autor: Yolanda Magaña

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró en una entrevista con el excongresista estadounidense Matt Gaetz que el punto de inflexión del problema de las pandillas en El Salvador ocurrió en 2021, año en que el partido Nuevas Ideas se volvió mayoría en el Poder Legislativo.

Según Ulloa, el trabajo del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas «no fue fácil» durante los años 2019 a 2021, ya que no podían «hacer mucho porque las pandillas controlaban la Asamblea Legislativa».

El funcionario, además, respondió que «los jueces se interpusieron» y que «incluso la Policía» Nacional Civil (PNC) «estaba infiltrada», ya que el gobierno de ese entonces «tenía pactos con las pandillas».

“No fue fácil. Al principio, en 2019-2021, no podíamos hacer mucho porque las pandillas controlaban la Asamblea Legislativa. Cuando ganamos las elecciones parlamentarias en 2021, fue el punto de inflexión”.
Félix Ulloa, vicepresidente salvadoreño.

Gaetz le preguntó que sí creía que la comunidad internacional prefería que el gobierno salvadoreño trabajara con las pandillas en lugar de combatirlas, a lo que Ulloa le respondió: «Era su enfoque (el de la comunidad internacional), increíble pero cierto».

Ulloa relató que una jueza vino llorando a su oficina «con una foto que le enviaron los pandilleros de sus hijas en la escuela» y que en una clara amenaza le dijeron «Si me condenas, sé dónde están tus hijas».

El vicegobernante agregó que «altos miembros de la Iglesia Católica aprobaron el pacto» con las pandillas. En agosto de 2022, el funcionario también señaló a pastores evangélicos de tener un vínculo con las pandillas: «¿Pastores evangélicos? Porque el 80 % de los pastores forman parte de estas estructuras», afirmó en una entrevista a Le Monde de Francia.

«Era su enfoque (de la comunidad internacional), increíble pero cierto. Incluso altos miembros de la Iglesia Católica aprobaron el pacto. Sí, por supuesto (los jueces se interpusieron)… Incluso la policía estaba infiltrada. El problema era que el gobierno tenía pactos con las pandillas».
Félix Ulloa, presidente salvadoreño.

Los pactos entre cabecillas de pandillas y dirigentes de Arena y FMLN, que han sido partidos de gobierno en el pasado, han sido causa de procesos penales en los tribunales salvadoreños. De ambos pactos, el periódico El Faro publicó audios e imágenes de reuniones con dirigentes del FMLN y de Arena. El Faro también ha revelado audios de Carlos Marroquín, director de Tejido Social, y más recientemente entrevistas con pandilleros que aseveran que hubo un pacto con el gobierno actual.

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En 2022, sobre los audios en los cuales Carlos Marroquín habría ayudado a sacar del país al cabacilla Élmer Canales Rivera El Crook, Ulloa dijo en la entrevista a Le Monde: «No está en mi área de acción, eso lo decide el gobierno pero sí, tendría sentido abrir una investigación» pero distanció este hecho de un posible pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas. «Eso sigue sin ser política de Estado», dijo también en esa ocasión.

Una amplia demanda ciudadana a favor del populismo en Centroamérica y República Dominicana revela el informe Estado de la Región 2024, que hace una comparación de las actitudes políticas de la población en la región respecto a la democracia y al autoritarismo.

Las personas definidas como «populistas» son aquellas, explica el informe, que no abandonan el ideal de democracia como forma de gobierno pero están a favor de un «líder fuerte» pero que no se como autoritarias.

La investigación concluye que los populistas son el grupo más numeroso en todos los países de Centroamérica y República Dominicana, oscilando desde la quinta parte hasta un poco menos de la mitad, pero advierte que solo en El Salvador los populistas son mayoría.

Es El Salvador el único país en donde la proporción de las personas definidas como «autoritarias» (19.9 %) superan las demócratas (13.2 %). Incluso en Nicaragua, con un régimen autoritario, los autoritarios (20 %) no superan a quienes se consideran demócratas (24 %).

En el resto de países de Centroamérica, las personas que apoyan el autoritarismo, aunque llegan hasta un quinto de la población –excepto en Costa Rica que son 10 %– son menos que los demócratas.

Costa Rica, cuyo régimen es identificado como democracia, tiene solo 10.7 % de personas autoritarias y la mayor proporción de demócratas: 34.4 %. Sin embargo, incluso en este país, son superados por los llamados «populistas»: 38.7 %.

Una de las conclusiones del informe es que el aumento de la población con posiciones ambiguas respecto a la democracia provocará «involuciones y retrocesos políticos» y «un contexto con alto potencial para conflictos», polarización y confrontación.

Congresistas miembros del Caucus que representan a El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos visitaron las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y se reunieron con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en Casa Presidencial, informaron este viernes.

A la reunión entre el Caucus y el presidente Bukele asistieron el fundador del Caucus Matt Gaetz, y los congresistas el demócrata Vicente González (Texas), el republicano Andy Ogles (Tennessee), la republicana Anna Paulina Luna (Florida), quien preside el Caucus, así como Alex Bruesewitz, asesor del presidente estadounidense Donald Trump.

El congresista republicano Andy Ogles definió al Cecot como una prisión que encierra a “pandilleros, traficantes e invasores ilegales”, en referencia al acuerdo de ambos gobiernos para recluir en la megacárcel salvadoreña a extranjeros deportados por la administración de Donald Trump, que los consideró “invasores” aplicando la Ley de enemigos extranjeros de 1798.

“Es un honor reunirse con el presidente Nayib Bukele y recorrer la legendaria megaprisión CECOT, donde El Salvador encierra a pandilleros, traficantes e invasores ilegales”, fueron las palabras de Ogles en la plataforma de Elon Musk X.

La congresista republicana, la exmodelo Anna Paulina Luna, quien lidera el Caucus, informó que se reunieron con Bukele y que estuvieron en el CECOT, y agradeció por ello al mandatario salvadoreño. Bukele le respondió con las banderas de Estados Unidos y El Salvador y un emoticono de un apretón de manos.

El asesor de Trump Alex Bruesewitz, quien publicó una fotografía con el presidente Bukele, escribió que pasaron un momento “genial” con el presidente salvadoreño y que no tomaron “margaritas con ningún pandillero de la MS-13” en referencia a una reunión que tuvo en El Salvador el senador demócrata Chris Van Hollen y el salvadoreño Kilmar Ábrego, quien había sido encarcelado en el CECOT luego de ser deportado.

Van Hollen calificó de montaje la colocación de copas por personal de Casa Presidencial de El Salvador. “Lo llevaron al hotel donde me hospedaba, querían tener la reunión junto a la piscina del hotel. Mientras hablábamos, una de las personas del gobierno se acercó y puso otros dos vasos en la mesa con hielo, y no sé si era sal o azúcar por encima pero parecen margaritas”. Bukele, quien dio a conocer esa reunión entre Van Hollen y García Ábrego, aseguró que eran margaritas.

Bruesewitz es un joven de 27 años, asesor de Trump y CEO de XStrategiesLLC, una agencia de consultoría estratégica y medios cuyos clientes son políticos, empresas, deportistas y organizaciones autor del libro “Ganando la guerra de las redes sociales: cómo los conservadores pueden contraatacar, reclamar la narrativa y cambiar el margen de la izquierda” publicado en 2022.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el dictamen favorable para prorrogar la «Ley especial y transitoria para la estabilización de los precios de gas licuado de petróleo» que aplica un subsidio por la compra de cada cilindro de gas transferido mediante las empresas envasadoras.

Antes de aprobar el dictamen, los diputados recibieron al director general de Subsidios del Ministerio de Hacienda, Juan Francisco Grande, quien les explicó la iniciativa.

La prórroga se aprobó hasta el 31 de mayo de 2026, un año más.

El representante de Hacienda explicó que los eventos que «se busca atenuar» son «la persistente volatilidad del mercado energético internacional agravada por los conflictos geopolíticos, las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional del crudo de petróleo y sus derivados» y las alternaciones en las cadenas de suministro globales debido a restricciones logísticas, incremento en tarifas de transporte y tarifas arancelarias.

Con el decreto, se busca mantener estables los precios de ventas al consumidor de los cilindros de gas:

-10 libras: $4.61
-20 libras: $8.98
-25 libras: $11.13
-35 libras: $15.50

«La aprobación de esta prórroga mantendrá en niveles accesibles los precios, dándole certidumbre a los costos asociados principalmente al proceso de cocción de los alimentos. De no activarse este mecanismo, los consumidores estarían cancelando un precio mucho mayor, en el caso del cilindro de 25 libras pudiera alcanzar $15 o $16».
Juan Francisco Grande, director general de Subsidios del Ministerio de Hacienda.

El mecanismo fue creado en 2021 y consistió transferencias a las empresas envasadoras del GLP que comercializan el producto en cilindros portátiles, para contrarrestar la fluctuación de precio internacional de hidrocarburos. El subsidio se activa cuando los precios superan los precios máximos autorizados.

La diputada de Vamos, Cesia Rivas, preguntó si tiene los datos de la población beneficiada de este subsidio y si se ha cumplido el artículo 10 sobre la verificación que debe realizar la Corte de Cuentas de la República (CCR) sobre el cumplimiento. El funcionario respondió que se beneficia aproximadamente a un 80 % de la población.

Además de este mecanismo de estabilización del precio del GLP, se aplica un subsidio focalizado que beneficia a un millón de hogares y negocios de subsistencia en preparación de alimentos. Para solicitar el subsidio focalizado, el interesado puede presentar su DUI vigente y legible, fotocopia del recibo de energía eléctrica del mes y número de DUI de los miembros del hogar.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha cuestionado los mapas sobre la calidad democrática de los países en el mundo elaborados por diferentes investigaciones como la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU).

El más reciente comentario del 6 de mayo acompañado de un emoticono de carcajada indicó que el “estado de la democracia en el mundo” –de 2022 retomado por @fasc1nate– asignaba puntajes altos a «monarquías hereditarias» y «regímenes que prohíben a sus oponentes».

“No tengo nada en contra de las monarquías (en absoluto), pero si este es un mapa de “democracia”, ¿por qué las puntuaciones más altas las obtienen las monarquías hereditarias y los regímenes que prohíben a sus oponentes?”.
Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

Herbert Esmahan, seguidor de Bukele, le comentó: “Su definición de democracia cambia constantemente.”

El mapa comentado por el presidente era el Índice de la Democracia 2022 medido por la Unidad de Inteligencia de The Economist y que ubica a El Salvador como “régimen híbrido” en una escala que asigna puntajes según cuatro categorías: regímenes autoritarios, híbridos, democracia débil y democracia plena.

En la región, El Salvador logra un puntaje de 5.06, arriba del 4.68 de Guatemala y del 2.5 de Nicaragua, y debajo del 8.29 de Costa Rica. “El estado de la democracia en El Salvador empeoró significativamente año tras año, particularmente bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele”, indica el mapa citado de América.

El Índice de Democracia 2024 muestra a El Salvador con un puntaje más bajo de 4.61 aunque se mantiene como un “régimen híbrido”. Este nuevo informe indica que solo 6.6 % vive en democracia plena cuando esta proporción de gente era de 8 % en 2022.

Nothing against monarchies (at all), but if this is a “democracy” map, why are the top scores going to hereditary monarchies and regimes that ban their opponents? https://t.co/j4eFRwg0Qj

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 8, 2025

Según este índice un 35.9 % de países viven bajo régimen autoritario, un 21.6 % en régimen híbrido, un 27.5 % en débiles democracias y un 15 % de países en democracia plena.

Los puntajes más altos con para naciones como Noruega (9.81), Nueva Zelanda (9.61), Suecia (9.39), Suiza (9.32), Finlandia (9.30), Dinamarca (9.28), Irlanda (9.19), Holanda (9), Luxemburgo (8.88), Australia (8.85), Taiwán (8.78), Alemania (8.73), Canadá (8.69), Uruguay (8.67), Japón (8.48), Reino Unido (8.34), Costa Rica (8.29), Austria (8.28), España (8.13), Portugal (8.08), Corea del Sur (7.75), entre otros. Estados Unidos tiene un puntaje de 7.85.

Países como Cuba (2.58), Haití (2.74), Nicaragua (1.76), Venezuela (2.25), Azerbayán (2.8), Rusia (2.03), Afganistán (0.25), China (2.11), Corea del Norte (1.08), Pakistán (2.84), Vietnam (2.62), entre otros, son calificados como regímenes autoritarios.

Bukele también expresó su inconformidad con la distribución geográfica de la calidad democrática mundial el pasado 2 de mayo.

“Listo. Lo arreglé para ti”, escribió junto a un mapa con todos los países rojizos, insinuando que todos tienen regímenes autoritarios.

Antes, el mandatario salvadoreño cuestionó: “¿Cuándo todos estos rankings y mapas de colores dejarán finalmente de llamar a Alemania una democracia plena?”. Alternativa para Alemania (AfD), el partido de ultraderecha en Alemania, que aumentó adeptos en la última elección alemana, fue designado como una organización de extrema derecha por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, por ser “incompatible con el orden democrático libre”.

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El diputado Francisco Lira, del partido Arena, calificó de medida populista el servicio nacional de transporte gratuito ordenado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y cuestionó por qué no se asignan fondos de la misma manera a salud, educación o medicinas.

Ante la pregunta sobre si estaban de acuerdo con el transporte gratuito nacional respondió: «Si, de forma temporal». Pero agregó que «no resuelve el verdadero problema de Los Chorros» y criticó la medida, calificándola de improvisada y populista.

«Esta medida (transporte gratuito) no responde a una planificación real, sino a una decisión improvisada y populista que aprovecha la necesidad de la gente en este momento de crisis».
Francisco Lira, diputado de Arena.

La diputada Marcela Villatoro, jefa de fracción de Arena, aseguró que aún no han conversado en el partido político sobre el tema pero coincidió en que el transporte gratuito “no resuelve el problema”.

“Al contrario, se ha agudizado, creo que debieron haber tomado en cuenta nuestras propuestas para que ayudara a agilizar el tráfico», indicó.

El diputado Lira también cree que la propuesta de su partido, que no logró votos en la Asamblea Legislativa, hubiera ayudado a agilizar el tráfico. La propuesta fue realizada en la sesión plenaria del pasado 30 de abril y consistía en autorizar teletrabajo para algunos centros de trabajo y horarios escalonados.

Sospecha de modelo mixto de transporte

El diputado de derecha mostró sus sospechas de que el Gobierno pueda estar buscando eliminar el actual modelo de transporte, un servicio público dado en concesión a transportistas, para «crear empresas mixtas» y concentrar el servicio de esta forma «en el gobierno».

«La carretera colapsó pero con esta decisión (transporte gratuito) también colapsaron el sistema de transporte nacional. La pregunta obligada es: ¿buscan eliminar el modelo actual para crear empresas mixtas y concentrar los servicios en el gobierno?», cuestionó.

El legislador también exigió transparencia sobre el origen de los fondos destinados al transporte gratuito. «¿De dónde salieron los 12 millones para pagar transporte gratuito? Si hay fondos para medidas populistas, ¿por qué no los usan en salud, educación o medicamentos?», preguntó.

El gobierno no ha detallado la fuente de los $12 millones destinados a compensar el servicio de transporte gratuito que prestan actualmente las unidades de transporte. La decisión fue tomada luego de los colapsos de taludes en el tramo de Los Chorros de la carretera Panamericana que conecta el centro con el occidente de El Salvador y de que se decidiera cerrar mientras se repara para disminuir la vulnerabilidad en la zona, en la cual una empresa de Corea del Sur –Dongbu Corporation– construye un viaducto para agilizar el tráfico.

El incumplimiento del transporte gratuito, ordenado por el cierre de Los Chorros, ya provocó 12 capturados y la verificación por parte de militares y policías.

Aproximadamente un 9 % de los venezolanos deportados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ubicado en Tecoluca, San Vicente, emigró por la «persecución política», según Cristosal, organización no gubernamental que entrevistó a un 60 % de los familiares afectados.

Hasta el l5 de mayo, la organización recibió información de los familiares de al menos 147 personas deportadas desde el pasado 15 de marzo en virtud del acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para recluir personas consideradas criminales por la administración Trump. Las entrevistas representan el 58 % de las deportaciones, solo uno es salvadoreño.

El 78 % de los deportados dijeron que emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y el 35 % señalaron que huían de la violencia social, entre otras razones dadas a raíz de una pregunta que podía tener respuesta múltiple.

Pese a que solo 9 % de los familiares de los venezolanos dijo que estos eran víctimas de persecución política, un 18 % consideró que «estaría el alto riesgo si volviera a Venezuela».

Estados Unidos ha deportado unos 250 migrantes que han sido recluidos en el Cecot, la megacárcel de máxima seguridad ubicada en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente. Esta es una prisión con capacidad de recluir a 40,000 personas según el gobierno y que es utilizada para recluir a miembros de pandillas.

La reclusión de un salvadoreño deportado por error que residía en Maryland, Kilmar Armando Ábrego García, quien emigró a Estados Unidos cuando tenía 16 años y que ahora está recluido en el Cecot, es objeto de una polémica en los Estados Unidos, en donde la administración Trump lo señala de ser miembro de la MS-13 y congresistas demócratas piden su liberación porque no ha tenido un debido proceso.

Según la información recolectada por Cristosal, el 90 % de los deportados a El Salvador y ahora recluidos en el Cecot no tenía antecedentes penales, el 77 % tenía un empleo y el 41 % tenía alguna forma de protección migratoria en los Estados Unidos.

El séptimo informe del Estado Región 2024 sostiene que la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) atraviesa por la “peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares” e identifica solo a Costa Rica como democracia plena.

“Los Estados y sociedades de la región Centroamérica y República Dominicana enfrentan un panorama incierto”, indica el informe, al referirse a tendencias económicas, sociales, ambientales y políticas en la última década.

El Programa Estado de la Nación presentó en mayo el volumen 3 del séptimo informe Estado de la Región, que analiza el desarrollo humano sostenible en el periodo 2018-2023.

«Estamos en un momento decisivo. El camino que elijamos ahora puede marcar la diferencia para las próximas generaciones. Fortalecer la democracia y apostar por una integración más efectiva nos permitirá enfrentar los desafíos y aprovechar nuestras fortalezas como región».
Alberto Mora, coordinador de la investigación Estado de la Región.

En la región prevé “mayores rezagos” en el desarrollo humano y “mayores conflictos y tensiones dentro y entre los Estados”, lo que “compromete” el desarrollo a futuro. Como propuesta, sugiere “revalorar” los principios en los que se basa la democracia procurando el bien común.

«Autocratización»

El volumen 3 del informe Estado de la Región 2024 sostiene que en Centroamérica y República Dominicana hay una “gran diversidad de regímenes políticos” –una democracia liberal hasta autocracias, semidemocracias y regímenes híbridos– resultante de “procesos de regresión democrática o autocratización”.

El estudio identifica en Nicaragua y El Salvador situaciones «similares» o «peores» a momentos de inestabilidad social y política del siglo XX debido a la “concentración de poder en la presidencia y las restricciones a la libertad de expresión” así como el “ataque a la independencia del Poder Judicial”.

En la investigación se señala a El Salvador como el único país de la región en donde el porcentaje de la población «autoritaria», un 20 %, es mayor a los «demócratas», un 13 %, con una mayor proporción, 60 %, de “populistas”, quienes dicen apoyar la democracia pero apoyarían un líder fuerte que concentre el poder y resuelva incluso violando normas democráticas.

En la región se etiqueta a Costa Rica como la única democracia plena.

El informe también detecta un crecimiento económico superior al promedio latinoamericano sin una distribución equitativa así como señales de una ciudadanía dispuesta al cambio y vislumbra la integración regional como posible camino.

Conflictos geopolíticos: China y EE.UU.

El informe detalla que sus más de 20 estudios realizados tienen cinco hallazgos relacionados a una mayor desigualdad en el desarrollo, más conflictos geopolíticos que agravan las tensiones en la región, una diáspora interna menos capaz de enfrentar los desafíos y la presencia de una peor situación política peligrosa desde los conflictos militares en la región.

El informe advierte que la «desarticulación regional reduce» los «márgenes de maniobra» frente a las potencias, con agentes distintas y cambiantes.

«Lo que no ha cambiado en esas relaciones –potencias con la región– ha sido la activación o intensificación de los vínculos cuando aumenta la rivalidad geopolítica entre las potencias, como ha sucedido recientemente entre Estados Unidos y China». Informe del Estado de la Región 2024.

El estudio señala una «incapacidad» regional de definir una «estrategia conjunta» y ve un «aumento de rivalidades» globales y «respuestas dispersas» de los países de la región que perjudican su diálogo.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, reconoció en una entrevista a una revista francesa que el gobierno se enfrenta con «menos de un 10 % de margen de error» en la aplicación del régimen de excepción, pero que lo consideran un éxito y que buscan disminuirlo.

Ulloa aseveró que se han liberado más de 7,000 personas de las más de 80,000 arrestadas desde el 27 de marzo de 2022.

«Lo que tratamos es reducir el margen de error», indicó en una entrevista publicada el martes a la revista francesa Le Grand Continent.

No nos vamos a levar preso a cualquier joven que anda con un tatuaje.
Félix Ulloa, vicepresidente a medio francés.

El vicegobernante aseguró que lo que están haciendo «no es perfecto», «y eso lo reconocemos, pero sigue siendo algo muy bueno». “Esos errores son los que se están corrigiendo. Hay una oficina en la policía de quejas contra el mal proceder de policías”, declaró en la entrevista.

Según sus declaraciones, el gobierno estableció protocolos de capturas y corrigió «las malas prácticas de policías o de militares que han abusado, violado derechos humanos o capturando personas por razones personales».

Ulloa reiteró que el gobierno ha liberado «a más de siete millones de personas que estaban atrapadas en sus casas por temor a las maras», al capturar a más de 85,000 personas señaladas de ser miembros de pandillas; y sostuvo que, gracias al estado de excepción, El Salvador tiene una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes.

La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) lleva un registro de 394 nombres de personas que han fallecido mientras estaban detenidos bajo custodia estatal luego de ser capturados bajo el régimen de excepción. Ingrid Escobar, representante del SJH, aseveró ayer que el 94 % de estos no tenía tatuaje ni antecedentes penales y el 6 % poseían tatuajes, habían sido pandilleros o tenían antecedentes penales.

Por otra parte, el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) detalla que durante 2023 y 2024, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió 1,172 de denuncias de detenciones arbitrarias. De los 605 detenidos supuestamente de manera arbitraria en el último año, un total de 422 capturados –un 70 %– son hombres jóvenes entre 18 y 35 años, según datos publicados en el informe 2024 por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

El OUDH sí reconoció una disminución de homicidios durante el régimen de excepción, registrando en el último año una baja de 5.1 a 4 homicidios por cada 100,000 habitantes de 2023 a 2024, tomando en cuenta personas fallecidas en centros penitenciarios, osamentas y particulares fallecidos en enfrentamientos armados, datos que excluye el gobierno de su registro.

Con cifras del gobierno, el régimen de excepción lleva 85,900 capturas de «terroristas» hasta el 25 de abril pasado y 900 días sin homicidios hasta el pasado 4 de mayo.

La Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 30 de la «Ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos», que establecía criterios de priorización para asignar tejidos u órganos a trasplantar a los pacientes, entre ellos la «urgencia clínica» y el respeto al «principio del interés superior de los menores y adolescentes».

El artículo 30 derogado establecía siete criterios para priorizar la asignación de órganos, pero algunos de estos se retomaron en la reforma al artículo 29 de la normativa, que establece que los trasplantes serán avalados por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante de cada establecimiento de salud bajo los criterios de «aspectos territoriales, clínicos y de histocompatibilidad».

En la ley aprobada en 2022 se detallaba como criterios aspectos territoriales y clínicos, la gravedad del paciente, la urgencia clínica como «prioridad absoluta en todo el territorio nacional» y la decisión de la Junta de Delegados del CST (Consejo Salvadoreño de Trasplantes) sobre «qué paciente es el más indicado para recibir el órgano, basándose en los criterios clínicos de compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas, la gravedad del paciente, compatibilidad» y otras condiciones incluidas en el reglamento.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, intentó que se modificara el artículo 9 para revivir el criterio de prioridad en niños y adolescentes, por lo que propuso agregar en el artículo 9 de la reforma: «Los criterios se establecerán teniendo en cuenta aspectos territoriales, clínicos, de histocompatibilidad y respetando el interés superior de niños, niñas y adolescentes«.

Argumentó que si el criterio se mantiene la ley sería «más garantista para esta población especialmente que son niños y niñas adolescentes, más vulnerables». No tuvo votos.

El Ministerio de Salud emitió, el 15 de noviembre de 2024, su «Política nacional de donación y trasplante de células, tejidos y órganos humanos», publicada en el Diario Oficial del 18 de diciembre de 2024, según la cual uno de los principios será la «equidad», por lo que no atenderá a «consideraciones económicas o de otra índole».

«Las reglas de asignación definidas deberán ser equitativas, justificadas externamente y transparentes, valorando a la persona humana, sin importar diferencias económicas, culturales, sociales o de género», indica.

Según el Ministerio de Salud, el país tiene 52,102 personas con enfermedad renal crónica en diferentes fases, un 84.7 % en las fases 3, 4 y 5; y se tienen 3,382 pacientes en terapia en sustitución renal, 1,609 pacientes en diálisis peritoneal y 1,773 en hemodiálisis.