Autor: Yolanda Magaña

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa finalizó la noche de este lunes las entrevistas a ocho candidatos al procurador general de la República que dirigirá la institución del 2 de mayo de 2025 al 1 de mayo de 2028, y aprobó un dictamen favorable.

Al finalizar las entrevistas que faltaban, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política, propuso aprobar el dictamen favorable, que podría ser recibido por el pleno legislativo este martes para elegir a uno de los ocho candidatos.

Hasta esta noche, ninguna fracción ha propuesto –públicamente– un candidato. Las propuestas son realizadas públicamente en el pleno por el representante de cada grupo parlamentario. Las propuestas de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, en las elecciones de funcionarios de segundo grado pasado, siempre han coincidido.

René Escobar Álvarez fue el primer candidato entrevistado este lunes. Es el procurador general actual, fue presidente de la directiva de la Oficina para Adopciones, inició como auxiliar jurídico y defensor público.

Presentó como logros de su gestión la supresión de unidades innecesarias, el Centro de Atención Virtual (Caval) con 100,000 atenciones al año, la línea «Estamos contigo» y la línea «Lesa», coordinación interinstitucional con el Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia, renovación de infraestructura, ampliación de oficinas de atención, donación de terreno en La Libertad Costa; creación del Centro Integrado de Atención Psicosocial para Niños y Niñas Adolescentes.

El funcionario informó que han tenido la declaratoria de 61 casos de adoptabilidad y la Oficina para Adopciones (OPA) ha alcanzado desde junio de 2022 un total de 104 adopciones autorizadas, 87 bajo su administración, «un incremento del 84 % respecto a años anteriores». Indicó que el país pasó de una adopción en 2009 a 37 en 2024 y 12 en 2025. «Tenemos seis casos de adopciones internacionales», detalló.

Aseguró que han atendido a más de 67,000 mujeres en el último año.

Sara Nohemy García Leonardo, secretaria de actuaciones en Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, felicitó a la actual procurador y dijo que no podría señalarle falencias. Ofreció “poner en primer lugar a la personas y a la familia”. Agregó que “probablemente se podrá encontrar” un punto de mejora o “a lo mejor no” aunque mencionó que haría mejoras en la atención al usuario y prevención de violencia intrafamiliar.

García Leonardo también ha sido jueza suplente en San Juan Tepezontes, Ereguayquín, exfiscal electoral en Zaragoza de marzo de 2013 a junio de 2016

Sara Yolanda González Alfaro, quien fue jefa del departamento legal de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador de 2019-2020 y asesora de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo de 2005-2006, destacó que ha regresado a El Salvador, ya que residió en Doha, Qatar de 2006 a 2010, entre otros países.

Ante la pregunta del diputado Raúl Chamagua sobre qué traería de todo lo que ha visto desde el exterior a El Salvador. “Tenemos que simplificar las funciones de la PGR, humanizar la PGR a través de sus empleados, no es el titular, no podemos tener un sentimiento de autoridad, ser autoritarios ante alguien que busca los servicios”, respondió.

Ante otra pregunta de la diputada Cesia Rivas sobre qué acción haría ante tardanza en los procesos laborales cuando la PGR ejerce la representación de los trabajadores, respondió que en materia laboral las conciliaciones son básicas y ofreció una sistematización de casos en el sitio web para evitar lentitud de los procesos. “Así como somos ahora, el país de la seguridad, de la amabilidad, también nuestros empleados tienen que reflejar eso. Alguien de la PGR no debe salir diciendo ‘voy a buscar abogado’, debe salir diciendo ‘tengo abogado”, contestó.

Karina Jeanette Martínez Guevara, magistrada propietaria de la Cámara de la Primera Sección del Centro de San Salvador, ofreció mejorar los tiempos de solución porque “hay mucha queja en la mora”. Aseguró que la medida provisional no se puede tomar de manera apresurada y que la estandarización de los procedimientos es urgente.

LaComisión Política de la Asamblea Legislativa, después de unapolémica entre la oposición y Nuevas Ideas, aprobó el dictamen de reforma alartículo 86 del reglamento de la Asamblea Legislativa para prohibir que los diputados puedan votar «abstención» y obligarlos a que voten a favor o en contra.

Ladiputada Marcela Villatoro, de Arena, consideró innecesaria la reforma y criticó que esta prohibición únicamente se aplica en países como Corea del Norte, Cuba, China y Venezuela. «Usualmente son estos países con regímenes autoritarios donde no se permite esa disidencia de opinión», afirmó.

Villatoro indicó que para los diputados de Nuevas Ideas es fácil porque «solo votan todo a favor de lo que les envían», pero que para la oposición es difícil conocer «muchísimas piezas» que son aprobadas «con dispensa de trámites», es decir, que son entregadas por el Gobierno el mismo día de aprobación sin haberlas divulgado con anticipación. Opinó que la reforma es una forma de coartar o de silenciar a la oposición.

Muchos cosas vienen de 30, 20 páginas, es bien difícil conocerlas de fondo en tan poco tiempo y es esta una de las razones por las cuales nosotros tomamos la decisión de abstenernos en las votaciones. Si pasan diciendo que lo que decimos es irrelevante, que no les importa, que somos tres pelones, ¿por qué querer cambiar la forma de votación?
Marcela Villatoro (Arena).

Ladiputada suplente de Vamos,Cesia Rivas, criticó la reforma y preguntó en qué beneficiará la reforma a la población. «Ustedes hacen lo que quieren, al final de cuentas solo puyan un botón, que es de a favor», dijo.

Hay propuestas olvidadas y desaparecidas, propuestas que benefician a la gente, soluciones pendientes como el aumento al salario mínimo, la derogatoria de la Ley de la Minería, medidas económicas, propuestas que eviten más escuelas cerradas, más despidos.
Cesia Rivas (Vamos).

El presidente de la Comisión,diputado Ernesto Castro, deNuevas Ideas, argumentó que la población debe tener derecho de «saber cuál es la postura concreta de un diputado» y de conocer qué es lo que piensa cada diputado. Mientras, el diputado pedecista Reinaldo Carballo (PDC) aseguró que las abstenciones son «como el voto de Pilatos».

Usted (población) tiene derecho a saber qué es lo que pensamos. Es el derecho que tiene el pueblo salvadoreño de conocernos. Así que las votaciones van a ser sencillas, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?, sí o no, se acabó, sencillo”.
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).

«Yo siempre he considerado que el voto de abstención es un voto gallo-gallina, no dice sí, no dice no, es como el voto de Pilatos, es como lavarse las manos, no estuvo de acuerdo en crucificar».
Reinaldo Carballo (PDC).

La diputada Villatoro pidió, entonces, modificar el reglamento para que se agenden las piezas de correspondencia presentadas por la oposición, para que puedan ser discutidas y votadas. «Para que el pueblo salvadoreño vean también que están en contra de los proyectos de salud mental o cuando se presentó la propuesta para aumentar el salario mínimo, mejor voten en contra para que el pueblo vea también», indicó.

Posteriormente,la diputada Suecy Callejas, deNuevas Ideas, observó que se está discutiendo algo que «se hace por costumbre» ya que no está regulada la forma de votación a favor, en contra o abstención.

«Tenemos democracia como EE.UU., Reino Unido, Canadá, España, Suiza, Francia, Singapur, Irlanda, Uruguay, que tienen su voto regulado en favor o en contra. No estamos cometiendo ningún atropello a la forma en que se toman las decisiones que se toman en esta Asamblea. No estamos diciendo usted tendrá que votar a favor o en contra, su libertad se mantiene», indicó.

«No creo que el pueblo salvadoreño diga ‘voy a elegir a esta persona para que llegue a no decir nada, a abstenerse», dijo. La legisladora también expresó: «Quedarnos callados es una postura».

La diputadaMarcela Villatoro refutó a Callejas y le respondió: «La costumbre es fuente del derecho», lo que fue rechazado por la diputada Callejas: «La costumbre no constituye derecho sino los casos en que la ley nos remite a ella».

Villatoro reaccionó. Le preguntó aSuecy Callejas: «Quiero que nos diga y nos ilumine a todos los que estamos aquí presenten qué pasan con todas las votaciones en las cuales hubieron votos de abstención. Si no es costumbre, entonces, ¿cómo se llama?».

Castro respondió que «esos no son votos». «No se puede decir ni sí ni no, simplemente queda en el aire», indicó. La diputada Villatoro pidió establecer la posibilidad de «no votar» para un diputado en la reforma al reglamento. No tuvo apoyo. Después votaron por la reforma, cuyo dictamen se aprobó por mayoría, con los votos de Nuevas Ideas, PDC y PCN.

El Ministerio de Economía aclaró este lunes que el proyecto de «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos» no regulará los agromercados y la central de abastos, los cuales son administrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el objetivo de vender los alimentos a precios menos altos que el resto de puntos de venta.

“Es importante dejar claro que quedan excluidos de esta ley los agromercados y centrales de abasto”, dijo Marta Elizabeth Solis, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa.

Junto a la abogada Jessica Marleni Melara, ambas representantes del Ministerio de Economía llegaron hoy a la Asamblea Legislativa para reunirse con la Comisión de Infraestructura, presidida por el diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas.

“Damos por recibido el expediente… Sabemos que es un tema muy importante para la población y sobre todo para ir modernizando la administración pública como lo ha venido haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele”, afirmó Chacón, luego de las explicaciones.

Los diputados de la Comisión no hicieron preguntas.

Chacón indicó que “se le va a entregar a cada diputado miembro de la Comisión el punteo que trajeron las licenciadas”. “Esperamos que más adelante podamos seguir viendo el tema para seguirlo estudiando”, añadió.

La representante del Ministerio de Economía confirmó que la ley declarará de utilidad pública las inversiones del Ejecutivo en los mercados municipales y la entrega en comodato de los mercados municipales en donde el Órgano Ejecutivo haga una inversión. También, aseveró que las facultades de los municipios beneficiarios se mantienen pero añadió que la nueva ley prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe.

El proyecto recibido este lunes establece que los «mercados nacionales» serán administrados por la Dirección de Mercados, hacia donde pasarán también los mercados municipales que sean intervenidos por instituciones del Órgano Ejecutivo. La Dirección de Mercados arrendará los puestos de ventas, establecerá tarifas e impondrá multas de hasta $50 o revocatoria del arrendamiento por infracciones como no tener limpio el puesto de venta o mantener ventas ambulantes a un perímetro de 100 metros alrededor del mercado.

El proyecto ha sido criticado por concejales del FMLN, que creen que el Gobierno busca privatizar los mercados o desaparecer las municipalidades, pero otros concejales esperan que la iniciativa pueda mejorar la condición de los mercados. También confirmó que el director será nombrado por el presidente de la República y que el director será la máxima autoridad.

El nnsecretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, certificó que el gobierno de El Salvador combate la corrupción y la impunidad, implementa políticas para fortalecer el Estado de derecho y la transparencia, y protege los derechos de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, sociedad civil, partidos de oposición e independencia de medios de comunicación, publicó el Registro Federal de Estados Unidos el 2 de abril.nnRubio también certificó que el gobierno salvadoreño implementa políticas para fortalecer la independencia de las “instituciones judiciales y electorales” y la “mejora de la transparencia del financiamiento de campañas políticas y partidos políticos”.nnEl alto funcionario de Trump también consideró que en El Salvador se está dando una aplicación eficaz de ley en seguridad y que se está limitando la participando de las fuerzas armadas en la seguridad pública con garantías al “proceso legal”.nnTambién, certificó, según la publicación, que se implementan programas contra la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, se implementan políticas contra la pobreza, reformas para fortalecer a educación. El gobierno de EE.UU. también emitió una certificación similar a favor de Guatemala.nnEstados Unidos también certificó que el gobierno coopera para combatir el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, y en la repatriación de migrantes, y en políticas de inversión.nn“Esta certificación se publicará en el Registro Federal y, junto con el Memorándum de Justificación correspondiente, se notificará al Congreso”, indica la certificación suscrita por Rubio el 25 de marzo.nnLa certificación se realiza por mandato de ley, específicamente de la Sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024. La declaración fue publicada por el Registro Federal el pasado miércoles 2 de abril, en el volumen 90 número 62.nnLa sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el año fiscal 2024 establece condiciones para la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras.nnSegún esa normativa, de los fondos habilitados para ayuda económica y bajo el título IV de la ley, el 60 % de fondos están condicionados para El Salvador, Guatemala y Honduras a una certificación otorgada por el secretario de Estado y reportada al Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos.nnEn El Salvador, organizaciones no gubernamentales y movimientos como Cristosal, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) reportaron recientemente 6,889 denuncias de violaciones derechos humanos durante el régimen de excepción, entre los cuales incluyen torturas y casi 400 muertes en centros penitenciarios.nnSegún el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) ha registrado 58 sindicatos desarticulados, 75 sindicalistas despedidos desde junio de 2024 y sindicalistas capturados.nnEl gobierno de Estados Unidos suspendió desde el 20 de enero de 2025 la ayuda canalizada mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, durante el año 2025, hasta el 7 de marzo de 2025, la USAID presenta $65,561,037 de obligaciones con El Salvador y $41,626,764 desembolsos.

Un total de $46,575,000 ($46.5 millones) fue la nueva deuda adquirida por cuatro alcaldías de El Salvador durante 2024, del cual un 56 % se destinó al mantenimiento, un 38 % a consolidación de deudas y solo un 11 % a proyectos.

«El monto más importante lo conforman los préstamos contratados para gastos de mantenimiento de la operatividad del municipio, con el 55.7 %, equivalentes a $25,919.1 miles», indica el «Informe anual sobre la situación del endeudamiento público municipal», publicado en marzo de 2025 por el Ministerio de Hacienda.

Los préstamos para financiar proyectos de infraestructura vial ascendieron a un monto de $1,037.2 miles, equivalente al 2.2 % del total de la deuda contratada en 2024.
Ministerio de Hacienda en informe de deuda municipal 2024.

La mayor parte de la nueva deuda fue adquirida por San Salvador Centro, por $35.5 millones, de los cuales $25.6 millones destinó a «mantenimiento», es decir, un 72.1 %, y $9.8 millones para consolidación de deuda, un 27.6 % del desembolso total en el año.

Las otras alcaldías que adquirieron deudas en 2024 fueron San Salvador Este, $7.9 millones, todo para consolidar deudas; San Salvador Sur, $2.8 millones, $2.7 millones para proyectos; y Sonsonate Centro, $200,000, de los cuales $196,600 se destinaron a mantenimiento u operación de la comuna.

Más de la mitad de la deuda fue adquirida a una tasa de interés promedio de 9.5 % anual.

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¿Qué distritos conforman estos cuatro municipios?

San Salvador Centro: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

San Salvador Este: Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque.

San Salvador Sur: Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

Sonsonate Centro: Sonsonate, Sonzacate, Nahuilingo, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán.

Los acreedores de la deuda municipal en 2024 fueron: Hencorp Valores, S.A., que realiza titularizaciones de fondos, es decir, compromisos de flujos de ingreso futuros, concentró el 54.8 % de la deuda adquirida en el año por las municipalidades. Presentaron tasas promedio de interés de 9.5 % y 9.7 % respectivamente.

El segundo fue el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., con un 38.6 % de la deuda; y el tercero fue el Grupo Fedecrédito, a una tasa de interés promedio de 13 % anual.

En total, Hencorp otorgó $25.5 millones, el Banco Hipotecario otorgó $17.9 millones y el Grupo Fedecrédito, $3 millones.

Por otra parte, en el mismo periodo, las alcaldías en general también realizaron una amortización a sus deudas por $74.5 millones, de los cuales $56.6 millones fueron cancelados por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Es así que la deuda municipal bajó $33.3 millones, un 4.2 % respecto a 2023, de $799.8 a $766.4 millones.

El informe de 2025 incluyó solo datos de 42 municipalidades con deuda pública, sin embargo, Hacienda advierte que no tiene la certeza de que incluya todos los préstamos contratados en 2024 por “el atraso en la contabilidad” de algunos municipios.

La deuda pública de los municipios de El Salvador cerró en $766.4 millones a diciembre de 2024, una disminución de $33.3 millones o 4.2 %, respecto al saldo de 2023.

El “Informe anual sobre la situación del endeudamiento público municipal” emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda en marzo de 2025 detalla que el saldo de la deuda municipal se redujo de $799,850,200 en diciembre de 2023 a $766,472,500 en diciembre de 2024.

Las mayores amortizaciones de deudas fueron realizadas por San Salvador Centro, con $13.8 millones; San Salvador Este, con $4.9 millones, La Libertad Sur, con $3.9 millones; San Miguel Centro, con $3.6 millones; y Usulután Norte, con $2.8 millones.

El total de la deuda municipal no se recupera a los niveles anteriores al año 2020, cuando las alcaldías tenían una deuda total que oscilaba entre los $315 en 2012 y $590 millones en 2019.

En 2023 la deuda municipal había cerrado en $799.8 millones, siendo las alcaldías más endeudadas las de San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Sonsonate, Ilopango, Jiquilisco, Acajutla, San Miguel y Zacatecoluca. Las deudas de esos distritos oscilaban entre $10 y $155 millones.

Los mayores acreedores

Los mayores acreedores de las municipalidades de El Salvador son Fedecrédito, $308.7 millones; Hencorp Valores, S.A., $151.7 millones; el Banco Hipotecario, con un saldo de $85.4 millones; Bancos de los Trabajadores, con $93 millones; y cooperativas de ahorro y crédito, con $71.4 millones.

Las tres comunas que han comprometido fondos futuros a través de titularizaciones en Hencorp son San Salvador Centro ($121.7 millones) La Libertad Sur ($27.6 millones) y La Libertad Este ($2.2 millones).

La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi) mantiene un pago pendiente de $10,767,100 por parte de las municipalidades a diciembre de 2024. Otra de las cooperativas que concentran gran parte de la deuda de los municipios es la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L., con $57.1 millones.

Durante 2024, el Banco Hipotecario realizó desembolsos por $26.3 millones a las alcaldías en concepto de créditos, $10 millones a San Salvador Centro, $7.9 millones a San Salvador Este, $4.5 millones a La Libertad Oeste y $3.7 millones a San Miguel Centro. No todos los desembolsos provienen de créditos contratados en 2024, según el informe.

Pagaron $74 millones

Las municipalidades también amortizaron $74.5 millones de sus deudas, de los cuales $56.6 millones fueron cancelados por la Dirección General de Tesorería de Hacienda. Además de ello, cancelaron $72.7 millones de intereses, $22.3 con fondos municipales y $50.4 millones mediante la Dirección General de Tesorería.

Los mayores montos fueron cancelados por alcaldías de los departamentos de San Salvador, Usulután, La Paz, Sonsonate y La Libertad.

Alcaldías con mayores deudas (a diciembre de 2024)

1. San Salvador Centro: $175.5 millones.
2. San Salvador Este: $55.2 millones.
3. La Libertad Sur: $53.6 millones.
4. Usulután Norte: $28.7 millones.
5. La Paz Centro: $25.7 millones.
6. Usulután Este: $24.6 millones.
7. La Paz Este: $23.3 millones.
8. Sonsonate Centro: $22.1 millones.
9. Morazán Sur: $20.9 millones.
10. La Unión Sur: $20.8 millones.
11. San Miguel Norte: $19.5 millones.
12. Usulután Oeste: $18.6 millones.
13. La Unión Norte: $18.6 millones.
14. San Miguel Centro: $18.1 millones.
15. La Paz Oeste: $16.9 millones.
16. Sonsonate Este: $14.3 millones.
17. San Miguel Oeste: $13.8 millones.
18. Sonsonate Oeste: $11.4 millones.
19. La Libertad Este: $12.9 millones.
20. La Libertad Oeste: $12.6 millones.
21. La Libertad Costa: $10.4 millones.
22. San Salvador Sur: $7.6 millones.
23. La Libertad Norte: $6.2 millones.
24. Morazán Norte: $4.9 millones.
25. Sonsonate Norte: $4.8 millones.
26. San Salvador Norte: $1.4 millones.
27. San Salvador Oeste: $929,100.
FUENTE: Ministerio de Hacienda, informe de endeudamiento municipal, marzo, 2025.

El Ministerio de Economía de El Salvador ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva ley que regularía a los mercados nacionales y locales comerciales en espacios públicos con infraestructura diseñada o intervenida por el Órgano Ejecutivo.

Una de las reglas que establecería la nueva normativa, que será recibida por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa el lunes 7 de abril, será el orden y la limpieza de los mercados.

«La venta ambulatoria en el interior del mercado y la circulación y comercio ambulatorio hasta una distancia de cien (100) metros de su perímetro» es la primera prohibición establecida en el artículo 28 de la propuesta, sobre el «Orden interno en los mercados».

En estos «mercados nacionales», también se prohibiría «la instalación de establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior del mercado».

En el mismo artículo, se prohíbe botar basura o artículos averiados en áreas de circulación, hacer una actividad comercial no autorizada, abrir agujeros en paredes del mercado o deteriorarlas en cualquier forma, lavar las instalaciones con sustancias corrosivas y perturbar la disciplina del mercado o realizar acciones contra la moral y las buenas costumbres.

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Con la ley, pretenden prohibir «el ingreso de personas no autorizadas fuera del horario señalado para el acceso de los comerciantes y para el público».

La instancia encargada de regular este orden sería la nueva Dirección de Mercados, que estaría a cargo de un funcionario nombrado por el presidente de la República, que también nombraría a un subdirector.

>> Ley buscaría privatización y eliminar municipalidades dicen concejales del FMLN

La nueva normativa ha sido criticada por concejales del FMLN, que aseguran que es una injerencia y violación a la autonomía municipal. Concretamente, critican el artículo 23 de la normativa, que permite que las municipalidades entreguen los inmuebles de los mercados municipales a la nueva Dirección, luego de solicitar remodelación, diseño o construcción de un mercado a la Dirección.

Mientras, el concejal Alejandro Nóchez aseguró que no ve privatización ni aumento de precios en la normativa, sino una oportunidad de mejora en los mercados, aunque observó que se necesita más información.

>> Alejandro Nóchez: «Yo no veo que el objetivo sea privatización»

Alejandro Nóchez, concejal de San Salvador Centro por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), no cree que haya un objetivo de privatización de mercados municipales detrás de la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», cuyo proyecto será recibido el lunes por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.

«Si fuera una privatización, no se estaría creando una Dirección Nacional de Mercados, se está creando un ente del Estado, no se está pidiendo a un privado que sean los que vengan a administrarlo. Posiblemente pueda darse en algún momento una sociedad de economía mixta, pero esos son ya otros términos, que en ninguna parte de ahí habla que los mercados pasarán a una institución privada. Yo no veo que el objetivo sea una privatización», reaccionó el concejal Nóchez.

Concejales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) opinan que el proyecto busca privatizar o expropiar los mercados municipales a través de sociedades de economía mixta. Los regidores Cayetano Cruz y Simón Paz, de San Salvador Este y San Salvador Centro, aseguraron que el cobro de arrendamiento de puestos de venta provocará el aumento de los precios de los proyectos en estos nuevos mercados nacionales.

La sospecha de los regidores efemelenistas se origina del artículo 23 del proyecto, que establece que las municipalidades deberán manifestar su voluntad de entregar en «comodato» a la nueva Dirección los inmuebles de los mercados, cuando hayan solicitado la intervención a cualquier institución del Poder Ejecutivo.

Nóchez tampoco ve el proyecto ley se establezca una «obligación» para que los municipios entreguen los inmuebles de los mercados en los cuales solicite una intervención del Ejecutivo. «Yo no lo veo como una obligatoriedad, lo veo como una opción, porque si yo no quiero como municipalidad utilizar recursos del Estado para una mejora de mercado, no le veo dónde se está obligando que ese municipio tenga que entregar dichas instalaciones», afirmó.

«Una oportunidad»

El concejal Alejandro Nóchez cree que el proyecto de ley entregado por el Gobierno para crear la Dirección de Mercados puede ser una «oportunidad para mejorar».

«Yo sí creo que pueda ser una oportunidad para mejorar en beneficio de la población, sin embargo, pero también el tema de la centralización lastimosamente no llega a más personas, sino que a veces se reduce», expresó.

Según el concejal, el proyecto busca dar certeza a los comerciantes que ya tienen puesto y «puedan creer que se les va a quitar» que serían «los primeros que serán tomados en cuenta».

El funcionario tampoco cree que el proyecto de normativa subiría los precios de los productos por el cobro del arrendamiento de los puestos de venta que haría la Dirección de Mercados.

Sin embargo, no se atrevió a decir que Arena debería votar por el proyecto ya que falta información. «Yo creo que Arena debería tener toda la información necesaria, todos los elementos necesarios como para que ellos evalúen si votan a o no, eso ya es una decisión de los diputados», indicó, en referencia a falta de información sobre la cantidad de mercados que serían intervenidos y que pasarían a manos de la nueva dirección. «No habla de todos los mercados», observó.

El concejo municipal de San Salvador Este aprobó un decreto para exonerar de intereses y multas el pago de las deudas por tasas, impuestos municipales y contribuciones de todos sus distritos, Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

El concejo aseguró que se requiere brindar a la población de todos los distritos «incentivos para solucionar la mora tributaria» y realizar convenios de pago, con el fin de terminar con la deuda tributaria.

El periodo de amnistía de intereses y multas estará vigente desde el martes 8 de abril hasta el 15 de junio de 2025. El decreto fue aprobado el 20 de marzo de 2025 y fue publicado en la edición del Diario Oficial del 31 de marzo de 2025.

El beneficio se aplicará a multas o contravenciones impuestas por el Departamento de Registro Tributario, Catastro Distrital o Mercados Distritales, así como por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos o la Delegación Contravencional.

Podrán aplicar aquellos contribuyentes que se encuentren en mora, arrendatarios con plan de pago con cuotas pendientes de pago, arrendatarios que hayan incumplido planes de pago, usuarios que posean multas por presentación extemporánea de solicitudes de renovación de permisos, lilcencias, matrículas; contribuyentes que hayan puesto un recurso o personas que no hayan presentado escrituras en el Registro Tributario y Catastro Municipal después de 30 días de la escrituración.

La alcaldía podrá dispensar los intereses por mora y la multa si se paga el total de las tasas o impuestos adeudados, o se realiza un plan de pago con un pago inicial de 30 %.

El Concejo aún no tiene consolidado un Portal de Transparencia Fiscal en donde informe sobre la deuda consolidada en tasas, impuestos y contribuciones, además de multas e intereses, que tienen los contribuyentes de sus distritos.

Una nueva Dirección de Mercados Nacionales se encargaría de adjudicar puestos de venta en los llamados «mercados nacionales» que estén bajo su administración, según el nuevo proyecto de «Ley de creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos» en manos de la Asamblea Legislativa.

Tal como está redactado el proyecto, esta ley aplicaría a «todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad comercial, como adjudicatario de puestos de venta de los mercados o de los locales» ubicados en plazas, parques y espacios públicos con infraestructura construida o remodelada por el Órgano Ejecutivo.

A la hora de adjudicar los puestos de venta en estos mercados, la Dirección tendría que dar “prioridad” a la población vulnerable y los comerciantes que ya han tenido puestos de venta en dichos mercados. Las tarifas serán definidas por la misma Dirección, que también podrá conformar sociedades mercantiles.

Es el artículo 31 del proyecto que define dos prioridades para la adjudicación de puestos: los «comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos» y los «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».

El concejal de San Salvador Este Cayetano Cruz, del FMLN, cuestionó quién definirá si una persona está en situación de vulnerabilidad. «Estoy seguro que mucha gente que vende a la orilla de los mercados, porque no les alcanza para pagar la infraestructura de un local (quedarán fuera)», indicó.

Sin embargo, el concejal Hernán Carrasco, del CD, cree que se puede garantizar la asignación de puestos a grupos vulnerables, con «criterios claros y públicos», como ingresos bajos, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad.

Estos contratos de arrendamiento, que tendrían un plazo temporal, no darían derecho a los arrendatarios para vender, ceder, donar o subarrendar sus puestos o locales.

Sin ventas ambulantes

En los mercados regulados por esta nueva Dirección que pretende crear el Gobierno no podrá haber ventas ambulantes en un perímetro de cien metros y se multaría a los arrendatarios de puestos que no estén completamente limpios, que obstruyan los pasillos o que almacenen productos en condiciones antihigiénicas. Las multas oscilan entre $5 y $50.

También, los empleados de estos puestos de venta o locales comerciales no podrán tener un salario inferior al salario mínimo, es decir, $365 mensuales, según el artículo 38 del proyecto.

Visiones encontradas

La creación de una nueva Dirección de Mercados no es bien vista por concejales del FMLN, que prevén un aumento de precios por el cobro de las nuevas tarifas de adjudicación que establecería la Dirección según el proyecto, y porque creen que el Gobierno busca quitarles los mercados a las municipalidades, algo que aseguran viola la autonomía municipal.

Sin embargo, uno de los concejales de San Salvador Este, Hernán Carrasco, del Cambio Democrático (CD), cree que la nueva ley podría ayudar a ordenar los mercados en el país que considera sufren de muchas deficiencias como corrupción, desorden e insalubridad. «Existiría un mayor control y fiscalización, mejorando la higiene y seguridad, esto ayudaría a que más personas prefieran ir a comprar a los mercados», indicó.

Por el contrario, Simón Paz, concejal de San Salvador Centro por el FMLN, cree que la pretensión es una «clara injerencia en el quehacer municipal de parte de Ejecutivo» en donde la nueva Dirección tendría toda la potestad sobre los mercados, cuyos inmuebles pasarán a la Dirección. «El día de mañana no van a haber concejos municipales», auguró. Tanto Paz como Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este por el FMLN, no dudan de que los precios de los productos subirán si se aprueba la normativa.

Una de las disposiciones polémicas del proyecto es que los municipios que soliciten inversión para obras en los mercados «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble».