Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó los dictámenes para incrementar el capital de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) de la cual El Salvador es miembro y para autorizar al Ministerio de Hacienda la suscripción de las acciones que corresponden a El Salvador en este incremento.

De las 166,666 nuevas acciones que se aumentarán, 744 acciones serán de El Salvador.

La Asamblea de Gobernadores de la corporación de inversiones BID Invest emitió la resolución CII/AG-5/24 mediante la cual autorizó un aumento de capital por $3,500 millones –166,666 nuevas acciones de $21,000 cada una de las cuales El Salvador tendrá 744 nuevas acciones, equivalentes a $15,624,062.5, que serán pagadas en siete cuotas anuales de $2,232,000 de 2025 a 2031.

El dictamen número 77 fue aprobado con votos de Nuevas Ideas y sus aliados, ya que el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien estaba ausente, le pidió al diputado Christian Guevara, que lo sumara a la votación.

Una corporación del BID para apoyar al sector privado

El BID Invest se encarga de “apoyar al sector privado” de los países miembros con préstamos, capital, garantías y asesorías.

El BID Invest cree que “el sector privado puede y debe ser un motor de progreso económico y bienestar social que conjuntamente con el Gobierno trabaje en diferentes iniciativas”, indicó la subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes.

“Para que el sector privado pueda contar con recursos para poder llevas esas iniciativas es que se ha contemplado este incremento de capital del BID Invest para que los países miembros de ese organismo puedan aportar los fondos”.
Delia Reyes, subdirectora de inversión y crédito público de Hacienda.

A diciembre de 2024, el BID Invest tenía 48 países miembros, 26 países regionales, que reciben el beneficio de los fondos de la entidad, y 22 países no regionales, que aportan capital para proyectos de los países miembros. Hasta esa fecha, el capital era de $2,711.3 millones, 53.7 % de los países regionales y 46.3 % de países no regionales.

Los países que tienen mayor aporte son Estados Unidos (13.9 %), Brasil (13.2 %), Argentina (11.6 %); México (7.4 %), China (5.5 %), Corea (4.9 %), España (4.1 %), Japón (3.7 %), Canadá (3.5 %) y Colombia (3.5 %), naciones que concentran el 71.4 % de participación, equivalentes a $1,935.3 millones.

Venezuela tiene el 2.5 % de los aportes y Chile tiene el 3 %.

Otros países como El Salvador, que tiene el 0.5 % de los aportes, son: Guatemala: 0.6 %, Haití: 0.5 %, Honduras: 0.5 %, Nicaragua: 0.5 %, Panamá: 0.6 %.

BID Invest –que antes de 2017 era la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)– forma parte del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual El Salvador es miembro desde 1986.

John Kutsch, director de la Alianza de Energía de Torio, que ayuda a El Salvador a iniciar su programa nuclear, aseveró que El Salvador podría sentar las bases para convertirse en el “Dubai de América Central” con una inversión nuclear a base de torio, como la que está analizando realizar.

El Salvador explora la posibilidad de desarrollar una planta nuclear a base de torio, algo que no es inaccesible según ha explicado el director de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador, Rafael Gómez Escoto, quien indica que el torio es más asequible, produce menos desechos radiactivos y presenta menos riesgos. El acuerdo con la Alianza del Torio fue firmado en marzo de 2023.

El director de la Alianza de Energía de Torio se pregunta en el artículo, publicado en «Nuclear Newswire», si El Salvador puede lograr un despliegue de energía, dado que es un país “sin instituciones o infraestructura de energía nuclear previa?

Sin detallar los desafíos concretos que tiene El Salvador en este tema, Kutsch explicó que esto “depende del fuerte compromiso político continuo” para superar “obstáculos sociales, políticos y técnicos”.

“El progreso hasta ahora ha sido rápido y los pasos dados han sido los correctos. Es una gran apuesta y, si tiene éxito, habrá una gran recompensa”.
John Kutsch, director de la Alianza de Energía de Torio.

Según Kutsch, El Salvador no solo podría lograr electricidad confiable y abundante, sino otras oportunidades como un mercado de combustibles más amplio para los procesos industriales, la atracción de profesionales inteligentes, nuevas industrias y empleo, la posibilidad de convertirse en “un centro centroamericano de medicina nuclear” y proteger al país de las oscilaciones en los mercados de combustibles fósiles.

La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) está evaluando si El Salvador cumple los requisitos para desarrollar una planta nuclear ya que se evalúan lugares posibles que tengan agua abundante, poca densidad poblacional, sin conflictos y sin mucha actividad sísmica.

En el artículo Kutsch cuenta que El Salvador está evaluando proveedores de tecnología en Europa, Corea del Sur, Argentina y Estados Unidos.

El Salvador pretende tener un reactor nuclear de investigación en 2030 para capacitar a 400 especialistas en siete años.

Las indemnizaciones de trabajadores en el Gobierno Central sumaron un total de $216 millones al cierre del año 2024, una cifra que triplica el monto destinado para el mismo fin un año atrás, de acuerdo con un reporte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.

Para las indemnizaciones del Gobierno Central se programaron $218,344,800 y se ejecutaron $216,062,700, al 31 de diciembre de 2024, indica el informe de ejecución financiera firmado el 14 de marzo de 2025.

Un año atrás, en el año 2023, las indemnizaciones de trabajadores en el Gobierno Central sumaron $62 millones, tres veces menos.

A partir del año 2025, el Gobierno Central se proyectó un recorte de al menos 9,261 plazas según el presupuesto general aprobado por la Asamblea Legislativa.

El Gobierno llegó a un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF o EFF), que se otorga a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos por deficiencias estructurales, que le permitirá acceder a un financiamiento de $1,357,336,327.23 y cuya aprobación exige a El Salvador un ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años, lo que implica una reducción del gasto y un aumento de los ingresos.

Puede leer: Las claves del acuerdo entre el FMI y el gobierno de El Salvador

Durante el año pasado, el mismo reporte indica que el gasto en remuneraciones permanentes bajó en un 3 %, de $1,768 millones a 1,715 millones en la planilla del Gobierno Central. El gasto en remuneraciones en general subió un 4.8 %.

La ejecución presupuestaria real en el año 2024 también muestra otras erogaciones como seguros, comisiones y gastos bancarios por $94,130,100, que tuvo un aumento de 113.8 % respecto a los $44,018,000 ejecutados en 2023.

Así mismo, en pasajes y viáticos, Contabilidad Gubernamental registró un aumento de 34.5 % de $10,532,900 en 2023 a $14,162,600 en 2024, según las ejecuciones presupuestarias contenidas en el informe de ejecución presupuestaria de Hacienda.

Las consultorías, estudios y arrendamientos suman $52,862,200 en 2024. En 2023, se ejecutaron $23,812,000 en este rubro.

Los seguros de vida de los empleados, según el estado demostrativo de ejecución presupuestaria de gastos, sumaron $552,400 en 2023 y disminuyó a $332,000 en 2024, una erogación que está dentro de la unidad “Obligaciones generales del Estado.”

La Organización Mundial de Migración (OIM) contabiliza 74,094 muertes o desapariciones de migrantes de todas las nacionalidades desde el año 2014, de los cuales 274 eran personas de origen salvadoreño, según su base de datos actualizada hasta el 23 de marzo.

A través de los años, la mayoría de las muertes o desapariciones han ocurrido los dos últimos años, en los cuales se registraron cifra récords de 8,747 migrantes en 2023 y 8,962 migrantes en 2024. El año con menos tragedias de migrantes fue 2020, el año pandémico: 4,314.

De los 74,000 casos, 43,797 se registran como muertes y al menos 30,255 desapariciones.

Hasta el 23 de marzo de 2025, la OIM ya registra 1,042 muertes o desapariciones de migrantes en el mundo, 14 de estos son migrantes centroamericanos, pero ninguno salvadoreño.

La mayoría de las muertes de migrantes han ocurrido por ahogamiento (15,823), pero también por accidente de vehículos (6,515), condiciones climáticas (4,185), violencia (5,141), enfermedades (2,711) y muertes accidentales (1,189), de acuerdo con una tabla dinámica elaborada a partir de la base de datos que puede descargarse del sitio web de la OIM.

Desde 2014, la OIM ha registrado un total de 274 migrantes salvadoreños fallecidos o desaparecidos: la mayoría de casos ocurrieron en los años 2014 (83), 2016 (36) y 2019 (29 salvadoreños). En 2021, la OIM registró 23 muertes de migrantes salvadoreños.

Más recientemente, los casos de salvadoreños muertos en su camino migrante fueron 16 en 2022, ocho en 2023 y ocho en 2024.

En lo que va del año 2025, la OIM ha registrado 112 muertes o desapariciones de migrantes de todas las nacionalidades, 14 son centroamericanos: 6 en enero, 6 en febrero y 2 en marzo. Ninguno es salvadoreño, las víctimas provienen de Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

Del total de salvadoreños muertos o desaparecidos desde 2014, las causas de muerte mayoritarias han sido: 50 por las condiciones ambientales, 30 por ahogamiento, 26 accidentes de vehículos, 20 casos de violencia, 9 por enfermedad, 5 muertes accidentales y 53 por causas varias o desconocidas.

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El concejo de La Libertad Este dejó sin efecto dos reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Antiguo Cuscatlán aprobadas en julio y octubre de 2024 para que la misma fuera de aplicación general en todos los distritos que desde mayo se unieron por ley al municipio.

En diciembre del año pasado, se dio a conocer que el concejo de La Libertad Este aplicaría las tasas de Antiguo Cuscatlán al resto de sus distritos.

Desde el 1 de mayo de 2024, La Libertad Este es conformado por los distritos Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza, luego de que la Asamblea Legislativa y el gobierno decidieran reducir los 262 municipios a 44.

El concejo de La Libertad Este explicó que, hasta el 3 de marzo, la aplicación de la ordenanza no había dado “los resultados esperados” debido a las diferencias entre Antiguo Cuscatlán y el resto de distritos, diferencias que fueron detectadas en información catastral y la base tributaria de los distritos.

“Al tener este concejo municipal la obligación de gobernar en forma eficiente, se considera que mientras no se genere una ordenanza municipal que contemple las características y circunstancias propias de cada distrito, es conveniente mantener las ordenanzas municipales que en materia de tasas se aplicaban con anterioridad al proceso de reestructuración municipal”, indicó el concejo.

El decreto que da un paso atrás en igualar u homologar las tasas de Antiguo Cuscatlán con el resto de los distritos de La Libertad Este fue aprobado el 3 de marzo de 2025, fue publicado el 25 de marzo e iniciará su vigencia el 2 de abril, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial del 25 de marzo.

El decreto municipal es firmado por la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas; el síndico, Edwin Orellana Núñez, el primer regidor, Héctor Hernández Dale, la segunda regidora, Claudia Ventura de Umanzor, el cuarto regidor, Juan José Alas, y la secretaria municipal, Flor de María Flamenco.

La derogatoria, sin embargo, no menciona la reforma a la ordenanza de convivencia de La Libertad Este, que aumentó multas.

¿Cuáles son los decretos que se dejan sin efecto en La Libertad Este?

1. Reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales en Antiguo Cuscatlán: había sido aprobada el 29 de octubre de 2024, derogaba todas las disposiciones que contravinieran la ordenanza de Antiguo Cuscatlán, así como ordenanzas de San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar, y únicamente dejaba igual los cobros no mencionados en la ordenanza de Antiguo Cuscatlán.

2. Reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios del municipio de Antiguo Cuscatlán: había sido aprobada el 19 de julio de 2024, incorporaba los decretos de las ordenanzas reguladoras de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Vilanueva y Huizúcar, en la ordenanza.

La cantidad de migrantes salvadoreños deportados por los Estados Unidos triplica la cantidad de visas de trabajo otorgadas durante los últimos seis años, según el «Tercer informe diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña» presentado el miércoles por la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández».

De 2019 a 2024, se otorgaron 21,089 visas de trabajo a los Estados Unidos, según el estudio, mientras que durante el mismo periodo se deportaron 65,268 salvadoreños, tres veces más.

Según la investigadora Celia Medrano, esto muestra que los programas de movilidad laboral no son suficientes para responder a las demandas laborales de los salvadoreños.

¿Cómo se va a responder, así como está planteado el Programa de Movilidad Laboral?, el Ministerio de Trabajo ha dicho que los cinco principales países son EE.UU., Canadá, España y Croacia. Estarían dando respuesta, de 364,700 personas, solo a 21,089 personas. Y de 65,268 deportados, solo se da respuesta a 21,089.
Celia Medrano, investigadora de diagnóstico sobre migración.

Medrano cree que debe haber una ampliación «significativa» de las posibilidades de una movilidad laboral para los salvadoreños; de lo contrario, no habría una «respuesta sostenible, pese a lo que la propaganda nos dice», dice.

Los programas de movilidad laboral permiten a los salvadoreños viajar con un permiso de trabajo a un país del extranjero durante periodos entre dos y nueve meses.

Según el mismo estudio, los beneficiarios del Programa de Movilidad Laboral hacia los Estados Unidos para áreas de agricultura, construcción y servicios fueron: 820 en 2019, 306 en 2020, 1,237 en 2021, 4,904 en 2022, 5,168 en 2023 y 8,654 en 2024. Los datos revelan un aumento del 67.4 % en la entrega de visas de trabajo a salvadoreños en 2024 respecto a 2023.

Según el estudio, durante los últimos dos años, de 2023 a 2024, las deportaciones desde México han aumentado en un 12.3 % en El Salvador, mientras han disminuido un 20 % en Honduras.

Así como se están deportando personas de los Estados Unidos, también se están desapareciendo y hay personas fallecidas que iban en ruta hacia los Estados Unidos. Muchos mencionan el sueño americano pero el sueño americano pero a veces se convierte en una pesadilla para la persona migrante que va hacia los Estados Unidos y sus familiares. Omar Jarquín, Cofamides.

El director de la asociación de derechos humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Ovidio Mauricio, cuestionó la validez del acuerdo que permite que el gobierno de Estados Unidos entregue supuestos criminales extranjeros para ser recluidos por el gobierno de El Salvador en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

“Es un completa arbitrariedad de parte de ambos gobiernos, tanto estadounidense como salvadoreño. Debe haber un debido proceso en cualquier caso, tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, indicó el representante de la organización no gubernamental.

Argumentó que la Constitución de la República establece que el gobierno o el presidente solo tiene las funciones que establece la ley. “Si hay otras funciones para realizar esos acuerdos de encarcelar a una persona, está violando la Constitución”, señaló. Consideró que el acuerdo es «un chanchullo» o «negocio particular».

Según el director, los tratados o convenios internacionales tienen que pasar por la aprobación y ratificación de la Asamblea Legislativa. “Esto no se le puede llamar un acuerdo”, dijo esta mañana, durante la presentación de un estudio las características y las causas de la migración salvadoreña.

La madrugada del 16 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos deportó a 238 venezolanos y 23 miembros de la MS-13, quienes según el gobierno salvadoreño fueron recluidos en el Cecot, ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur. Oficialmente, no hay datos del récord criminal y migratorio de cada uno de los deportados.

Funcionarios estadounidenses han asegurado que unos (137) fueron deportados por la Ley de Enemigos Extranjeros y otros (101) fueron deportados bajo la norma migratoria Título 8. Sin embargo, no se ha dado a conocer un registro oficial con las condenas de las personas deportadas por Estados Unidos y que se recluyeron en el Cecot.

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, realiza este miércoles una visita al Cecot y se reunirá con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el fin de hablar de cómo se pueden aumentar los vuelos de las deportaciones de criminales extranjeros de los Estados Unidos. Estados Unidos dará $6 millones por la prisión de los 238 venezolanos durante un año.

El nnComité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide) tiene 300 casos activos de migrantes salvadoreños desaparecidos desde el año 2000, además de 78 migrantes salvadoreños fallecidos desde el año 2010, según su secretario general, Omar Jarquín.nn“Nosotros en el Comité tenemos 300 casos activos, más los que ya tenemos de baja, por haberlos sacado, que hemos encontrado los restos del cuerpo, de personas que venimos trabajando desde el año 2000”, indicó este miércoles. Calculó que un 25 % son mujeres y un 75 % son hombres.nnCofamide es una organización fundada en 2006 pero que empezó a conformarse en el año 2000. La organización pide hacer campañas de concientización para advertir los riesgos de viajar de manera irregular a los Estados Unidos.nn

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“Siempre hemos solicitado a nuestro país que se vea la problemática, hay que duplicar esfuerzos para que realmente las personas ya no viajen, como hacer campañas de concientización, hacerle saber a las personas que el viajar no es solo decir ‘me voy para Estados Unidos’ sino ver las causas y la situación y los riesgos que hay en el camino”.
nOmar Jarquín, secretario general de Cofamide.

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nnLa organización recibe denuncias de desapariciones de migrantes en El Salvador, los familiares deben llenar una ficha con la información del familiar y la persona desaparecida, con detalles bien específicos. Cuando realizan la entrega de un cuerpo lo realizan mediante ADN.nnUno de los casos es el de José Antonio Ábrego Delgado, un salvadoreño desaparecido desde el 27 de agosto de 2020 cuando cruzaba las fronteras de Piedras Negras, en México, aunque asegura que ella cree que estaba ya en Texas, Estados Unidos.nnSu esposa, una mujer de 48 años que elabora barquillo artesanal, cuenta que su esposo inició su viaje a los Estados Unidos en busca de ahorrar para comprar una casa. «No importa la condición en que lo encontremos, en calle, los restos, pero nosotros queremos saber, qué pasó con ellos, qué hicieron de ellos y traer ya una fortaleza para nuestros hogares», dijo.nn

Tres migrantes fallecidos en 2025

nDesde el año 2010 a la fecha, Cofamide ha registrado la entrega de 78 migrantes salvadoreños fallecidos a familiares.nnRecientemente, en los primeros meses de 2025, han sido sido notificados del hallazgo de tres migrantes fallecidos encontrados en los Estados Unidos. “La notificación ya se está llevando a cabo, la coordinación entre las partes, se está promoviendo que llegue del 28 de marzo al 2 de mayo podría hacer ese proceso”, detalló.nn“Buscar un migrante que sido desaparecido, no se halla en un año o en dos años, se llevan muchos años, hay restos que quedan en los desiertos, fosas comunes en México, a veces dicen que hay 140,000 restos que no se sabe de dónde son ni quiénes son, es un proceso tan largo”, relató.nnCofamide es parte del Banco de Datos Forenses, que también está conformado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Cancillería de El Salvador. La organización tiene contactos con instituciones y Fiscalía de México para notificarles las desapariciones. “Es mentira que ha pasado un año y que nadie se desaparezca”, dijo.nnLa Organización Internacional de Migración (OIM) registra 1,233 migrantes de todas las nacionalidades fallecidos durante el año 2024 en las Américas, de un total de 8,938 en todo el mundo.

La Asamblea Legislativa autorizó el martes que los restos mortales del sacerdote Rogier Georges Jan Ponseele, conocido como «Rogelio Ponseele», sean sepultados en la «Casa Pastoral de las Comunidades Eclesiales de Base (Cebes) de Morazán», en «Perquín», Morazán Norte, departamento de Morazán.

«Este miércoles 26 de marzo, se realizará una misa de cuerpo presente a las 9:00 de la mañana y, después de una procesión por las calles de Perquín, será el entierro.»

Según la iniciativa, el sacerdote de nacionalidad belga, quien llegó a El Salvador desde la época de la guerra, había manifestado su deseo de ser sepultado en dicha Casa Pastoral. Evangelizaba a las comunidades Cebes.

Ponseele fue hospitalizado luego de que sufriera un accidente de tránsito ocurrido el miércoles 19 de marzo, en la ruta de La Paz, por el desvío de Guanacaste, Morazán.

«Los diputados aprobaron la autorización ayer «en agradecimiento a su importante legado de entrega y apoyo a las comunidades del norte de El Salvador», indica el decreto.»

Ponseele nació el 22 de mayo de 1939 en Guillegem, Bélgica, se ordenó como sacerdote en 1965 y realizó estudios de español en la Universidad de Lovaina, Bélgica.

Según la iniciativa, cuando llegó a El Salvador, el sacerdote acompañó a la población civil en Morazán a través de distintos grupos o ministerios catequistas desde las Comunidades Eclesiales de Base; en 1998 fue nombrado párroco de la Parroquia Santiago Apóstol, en Torola, San Fernando, Perquín y Villa El Rosario, distritos al norte del departamento de Morazán. En 2002 fue nombrado vicario foráneo de las parroquias situadas al norte de Morazán.

Escribió tres libros con sus homilías: Granito de Mostaza, Granito de Mostaza II y Granito de Mostaza III. Sobre su vida también se ha escrito el libro «Muerte y vida en Morazán».

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este martes al gobierno a que firme el contrato de préstamo que le aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $500 millones para asegurar la sostenibilidad fiscal del Estado y mejorar la integridad y la estabilidad financiera.

Luego de la autorización y la respectiva suscripción del contrato de crédito, este debe ser aprobado por el pleno.

“Todo ello con el objeto de fortalecer la estabilidad macroeconómica de El Salvador, asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar la integridad y estabilidad financiera”, expresó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en su solicitud.

Según el ministro de Hacienda, el gobierno ha contemplado el apoyo financiero y técnico de diferentes organismos multilaterales, con el fin mejorar la estabilidad financiera.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseveró que esto “forma parte de las reformas estructurales a las finanzas públicas de El Salvador en busca de generar una mayor sostenibilidad fiscal y fomentar el crecimiento y la resiliencia”.

Señaló que como país hay “una tarea bastante grande” pero que no se puede avanzar sin estas reformas macroeconómicas.

Acompañamos el esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele para poder alcanzar los objetivos y poder dar inicio a los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional partiendo de la estructuración que se está llevando a cabo con estos fondos”.
William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.

Soriano indicó que “estos fondos forman parte de los primeros a ser desembolsados para lograr ejecutar la estrategia macroconómica que plantea el gobierno del presidente Nayib Bukele para los siguientes años”.

El diputado agregó que con este nuevo préstamo “busca mejorar la sostenibilidad fiscal, mejorar las reservas internacionales sobre todo, generar espacio fiscal para que El Salvador pueda llevar a cabo todas estas reformas estructurales en sus finanzas”.

La dispensa de trámites se aprobó con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados Partido Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). Por error, inicialmente se contaron 58 votos.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, reclamó que nuevamente estaban aprobando un decreto sin tener acceso al mismo. Calificó de “penoso” que nuevamente tenga que insistir en lo mismo que mencionó en la sesión plenaria.

En esta Asamblea se está aprobando un préstamo de $500 millones y no se tiene información de qué consiste en detalle ni el proyecto de decreto”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

“Solicito nuevamente que se nos comparta la pieza de correspondencia puesto que no está disponible en el sitio web, ni para los diputados, ni para la prensa, ni para el pueblo salvadoreño», detalló.

El préstamo de $500 millones del BID tendrá una comisión de 0.75 % sobre el saldo no reembolsado, a partir de 60 días desde la suscripción del contrato, un plazo de siete años y a un interés resultante de la tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

La primera cuota del préstamo se debe pagar en tres años desde la vigencia del contrato y los intereses deberán pagarse semestralmente desde los seis meses a partir de la vigencia del contrato.

Tras cuatro años de negociación, en febrero de 2025, el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el FMI por aproximadamente $1,400 millones. El programa de financiamiento por $1,357.3 millones fue aprobado como parte de un financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), una modalidad de préstamo del FMI que se aprueba a países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales.