Autor: Yolanda Magaña

Durante los primeros cuatro meses del año 2025, los ministerios que mayor ejecución presupuestaria registran son Relaciones Exteriores, con un 51.6 %; Trabajo y Previsión Social, con un 32.2 %; y en tercer lugar, el Ministerio de la Defensa Nacional, con un 31 % de fondos ejecutados.

Estas son las tres carteras de Estado que ya usaron la tercera parte o la mitad de los fondos asignados para un año en la tercera parte del mismo.

Los ministerios con menor ejecución son Desarrollo Local, con un 3.7 %. Esta cartera de Estado tiene un presupuesto de $37.3 millones, de los cuales ha comprometido $2.4 millones y ya ejecutó $1.4 millones, dejando un disponible de $34.9 millones.

La segunda cartera con baja ejecución presupuestaria es el Ramo de Economía, con un 8.3 % en cuatro meses, ya que su asignación modificada que subió a $160.7 millones, de los cuales están comprometidos $22.1 millones y se han reportado como ejecutados $13.3 millones.

Otras carteras que tienen más del 20 % de ejecución presupuestaria completada son la Presidencia de la República (23 %), Gobernación y Desarrollo Territorial (26.6 %), Educación, Ciencia y Tecnología (27.6 %), Salud (25 %), Cultura (23.5 %), Agricultura y Ganadería (29.2 %), Medio Ambiente (29 %) y Turismo (21.3 %).

Abajo del 20 % se encuentran Hacienda (19.7 %), Vivienda (14.6 %) y Obras Públicas y de Transporte (15.5 %).

Mientras, el Órgano Judicial lleva una ejecución del 17.6 % y el Órgano Legislativo, del 25 %, e instituciones del Ministerio Público, un 33.4 %, y otras como Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Servicio Civil, Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información Pública y Consejo Nacional de la Judicatura, tienen una ejecución conjunta del 25.6 %.

La mayor parte de fondos que presentan un alto nivel de ejecución tienen que ver con remuneraciones, gastos financieros, transferencias e inversiones financieras, así como amortización de endeudamiento público. La baja ejecución se concentra en la inversión en activos fijos (6.3 %) y en la inversión de capital humano (6.8 %).

Según el Ministerio de Hacienda, se votó un presupuesto de $1,145.9 millones para activos fijos –inversión en infraestructura–, presupuesto que incluso ha aumentado a $1,275.1 millones, de los cuales se han comprometido $266.9 millones y en realidad se han ejecutado $79.7 millones hasta abril de 2025. Es decir, hasta abril de 2025, el Gobierno Central ha ejecutado un 6.3 % del presupuesto asignado para inversión en activos fijos.

La Confederación Sindical Internacional (CSI), en su Índice Global de Derechos de la CSI 2025, ubica a El Salvador entre los países del rating 4 «violaciones sistemáticas de derechos«, junto a Argentina, Costa Rica, Brazil, Camerún, Congo y Angola, entre otros.

Son cinco niveles en la escala o rating, desde el 1, nivel que tiene violaciones esporádicas de derechos, hasta el nivel 5, en el cual se ubican países que no tienen garantías de derechos.

En el informe, se señala que en El Salvador que las huelgas y las protestas de los trabajadores son reprimidas y que las empresas de ciertos sectores incurren en prácticas antisindicales.

La CSI fundada en 2006 con sede en Bruselas, Bélgica, con 207 millones de afiliados de 163 países. Se define como «la voz global de los trabajadores del mundo», en su sitio web informan que colaboran estrechamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con organismos especializados de las Naciones Unidas.

«Las huelgas y protestas fueron duramente reprimidas tanto en Argentina como en Brasil, mientras que empresas que operan en sectores conocidos por sus condiciones laborales abusivas incurrieron en prácticas antisindicales generalizadas en El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá», indica el informe de 76 páginas publicado recientemente y que también informa de que en El Salvador «cinco trabajadores de una cervecería fueron despedidos por formar un sindicato».

Según el sitio de la Confederación, en El Salvador el derecho a la libertad de asociación está consagrado en la Constitución y en el Código de Trabajo, la ley prohíbe la protección contra la discriminación sindical pero sostiene que «no proporciona medios adecuados de protección contra ella».

También, se detalla algunos límites legales a la huelga en el país, como la prohibición en el sector público y municipal, la proporción mínima de trabajadores requerida para una huelga legal y la lista de servicios esenciales en donde se prohíbe, entre otros.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró el domingo que no liberarán «nunca» a los pandilleros y defendió que se mantenga en el país el régimen de excepción, una medida que suspendió tres garantías constitucionales desde marzo de 2022 y ha permitido 86,400 detenciones de supuestos pandilleros.

Advirtió que algunos críticos internacionales aseveran que el gobierno dio seguridad a costa de la democracia. «¿Qué es lo que quieren?, que eliminemos el régimen de excepción para que la comunidad internacional diga: ‘Qué bien, miren Bukele, ya quitó el régimen’, ¿quieren que tomemos decisiones para que afuera no me cataloguen como dictador aunque eso signifique que nuestro país sea invivible?», indicó.

El gobernante salvadoreño rechazó las críticas y bajas calificaciones que recibe El Salvador sobre su deterioro democrático, Bukele aseveró: «Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de Derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en la realidad solo se usan para tenernos sometidos».

Señaló que a «quienes manejan agendas globalistas» no les interesa la democracia, ni los derechos humanos, sino que países como El Salvador «sigan sus reglas». «Eso hicieron en países como Irak, Bolivia, busquen cómo terminaron esos países… Significa destrucción, pobreza, subdesarrollo, sometimiento», indicó.

Bukele aseveró que un menor sin tatuajes ni antecedentes penales fue capturado al inicio del régimen de excepción, que «era pandillero por las investigaciones de la Policía» pero que, luego de cumplir dos años de detención, salió libre en 2024 y, el 28 de mayo de 2025, «asesinó a un excabo de la Policía en Tacuba, mató a un hombre de 62 años».

«Por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado porque debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más».
Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

Acusó a «supuestos defensores de la democracia y el Estado de derecho» de querer que el gobierno sea incapaz «de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de los derechos humanos». «Sigan gritando libérenlos ya. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca», agregó.

El presidente salvadoreño dijo que hay «gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con las élite globalista antes de evitar que sus ciudadanos mueran», mencionó a «países hermanos todavía creen en estos organismos internacionales» y que «algunos políticos» de América Latina «se prestan a este juego».

Durante su discurso, Bukele rechazó que haya pactado con pandillas, criticó a medios de comunicación nacionales e internacionales, periodistas y a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), medios independientes, organizaciones no gubernamentales y «fuerzas externas», y exhortó a sus seguidores a no retroceder ante «desinformación ni las narrativas impuestas desde afuera». «No vamos a permitir que nadie nos arrebate la paz que tanto nos ha costado», dijo.

El régimen de excepción fue creado el 27 de marzo de 2022 y suspendió tres derechos constitucionales relacionados al derecho de defensa, el máximo de 72 horas de detención administrativa y la necesidad de una orden judicial para intervenir las telecomunicaciones. Mientras el gobierno sostiene que esta situación ha permitido la captura de 86,400 pandilleros, organizaciones no gubernamentales registran más de 6,500 denuncias de violaciones de derechos humanos, entre estas torturas, muertes bajo custodia policial y capturas arbitrarias.

El 29 de mayo, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) publicó una carta pastoral en la cual pidió eliminar el régimen de excepción por considerarlo innecesario.

En diciembre de 2024, Bukele aseguró que «pronto podamos relajar las medidas». «No creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar», sostuvo; sin embargo, en octubre de 2023, cuando solicitó la inscripción como candidato presidencial para el periodo 2024-2029, Bukele pidió los votos para la Asamblea Legislativa: «Para continuar con el régimen de excepción, necesitamos tres cuartas partes».

Recientemente, el vicepresidente Félix Ulloa dijo a la revista francesa Le Grand Continent que están tratando de «reducir el margen de error» que sostuvo es «menos de un 10 %». En noviembre de 2024, aseguró que la suspensión de garantías «no es para todos los salvadoreños».

El Gobierno Central programó un presupuesto general de $9,657.9 millones que, hasta abril de 2025,

lo ha modificado en $287 millones adicionales, obteniendo un presupuesto reformado de $9,944.9 millones, según cifras preliminares del Portal de Transparencia Fiscal.

Durante los primeros cuatro meses del año, las instituciones del gobierno central han ejecutado un 29.5 % de su plan de gastos modificado. El gobierno central incluye a las instituciones de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público e instituciones contraloras como la Corte de Cuentas de la República, Tribunal Supremo Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otras.

Entre las carteras que han aumentado su presupuesto están Obras Públicas, $192 millones; Ministerio de Economía, $85.6 millones; Agricultura, $19.8 millones; Salud, $13.2 millones;

Por clasificación económicas, algunas modificaciones presupuestarias que aumentaron son: $30 millones en inversiones financieras, $129.2 millones en activos fijos, $245.3 millones en transferencias de capital. Otras asignaciones, como remuneraciones y amortización en endeudamiento público disminuyen.

Las instituciones descentralizadas, entre las cuales se encuentran los hospitales, tienen un presupuesto inicial de $3,029.2 millones pero este aumentó en $100.5 millones, alcanzando $3,129 millones. Este tipo de instituciones tiene una ejecución de $428.5 millones, un 13.7 %.

Dentro de este tipo de instituciones, además de los hospitales, también se encuentran el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, la Dirección Nacional de Obras Municipales, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), la Dirección de Integración, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), entre otras.

Las empresas públicas empezaron con un presupuesto de $410.1 millones, que fue reducido en $442,657, a un total $409.7 millones, de los cuales se han ejecutado ya $85.9 millones, un 21 %.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó ese domingo las críticas a la calidad democrática de El Salvador, acusó a «fuerzas externas» de ejercer un «poder encubierto» y defendió la Ley de Agentes Extranjeros, durante su discurso de primer año de gobierno de su segundo periodo.

La sesión solemne se instaló con 57 diputados presentes a las 7:57 de la noche en las instalaciones del Teatro Nacional. Los diputados de oposición, Francisco Lira, Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y Claudia Ortiz, de Vamos, no asistieron.

“Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestro pueblo, su objetivo es generar inestabilidad porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos, los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo”, expresó, en medio de su discurso.

Bukele aseguró que los consejos de estas fuerzas externas dejaron “más pobres, más inseguros y más saqueados” a los salvadoreños. “A eso no vamos a volver”, aseveró, antes de aplausos. “Cuando dejamos de tomar esa medicina envenenada de los poderes extranjeros y comenzamos nuestra propia terapia, empezamos a sanar”, expresó.

“A esos que quieren mantener a nuestras naciones pequeñas, dominadas, les aterra un efecto dominó global. La democracia que predican es hacer todo lo posible para imponer el mensaje de que no se puede salir adelante”. Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

El presidente criticó a organizaciones, medios nacionales y extranjeros, periodistas, y rechazó que haya pactado con pandillas, en referencia a publicaciones del periódico El Faro.

Mencionó que hay “un ataque coordinado en marcha” de medios tradicionales, internacionales, locales, oenegés, organizaciones de derechos humanos, “todos al unísono golpeando con los mismos temas”. Añadió que medios «grandes periódicos de Estados Unidos y del mundo» han «activado cientos de notas» para atacarlos y señaló que es orquestado. «Está demasiado obvio que son coordinados», aseveró.

Bukele se refirió, sin mencionarla expresamente, a la captura de Ruth López, abogada de la asociación Cristosal. “Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. ¿Cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene la impunidad garantizada? Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad, ser periodista del club, porque tiene que ser de APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), les permite infringir la ley sin consecuencias”, señaló. Agregó: «Ellos están ahí para conseguir impunidad de la corrupción y del crimen para sus miembros, ellos quieren imponer su narrativa».

Insinuando que ha sancionado la Ley de Agentes Extranjeros, aseguró que esta normativa que quienes quieren ayudar a El Salvador desde el extranjero mantengan el privilegio de no pagar impuesto, pero obliga a los que “vengan a velar por intereses políticos al menos vengan a pagar sus obligaciones tributarias como todos los demás”.

“Y ojo, no estamos prohibiéndoles que lo hagan, no estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, no estamos prohibiéndoles que tengan injerencia en nuestro país, simplemente estamos pidiéndoles que se anoten y que paguen impuesto”.
Nayib Bukele, sobre Ley de Agentes Extranjeros.

“Y además estamos pidiéndoles que tengan decencia y dejen de mentir descaradamente al pueblo salvadoreño”, agregó, retomando la frase expresada por Ruth López cuando el 18 de mayo fue arrestada por la Policía Nacional Civil acusada de pelado por la Fiscalía salvadoreña.

La Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros para establecer un impuesto del 30 % a las organizaciones no gubernamentales y establecer un control de sus actividades financiadas desde el extranjeros a cargo del nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAE). La normativa aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, que está actualizado hasta el 26 de mayo.

La emisión de nuevos Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) ha acumulado ya una nueva deuda de pensiones por $2,347.06 millones, que junto a la deuda heredada de periodos anteriores, suma un total de $10,742.22 millones.

Los datos actualizados el viernes pasado por el BCR registran la deuda que tiene el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) con los Fondos de Pensiones o el Ahorro de Pensiones, que son los montos cotizados por los trabajadores afiliados a las dos Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).

Gracias a la reforma de 2022, el ISP puede emitir certificados COP para que estos sean adquiridos por las AFP, las cuales ponen a invertir los ahorros de los cotizantes en estos instrumentos, a cambio de una rentabilidad.

Esta práctica, con un interés menor, dejó una deuda de $8,395.16 millones, ahora en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), fondos de los ahorrantes invertidos en esos certificados CFT por ahora no están recibiendo amortizaciones de interés ni de capital, gracias a un periodo de gracia negociado entre el gobierno y las AFP.

El acuerdo financiero entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye una nueva reforma a los «sistemas de pensiones» cuya propuesta debe ser publicada el 10 de febrero de 2026. El acuerdo busca una reforma de pensiones que contenga los costos de la reforma aprobada en 2022, que aumentó las pensiones.

El ISP usa los fondos de la deuda de pensiones para pagar pensiones del Sistema Público de Pensiones (SPP), ya que estos se agotaron.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este sábado en una sesión plenaria extraordinaria la autorización del uso de las instalaciones del Teatro Nacional ubicado en el Centro Histórico de San Salvador,

para la sesión solemne en la cual el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentará su informe de labores de primer año de gobierno de su segundo periodo.

La solicitud fue realizada por los diputados de Nuevas Ideas, partido oficial, y no fue conocida sino hasta que se desarrollaba la sesión plenaria, que fue instalada con 48 diputados propietarios presentes. La sesión plenaria duró aproximadamente 12 minutos.

Fueron llamados diputados suplentes para sustituir a algunos de los propietarios: Ana Figueroa, Juan Rodríguez, Lorena Fuentes, Herberth Sierra, Maricela de Guardado, Ángel Lobos, Dania González, Bladimir Barahona, Salvador Chacón, Eduardo Amaya y Francisco Lira. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se encontraba ausente. De Arena, estuvieron presentes Marcela Villatoro y Silvia Regalado.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió la dispensa de trámites.

En la solicitud, leída por la diputada Elisa Rosales, los diputados recordaron que el artículo 122 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa «podrá trasladarse a otro lugar de la República para celebrar sus sesiones cuando así lo acordare».

Agregaron que la Asamblea Legislativa autorizó las sesiones plenarias en las instalaciones de Cancillería de la República desde el 22 de enero de 2025 mientras se realiza la remodelación del Salón Azul de la sede del Legislativo. Sin detallar si los trabajos de remodelación del Salón Azul no están finalizados, los diputados pidieron que se autorice la sesión en el Teatro Nacional. La iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor, de Nuevas Ideas y sus aliados. Las diputadas de Arena se retiraron antes de la votación.

Bukele presentará mañana domingo 1 de junio en una sesión solemne que se desarrollará a las 8:00 de la noche con la presencia de funcionarios de los tres poderes del Estado y cuerpo diplomático.

La aprobación en su labor presidencial bajó levemente del 89 al 85 %; y como persona del 91 al 86 % según la encuesta de CID Gallup publicada y en la población que se siente orgullosa de tener a Bukele como presidente del 82 al 77 %. La población que cree que El Salvador va por el rumbo correcto, según este estudio, disminuyó del 87 % al 73 %.

Bukele enfrenta críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos luego de la captura de la abogada de Cristosal, Ruth López. La Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) emitió una carta pastoral de 29 páginas en la cual le realizan demandas al gobierno sobre educación, salud, economía y medio ambiente, pero también le piden no perseguir a ambientalistas y defensores de derechos humanos, y no ofrecer el país como una cárcel internacional.