Autor: Yolanda Magaña

El embajador de China Popular en El Salvador, Zhang Yanhui, anunció este jueves que la estructura del Estadio Nacional El Salvador, que será donado por el gobierno de China, estará levantado en diciembre de 2025, y señaló que continúan trabajando «muy de cerca» con El Salvador para que este proyecto «sea un gran éxito».

“Está en plena construcción, en poco tiempo va a empezar a levantar la estructura principal, a finales de este año según la empresa ya va a tener toda la estructura levantada. Será el mayor escenario para los conciertos, mucho más grande, mucho mayor (que el de Costa Rica)”, expresó en el programa La Tribu el embajador de China.

“Eso también es un proyecto para el gobierno de El Salvador, trabajamos muy de cerca con el equipo salvadoreño para que este proyecto sea un gran éxito… Como un símbolo de la amistad entre los dos países”.
Zhang Yanhui, embajador de China en El Salvador.

Indicó que, en diciembre de 2025, ya se notará la estructura del estadio y que, en el año 2026, se realizará la instalación de los equipos y la decoración interna. Detalló que en el proyecto del Estadio trabajan casi 100 empleados técnicos chinos y 100 empleados salvadoreños, de todas las especialidades y que la empresa china a cargo del proyecto “tiene mucha experiencia en la construcción de edificios”.

El Sistema de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (Marn) aún no registra el permiso ambiental de esta estructura. «No admisión de la solicitud de evaluación», «esperando respuesta del titular», indica el registro de solicitud de permiso ambiental que ingresó el 12 de julio de 2022 para el Estadio Nacional El Salvador.

Otros dos proyectos de China

El diplomático indicó que, con el proyecto de la planta potabilizadora de Ilopango, que también donaría China a El Salvador, a cargo de la empresa Hebei Construction Group, buscan beneficiar a 250,000 personas de siete distritos que actualmente no cuenta con un servicio normal de agua potable. “Ellos van a tener agua potable 24 horas permanentemente”, prometió.

“Edificios principales ya están construidos y están excavando para instalar las tuberías, desde la planta hasta el consumidor”, informó.

Un tercer proyecto, la construcción de un Centro de Ferias y Convenciones, un nuevo Cifco, que estará frente a la Cancillería, “está en proceso de estudio” y de investigación de suelos. “Será otro icono para el país, será muy bonito”, dijo.

China Popular y El Salvador tienen relaciones diplomáticas desde agosto de 2018, que fueron abiertas por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien rompió lazos con Taiwán.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, visitó China Popular en diciembre del 2019 y anunció la cooperación de China en Surf City, la construcción de una biblioteca, un estadio y una planta potabilizadora de agua del Lago de Ilopango.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que «no hay inconstitucionalidad» en la prohibición de la conciliación de delitos dolosos por menores de edad cuando estos hayan conciliado la misma clase de delitos, regulada en el artículo 59 literal «f» de la Ley Penal Juvenil.

Según la Sala, la prohibición de las múltiples conciliaciones busca «evitar la reiteración delictiva por parte de niñas, niños o adolescentes en conflicto con la ley penal y la adopción de un modo de vida cimentado en el delito».

En el caso, opinaron la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General, que consideraron que sí puede admitirse la conciliación basándose en otras normativas. La Asamblea Legislativa indicó que la prohibición de la conciliación prevista «puede suplirse e integrarse con otras normativas», mientras que la Fiscalía alegó que el juez «puede realizar integraciones normativas para admitir la conciliación».

Sin embargo, la Sala consideró que «la permisión sin límite alguno de múltiples conciliaciones supondría la posibilidad» de que los menores puedan «delinquir repetidamente desde la lógica de que tales acciones carecen de consecuencias o que pueden carecer de ellas», «al ser viable el empleo irrestricto y permanente de dicha salida alterna al proceso».

«El propósito de tan disposición es evitar la reiteración delictiva por parte de niñas, niños o adolescentes y la adopción de un modo de vida cimentado en el delito».
Sentencia de Sala.

¿Cómo inició?

El artículo cuestionado indica: «Admiten conciliación todos los delitos o faltas, excepto los siguientes: f) Los delitos cometidos por menores que hayan conciliado la misma clase de delitos dolosos».

El proceso fue promovido por el Juzgado primero de menores de Santa Ana, que argumentó un trato discriminatorio respecto al régimen penal común por la posibilidad de «conciliación en materia penal» si transcurren «cinco años después de un delito doloso».

Según la resolución, el juez señaló que la prohibición vulneraba el principio de especialidad de la jurisdicción penal juvenil, que establece un tratamiento jurídico diferenciado con el principio del interés superior de los niños y adolescentes, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Otro argumento fue que la disposición violaría el artículo 35 inciso segundo de la Constitución: «La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial».

Aunque la Asamblea Legislativa y la Fiscalía señalaron que podía aplicarse integrando otras regulaciones, la Sala consideró que la disposición es «enfática» al establecer como «excepción» los delitos cometidos por menores o adolescentes que hayan conciliado la misma clase de delitos dolosos.

Detalló que el artículo 59 exceptúa de la conciliación lo delitos de homicidio simple y agravado, extorsión, privación de libertad, secuestro y atentados contra libertad individual agravados, delitos relativos a la libertad sexual y delitos que afecten intereses difusos de la sociedad, incluidas formas de criminalidad organizada, según la sentencia.

Uno de los compromisos alcanzados en el acuerdo entre el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del gobierno de El Salvador en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que promete un desembolso de $120 millones, incluye la “aplicación adecuada y oportuna” de Ley Anticorrupción y la mejora de la “gobernanza, responsabilidad y transparencia” en el país.

«Tras la adopción de la Ley Anticorrupción, la atención se centrará en garantizar una implementación adecuada y oportuna para complementar los esfuerzos en curso encaminados a mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, incluidas las cuentas fiscales del sector público en general», reza el acuerdo, citado por el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y jefe de misión para El Salvador, Sr. Torre, en una declaración publicada este martes.

En el comunicado de prensa del FMI, sobre el acuerdo de la primera revisión del SAF, el FMI señala «un progreso sustancial en la ambiciosa agenda de reformas en las áreas de gobernanza, transparencia» en El Salvador.

Uno de los compromisos de El Salvador de gobernanza y transparencia en el acuerdo con el FMI fue «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».

Otro de los acuerdos fue aprobar legislación para la colaboración de la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República, y la colocación de «abogados, notarios, contadores y auditores bajo un marco de monitoreo basado en riesgos», siguiendo la Recomendación 28 del Grupo de de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Asamblea Legislativa aprobó el 7 de febrero de 2025 una Ley Anticorrupción que obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar «informes de activos y pasivos» cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y sus adendas fueron públicas en 2015 y 2016, pero desde 2017 se empezaron a emitir reservas hasta que en 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) indicó que las adendas eran confidenciales.

La ley crea un Centro Nacional Anticorrupción (CNA) y un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac), ambos estarían dirigidos por la Fiscalía General de la República.

El acuerdo con el FMI también requiere una legislación que requiera «la presentación y actualización» de la propiedad de todas las personas jurídicas registradas en El Salvador según los estándares del GAFI.

Así mismo, para finales de marzo de 2025, se comprometió a publicar todas las personas adjudicatarias de contratos públicos, información de los contratos y emitir una reglamentación que limite las excepciones que permiten compras de bienes y servicios sin procesos competitivos.

En su informe de marzo de 2025, el FMI señaló que en 2020 hubo retrocesos en la transparencia fiscal con la suspensión en 2020 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero también advirtió que se habían publicado saldos de la deuda de pensiones, modificaciones presupuestarias, información sobre propiedad de empresas públicas.

El acuerdo también le exige transparencia en una presentación más exhaustiva de resultados y proyecciones fiscales, incluido un Marco Fiscal de Mediano Plazo a finales de octubre de 2025; en las transacciones en bitcoin y en los estados financieros auditados de Chivo a finales de julio de 2025; y un plan para terminar con el uso de fondos públicos y participación pública en Chivo a finales de 2025.

El acuerdo del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a nivel de personal, reiteró el compromiso de una reforma a «los sistemas de pensiones» con la finalidad de «respaldar» el ajuste fiscal después del año 2025.

El FMI anunció ayer un acuerdo de la primera revisión del programa de 40 meses del Servicio Ampliado del FMI (SAF) que aún debe ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI y mediante el cual el gobierno de El Salvador recibiría «aproximadamente $120 millones».

Según el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental y el jefe de misión para El Salvador del FMI, «la mayoría de objetivos del programa establecidos para la primera revisión se cumplieron con creces» y «la implementación avanza satisfactoriamente».

Uno de los acuerdos de esta primera revisión es que «la consolidación fiscal» continúe este año 2025 a través de mecanismos como la reforma a «los sistemas de pensiones», además de reducción en el gasto salarial, una reforma al servicio civil y la contención de gastos corrientes.

Las reformas se harían en función de «salvaguardar el ajuste más allá de este año». El FMI ha requerido un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), un 1.5 % en 2025 –0.2 % de ingresos y 1.3 % de contención del gasto–, 1 % en 2026 y 1 % en 2027.

En el acuerdo financiero con el FMI publicado el 3 de marzo, que promete un financiamiento aproximado de $1,400 millones, El Salvador se comprometió a publicar una evaluación actuarial independiente «a finales de julio de 2025», diseñar una propuesta de reforma a ser publicada el 10 de febrero de 2026 y adoptada al iniciar el año 2026 para colocar el sistema «en una base sólida», según el punto 20.

Los compromisos anteriores buscarían contener «los costos fiscales» asociados a la reforma de 2022.

Según el FMI, la reforma de 2022 desvinculó los beneficios del sistema de saldos de las Cuentas de Ahorro Individuales para Pensiones (CIAP) y dispuso destinar ahorros del sistema privado a lo que queda del sistema público de reparto anterior.

Además, la reforma aumentó las pensiones por vejez, la cotización y permitió, con una rentabilidad mayor, que el Estado siguiera tomando prestados los ahorros de los cotizantes para pagar pensiones de jubilados del sistema previsional público.

Según el Fondo el Sistema Público de Pensiones (SPP) –con 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes– enfrenta «déficits crónicos» financiados con deuda estatal y transferencias que aumentarán del 2 % del PIB en 2025 a 2.7 % del PIB en 2027, con lo cual la deuda de pensiones alcanzaría un equivalente del 28.3 % del PIB en 2027.

El sistema público es administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que desde 2022 tiene la facultad de emitir certificados para que estos sean adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con los fondos de los trabajadores de los cotizantes de las AFP para financiar pensiones del sistema público o SPP.

Por otra parte, el Sistema Privado de Pensiones –con 128,000 jubilados y 950,000 trabajadores cotizantes– que administra las Cuentas Individuales de Capitalización (CIAP) de los cotizantes y una Cuenta de Garatía Solidaria (CGS) que garantiza el pago de las pensiones mínimas a los cotizantes.

El vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Jaime Contreras, un salvadoreño que emigró en 1988 a Estados Unidos a sus 13 años, aseguró el lunes que seguirá trayendo a El Salvador congresistas, senadores y sindicatos para reclamar por el debido proceso de las personas.

“¿Quién va a seguir?, tú, tú, en este gobierno no se sabe quién sigue, nosotros no vamos a ser silenciados como activistas, abogados, como congresistas. Yo personalmente con mi sindicato me comprometo a seguir trayendo más congresistas, más senadores, más sindicatos, para que esto no quede así por así”, afirmó.

El anuncio lo hizo luego de criticar a los gobiernos salvadoreño y estadounidense por su acuerdo que trajo deportados de Estados Unidos para ser recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) luego de acompañar al congresista demócrata Glenn Ilev, de Maryland, en su visita a El Salvador, del 23 al 26 de mayo.

“Mi sindicato, SEIU, tiene dos millones de miembros a nivel de Estados, Canadá y Puerto Rico. Mi seccional tiene 185,000 miembros y tenemos más de 100,000 miembros salvadoreños, Kilmar es un sindicalista, de sindicato de trabajadores en los metales”, explicó.

Contreras, quien sirvió en la Fuerza Naval de los Estados Unidos, aseguró que los sindicatos estadounidenses se van a “unir” y que seguirán empujando concretamente por el caso de Kilmar Ábrego García, salvadoreño deportado por error de Estados Unidos, recluido inicialmente en el Cecot y para quien la Corte Suprema estadounidense ordenó facilitar su retorno.

“Este presidente de acá dice ups. No es justo lo que está sucediendo, tenemos el caso de nuestros hermanos venezolanos. A la familia de Kilmar, le quiero decir que no están solos. Los sindicatos nos vamos a unir, vamos a seguir viniendo acá, a empujar para que este muchacho inocente sea liberado, sea mandado a su familia”, indicó.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) emitió la noche del lunes un comunicado en el cual rechazan la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo.

La normativa, que faculta el control de las finanzas y las actividades sobre las organizaciones que reciben fondos extranjeros, es destacada como positiva por el gobierno salvadoreño y la Asamblea Legislativa debido a que crea un impuesto del 30 % a todas las donaciones recibidas del extranjero, con ciertas exclusiones que serán decididas por el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

En el comunicado titulado «Ante el incremento de acciones punitivas por parte del Gobierno», el CSU de la UES expresó su «preocupación» sobre acontecimientos que, indica, «pueden afectar el Estado de Derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales».

Consideró que la Ley de Agentes Extranjeros «constituye una clara restricción o limitación al derecho ciudadano a la solidaridad internacional y al de asociarse libremente» y que «impactará negativamente» a la población.

«Decreto que es constitutivo de una amenaza vedada en contra de la existencia de las mismas organizaciones, ya que su inscripción o vigencia queda a discreción de los funcionarios del gobierno», indicó en el comunicado.

La máxima autoridad de la UES agregó que en la ley «se encuentran disposiciones penales en blanco que discrecionalmente podrán activarse» en contra de las organizaciones no gubernamentales.

Puede leer: Las 5 claves de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

La UES, que también consideró que habrá repercusiones «en las necesidades básicas de las comunidades que no son atendidas por el Estado», reiteró su preocupación por las recientes detenciones «de varios actores sociales, profesionales y empresarios» y el «cada vez más frecuente uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública» en las manifestaciones.

El 22 de mayo, la UES condenó en un comunicado las detenciones de Ruth López, el domingo 18 de mayo, y de los miembros de la cooperativa El Bosque, para quienes exigieron un «debido proceso» y «condiciones justas de acceso a una legítima defensa, congruente con el Estado de Derecho».

Esta vez, el Consejo Superior Universitario agrega la preocupación de las detenciones de «empresarios», en referencia a los 16 transportistas capturados previamente, de quienes falleció uno en bartolinas.

Comunicado oficial del Consejo Superior de la UES

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, ante el incremento de acciones punitivas impulsadas por el Gobierno, manifiesta públicamente su posición a través del siguiente comunicado pic.twitter.com/IXygSctZbo

— Universidad de El Salvador – UES (@UESoficial) May 27, 2025

El congresista estadounidense Glenn Ivey, demócrata, se refirió el lunes a la detención de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal arrestada el domingo 18 de mayo al ser acusada de peculado por la Fiscalía salvadoreña.

«Es coincidente que ella fuera arrestada pocos días antes de nuestra llegada. Pero es importante asegurarse de que se respeten sus derechos y también los derechos de otras personas», afirmó durante una conferencia de prensa en la cual lamentó no haberse reunido con el salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado en marzo pasado a El Salvador y quien estaría en la penitenciaría de Santa Ana.

Chris Newman, abogado de Ábrego García e integrante de la Red Nacional de Jornaleros en los Estados Unidos, manifestó que monitorearán también caso de Ruth López. «Viendo lo que pasa y ella debe recibir sus derechos», indicó.

El congresista de Maryland, quien visitó El Salvador del viernes al lunes, destacó que, además de Ábrego, «hay al menos 50 venezolanos que han sido deportados por Estados Unidos a El Salvador y están en prisión aquí (en El Salvador) bajo un contrato con Estados Unidos» sin que tuvieran un estatus ilegal, citando el hallazgo de un estudio de CATO Institute.

Desde marzo, Estados Unidos ha deportado a 266 venezolanos y 23 salvadoreños a El Salvador, que inmediatamente fueron recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

«Tenían derecho a estar allí (Estados Unidos), así que no estaban violando ninguna ley al estar en Estados Unidos, no habían cometido delitos ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en Venezuela. Así que están detenidos incluso cuando no han cometido ningún delito, no han violado ninguna ley, ni hecho nada ilegal, y están siendo retenidos indefinidamente. Así que estamos presionando también en ese caso, que también está en los tribunales en Estados Unidos», indicó sobre la investigación de CATO Institute.

Según el congresista, «todos deberían tener el derecho a recibir visitas cuando están en la cárcel» de familias y abogados. Recordó que cuando él era fiscal los detenidos podían comunicarse con sus abogados y familias aunque las conversaciones eran grabadas para asegurarse de que no se facilitara una actividad delictiva.

Advirtió que los procesos o caso penales contra dichos detenidos «no están en El Salvador sino en Estados Unidos».

El abogado de Ábrego García manifestó que, para él su cliente no es «deportado», ya que, de lo contrario, estaría libre.

«Quiero aclarar algo, Kilmar García no es un deportado. Si fuera deportado estaría aquí sentado con nosotros. Está encarcelado, secuestrado bajo quién sabe qué tipo de ley, qué tipo de acusación».
Chris Newman, abogado de Kilmar Ábrego García.

Insistió en que quieren la prueba de vida de Ábrego García. «No hemos escuchado nada de él desde el 17 de este mes. Queremos saber dónde está. No sabemos si todavía está en Santa Ana o si está en otro lugar. Queremos acceso al señor Ábrego García para que él pueda recibir servicios legales», indicó.

Públicamente Ábrego García ha sido acusado públicamente por la Casa Blanca y la Fiscalía estadounidense de ser miembro de la pandilla MS-13, a raíz de un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lo fichó como miembro de la MS-13.

La Corte Suprema ha frenado las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador tras una demanda.

El salvadoreño Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), quien acompañó al congresista Ivey, manifestó que «sea de Venezuela, de Haití de El Salvador, sea de donde sea, todo mundo debe tener el derecho básico de una audiencia de vida».

«Yo sé que van a haber personas que van a decir 'Oh, ahí están los defensores de los pandilleros'. Así van a decir de nosotros. Quiero aclarar bien, aquí estamos defendiendo los derechos de los inocentes».
Jaime Contreras, vicepresidente de SEIU, quien acompañó al congresista en El Salvador.

El congresista demócrata del estado de Maryland, Glenn Ivey, finalizó este lunes su visita a El Salvador sin poderse reunir con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y posteriormente un centro penal de Santa Ana.

“Vamos a mantener la presión hasta que eso suceda”, había insistido antes de iniciar su viaje en medios de comunicación estadounidenses.

Políticos demócratas estadounidenses buscan presionar a la administración Trump para que cumpla con órdenes judiciales de la Corte Suprema y del Cuarto Circuito de Apelaciones, de hacer los esfuerzos por retornar a Ábrego García a Maryland, Estados Unidos luego de haber sido deportado por error.

Ellos reclaman que Ábrego García y otros deportados no han enfrentado una audiencia ante un tribunal para estar presos en El Salvador.

Por el caso de Kilmar Ábrego, que se ha convertido en el símbolo de esta polémica, han realizado visitas a El Salvador los congresistas demócratas Robert García (California), Maxwell Frost (Florida), Yassamin Ansari (Arizona) y Maxine Dexter, y el senador Chris Van Hollen (Maryland), quien sí logró reunirse con Ábrego García luego de que el gobierno accediera a trasladarlo al hotel donde se encontraba el senador.

Este lunes, el congresista Ivey manifestó que hoy fueron a la prisión de Santa Ana y que en el lugar le hablaron a la gente de la puerta.

“No nos abrieron la puerta ni nos dejaron entrar. Dijeron que teníamos que volver a San Salvador. Es ridículo”, expresó.

El funcionario se quejó de que su visita ya había sido anunciada a través de la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, con quien se reunió una semana atrás, y que también se reunió con el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan.

Según el congresista, gestionaron reuniones con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, y con varios funcionarios salvadoreños, “dentro de los ministerios”, pero tampoco se logró.

Ivey dijo que fue fiscal en Estados Unidos, que todas las personas “deberían tener derecho a recibir visitar cuando están en prisión”, y que la “única disposición era que, al comunicarse con las familias, las conversaciones se grababan para evitar cualquier actividad delictiva”.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen de reforma a la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria que faculta al superintendente de Regulación Sanitaria a crear la política nacional farmacéutica en El Salvador y para incluir la Defensoría del Consumidor en el Consejo de la Superintendencia.

Jessica Durán, secretaria general de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, sugirió algunos cambios para agregar en su facultad de efectuar “pruebas de control de calidad a productos objeto de regulación” la frase: “siempre y cuando no incluyan experimentación con animales y humanos”.

“Resulta necesario ya que fortalece las facultades de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y eso nos permite continuar dando servicios de manera óptima”.
Jessica Durán, secretaria general de la SRS.

Con la reforma se genera la competencia legal para que El Salvador cuente con un “hub” o análisis de control de calidad para los países de la región.

La reforma agrega la obligación de colaborar con la Superintendencia para “toda persona natural o jurídica, pública o privada” y facultar al superintendente “la fijación de remuneraciones, prestaciones y compensaciones a los empleados de la institución y habilitaría a la Superintendencia a donar productos decomisados aptos para su consumo y a publicar los tarifarios. De esta disposición se suprimieron “las dietas”.

La reforma establece la Superintendencia tendrá 30 meses –dos años y medio– para obtener la certificación anti-soborno. La secretaria argumentó que es necesario tener un “plazo razonable”, ya que se requiere “un tiempo de implementación”. Argumentó que el artículo 16 de la Ley de Compras Públicas daba tres años a las instituciones pero que la Superintendencia inició labores el 7 de agosto de 2024 y “ya había transcurrido un año y cinco meses”.

Después de su exposición, el diputado presidente de la Comisión, Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, comentó que tiene estanques de «tipalia» y que consideraba que, «para poder exportar, esto va a ser mucho más práctico, más fácil, no va a ser como otros años atrás, que esto era bien tedioso».

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresó este lunes, en un comunicado oficial, su respaldo a Nicolás Maduro, gobernante del régimen de Venezuela, luego de las elecciones legislativas del domingo en donde hubo baja participación electoral.

Venezuela desarrolló el domingo 25 de mayo elecciones de 285 diputaciones de la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años, desde el 5 de enero de 2026 hasta el 5 de enero de 2031, además de 260 legisladores regionales y 24 gobernadores.

La principal dirigente de la oposición, María Corina Machado, lo consideró una derrota para el régimen de Maduro. Ella había exhortado a vaciar las calles a dejarlos “solos” por considerar ilegítimas las elecciones y, mientras el organismo electoral del oficialismo venezolano dice que la participación fue 42.6 %, la oposición señaló que más del 85 % de los venezolanos no votaron.

En el comunicado, el FMLN expresa que respaldan a las “instituciones legítimas del Estado venezolano”.

Según el FMLN, en estas elecciones se ratificó “el camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista”. “Acompañamos esta nueva victoria, que es también un triunfo de los pueblos que resistimos y de quienes creemos en un mundo multipolar, sin hegemonismos ni dominación extranjera”, indicó el partido de izquierda.

Estas son las primeras realizadas luego de los polémicos comicios del 28 de junio de 2024 de los que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no presenta actas electorales.

También, se dan luego de una tensión política y electoral que acompaña arrestos de decenas de opositores.