La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con dispensa de trámites, la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que aplicará un impuesto del 30 % sobre las donaciones, que será retenido en cada transferencia, desembolso o importación en especie o bienes de cualquier tipo, de un «mandante extranjero».
La normativa fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Dos diputados de Arena y la diputada de Vamos votaron en contra.
Las personas naturales o jurídicas que reciban fondos extranjeros tendrán 90 días para inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) –una dependencia del Ministerio de Gobernación– a partir de la vigencia de la normativa; si no se registran, no podrán recibir donaciones ni realizar actividades.
El nuevo RAEX estará a cargo de un director general nombrado por el ministro de Gobernación.
Las retenciones del nuevo impuesto del 30 % serán realizadas por las instituciones financieras cuando se haga cada transferencia.
La normativa establece multas desde $100,000 hasta $250,000 por incumplir las prohibiciones, una de las cuales es: “Realizar actividades para fines políticos” para “alterar el orden público que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país” y ocultar que sus actividades son financiadas por un mandante extranjero.
¿A quiénes aplicará?
La nueva Ley de Agentes Extranjeros aplicará a “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera” que realicen “actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”, incluyendo a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
Estos mandantes extranjeros son personas, representantes de un gobierno de país extranjero, miembros, representantes, correligionarios de un partido político extranjero u organismos o corporaciones extranjeras.
Exclusiones
El artículo 5 indica que los sujetos obligados podrán “solicitar que se les excluya” de las obligaciones de la ley “previa calificación del RAEX”, que considerará: “La naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban y el estricto cumplimiento a los mismos para su renovación automática”
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió que se establecieran exclusiones con “criterios ya taxativos” ya que estos son “discrecionales y ambiguos”.
Ortiz señaló que “básicamente el gobierno va a decidir qué organización receptora de cooperación va a estar sujeta a control y al 30 %”. No sorprenderá que estos sean aplicados solamente aquellos a quienes ustedes les conviene y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder”, indicó.
Para “evitar injerencias externas encubiertas”
Los diputados del partido de gobierno, Nuevas Ideas, defendió la nueva normativa cuya aprobación fue solicitada con dispensa de trámite a las 4:37 p.m. por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas.
La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que con la ley “se promueve la transparencia sobre quién financia y dirige las organizaciones que operan en El Salvador con fondos extranjeros”.
“Se ordena y fiscaliza las actividades de los agentes extranjeros a través de este nuevo Registro. Se busca proteger la soberanía nacional y evitar las injerencias externas encubiertas”, agregó Callejas.
La diputada de Nuevas Ideas aseguró que están “trabajando por primera vez por una etapa de verdadera paz” y que “este proceso puede ser frágil si dejamos que gente con intereses bastante mezquinos vengan a trabajar acá sin decirnos cuáles son sus verdaderas intenciones”.
El diputado Guevara aseguró que legislaciones similares han sido aprobadas en Australia, Alemania, Francia y Corea del Sur, y se está discutiendo en Canadá.
“Estricta vigilancia gubernamental”
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, advirtió que la ley planteada por el gobierno de El Salvador no se limita a obligar a la transparencia de las actividades financiadas por un país extranjero sino que “es incompatible” con la “democracia, el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de asociación”.
“Pone límites y condiciones inaceptables” a las expresiones de la sociedad civil “a todo nivel”, y somete a “estricta vigilancia gubernamental las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional”, reclamó Ortiz.
Definió la ley como “una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento al espacio cívico en El Salvador”.
La legisladora afirmó que el artículo 20, que faculta al presidente a “aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley”, se debió llamar “artículo de la inseguridad jurídica”.
Arena pide saber cuánto dio Cosavi a Nuevas Ideas
El diputado Francisco Lira, de Arena, calificó la normativa de «Ley mordaza» para las instituciones que señalan «los abusos» y «actos arbitrarios» del gobierno. Aseveró que le gustaría saber cuánto le dio la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (Cosavi) al partido Nuevas Ideas.
Lira cuestionó por qué en 2021 la Asamblea se echó para atrás y por qué lo quieren hacer «saltándose las discusiones en las comisiones legislativas» para escuchar a las «instituciones afectadas y beneficiadas». «Esta iniciativa sirve para desviar la atención de la problemática del pueblo salvadoreño, que no tiene para comer, que no tiene una vivienda digna, el tema de pensiones, los actos de corrupción de este gobierno todavía no han sido juzgados… Si con esto se va a solucionar lo de la cooperativa El Bosque, ¿por qué no dejan libre al líder comunitario, a Alejandro o por qué persiguieron a Ruth López?», preguntó.
En respuesta a Arena, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, señaló que no tenían moral para hablar de los jóvenes. «Sigan gritando lo que quieran, hombre, a la cooperativa El Bosque, contentos deberían estar, que no ve con se les va a devolver la dignidad a esas 300 familias», afirmó. «Nuestro país va a seguir cambiando», indicó.
La Ley de Agentes Extranjeros fue anunciada por el presidente Nayib Bukele luego de la protesta de habitantes de la cooperativa El Bosque contra un desalojo ordenado por un Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, que falló a favor de Luis Antonio Palomo Urbina, que reclama el pago de sus servicios a la cooperativa. Bukele aseguró que con el nuevo impuesto del 30 % a las ONG resolvería «de una vez por todas» la situación de las 300 familias que eran afectadas por la orden de desalojo.
