Autor: Yolanda Magaña

Nueve organizaciones entre ellas Amnistía Internacional pidieron al gobierno salvadoreño liberar «inmediatamente» a las personas detenidas «solo por ejercer sus derechos» a manifestarse, investigar la muerte del empresario de transporte que se encontraba detenido y desistir de cualquier intento legislativo por sancionar a las organizaciones de derechos humanos.

Las organizaciones que firmaron el pronunciamiento son, además de Amnistía Internacional: Artículo 19, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), IM-Defensora, Latin American Working Group (LAWG), OMCT, PRODESC, Robert F. Kennedy Human Rights (RFK), y la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

En el comunicado, las organizaciones aseguran que 16 transportistas han sido detenidos detenidos por el gobierno de El Salvador «sin una base fáctica clara o sustento legal» y advierten que la muerte de uno de los transportistas detenidos ocurrió en el contexto de «denuncias sobre condiciones de detención que constituyen tortura» durante el régimen de excepción, por lo que piden investigarla.

El pronunciamiento critica el despliegue por primera vez de la Policía Militar para «reprimir» la protesta de 300 familias de la comunidad El Bosque, en el municipio de Santa Tecla, con la captura del ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez, a quienes las organizaciones internacionales pidieron liberar.

Puede leer: ¿Qué dijo Nayib Bukele sobre la cooperativa El Bosque, PROYIN y el pago de la deuda?

«La instrumentalización del sistema penal para aplacar las demandas sociales son prácticas autoritarias que no deben constituir la respuesta del Estado frente al descontento de la población. Gobernar no debe ser sinónimo de reprimir», manifestaron.

Según Amnistía Internacional, la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros sería «un grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos» así como implicaría afectar el derecho a la libertad de asociación.

«Todas estas son áreas (espacio cívico, derecho a la libertad de asociación, derechos económicos y sociales) en los que los gobiernos deben enfocarse y en las que el presidente Bukele en particular pretende erigirse como un buen ejemplo en la región, pero, en su lugar, hace justamente todo lo contrario”.
Ana Piquer, directora para Las Américas de Amnistía Internacional.

El 12 de mayo se conoció que Roberto Jaco, uno de los 16 transportistas detenidos por presuntamente negarse a prestar servicio de transporte gratuito ordenado por el gobierno, murió mientras estaba en las bartolinas del 911 de Santa Ana, informaron dirigentes de la Mesa Nacional de Transporte.

Así mismo, el gobierno ordenó la captura de dos personas vinculadas a la manifestación cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele contra el desalojo de habitantes asociados a la cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, contra una orden de desalojo debido a un reclamo del propietario de PROYIN, S.A. de C.V., quien supuestamente les prestó servicios. Como respuesta, el presidente Bukele prometió la aprobación de un impuesto del 30 % a las organizaciones no gubernamentales para resolver la situación de la comunidad El Bosque.

El congresista demócrata Robert García cuestionó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre el cumplimiento del debido proceso para Andry Hernández Romero, un maquillador venezolano deportado a El Salvador y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur.

“Es una pregunta que es mejor hacerle al presidente y al gobierno de El Salvador”, respondió Noem a la pregunta del congresista de California a la pregunta sobre el estado físico actual del venezolano.

El cuestionamiento se dio en una audiencia celebrada el 14 de mayo en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

García primero se refirió al compromiso con la Constitución estadounidense y señaló que ninguna persona debe ser privada de la vida, de la libertad o la propiedad sin un debido proceso de ley. La secretaria estuvo de acuerdo.

Mencionó que quizás al gobierno “no le gusten” los tatuajes o cómo vota alguien pero que “si no puedes ver a un juez, nadie te puede proteger”. “Y aparentemente ni siquiera la Corte Suprema importa realmente cuando se trata del caso de Kilmar García”, expresó. El video fue publicado por el político demócrata en su cuenta de X.

El CECOT

“Pero recordemos que no solo estamos deportando personas, estamos enviando a algunas de ellas a encerrarse en una de las prisiones más peligrosas del mundo”, le expresó, en referencia al CECOT.

Luego, le mencionó el caso de Andry Hernández Romero. “El gobierno de EEUU le dio su cita de asilo, él viene a su cita, pasa una entrevista de miedo increíble. Él solicitó asilo, eso fue legal y luego lo enviamos a una prisión peligrosa fuera de la frontera sin el debido proceso. Hay afirmaciones sobre sus tatuajes, tiene los nombres de sus padres en sus tatuajes y dos coronas que se relacionan con un festival en su ciudad natal”, relató.

Relató que solicitó al embajador de EE.UU. en El Salvador, William Duncan, una prueba de vida de Andry: “No ha tenido acceso a abogados ni a familiares desde que fue secuestrado hace más de un mes. Nadie sabe si está vivo. Su madre solo quiere saber si está vivo. ¿Podemos hacerle una prueba de vida a Andry solo para ver si está vivo?”, le preguntó. La secretaria Noem le respondió que el gobierno estadounidense usa las herramientas que el Congreso les dio para aplicar el debido proceso.

“Señor congresista, estamos utilizando las herramientas que el Congreso nos ha dado para aplicar el debido proceso a los individuos. Así que estamos haciendo eso para cada persona y nos estamos asegurando de seguir lo que nos ha dado en cuanto a orientación y cómo deben implementarse las cosas”, indicó la secretaria de Seguridad Nacional de Trump.

El congresista demócrata insistió: “¿Te comprometerías a avisarle a su madre, de madre a madre, si Andry está vivo?”. “¿Podemos revisarlo y hacerle un chequeo de bienestar?”

La secretaria Noem le respondió: “Nuestras solicitudes de asilo son diferentes a la concesión de asilo y no conozco los detalles de este caso individual, este individuo está en El Salvador y la mejor manera de apelar esto sería dirigirse al presidente y al gobierno de El Salvador”. Le reiteró que no está bajo su jurisdicción.

El congresista se volvió a referir al CECOT, la megacárcel que construyó el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador: “Usted ha dicho que CECOT en El Salvador es una de las herramientas de la caja de herramientas que ustedes tienen… ¿Te comprometerías al menos a buscar y preguntarle a El Salvador si está vivo?”.

“Esta es una pregunta que es mejor hacerle al presidente y al gobierno de El Salvador”, respondió la secretaria Noem.

El congresista calificó de “vergonzoso” no preguntar si Hernández Romero está vivo.

El 21 de abril pasado, García visitó El Salvador en un grupo de cuatro congresistas demócratas que pidieron a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador “pruebas de vida” del salvadoreño Kilmar Ábrego García y del venezolano Hernández Romero, ambos deportados el 15 de marzo de Estados Unidos a El Salvador.

El tema se ha vuelto una controversia en los Estados Unidos, ya que la administración Trump arrancó con órdenes ejecutivas contra la migración irregular en los Estados Unidos y declarando organizaciones terroristas a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla MS-13.

Además, la Secretaría de Seguridad Nacional ha promocionado el CECOT como el lugar en donde podrían terminar los migrantes irregulares que llegan a delinquir a los Estados Unidos.

«Ahora permítanme darle un mensaje claro al mundo de parte del presidente Trump: Si eres un extranjero criminal considerando entrar ilegalmente a los Estados Unidos ni lo pienses. Si vienes aquí a violar nuestras leyes, te vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en los Estados Unidos», indica la funcionaria estadounidense en un video publicitario divulgado en YouTube.

El 8 de abril, Noem aseguró que continuarán usando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar masivamente a personas que consideren miembros de organizaciones terroristas.

Luego de su visita al CECOT, Noem escribió en X: «Recorrí el CECOT, Centro de Contención del Terrorismo de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña».

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó a los partidos FMLN y Arena de estafar a la cooperativa El Bosque debido a un acuerdo en el cual la alcaldía de Santa Tecla pagó la deuda que la cooperativa tenía con el Banco Agrícola a cambio de 197.07 manzanas de tierra.

El mandatario mencionó un Convenio de Cooperación Mutua firmado por el exalcalde Óscar Ortiz, del FMLN, y señaló que en la gestión del exalcalde Roberto d’Aubuisson, el 21 de octubre de 2013, la alcaldía de Santa Tecla «pagó los $366,613 al Banco Agrícola saldando por completo la deuda».

Lo calificó de «negociazo» ya que durante la gestión de Arena la alcaldía tecleña exigió más tierra a la cooperativa porque «se tardaron en trasladar la propiedad», señaló.

Bukele explicó que la cooperativa El Bosque había adquirido un préstamo con el Banco Agrícola para cultivar café pero no pudieron pagarlo por una plaga y la caída de los precios.

«La alcaldía de Santa Tecla se quedó con el 51.4 % de las tierras mientras que la cooperativa se quedaba luchando por retener el 46.8 % que aún le quedaba», expresó, sobre el señalamiento a ambos partidos de oposición.

¿Qué dijo Bukele sobre PROYIN?

El presidente también se refirió al conflicto que la cooperativa ha tenido con Luis Antonio Palomo Urbina, abogado y propietario de LM Lotificaciones, ahora Proyectos e Inversiones Diversas, S.A. de C.V. (Proyin), a quien la cooperativa acusó de estafa, delito del que fue absuelto en 2022.

Bukele reveló que el Banco Agrícola «citó –a la cooperativa– a una reunión para llegar a un acuerdo» para pagar la deuda y que «ahí les presentaron a Luis Palomo».

«Les ofreció una salida técnica y con posibilidad de ganar dinero: medir, lotificar, vender y pagar», expresó el presidente de El Salvador en X.

El mandatario señaló que «firmaron un contrato formal para servicios de medición, parcelación y trámites» y que en el contrato con PROYIN se «especifica que la cooperativa pagaría a Palomo un porcentaje de los servicios» en efectivo y otro «mediante traspaso a favor de la sociedad».

Cuando relató el acuerdo con la alcaldía de Santa Tecla, el presidente advirtió que «el juicio con PROYIN no fue parte del trato». «Quedó pendiente», indicó el mandatario.

El gobernante también citó la resolución del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla que favorece a PROYIN en el caso y que ha desenlazado la orden judicial de desalojo de la cooperativa: «El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla emitió sentencia firme contra la cooperativa, pago de $131,342 en concepto de capital, 12 % de interés anual acumulado desde el 1 de enero de 2008, 3 % de interés moratorio mensual, costas judiciales, autorización de transe o remate sobre los bienes si no se cumple el pago», detalló el mandatario.

El lunes 12 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al presidente de la cooperativa El Bosque y su asesor jurídico luego de una manifestación cerca de la residencia del presidente contra el desalojo ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, que resolvió a favor de PROYIN. Las familias tienen hasta el 22 de mayo para desalojar. El martes 13, Bukele anunció que revivirá la Ley de Agentes Extranjeros con un impuesto del 30 % a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para solucionar el problema de esta cooperativa.

Este jueves 15 de mayo, Bukele reiteró que crearán un impuesto a las ONG para solucionar «de una vez por todas» el problema de desalojo que enfrenta la comunidad de la cooperativa El Bosque.

Un ejemplo de cómo funcionan las ONGs, la política tradicional y las reformas agrarias en Latinoamérica:

¿Cómo se pierden 384 manzanas de tierra?

¿A la fuerza? No. ⁰¿Con balas? No.

Empiezo … pic.twitter.com/pzvrQZD6N3

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2025

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, prometió al senador demócrata Chris Van Hollen que cuando haya una resolución definitiva sobre la situación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por Estados Unidos y recluido en El Salvador, y otros casos, el Gobierno de El Salvador «por supuesto» seguirá las instrucciones.

«La pelota está en su Corte», le dijo Ulloa al congresista estadounidense, a quien le explicó que no pueden liberar al salvadoreño porque no hay una resolución definitiva sobre el caso pero le prometió que cumplirán «la ley» cuando esté resuelto.

La conversación fue divulgada por el senador a través de un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

«Cuando ustedes resuelvan el problema, solo vengan aquí y seguiremos la ley. En el fondo, este un problema que tiene que resolverse en los EE. UU. No podemos expresar ninguna opinión sobre el caso porque depende de ustedes», indicó, casi al final de un fragmento de la reunión que sostuvieron ambos funcionarios el 16 de abril en San Salvador.

«La pelota está en su Corte»

«Como el presidente Bukele lo dijo, El Salvador no está habilitado para tomar alguna acción sobre el caso porque el caso está en Estados Unidos y usualmente no expresamos alguna opinión sobre relaciones domésticas», pronunció Ulloa en inglés durante la reunión que sostuvo el 16 de abril con el congresista demócrata Chris Van Hollen, quien visitó El Salvador.

La situación está en las instituciones de los Estados Unidos, las instituciones, la Corte Suprema, administración. La pelota está en su Corte (estadounidense). Una vez el caso se resuelva definitivamente y haya instrucciones claras respecto a este caso o cualquier otro de los casos, el gobierno de El Salvador aplicará nuestros principios porque estamos tratando de construir un Estado de Derecho, por supuesto que actuaremos en consecuencia».
Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

En la reunión, el vicepresidente Ulloa insistió que «hasta ahora» el caso «no está resuelto» en Estados Unidos, por lo que reiteró: «Una vez solucionado ese problema allá, estamos dispuestos a seguir lo que se nos indique de acuerdo a nuestros principios y a la ley porque tratamos de seguir la ley en cualquier acción particular. En este momento no podemos tomar ninguna medida porque el caso todavía está en la situación de los Estados Unidos».

«No calificamos»

Mientras, el congresista le dijo a Ulloa que el salvadoreño fue ilegalmente secuestrado y le preguntó a Ulloa si tenía cargos bajo las leyes salvadoreñas. El vicepresidente no le respondió, pero le comentó que no podían trasladar al salvadoreño a los Estados Unidos sin pasaporte y sin una visa estadounidense.

Van Hollen le preguntó si tenían evidencia de que Ábrego ha cometido un crimen. «¿Cómo podríamos tenerla?», le respondió Ulloa. «Pero justo usted dice que esta es una prisión para lo peor de lo peor, ¿correcto?, estos son para los criminales empedernidos, ¿es él un criminal empederdino?», le cuestionó Van Hollen.

«Nosotros no calificamos personas que están ahí, solo las tomamos… Exacto, eso (porque el gobierno de EE.UU. está pagando para mantenerlos ahí)», respondió Ulloa, sobre la calidad criminal o no del salvadoreño, aunque le dijo que si él cree que no es un criminal «es cosa suya» ya que no quiere involucrarse en asuntos internos de EE.UU.

El fragmento de la reunión fue publicado ayer por el congresista Van Hollen, quien en abril visitó El Salvador para pedir una reunión con Ábrego García, deportado el 15 de marzo por Estados Unidos y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). El salvadoreño, quien después fue llevado por el gobierno salvadoreño a una reunión con el congresista y fue trasladado a un penal de Santa Ana, ha sido el centro de una controversia estadounidense luego de que la Corte Suprema de EE.UU. ordenara al gobierno estadounidense facilitar su retorno ya que una orden judicial «prohibía su deportación a El Salvador».

The VP of El Salvador repeatedly told me «the ball is in your court» when it comes to bringing Abrego Garcia home — making clear Trump is violating a 9-0 SCOTUS ruling to “facilitate” his return.

I said this in my recent letter to Trump, and here's the video to back it up: pic.twitter.com/kexLUq9r1a

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) May 15, 2025

El miércoles 7 de mayo, inició la vigencia de las reformas a la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas», que ordena a los burós de crédito, como se conocen a las agencias que guardan la información sobre el récord crediticio de cada persona en El Salvador, almacenar los datos crediticios de los salvadoreños en la nube.

Las reformas fueron publicadas el 29 de abril en el Diario Oficial y por ello están vigentes desde el pasado miércoles 7 de mayo.

Sobre su carácter opcional u obligatorio, hubo una controversia en la Asamblea Legislativa entre quienes aseguraban que se traba de una disposición voluntaria y quienes afirmaron que se trataba de una medida opcional para cada buró de crédito.

Mientras Daysi Mineros, superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), dijo en marzo que el uso de «no es obligatorio», la diputada Claudia Ortiz aseguró que se mantienen dudas sobre el carácter opcional por la redacción de la reforma.

Sin embargo, la reforma se incluyó entre los «deberes» de las agencias de información de datos, regulados en el artículo 17 de la normativa, que indica «Las personas jurídicas que operen como agencias de información de datos tienen los siguientes deberes».

El nuevo deber de las agencias de información de datos fue incluido en el literal «n» del artículo 17: «Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo».

La disposición detalla que este uso de almacenamiento en la nube «también será permitido en el territorio nacional», es decir, fuera o dentro del país.

El mismo literal «n» que incluye el nuevo deber de las agencias establece que el BCR debe emitir normas técnicas «para garantizar estándares de ciberseguridad y protección de datos» sin dar un plazo específico para emitirlas.

En El Salvador, hay tres agencias autorizadas para guardar el récord crediticio de los salvadoreños: Equifax, TranUnion e Infored.

En Senado de los Estados Unidos rechazó una propuesta demócrata en el Senado de Estados Unidos para que el gobierno estadounidense les rinda un informe sobre las prácticas de derechos humanos en El Salvador, según la ley de Asistencia Extranjera de 1961, informaron diversos medios de comunicación.

Votaron a favor 45 senadores demócratas y votaron en contra 50 senadores republicanos. No votaron cinco, tres republicanos, un demócrata y un independiente, Bernie Sanders. La votación se registró a la 1:44 p.m. de Washington.

La propuesta de resolución fue presentada por el senador demócrata Tim Kaine (Virginia) y respaldada por otros 12 senadores, entre ellos Chris Van Hollen, quien visitó recientemente El Salvador para exigir la liberación del salvadoreño Kilmar Ábrego tras una orden de la Corte Suprema estadounidense.

“El Senado solicita que el secretario de Estado, a más tardar 30 días después de la fecha de adopción de esta resolución, presente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes… una declaración sobre las prácticas de derechos humanos de El Salvador”, reza la iniciativa remitida el 1 de mayo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El informe que exigían los demócratas al gobierno debía contener información creíble sobre presuntas violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos por gobierno de El Salvador, como tortura y tratos inhumanos a detenidos incluidos extranjeros, desapariciones forzadas, represión internacional, negación del debido proceso a residentes salvadoreños, evaluación de la independencia judicial y trato a extranjeros detenidos o encarcelados en El Salvador.

Así mismo, se requería al Departamento de Estado una evaluación de las condiciones en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) sobre denuncias de tortura y violaciones a derechos humanos.

El proyecto de resolución pretendía que el Departamento de Estado informara sobre las acciones del gobierno estadounidense para cumplir órdenes judiciales de liberación de estadounidenses recluidos en El Salvador o para facilitar su detención, tortura o desapariciones forzadas.

Los senadores que respaldaron la iniciativa para investigar los derechos humanos en El Salvador, las condiciones del Cecot y las acciones del gobierno estadounidense al respecto son: Tim Kaine (Virginia), autor del proyecto, y Chris Van Hollen (Maryland), Charles Schumer (Nueva York), Alex Padilla (California), Adam Schiff (California), Richard Durbin (Illinois), John HickenLooper (Colorado), Christopher Coons (Delaware), Brian Schatz (Hawái), Jeanne Shaheen (New Hampshire), Jon Ossoff (Georgia), Jeff Merkley (Oregon), Cory Booker (New Jersey), Elizabeth Warren (Massachusetts).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no actualiza ni publica información que está obligado a divulgar según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) según los resultados del estudio del Centro de Monitoreo de la Acción Ciudadana (AC) presentado este jueves.

La AC concluye que el TSE tiene un bajo nivel de transparencia y que las nuevas autoridades del TSE no están cumpliendo con lo exigido por la LAIP.

La LAIP obliga a las instituciones del Estado a publicar en su sitio web informaciones como su presupuesto, viajes de funcionarios, las actas de consejos o directivas, sus asesores, ofertantes y contratistas, así como un índice de la información reservada.

Sin embargo, la AC detalla que la mayor parte de información no se publica y algunas que prometen estar actualizadas hasta 2017 o 2024 solo aparentan la divulgación, ya que al ingresar a los enlaces no se encuentra.

La organización no gubernamental indica que «el bajo nivel de transparencia del TSE» había sido señalado antes pero que ahora hay una «total inexistencia de información» y advierte una posible opacidad que podría perjudicar el proceso de elecciones de diputados y alcaldes del 28 de febrero de 2027.

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Diario El Mundo hizo un ejercicio para verificar si algunas de estas informaciones estaban divulgadas y actualizadas en el Portal de Transparencia del TSE, en donde se encuentra el respectivo listado de «Información Oficiosa del TSE», que incluye las actas de las sesiones de los magistrados del TSE, e información relacionada al «Marco Presupuestario» que incluye la información de viajes, contrataciones, adjudicaciones.

Aparentemente las actas están actualizadas hasta el año 2017 pero al descargar el acta pública más reciente no se descarga el archivo.

De la misma manera, de manera aparente los viajes del TSE están actualizados hasta septiembre de 2024 pero los enlaces están rotos, ya que al ingresar a «Misiones internacionales TSE julio a septiembre 2024» aparece el mensaje: «File not found on server» (archivo no encontrado en servidor).

El gobierno solicitó que la Asamblea Legislativa apruebe un decreto de enmienda que le permitiría reorientar montos no desembolsados de seis créditos con el Banco Mundial en casos de emergencias.

La enmienda fue aprobada el 11 de abril de 2025 por el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial, para seis créditos que suman $1,100 millones. Hacienda no detalló en su solicitud cuánto es el monto no desembolsado a la fecha del cual dispondría El Salvador para reasignaciones de emergencia.

La modalidad «Opción de Respuesta Rápida» (ORR) «permite a los países reorientar con celeridad una parte del financiamiento del Banco no utilizado en toda su cartera para abordar necesidades urgentes durante una crisis», detalla en Banco Mundial, en su sitio web.

El Banco Mundial explica que la opción de respuesta rápida permite a un país prestatario «acceder a hasta el 10 % de los saldos no desembolsados de su cartera» con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las instituciones que integran el Banco Mundial.

Sin embargo, en la solicitud del 12 de mayo, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, explicó que estos préstamos están «en periodo de desembolso» y que la modalidad ORR consiste en que el prestatario puede solicitar al banco «reasignar y posteriormente retirar la totalidad o parte del saldo» no retirado de los préstamos «que en su momento apliquen».

El Salvador tendría acceso rápido para los saldos, no desembolsados, en los siguientes créditos:

1. Convenio de préstamo 8948-SV «Proyecto de desarrollo económico resiliente», aprobado el 25 de mayo de 2021. Monto: $200 millones.
2. Convenio de préstamo 9067-SV «Proyecto crecer y aprender juntos: desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador», aprobado 2021 el 25 de mayo de 2025. Monto: $250 millones.
3. Convenio de préstamo 9065-SV «Proyecto creciendo saludables juntos: desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador» aprobado el 25 de mayo de 2021. Monto: $250 millones.
4. Convenio de préstamo «Proyecto promoviendo oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades en El Salvador», aprobado el 9 de abril de 2024. Monto: $150 millones.
5. Convenio de préstamo 9513-SV «Proyecto resiliencia del sector agua en El Salvador» aprobado el 11 de julio de 2023. Monto: $100 millones.
6. Convenio de préstamo 9602-SV «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» aprobado el 9 de abril de 2024. Monto: $150 millones.

Algunos de los destinos aprobados por los préstamos fueron:

El préstamo para «Oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades», que asciende a $150 millones, se destinaría a mejorar habilidades, capacitación y apoyo técnico, subvenciones para emprendedores, fortalecimiento del Ministerio de Economía y de Bandesal, entre otros.

El préstamo de $250 millones para el proyecto «Crecer y aprender juntos» se destina a aseguramiento de estándares de calidad estructurales y curriculum de primera infancia, formación docente y de directores del sector público para el mejoramiento de la calidad educativa, mejora de ambientes físicos de aprendizaje de la primera infancia y fortalecimiento institucional.

La solicitud será recibida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea el próximo lunes 19 de mayo.

Al anuncio de Nayib Bukele de una Ley de Agentes Extranjeros, algunos diputados de Nuevas Ideas, el partido oficial, se declararon «listos» para aprobar la nueva normativa que impondría un impuesto del 30 % a las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) en El Salvador.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, le respondió a Bukele: «Estamos listos, Presidente». El diputado Dennis Salinas, de Nuevas Ideas, puso dos emoticonos de unas manitas rezando y una bandera de El Salvador, junto a la palabra «listos». El diputado William Soriano, acompañó su «listos» con un emoticono de reloj de arena.

También en X, el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, respondió con un «A favor» y una mano de aprobación al anuncio de Bukele.

El diputado Raúl Chamagua, integrante de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, contestó con un «JAQUE MATE» y el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, también repitió la frase «estamos listos». «Cuente con mi voto», escribió la diputada Elisa Rosales. Chamagua fue el legislador que en 2021 propuso penas de prisión en la Ley de Agentes Extranjeros, así como multas y cancelación de personería jurídica.

Otros diputados solo replicaron los mensajes; ninguno detalló su opinión o argumento sobre la normativa. El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, solo replicó un post en el cual se sugería que la ley fuera «retroactiva para que Lorena Peña pague impuestos de los $280 millones que daba cada año a sus ONGs».

Diputados como Suecy Callejas, Walter Alemán, Dania González, Dennis Salinas, Alexia Rivas, Edgardo Mulato, Felipe Interiano, Juan Rodríguez, entre otros, repostearon el mensaje de Bukele. También, Suecy Callejas, Erick Romero, Giovanny Zaldaña, Evelyn Merlos, Ángel Lobos, replicaron la respuesta de Castro «Estamos listos».

La diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, que en 2021 ya aprobó un dictamen favorable de la Ley de Agentes Extranjeros, no reposteó el mensaje de Bukele ni de Castro. En 2021 la ley no fue aprobada luego de que Alemania suspendiera proyectos de ayuda a El Salvador.

El martes 13 de mayo, el presidente salvadoreño anunció que enviará un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros con un impuesto del 30 % sobre las donaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en El Salvador, a lo cual las organizaciones han respondido comparando a El Salvador con Nicaragua, Venezuela y Rusia, que aprobaron leyes similares.

Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales rechazaron este miércoles la Ley de Agentes Extranjeros que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció el martes que revivirá en El Salvador ante una protesta manipulada según el mandatario por oenegés y grupos de izquierda.

Notificando su mensaje a la Asamblea Legislativa y al presidente Bukele, la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó la Ley de Agentes Extranjeros, la calificó de medida autoritaria y sostuvo que “atenta contra el espacio cívico, el cual alimenta cualquier sociedad democrática”.

Bukele anunció que enviará un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros que establezca un impuesto del 30 % a las donaciones recibidas por las ONG en El Salvador, sin detallar si el proyecto incluirá otras disposiciones que tenía la normativa presentada por el gobierno en 2021 como la prohibición a las ONG de realizar actividades políticos que alteren el orden público, penas de prisión de 2 a 5 años para agentes extranjeros que alteren el orden público, y multas por no registrarse y usar donaciones “no declaradas”.

“Una iniciativa similar se frenó en 2021 gracias a la presión internacional. Es momento de redoblar esfuerzos”, expresó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus.

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, comparó a El Salvador con los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Rusia a raíz del anuncio de Bukele.

“Como hicieron Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela y Putin en Rusia, Bukele propone una ley de agentes extranjeros para atacar a las organizaciones de sociedad civil y medios independientes en El Salvador”.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW.

Ruth López, de la asociación Cristosal, también comparó la situación de El Salvador con la de Nicaragua y Venezuela: “OrtegaMurillo + Maduro = Bukele La matemática no falla”, escribió en X.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana (AC), aseguró que “es una medida desesperada y cobarde que toma el gobierno para tratar de contener el descontento social que comienza a aflorar”. “Esto no va a detener la protesta social, esto va a continuar”, auguró.

Para Escobar, la nueva Ley de Agentes Extranjeros viola una serie de derechos fundamentales, como el derecho de organización, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a libertad de expresión.

“Al final, lo vienen a colocar al mismo nivel que países autoritarios o dictaduras, como Rusia y Nicaragua, El Salvador está entrando al grupo de países que reprimen a la sociedad civil con tal de mantenerse en el poder y que no exista crítica, ni cuestionamiento ni escrutinio”.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de la AC.

El abogado José Marinero, del colectivo Sumar, aseguró que “la dictadura solo expresaba un pretexto para reactivar” la Ley de Agentes Extranjeros, aunque considera que “ni lo necesitaba” porque las presiones “han desaparecido o incluso comulgan su mismo credo autoritario”.

Marinero se refería a las “presiones que obligaron a recular” en la aprobación de la ley en 2021, año en el cual el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, presentó el proyecto ante la Asamblea Legislativa, cuya Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un dictamen favorable –incluyendo penas de prisión a sugerencia del diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas– pero no logró la aprobación en el pleno luego de que la Embajada de Alemania anunciara la suspensión de los proyectos de ayuda.

En ese entonces, Bidegaín manifestó que la ley permitiría «defender la soberanía y la dignidad de nuestro país» y prohibir «explícitamente la injerencia extranjera».

En octubre 2020, la Asamblea Legislativa de Nicaragua aprobó una ley similar en octubre de 2020, que prohibió la injerencia en política interna o financiar a asociaciones que hagan actividades políticas internas.

El dictamen favorable aprobado en 2021 nunca fue archivado por la Asamblea Legislativa, por lo que el Gobierno puede enviar una nueva propuesta o retomar el dictamen favorable para que el pleno legislativo lo apruebe y posteriormente sea sancionado por el presidente y enviado a publicar al Diario Oficial.