Autor: Yolanda Magaña

El congresista demócrata Maxwell Frost aseguró el lunes el gobierno de El Salvador les denegó la solicitud de reunirse y verificar las condiciones físicas del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado el 15 de marzo de Estados Unidos a El Salvador y recluido inicialmente en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

«El gobierno de este país ha denegado nuestra solicitud de verlo porque este no es un viaje oficial», declaró el lunes.

Los congresistas también pidieron realizar un «control de bienestar» al venezolano Andry José Hernández Romero, un maquillista de 30 años, de la comunidad LGBTI, deportado de EE.UU. y que estaría recluido en el Cecot.

“Nos informaron en la Embajada que el gobierno local ha denegado nuestra solicitud. Dicen que es porque no estamos aquí oficialmente«, detalló el mismo congresista a la televisora MSNBC, antes de la conferencia de prensa en El Salvador.

Fue así como hicieron una carta para presionar por la verificación del estado de salud de ambos prisioneros.

En El Salvador, nuestra delegación presionó a la Embajada de EEUU para que realizara una verificación de bienestar. La embajada accedió a investigar su estatus. Seguiremos luchando por el debido proceso.
Robert García, congresista demócrata, sobre estado de Andry Hernández Romero.

Frost explicó que la denegatoria fue «una de las razones» por las cuales habían solicitado, junto al congresista demócrata Robert García, al congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para conformar un comité oficial.

Sin embargo, los congresistas no viajan como comité oficial.

El objetivo era formar una delegación del Congreso de Estados Unidos para visitar el Cecot y permitir “realizar un control de bienestar” tanto a Ábrego García como a Hernández Romero, de quien aseguran pasó “una entrevista de miedo creíble” durante su proceso de asilo antes de ser deportado y ahora está recluido en el Cecot.

La noticia sobre la denegatoria fue replicada el lunes por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que no emitió alguna opinión.

La «denegatoria», sin embargo, podría verse cambiada en el futuro tal como pasó durante la visita del senador Chris Van Hollen, quien sorpresivamente recibió una llamada el jueves 17 de abril, mientras se preparaba para regresar a Estados Unidos, en la cual le anunciaron que trasladarían a Ábrego García para que se reuniera con él en el hotel Sheraton Presidente.

Ayer, el congresista García subrayó que estaban «listos» para cuando la Embajada de Estados Unidos en El Salvador les avise «para poder ir a ver a Kilmar o a Andry».

«Es responsabilidad de Trump»

Los congresistas no detallaron con quiénes se reunirían por la tarde, pero dijo que han sido «muy claros» en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y cargaron la responsabilidad al presidente estadounidense, Donald Trump.

«Sabemos que nuestro presidente tiene una fuerte relación con el presidente de Estados Unidos… No tenemos duda de que si Donald Trump quisiera a Ábrego García de regreso, Ábrego García ya estaría ahí. Esto es responsabilidad de Donald Trump, nuestro presidente debe acatar las órdenes de la Corte Suprema», subrayó García.

Según un escrito judicial, Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que «el 20 y 21 de abril», el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, «requirió una actualización del gobierno de El Salvador sobre la ubicación física y el estatus de custodia de Ábrego García» y que «el gobierno de El Salvador respondió el 21 de abril que Ábrego García está recluido en el centro industrial de Santa Ana», en referencia al Complejo Industrial Penitenciario de Santa Ana. «En buenas condiciones y un excedente estado de salud», agregó el funcionario según el escrito.

Sin embargo, Chris Newman, abogado de Ábrego García que acompaña a los congresistas demócratas, aseguró que están pidiendo una prueba de vida del salvadoreño, porque no confían en las afirmaciones de los gobiernos de El Salvador ni de Estados Unidos.

Ábrego García dijo al senador Chris Van Hollen, el pasado jueves 17 de abril, que estaba recluido en un penal de Santa Ana habiendo sido trasladado una semana atrás desde el Cecot, donde fue llevado luego de su deportación el 15 de marzo de 2025.

Uno de los cuatro congresistas demócratas que se encuentran en El Salvador, Robert Garcia, explicó este lunes que están en el país para garantizar que el salvadoreño deportado por “error” Kilmar Ábrego García sea regresado a los Estados Unidos, en cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema estadounidense.

Estamos acá porque le estamos diciendo al presidente Donald Trump que él tiene que regresar en este momento a los Estados Unidos, la Corte Suprema 9 a 0 ha dicho al presidente que él tiene que regresar a Kilmar a los EEUU, otras cortes han dicho que él tiene que regresar”.
Robert Garcia, congresista demócrata en California.

“Esto no es solo sobre Kilmar”, expresó Yassamin Ansari, congresista de Arizona. Reiteró que está en El Salvador para demandar a la administración Trump que facilite un retorno seguro de Ábrego García “tan pronto como sea posible”, ya que fue erróneamente deportado después de ser “secuestrado”. Es “inaceptable y contra la Constitución” que el gobierno no haga “nada” para retornarlo, indicó.

La delegación se reunió con el embajador de los Estados Unidos, William Duncan, familiares del salvadoreño y también grupos de derechos humanos. “Estamos listos, si la Embajada dice, que podamos ir a ver a Kilmar o a Andry que estén bien”, indicó.

El congresista Maxwell Frost, de Florida, aseguró que “esto afecta a cada una de las personas en los Estados Unidos, la Constitución aplica a todas las personas en el país, el debido proceso aplica a todos los habitantes de nuestro país, es uno de los aspectos que distingue a nuestro país de otros lugares del mundo”.

“Por supuesto exigimos la liberación de Ábrego García pero también nos preocupan nuestros electores, representamos a personas de todo el país, soy de Orlando, Florida, una comunidad llena de inmigrantes, una comunidad diversa y estamos recibiendo cientos de llamadas de personas que dicen: vayan a El Salvador, hagan algo ante el hecho de que el presidente de EEUU desde la Oficina Oval esté hablando de enviar a ciudadanos estadounidenses aquí a El Salvador a la prisión de aquí”.
Maxwell Frost, congresista demócrata en Florida.

Frost dijo que no son los primeros ni serán los últimos miembros del Congreso que estarán en El Salvador para pelear por el retorno de Abrego García y permitir que tenga el debido proceso en Estados Unidos “para que eso no pase con ningún otro”.

El congresista Maxwell Frost, de Florida, es parte de la delegación que visita El Salvador para pedir el cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de EEUU de facilitar el retorno de Kilmar Ábrego García y para verificar que está vivo en este momento. “Esto afecta a cada… pic.twitter.com/YQ6BFQ5FJa

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) April 21, 2025

«Prueba de vida»

Por su parte, el abogado de Kilmar Ábrego, Chris Newman, dijo que estaba en El Salvador con tres metas: una prueba de vida de Ábrego García, la verificación sobre su acceso a los servicios médicos y, en tercer lugar, si tiene acceso a sus abogados y comunicación con su familia según las leyes internacionales. Newman dijo que no confía en lo que digan o publican los gobiernos estadounidense y salvadoreño sobre las condiciones en las que se encuentra Ábrego García.

“No hemos escuchado nada desde el jueves, en el cual durante este acto de propaganda en el hotel Sheraton, no hemos escuchado nada desde ese momento y estamos demandando información con respecto a su caso”, expresó el abogado, quien dijo que prometió a la familia de Ábrego García «a seguir regresando a El Salvador hasta que él reciba su proceso debido bajo la ley». «Tengo mucha confianza que, si hay proceso justo, que van a liberar al señor Ábrego García”, dijo.

Ábrego García es un salvadoreño de 29 años originario de San Marcos, San Salvador, quien fue señalado de ser miembro de la pandilla MS-13 en un oficio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de marzo de 2019 y que cita una «fuente confidencial», señalamiento negado por el salvadoreño, cuya deportación fue suspendida en diciembre de 2019 por una resolución de un juez de Baltimore a quien le había solicitado asilo por amenazas a su familia por parte de una pandilla. Según el oficio de DHS de marzo de 2019, Ábrego García no tenía récord criminal.

En diciembre de 2022, un oficial detuvo el vehículo de Ábrego García y le puso una cita de advertencia por licencia vencida, debido a que presentó una licencia temporal. Según el reporte de DHS, publicado en la cuenta de X de esta oficina de gobierno, el oficial advirtió que conducía junto a otras ocho personas «apiñadas» que dijo los trasladaba a trabajos de construcción pero que sospechó de «trata de personas». Públicamente no se conoce de un proceso penal contra el salvadoreño y los demócratas argumentan que fue deportado ilegalmente, es decir, pese a que había una suspensión judicial de su deportación.

El congresista demócrata Robert García anunció este lunes que está en El Salvador con una delegación del Congreso estadounidense para “liberar a Kilmar Ábrego García”, deportado por “error” a El Salvador y que posteriormente fue trasladado a un penal de Santa Ana según manifestó al también demócrata Chris Van Hollen.

“Trump está desafiando a la Corte Suprema para que lo traigan de vuelta a casa. Sabemos que otros están siendo deportados y detenidos sin el debido proceso. Esto debe terminar”, escribió el congresista García en su cuenta de la red social X.

Los representantes Robert García (California), Maxwell Frost (Florida), Yassamin Ansari (Arizona) y Maxine Dexter (Oregon) llegaron a El Salvador para “presionar a la administración Trump para que cumpla con una orden de la Corte Suprema para facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García”, ya que aseguran fue deportado “ilegalmente” por la administración Trump.

El viaje, según la delegación, no es financiado con “dólares de los contribuyentes” estadounidenses.

El gobierno de Trump argumenta que Ábrego García se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que es miembro de la pandilla declarada organización terrorista MS-13; y los demócratas argumentan que Abrego García está detenido en El Salvador “a pesar de no tener condena p enal en los Estados Unidos, una violación directa del debido proceso protegido por la Constitución.”

Los congresistas, según un comunicado, quieren llamar la atención sobre “el desafío legal” de Trump a la decisión unánime de la Corte Suprema.

El congresista Maxwell Frost acusó a Trump y su administración de ejecutar «un programa de secuestro financiado por el gobierno para arrestar, encarcelar y deportar ilegalmente a personas inocentes sin el debido proceso». «Hoy es Kilmar pero mañana podría ser cualquier otra persona», expresó, según el comunicado.

También, la congresista Yassamin Ansari, quien reveló que sus padres huyeron de un régimen autoritario en Irán donde la gente era «desaparecida», dijo que se negaba a sentarse y ver que eso suceda en los Estados Unidos, por lo que estaba en El Salvaodr para «abogar por que la administración Trump facilite el regreso» de Ábrego García.

Por su parte, la congresista Maxine Dexter anunció que serán «ruidosos» al exigir el cumplimiento de la resolución de la Corte Suprema. «Si esto le puede pasar al Sr. Ábrego García, le puede pasar a cualquiera», subrayó. En un video aseveró que este no es un momento para estar en «silencio».

La visita de la delegación se da después de la reunión que tuvo, el jueves 17 de abril, el senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, con Ábrego García, quien fue trasladado a un hotel de San Salvador.

Ese día, horas después de haber reiterado en una conferencia de prensa que Ábrego García había sido “raptado” por Estados Unidos para deportarlo a El Salvador, que no había permitido verlo, Van Hollen recibió una llamada telefónica en la que se anunciaba que llevarían al salvadoreño al hotel.

La mañana del jueves, el político estadounidense llegó a tres kilómetros del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), en San Vicente, en donde supuestamente estaba recluido, para intentar reunirse con él, pero militares detuvieron el vehículo en donde se conducía.

Durante la reunión que tuvo el demócrata, Ábrego García dijo que ocho días atrás –que podría ser 9 de abril– había sido trasladado a un centro penal de Santa Ana en donde las condiciones eran mejores.

Ábrego García es un salvadoreño de 29 años originario de San Marcos, San Salvador, quien fue señalado de ser miembro de la pandilla MS-13 en un oficio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de marzo de 2019 y que cita una «fuente confidencial», señalamiento negado por el salvadoreño, cuya deportación fue suspendida en diciembre de 2019 por una resolución de un juez de Baltimore a quien le había solicitado asilo por amenazas a su familia por parte de una pandilla. Según el oficio de DHS de marzo de 2019, Ábrego García no tenía récord criminal.

En diciembre de 2022, un oficial detuvo el vehículo de Ábrego García y le puso una cita de advertencia por licencia vencida, debido a que presentó una licencia temporal. Según el reporte de DHS, publicado en la cuenta de X de esta oficina de gobierno, el oficial advirtió que conducía junto a otras ocho personas «apiñadas» que dijo los trasladaba a trabajos de construcción pero que sospechó de «trata de personas». Públicamente no se conoce de un proceso penal contra el salvadoreño y los demócratas argumentan que fue deportado ilegalmente, es decir, pese a que había una suspensión judicial de su deportación.

We are in a constitutional crisis.

I’m in El Salvador to shine a light on Kilmar’s story and keep the pressure on Donald Trump to secure his safe return home. pic.twitter.com/FXpOmS1Rql

— Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) April 21, 2025

I am in El Salvador because I will not stand by while our country is thrown into a constitutional crisis. This is a moment to act. I will not rest until due process is upheld for all. pic.twitter.com/q5b4cZg3iV

— Congresswoman Maxine Dexter (@RepDexterOR) April 21, 2025

El nnInstituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) fue una de las nueve instituciones que aprobaron su presupuesto por acuerdo interno institucional emitido por su Consejo Directivo, fue un plan de gastos de $1,008.5 millones para el año 2024, según el informe de liquidación del Ministerio de Hacienda.nnAl ISP le entraron ingresos financieros por $55.5 millones y contribuciones en seguridad social por $2.3 millones, pero la mayoría de sus fondos fueron obtenidos de financiamiento, recibió $1,035.8 millones.nnEntre los gastos ejecutados del ISP durante 2024 se incluyen:nn-$356.7 millones en prestaciones de seguridad social.n-$233.5 millones en transferencias corrientes.n-$131.7 millones en gastos financieros y otros.n-$328.5 millones en inversiones financieras (gastos de capital).n-$4.4 millones de amortización a endeudamiento público.nnPor área de gestión, el ISP destinó a conducción administrativa un total de $1,063.1 millones, según el informe publicado por Hacienda.nnLas otras instituciones que aprobaron sus planes de gastos por acuerdo institucional de sus directivas fueron: el Fondo de Conservación Vial (Fovial), Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).nnTambién aprobaron sus presupuestos mediante acuerdos institucionales el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (Cefafa), la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain), el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), la Caja Mutual del Abogado de El Salvador (Camudasal) y el Fondo de Emergencia para el Café (FEC).nnEn total, nueve instituciones descentralizadas del Estado “no empresariales” aprobaron sus presupuestos, que sumaron un total $1,733.6 millones para el año 2024 mediante acuerdos internos, siendo el presupuesto mayor el avalado por el ISP.nnLos gastos de gestión operativa de todas las instituciones ascendieron a $69.8 millones, $39.3 millones para remuneraciones, y $30.5 millones para bienes y servicios.n

El Fovial y el IPSFA

nLa segunda institución con presupuestos por acuerdo institucional de mayor presupuesto fue el Fovial, con $369.7 millones; y el IPSFA, que paga pensiones al personal militar, con un total de $186 millones. El IPSFA tuvo una erogación de $156 millones en gastos por prestaciones de seguridad social,nnEl Fovial tuvo una ejecución de $26.2 millones de gastos financieros y otros.nnOtras dos instituciones –el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (Fosep)– aprobaron presupuestos que suman $273.4 millones por decretos ejecutivos. Las 11 instituciones, más las nueve descentralizadas, suman presupuestos de $2,007 millones durante 2024, de los cuales ejecutaron $1,930.6 millones, es decir, un 96.2 %.nnLos ingresos de las instituciones descentralizadas provienen en su mayoría de endeudamiento público, un total de $1,088 millones, de los cuales $1,035.8 millones provienen de colocación de títulos valores en el mercado nacional, $128 millones de préstamos externos y $24 millones de préstamos internos.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, nombró a Cecilia Carolina Pereira de Barrientos como directora propietaria y presidenta del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, y a Horacio Alfredo Castellanos Chacón como director suplente ante el mismo consejo, por el Ministerio de Economía, por un periodo de tres años, del 14 de enero de 2025 al 14 de enero de 2028.

El acuerdo 06 del Ministerio de Economía fue emitido el 7 de enero de 2025 pero publicado en el Diario Oficial del 4 de abril de 2025.

Pereira de Barrientos fue nombrada presidenta del Consejo en sustitución de Marlon Antonio Vásquez Ticas, para que finalizara el periodo hasta el 13 de enero de 2025. Vásquez Ticas fue nombrado director general de Impuestos Internos a partir del 15 de junio de 2021 y en enero de 2023 fue nombrado director del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), quien fungirá en ese cargo hasta 2028.

Cecilia Carolina Pereira de Barrientos es licenciada en contaduría pública, fue nombrada directora presidenta del Consejo de Vigilancia por acuerdo ejecutivo del 8 de febrero de 2023. Funge como directora propietaria del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) por parte del Ministerio de Economía. Antes fue directora presidente suplente del Consejo de Vigilancia.

En marzo pasado, el Ministerio de Economía nombró a los directores representantes de las gremiales de contadores y auditores para el Consejo de Vigilancia, por un periodo de tres años, como propietarios a Luis Alfredo Siliézar Cardona (laboró en Deloitte El Salvador) y Otto Karin Guzmán Barrera (socio de Auditores y Consultores de Negocios); y como suplentes, Johny Alexander Argueta Amaya (presidente del Instituto de Auditores Internos de El Salvador 2023-2023 y exmiembro del Comité de Auditoría de Credicomer) y Walter Ernesto Guerrero (socio de García Cuéllar y Asociados, ha laborado en Deloitte).

Una reforma de 2021 permitió al Ejecutivo nombrar a los directores representante de las gremiales en el Consejo, que está conformado por un miembro nombrado por Economía, uno por Hacienda, uno por el superintendente del Sistema Financiero, uno por el presidente de la República y dos por las gremiales.

El nnsecretario de la defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró el miércoles que buscan mantenerse fuertes junto a los aliados para ayudar a “lograr la paz a través de la fuerza” y pone a El Salvador como ejemplo de la cooperación “mutuamente beneficiosa” con Estados Unidos.nn»Queremos mantenernos fuertes con los aliados que nos apoyan y ayudan a lograr la paz a través de la fuerza», expresó el jefe militar estadounidense al recibir en el Pentágono al ministro de Defensa salvadoreño, René Francis Merino Monroy.nnCasa Presidencial salvadoreña aseveró que el objetivo de la reunión «es fortalecer las alianzas estratégicas y cooperación en seguridad, defensa y desarrollo» entre ambos países.nnEl funcionario estadounidense manifestó que la relación entre Estados Unidos y El Salvador está “más fuerte que nunca” y que “solo es el comienzo”. “Los presidentes han marcado el tono, trabajar juntos estrechamente», indicó. Señaló que espera desarrollar una relación estrecha también con el Ministerio de Defensa salvadoreño. Puso a El Salvador como «gran ejemplo» de la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa con Estados Unidos.nnEl presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien se reunió el lunes 14 de abril con el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, acordó el uso del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), construido por el Gobierno salvadoreño a un costo de $115 millones, para recluir a los deportados de Estados Unidos acusados de ser miembros del Tren de Aragua y de la MS-13, expulsiones cuestionadas por organizaciones y familiares que señalan falta de pruebas o de condenas de los ahora presos en la megacárcel salvadoreña.nn

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It was an honor to host El Salvador Minister of Defense Merino at the Pentagon.
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nWe want to stand strong with allies who stand with us and help deliver peace through strength. pic.twitter.com/vDep1tvItk

n— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) April 16, 2025

nnnEn El Salvador, el Ministerio de Defensa ha sido una institución que ha participado activamente en las estrategias de seguridad del gobierno de Bukele como el régimen de excepción, implementado desde el 27 de marzo de 2022.nnEl uso de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para el apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC) en el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública fue prorrogado mediante decreto ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2025.nnEl decreto original de participación de la Fuerza Armada en seguridad pública fue emitido en noviembre de 2019, que renovó un decreto ejecutivo del 28 de septiembre de 2009, que durante el gobierno de Mauricio Funes también dispuso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, recurriendo al artículo 168 ordinal 12 de la Constitución, que permite disponer de la Fuerza Armada “excepcionalmente”.nnDe la misma manera, la administración Trump también ha usado la fuerza militar para combatir la migración ilegal y envió aviones militares al mandar a los primeros deportados durante su administración que inició el 20 de enero de 2025.

Los presupuestos extraordinarios del plan de gastos salvadoreño de 2024 sumaron un total de $324.8 millones, de los cuales un 78.3 % fueron destinados a gastos corrientes y el resto a gastos de capital.

La mayor parte de los fondos extraordinarios se destinó a «Fondos de Actividades Especiales«, un total de $165.1 millones, equivalentes al 50.8 % de los gastos extraordinarios; y elecciones tanto nacionales como el voto electrónico en el exterior, que sumaron $81.1 millones, un 25 % de los fondos extraordinarios.

Solo durante 2024, en el desarrollo de los comicios cuyos procesos se desarrollaron de enero a marzo, tomando en cuenta el voto electrónico, se destinaron $51.6 millones para las elecciones nacionales y $29.5 millones para el voto en el voto en el extranjero.

Los presupuestos extraordinarios se ejecutan de recursos de otros tipos de presupuesto, tanto «extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa como de otros recursos que son administrados por instituciones fuera del procedimiento de autorización presupuestario que establece la Ley de Presupuesto» y los presupuestos especiales.

Presupuestos extraordinarios: ingresos y gastos solo en 2024

1. Presupuesto extraordinario de reactivación económica (PERE): $27.7 millones de ingresos y $6.2 millones de gastos.

2. Presupuesto extraordinario de respuesta ante el covid-19 (PE-covid19): $3.8 millones de gastos.

3. Presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2024: $30.8 millones de ingresos y $51.6 millones de gastos.

4. Presupuesto especial extraordinario para el sufragio en el extranjero para el evento electoral 2024: $5.7 millones de ingresos y $29.5 de gastos.

5. Fondos de Actividades Especiales: $177.8 millones de ingresos y $165.1 millones de gastos.

6. Recursos extraordinarios institucionales: $72 millones de ingresos y $68.6 millones de gastos.

Los Fondos de Actividades Especiales y Fondos Especiales son administrados por diferentes instituciones del sector público; entre los cuales están: el fondo del Viceministerio de Transporte, el del Centro de Desarrollo de la pesca y la Acuicultura administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el fondo para venta de bienes y servicios de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal, el fondo por la venta de productos y servicios de la Dirección de Ordenamiento Forestal.

También hay fondos en el Cuerpo de Bomberos, administrado por el Ministerio de Gobernación, en el Instituto Especializado para la Formación Diplomática de Educación Superior, administrado por Cancillería, el Fondo para la Atención a los salvadoreños en el exterior y para las personas retornadas, también administrado por Cancillería.

A estos se suman fondos especiales para la comercialización de bienes y prestación de servicios producidos en los talleres y granjas del sistema penitenciario por los privados de libertad, administrado por la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y otros del Comando Logístico de la Fuerza Armada, del Hospital Militar Central, del Hospital Militar Regional San Miguel y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La organización Amnistía Internacional pidió a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre las “prácticas violatorias de derechos humanos” que consideran se practica en las expulsiones de migrantes de Estados Unidos a El Salvador.

En un comunicado de prensa, la organización internacional pide a la CIDH solicitar una visita en El Salvador para “verificar la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones carcelarias en el país”.

El objetivo de la visita in loco, según Amnistía, debe ser indagar sobre la “incomunicación prolongada, las denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, así como la posible “comisión de desapariciones forzadas” de los migrantes deportados de los Estados Unidos desde el pasado 15 de marzo.

La organización también le pidió al gobierno estadounidense «suspender inmediatamente todas las expulsiones hacia El Salvador de personas venezolanas u otras personas refugiadas o migrantes bajo el acuerdo bilateral» y garantizar «el acceso a los procesos de asilo y migración en Estados Unidos», así como evitar firmar acuerdos similares con otras naciones.

La entidad internacional declaró haber «documentado el proceso irregular y arbitrario en las que ocurrieron las expulsiones de algunas de las 261 personas enviadas a El Salvador». Citan el caso de Alejandro, que tenía una audiencia el 27 de marzo, pero que agentes del ICE le notificaron el 14 de marzo que sería deportado, pese a que no tenía antecedentes penales. «Tiene dos tatuajes, uno con el nombre de su madre y otro con el nombre de su padre y una corona», detalla el comunicado.

“Mi esposo estaba esperando una audiencia sobre su deportación que iba a ser el 24 de marzo. De repente me llama el 14 de marzo que está siendo deportado ya a Venezuela», citan a una mujer, esposa de un deportado venezolano.

Así mismo, Amnistía Internacional pidió a El Salvador derogar el régimen de excepción, eliminar la incomunicación en los centros de detención del país, publicar el paradero de las personas venezolanas detenidas en El Salvador e investigar las muertes de detenidos bajo custodia estatal, así como las denuncias de tortura y desapariciones durante el régimen de excepción.

El gobierno de Estados Unidos inició una serie de deportaciones de venezolanos y salvadoreños señalados de ser miembros de las bandas criminales Tren de Aragua y MS-13, para que sean recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Desde el 15 de marzo, han deportado 288 personas.

El Ministerio de Hacienda reportó una ejecución al cierre del año 2024 de $38,469,500 como «complemento deuda política«, es decir, el financiamiento que el Estado le otorga a los partidos políticos por los votos recibidos en las elecciones de inicios de 2024.

Según el «Estado demostrativo de ejecución presupuestaria de gastos por unidades primarias y rubros de agrupación», incluido en la «Liquidación del último presupuesto aprobado», el complemento de la deuda política se ubicó en el rubro de «Transferencias corrientes».

La cantidad ejecutada o gastada según este informe difiere de la ejecución reportada en la tabla dinámica del Portal de Transparencia Fiscal, que registra una ejecución de $14.2 millones de un total de $38.7 millones, es decir, un 36.7 %.

El cargo de la deuda política se encuentra dentro de la unidad presupuestaria “Obligaciones generales del Estado”, partida que tiene un presupuesto modificado de $974.9 millones para el año 2024, de los cuales se ejecutaron un total $264.5 millones, un 27.1 %.

La deuda política está eliminada desde el 6 de marzo de 2025, fecha en que inició la vigencia de la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República, luego de que la Asamblea Legislativa acordara el mecanismo rápido de reforma constitucional en una sola legislatura y estrenara dicho mecanismo con la eliminación de la deuda política.

Durante 10 años, los partidos políticos recibieron $160 millones en financiamiento público y privado.

Obligaciones generales del Estado aumentó, pero terminó con baja ejecución

El gasto de la deuda política se ubicó dentro de la unidad presupuestaria de Hacienda «Obligaciones generales del Estado«, que si bien inició con un presupuesto de $141.3 millones terminó con casi $1,000 millones –$974.9 millones según el informe y $1,029.4 millones según la tabla dinámica del Portal de Transparencia.

En esta partida presupuestaria también se incluyen gastos en clases pasivas, aportes al régimen del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), contribuciones a organismos internacionales, devolución de ingresos de años anteriores, devolución de IVA a importadores, seguro de vida de empleados públicos y devolución de Impuesto sobre la Renta.

Hasta el 10 de octubre de 2024, la asignación modificada de obligaciones generales del Estado había subido a $1,608.1 millones, pero solo se había ejecutado $171.2 millones, con un disponible o no ejecutado de $1,436.3 millones, es decir, un 10.6 % devengado.

A febrero de 2025, se han previsto $111.7 millones para todo el año y la partida ha crecido a $141.2 millones, ya se ejecutó $49.8 millones.

¿Qué no se ejecutó?

En la tabla interactiva del Portal de Transparencia, se tenía un presupuesto programado modificado de $1,029.4 millones para obligaciones generales del Estado.

Se han ejecutado casi totalmente las «clases pasivas» (pago de pensiones a funcionarios públicos y familiares) por $12.2 millones y aportes al ISSS por $571,428.57.

Las contribuciones a organismos internacionales sumaron una ejecución de $78.2 millones de $99.5 millones.

Sin embargo, la provisión para devolución de ingresos de años anteriores creció a $337.2 millones, de los cuales se ejecutaron apenas $4.3 millones; el monto para devolución de IVA a importadores creció a $419.2 millones pero únicamente se ejecutaron $3.3 millones. La programación inicial era $2.5 millones.

Para seguro de vida de empleados públicos, de $500,000 se ejecutaron $332,365.57 y para el pago de las pensiones de los beneficiarios del Instituto del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) Hacienda transfirió $114.1 millones, de los cuales se ejecutaron $112.8 millones.