Autor: Yolanda Magaña

El jefe del Servicio Interno de Impuestos (IRS), Billy Long, fue cesado este viernes después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitara datos sensibles y privados de contribuyentes para confirmar las direcciones de supuestos inmigrantes indocumentados, lo cual excedía el acuerdo para que la agencia tributaria colabore con las deportaciones, según una exclusiva publicada este sábado por el Washington Post.

El jueves, el DHS pidió al IRS que le ayudara a ampliar los datos personales de una lista de 40.000 personas sospechosas de residir en el país ilegalmente, haciendo uso de datos confidenciales de contribuyentes.

En un primer momento, el IRS colaboró para identificar alrededor de un 3 % de los nombres de la lista, principalmente aquellos asociados con un número de identificación fiscal ITIN, que muchos indocumentados utilizan para trabajar y pagar miles de millones de dólares en impuestos en Estados Unidos.

El desencuentro entre el IRS y el DHS se produjo ayer, cuando este último solicitó a la agencia tributaria datos de declaraciones de impuestos, como aquellos que reclamaron exenciones fiscales a las que por su estatus legal podrían no tener derecho.

Ese tipo de información fiscal, sobre cuyo uso para deportaciones han criticado abogados de privacidad tributaria, elevó la oposición de altos funcionarios del IRS por exponer datos muy sensibles y vulnerar derechos, según informó hoy el diario.

Long, cuya salida las fuentes no quisieron confirmar que estuviera directamente relacionada con este episodio, ha reiterado internamente que el IRS no iba a compartir información fuera de los confines de un acuerdo firmado con el DHS en abril.

«La Administración Trump está trabajando para eliminar silos de información y prevenir que ilegales se aproveche de los beneficios que están pensando para contribuyentes americanos que trabajan duro», indicó en un comunicado la Casa Blanca.

El DHS confía que una mayor implicación del IRS, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de asuntos migratorios para no disuadir a los inmigrantes de pagar impuestos, en la campaña de deportación masiva de Trump podría facilitar la captura de siete de los alrededor de once millones de indocumentados que se cree que viven, trabajan y tributan en el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este sábado a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, como nueva representante adjunta ante Naciones Unidas.

«Me complace anunciar que voy a nominar a Tammy Bruce, una gran patriota, como nueva representante adjunta ante la ONU, con rango de embajadora», ha anunciado Trump en su plataforma Truth Social.

Trump aplaudió la figura de Bruce como portavoz desde el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca. «Ha cumplido con honores y ha hecho un trabajo fantástico», ha declarado el mandatario.

La representante adjunta ante la ONU desempeñará las funciones de la actual titular del cargo principal, Dorothy Shea, cuando ésta se ausente de las reuniones.

Shea será sustituida por el exasesor de Seguridad Nacional estadounidense Mike Waltz, elegido por Trump como sucesor, si finalmente acaba ratificado en el Senado.

Bruce también tendrá que someterse al mismo escrutinio, como todos los embajadores nominados por el presidente norteamericano.

Un embajador puede ser nombrado durante un receso del Senado, como el que está ocurriendo ahora mismo hasta el 2 de septiembre, sólo puede servir hasta el final de la siguiente sesión del Congreso, a menos que sea confirmado posteriormente.

El decomiso del fentanilo en Estados Unidos subió un 25 % interanual a un nivel récord en los primeros 200 días de la actual Administración del presidente Donald Trump, aseguró este sábado el director del FBI, Kash Patel, quien agregó que trabajará con las Fuerzas Armadas para elevar las incautaciones.

El funcionario reportó que han confiscado 1.500 kilogramos de esta droga sintética desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero a la fecha, lo que equivale a suficientes dosis letales para matar a más de 113,8 millones de estadounidenses, según sus cálculos.

«Los decomisos hasta la fecha han incrementado un 25 % frente al mismo periodo del año pasado, más que nunca. Esperamos trabajar con nuestros socios, el secretario de Defensa (Pete Hegseth) y el DoD (Departamento de Defensa) para conseguir incluso más», señaló Patel en sus redes sociales.

El director del FBI agradeció por «las nuevas autoridades» a Trump, quien defendió este viernes enviar tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina, una maniobra que ampliaría su guerra contra el fentanilo, droga que elaboran estas agrupaciones criminales con precursores químicos de China, según Washington.

El mandatario reconoció que «libran un juego difícil», pero no dio más detalles del operativo horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas.

El director FBI, quien no aclaró cómo cooperará el Departamento de Defensa contra esta droga, también reportó el arresto de más de 1.600 personas por «crímenes violentos contra los niños», incluyendo 270 arrestos por tráfico humano.

Trump responsabiliza a los carteles, en particular a los de México, por las muertes de consumidores en Estados Unidos, donde en 2024, último año del mandato de Joe Biden, hubo 80.400 decesos por sobredosis, aunque fue una reducción del 27 % respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) instó este sábado al Estado a garantizar, sin discriminación, el derecho al territorio y a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas, conforme a estándares internacionales.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este sábado, la Oacnudh advirtió que los pueblos originarios enfrentan en Honduras «despojo territorial, falta de reconocimiento jurídico de sus tierras, afectación de bienes comunes y recursos naturales, criminalización y barreras en el acceso a la justicia», lo que los expone a «situaciones de violencia».

El ente de la ONU recordó en un comunicado que estas comunidades son titulares de derechos reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Entre estos derechos sobresalen el acceso al territorio, la participación y la consulta previa, libre e informada, los cuales deben garantizarse sin ningún tipo de discriminación, señaló.

Aunque reconoció los avances del Estado en la protección de los derechos indígenas, la Oacnudh señaló la persistente necesidad de implementar un abordaje integral que elimine las prácticas discriminatorias que provocan despojo territorial, conflictos, violencia, criminalización y un acceso limitado a la justicia con enfoque diferenciado.

Además, hizo un llamado al Estado de Honduras para promover y fortalecer los marcos institucionales, normativos y de políticas públicas que aseguren el acceso a los territorios, la protección de los recursos naturales y el respeto a los derechos de participación, autodeterminación, consulta y consentimiento previo, libre e informado.

También, urge eliminar las prácticas que impliquen un uso indebido del derecho penal, las cuales pueden constituir formas de discriminación y racismo.

La Oficina indicó que, en Honduras, los pueblos indígenas mantienen su diversidad cultural, idiomas, saberes ancestrales, territorios y formas propias de gobernanza como mecanismos para enfrentar «los problemas estructurales que dificultan el reconocimiento y el pleno ejercicio de sus derechos».

La Oacnudh reafirmó su compromiso con la promoción, protección y garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Honduras, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.