Autor: Yolanda Magaña

Diputados de oposición, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), advirtieron un «grave riesgo» para el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y la sostenibilidad fiscal del país, luego de la aprobación de la reforma que eliminó el límite del 50 % de fondos futuros que puede comprometer el Fovial para adquirir deuda y que permite invertir en proyectos de transporte.

Francisco Lira, diputado de Arena, consideró que la eliminación del límite del 50 % «pone en grave riesgo la sostenibilidad del fondo», algo que puede «comprometer operaciones esenciales como el mantenimiento de la red vial nacional».

La diputada Marcela Villatoro, del mismo partido, incluso habla de un riesgo de quiebra de la institución. “Puede comprometer fondos futuros e incluso quebrar la institución”, indicó la diputada, al solicitarle su opinión sobre la reforma al Fovial aprobada con dispensa de trámites el pasado 8 de abril. Explicó que la derogatoria del inciso segundo del artículo 28-A de la Ley del Fovial eliminó el techo que tenía para que dicha institución pudiera comprometerse y endeudarse.

“Significa que con esa reforma el Consejo Directivo (del Fovial) tendrá la atribución de decidir libremente el nivel de ingresos que comprometerá en deudas para el pago de servicios y obligaciones financieras”, afirmó la legisladora.

Sin embargo, según Lira, la reforma también puede ser «un cheque en blanco que puede burlar los acuerdos» a los que llegó el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó un financiamiento de aproximadamente $1,400 millones a El Salvador a cambio de un ajuste fiscal del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), algo que incluyó recortes de plazas estatales.

«Economistas han advertido que esta reforma abre la puerta a un uso irresponsable de la titularización, una técnica que compromete ingresos futuros sin registrarse como deuda, esto podría servir para evadir los límites de deuda acordados con el FMI, afectando la transparencia fiscal y debilitando la credibilidad internacional del país».
Francisco Lira, diputado de Arena.

Obras «pueden ser positivas» pero «sin planificación»

El legislador cree que la reforma provoca también que el Fondo pierda su enfoque y que se pierda planificación de los proyectos, los cuales considera que pueden ser positivos. «Creemos en el desarrollo, no nos oponemos», dijo, señalando que debe haber «transparencia».

«Se amplían las funciones del Fovial para permitir inversiones en proyectos de transporte, ciclovías, pasos a desnivel y terminales, tomando en cuenta que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene en marcha un proyecto para construir un metrocable en el Área Metropolitana de San Salvador, lo cual encajaría con las obras que se ha autorizado al Fovial. Aunque estas obras pueden ser positivas, esta ampliación llega sin planificación, sin nuevos mecanismos de financiamiento y sin controles técnicos, politizando una institución que debía mantenerse técnica y financieramente sostenible», opinó.

La reforma fue aprobada el 8 de abril con dispensa de trámites, mecanismo que fue rechazado por el partido de derecha. Esta permitirá al Fovial destinar también los recursos que obtenga a proyectos de transporte, como sistemas integrados de transporte y toda su infraestructura.

La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, rechazó la reforma a la Ley del Fondo de Conservación Vial (Fovial) aprobada con dispensa de trámites en la sesión plenaria del martes 8 de abril, porque considera que la propuesta trae más deuda y muestra que el dinero «no está alcanzando».

“Sin duda el dinero no está alcanzando y su interés es seguir metiendo mano al dinero del FOVIAL ya que en 2021 autorizaron los diputados oficialistas que el FOVIAL pudiera emitir títulos valores (deuda) respaldados por sus flujos futuros”.
Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.

La reforma a la Ley del Fovial elimina el límite del 50 % que tenía su Consejo Directivo para comprometer ingresos presentes o futuros y así poder adquirir deudas, así como para invertir fondos en proyectos de transporte como sistemas integrados de transporte y componentes electromecánicos.

La diputada, suplente de Claudia Ortiz, consideró una «excusa» la inversión para quitar el techo de los ingresos comprometidos para deuda. «Es una mala gestión en la administración del fondo y desnaturaliza para lo que fue creado», señaló.

Recordó que en el año 2021 los diputados de Nuevas Ideas autorizaron que el Fovial pudiera emitir títulos valores con un límite de hasta el 50 % de sus ingresos futuros. “Pero como hoy no les alcanza quitan ese techo y en las reformas presentadas derogan el artículo 28-A de ese techo”, insistió. El artículo 28-A limitaba al Fovial a comprometer hasta el 50 % de sus ingresos.

Según la diputada, citando datos de la Bolsa de Valores de El Salvador, entre marzo de 2022 y junio de 2024 se han colocado 12 tramos por $129.9 millones, respaldados por ingresos del Fovial por un monto de $1,380 millones.

La diputada Claudia Ortiz no votó en la aprobación, con dispensa de trámites, de la reforma del Fovial, aprobada únicamente por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC.

Su diputada suplente criticó que la reforma fuera aprobada con dispensa de trámites; “traen más deuda y que no pasan al estudio de la Comisión para que la gente no se dé cuenta de las verdaderas intenciones y que los diputados no tengamos margen de maniobra necesario para advertir lo que hacen”.

Fovial fue fundada en el año 2000 para el mantenimiento de la red vial de El Salvador. Con la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, sus fondos podrán ser invertidos en proyectos de transporte y toda la infraestructura relacionada a los mismos.

El Ministerio de Hacienda ha solicitado incorporar los primeros $24 millones de los $350 millones que debe erogar durante 20 años para la conservación, la seguridad hídrica y restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa, como fruto del canje de deuda impulsado por el gobierno de EE.UU. durante la administración Biden.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pidió al Congreso salvadoreño que le apruebe una reforma presupuestaria para incorporar $24 millones en el presupuesto general del Estado de 2025.

El gobierno salvadoreño tiene el compromiso con Estados Unidos de realizar aportes graduales para financiar un programa ambiental, con un monto de $17.5 millones anuales entre los años 2026 y 2044, y de $24 millones en 2025, distribuidos así: $12 millones en abril de 2025 y $12 millones en octubre de 2025.

Los diputados de la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto se reúnen el martes 22 de abril.

El fondeo para el ambicioso proyecto ambiental resultó del refinanciamiento de $1,000 millones a El Salvador aprobado en octubre de 2024 por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co., como parte del acuerdo con la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) que, aportando la garantía, logró amarrar el ahorro en intereses al proyecto ambiental.

La DFC proporcionó un seguro de riesgo político (PRI) para que la operación pudiera ser posible.

El programa tenía una junta directiva conformada por siete miembros, que incluía un representante del gobierno salvadoreño, uno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cinco representantes gubernamentales. Los proyectos que EE.UU. mantiene de la USAID han sido asumidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos según ha asegurado el secretario estadounidense Marco Rubio.

El programa de conservación y restauración del río Lempa será liderado por el gobierno de El Salvador, junto al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y el Catholic Relief Services (CRS). En la primera fase, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizará un diagnóstico con las comunidades.

Sin embargo, en el acuerdo el gobierno se comprometió a establecer una entidad para supervisar la restauración de la cuenca, aprobar un Plan Nacional de Recursos Hídricos Integrados, un sistema de monitoreo, un mecanismo de retroalimentación pública y quejas por violaciones a la Ley nacional de recursos hídricos y la Ley general de medio ambiente, desarrollar estándares para calcular los costos de agua potable y saneamiento y declarar 75,000 hectáreas de zonas de recarga de acuíferos para el año 2044.

En una entrevista con Donald Trump Jr., el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que una de las primeras peticiones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, al aceptar recibir a pandilleros del Tren de Aragua en las cárceles de El Salvador, fue que Estados Unidos envíe también a «sicarios de la MS-13» porque son buscados también por crímenes en territorio salvadoreño.

Rubio recordó que se reunió con el presidente salvadoreño y aseguró que lo conoce desde «hace mucho tiempo», reiterando lo considera un presidente proestadounidense y reiterando que el 14 de abril lo tendrán de visita en la Oficina Oval del presidente Donald Trump, en Washington, Estados Unidos.

Luego recordó así la negociación con presidente salvadoreño:

Y estuvo de acuerdo; dijo, miren, he construido estas cárceles y albergaré gente aquí. Primero, quiere a sus sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos, porque también son buscados por delitos en El Salvador.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, había dicho el 4 de febrero que el presidente Bukele había pedido deportar a los cabecillas de las pandillas que están en Estados Unidos y que fue un «tema de honor».

Según el relato de Rubio, Bukele también se manifestó «dispuesto a detener a miembros» de la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada como grupo terrorista por Trump desde el 20 de enero de 2025.

El funcionario estadounidense explicó que tuvieron que buscar un lugar para enviar a los miembros del Tren de Aragua porque «Venezuela no los aceptaba» y que Bukele «tiene el lugar perfecto», el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), ubicado en el distrito de Tecoluca, del municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente.

Venezuela no los aceptaba, así que tuvimos que encontrar un lugar donde enviarlos, y él tiene el lugar perfecto. Hicimos un trato con él a principios de febrero, y esta fue la forma en que se ejecutó. Estamos muy agradecidos.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

En rechazo al fallo judicial que buscaba que solicitaran al presidente Nayib Bukele que «ahora deben repatriar» a los venezolanos, expresó: «No podemos vivir en un país, no es constitucional, donde los jueces dirigen la política exterior de Estados Unidos».

El 16 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua y 23 miembros de la pandilla MS-13, incluido el cabecilla César Antonio López Larios, alias El Greñas; además, el 31 de marzo, deportó otros 17, entre miembros del Tren de Aragua y MS-13.

Según El Faro, hasta marzo de 2024, la justicia estadounidense solo había logrado capturar a seis de 27 cabecillas de la MS-13 acusados por el FBI de terrorismo en un proceso iniciado en 2020 en la Corte Este de Nueva York, otros 17 se encontraban en El Salvador y 4 se encontraban prófugos.

Se desconoce si los cabecillas de la MS-13 deportados a El Salvador quedarían con procesos penales o penas de prisión pendientes en los Estados Unidos.

La asociación Cristosal informó ayer que, de 94 casos de deportados de Estados Unidos a El Salvador, registrados mediante un formulario habilitado en línea llenado por los familiares, el 78 % tenía un trabajo cuando fue detenido y el 47 % tenía asilo.

Mientras, detalló que el 87 % de los registrados tiene tatuajes, al 48 % se le acusa de un delito o pertenecer al Tren de Aragua y solo el 13 % posee antecedentes penales, según información proveída por los familiares o allegados de las personas deportadas a Cristosal.

El secretario Rubio no detalló cuántos venezolanos y salvadoreños deportados están condenados, procesados por delitos o fueron deportados por razones migratorias pero señaló, si se mira «los antecedentes penales de algunas de estas personas», este «es uno de los peores grupos de seres humanos» que él ha visto en su vida.

El Consejo Directivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial) podrá comprometer o titularizar sus ingresos futuros sin un límite definido por ley, ya que será su Consejo Directivo el que deberá autorizar dicho nivel.

Este martes, la Asamblea Legislativa reformó la Ley del Fovial con dispensa de trámites a solicitud de Nuevas Ideas. La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y Arena no votó.

Concretamente, reformó el artículo 21 para introducirle una nueva atribución, número 21, al Consejo Directivo del Fovial: podrá “autorizar el nivel de ingresos que se podrá comprometer para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras”.

Una segunda reforma clave para que la nueva atribución del Fovial fue la supresión del artículo 28-A, que permitía comprometer hasta el 50 % de los ingresos del Fovial, este límite había sido únicamente inaplicado en la autorización legislativa al Fovial, del 7 de noviembre de 2023, para emitir hasta $1,000 millones de deuda.

Así, el artículo 28-A, que había sido incorporado en la reforma del 20 de julio de 2021 y que permitía al Fovial “comprometer hasta el 50 % de sus ingresos anuales para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras”, fue derogado.

La reforma aprobada ayer fue solicitada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, quien argumentó que se busca “optimizar la obtención de recursos indispensables”.

La misma reforma amplía el destino de la inversiones del Fovial a proyectos de transporte y movilidad urbana, componentes electromecánicos y sistemas integrados de transporte, y no solo a mejoramiento vial.

Deudas del Fovial

Aunque su principal financiamiento proviene de un cargo de $0.20 a cada galón de combustible que compran los automovilistas, el Fovial ha adquirido deudas.

En el año 2024, el Fovial tuvo un presupuesto de $207.8 millones –que fueron ejecutados en un 100 %– con $114.76 millones provenientes del cargo al combustible.

Durante el mismo año 2024, la Asamblea Legislativa ha aprobado dos garantías soberanas para dos préstamos que suman $342.6 millones para el Fovial. Las aprobaciones se dieron el 24 de julio y el 20 de agosto, para los contratos de préstamos 2310 y 1886 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Fovial fue creado en el año 2000 y está autorizado desde agosto de 2012 a emitir títulos valores o deuda para su funcionamiento y desde julio de 2021 a comprometer flujos financieros futuros, es decir, a realizar titularizaciones.

El 7 de diciembre de 2021, el Legislativo lo autorizó a emitir una deuda y a comprometer flujos financieros presentes y futuros hasta por $1,000 millones; en el decreto original la Asamblea había permitido que estos fondos fueran respaldados por «un monto a ser acordado por el Fovial». Sin embargo, una reforma del 7 de noviembre de 2023 eliminó expresamente la aplicación del artículo 28-A, el cual permitía únicamente el compromiso de hasta el 50 % del flujo de fondos, únicamente para esta emisión de hasta $1,000 millones.

«El límite el 50 % establecido en el artículo 28-A de la Ley del Fondo de Conservación Vial relacionado con el total de ingresos anuales que Fovial puede comprometer para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras no aplicará para la emisión autorizada», indicaba la reforma.

El 22 de diciembre de 2022, mediante otra reforma, se autorizó al Consejo Directivo del Fovial autorizar la suscripción de préstamos con organismos internacionales bilaterales, financieras nacionales o internacionales, y países amigos.

Con 60 votos, incluidas las diputadas de «Arena y Vamos», la Asamblea Legislativa aprobó este martes el inicio del proceso de elección del «presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC)», cuyo cargo es ocupado actualmente por «Franklin Josué Nolasco Morales», gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa de Nuevas Ideas recibió el respaldo de las dos diputadas de Arena y de la diputada de Vamos. Fue aprobada con dispensa de trámites, que también fue apoyado por ambas diputadas.

El Tribunal de Servicio Civil es la institución que resuelve los recursos contra las resoluciones de las comisiones de servicio civil, las cuales forman el escalafón de funcionarios, seleccionan candidatos elegibles para la carrera administrativa, conocen las amonestaciones a funcionarios y empleados públicos.

El TSC tiene el poder para rehabilitar a los funcionarios o empleados destituidos.

El martes, en el pleno legislativo, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, hizo un llamado a los «ciudadanos que cumplen los requisitos» para que participen en el proceso. «Vamos a ver este proceso con profesionalismo», prometió.

«Franklin Nolasco Morales» fue nombrado presidente del TSC con 66 de 84 votos el 29 de junio de 2022, periodo que concluye el 27 de junio de 2025.

El «Tribunal de Servicio Civil» está compuesto por tres miembros propietarios, uno nombrados por la Asamblea Legislativa, otro por el Órgano Ejecutivo en Consejo de Ministros y otro por la Corte Suprema de Justicia.

Para ser miembro del TSC se requiere: ser abogado, salvadoreño por nacimiento, mayor de 30 años, haber desempeñado cargos en la administración pública o municipal por no menos de cinco años, y «ser de honorabilidad y competencia notorias».

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la «Ley del Fondo para la Conservación Vial (Fovial)» que lo autoriza a invertir sus fondos en proyectos de transporte y movilidad urbana, incluidos sistemas integrados de transporte, su infraestructura y todo lo necesario para dichos proyectos.

La reforma fue aprobada, con dispensa de trámites, con 56 votos: 54 de Nuevas Ideas, 2 del PCN y 1 del PDC. Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo. Arena no votó.

Al artículo 46 de la ley se agregó que el Fovial podrá invertir sus fondos en «adquisición de derechos de vía e inmuebles necesarios para la expansión» e «implementación de proyectos de transporte y «movilidad urbana», incluyendo «sistemas integrados de transporte», su infraestructura».

Al mismo artículo, se le agregó que sus fondos podrán ser invertidos en «la construcción y mejoramiento de rutas peatonales, ciclo peatonales, ciclovías, ciclorutas, «terminales de transporte», pasos a desnivel, componentes electromecánicos y en general todo lo necesario para la realización de los citados proyectos y cualquier otra iniciativa que facilite la conectividad y reduzca la congestión vial».

«Cabe mencionar que, con dicha reforma, se busca la implementación de proyectos de transporte y movilidad urbana, los cuales podrán incluir sistemas de transporte y su infraestructura, así como la construcción y mejoramiento de rutas peatonales».

strong Salvador Chacón, diputado de Nuevas Ideas.strong

«Dichas reformas buscan optimizar la obtención de recursos indispensables que permitan a la citada institución garantizar la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de obras públicas, en beneficio de la población salvadoreña».

strong Edgar Rodríguez Herrera, ministro de Obra Públicas.strong

El Fovial fue creado en noviembre del año 2000 alimentado con una contribución de $0.20 por galón de venta de combustible y la transferencia de $0.10 por galón.

La reforma indica que las inversiones se realizarán sin menoscabar o restarle al Fovial su función principal, que es de «conservación vial».

El diputado strong Salvador Chacónstrong, de strong Nuevas Ideasstrong, reiteró en la sesión plenaria que la reforma «busca dotar al Fovial» de «herramientas jurídicas» para realizar pavimentación, obras de compensación ambiental, adquisición de derechos de vía» y proyectos de transporte.

Además, el Consejo Directivo del Fovial podrá autorizar el nivel de ingresos que podrá comprometer, ya no hasta el 50 % de sus ingresos anuales, para pagar sus obligaciones financieras. El Fovial puede emitir títulos fondos desde 2012 pero desde 2021 fue autorizado a titularizar flujos financieros futuros.

Con 58 votos a favor y 2 en contra, la Asamblea Legislativa reformó su reglamento para impedir que los diputados puedan votar «abstención» y únicamente se registren dos formas de votación de los legisladores: «a favor» o «en contra».

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó a favor de la iniciativa de Nuevas Ideas; y las dos diputadas de Arena votaron en contra. Así, la reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa recibió 54 votos de Nuevas Ideas, uno de Vamos, uno del PDC y dos del PCN.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, argumentó que no cree que haya «falta de información» para votar a favor del régimen de excepción sino «una falta de voluntad política».

«Aquí es de hablar con la claridad si estamos de acuerdo con un tema o no estamos de acuerdo con un tema. Votar con claridad, la gente también lo agradecerá».
Caleb Navarro, subjefe de fracción de NI.

«Es la obligación de votar en manada»

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, calificó de irónica la posición de Nuevas Ideas porque confirman que buscan «exhibir» a los diputados para que la población diga que «son malos» pero explicó que ellos realizan consultas con expertos antes de votar por una iniciativa.

«Nosotros tenemos conciencia, estudiamos, preguntamos con personas conocedoras de los temas y no venimos acá a ser pushabotones. Porque ha pasado que ha ingresado piezas con dispensa de trámites que varios de ustedes no saben ni siquiera de qué se trata pero la votan porque es la obligación de votar en manada».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro citó el artículo 125 de la Constitución para indicar que los diputados no están sujetos «a mandato imperativo»: «No tenemos responsabilidad por las opiniones que nosotros emitamos». Reiteró que se prohibe la abstención en países autoritarios como Corea del Norte, Cuba y Venezuela, en donde «quieren obligar al diputado disidente» a votar a favor de estos regímenes.

La diputada de Arena también explicó su posición sobre el régimen de excepción que asegura «es perfectible» porque si bien «ha ayudado en gran manera a combatir el delito en el país», «hay personas que están presas que no se les está siguiendo el debido proceso y que no tienen libertad».

«Lo que ustedes quieren es obligarnos a votar como ustedes, obligarnos a que nosotros nos volvamos pushabotones también y eso no se los vamos a permitir», advirtió. La diputada reclamó a Nuevas Ideas que no han agendado el estudio de iniciativas de la oposición, 130 presentadas en la anterior legislatura.

«O es gallo o es gallina»

El diputado pecenista Reynaldo López Cardoza aseguró que si él está en el curul puede votar «a favor o en contra o simplemente» quedarse «con los brazos cruzados». Incluso, aseguró que puede levantarse de la curul si no quieren «aparecer» como que no quiere apoyar.

«Los problemas al pueblo salvadoreño se le resuelven votando a favor, los problemas al pueblo salvadoreño no se le resuelven votando en contra. Nosotros estamos listos para dar nuestros votos a favor. Creemos que sí las hacemos o no las hacemos. O es gallo o es gallina. Pero hay que tener una decisión y firmeza hacerlas. Tengo 16 años, nadie me ha obligado a mí. Aquí hemos acompañado al FMLN, acompañamos a Arena», expresó.

«Mejor me levanto, si no quiero aparecer ahí como que no quiero apoyar al pueblo salvadoreño, pero si es una iniciativa como el régimen de excepción, aprobar el presupuesto general del Estado, ¿y cómo no vamos a votar por eso?».
Reynaldo López Cardoza (PCN).

La diputada Villatoro le respondió:

«Yo creo que es de cobardes que en una sesión plenaria, el querer decir que tenemos que poner un diputado o retirarnos para no votar porque no queremos votar. Ejemplo de ello es poner un gran cartel de no a la minería pero mandar al suplente a votar a favor de la minería».
Marcela Villatoro (Arena).

La diputada Villatoro insistió en que no votarán por las iniciativas que no conozcan como, por ejemplo, los destinos de fondos o iniciativas con dispensas de trámites, es decir, sin estudio en las comisiones de trabajo.

Luego, el pecenista le respondió: «Rebeca Rodríguez es una diputada que ella representa a Chalatenango, esté yo o no esté yo. No aislamos a los diputados, ella es libre de hacer lo que ella crea conveniente, tenemos una buena comunicación con mi diputada suplente», dijo.

Por su parte, el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró que un voto de abstención es un voto «gallo-gallina». «Es como cuando se lavó las manos Poncio Pilatos», dijo.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, reiteró que «es importante» que la población sepa cuál es «la postura» de cada diputado. Aseguró que el objetivo es «fortalecer la responsabilidad».

Al final, la reforma fue sometida a votación. Castro preguntó por los votos en «abstención». «Cero abstenciones», dijo. «Votos en contra, dos votos en contra», prosiguió, mientras las dos diputadas de Arena levantaban la mano. «Votos a favor, 58 votos a favor. Por tanto, con 58 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado», señaló.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este martes al Ministerio de Hacienda a que suscriba un préstamo de $120 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para fortalecer los servicios de salud en El Salvador.

En la votación, no hubo votación “abstención” ni “en contra”. Votaron a favor los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

El contrato de préstamo se destinará al “Proyecto de mejora de la atención de salud en El Salvador” que será ejecutado por el Ministerio de Salud y servirá para “fortalecer la red de servicios del sector salud con énfasis en la atención primaria de salud”. El nuevo crédito será cancelado en un plazo de 25 años.

¿Para qué se utilizarán los fondos?

Según Hacienda, este préstamo incluye la construcción, adecuación y equipamiento de tres centros nacionales especializados: Centro Nacional de Radioterapia, Centro de Cuidados Paliativos y Unidad Nacional de Trasplante.

También, incluirá “mejorar la capacidad” de establecimientos de primer nivel, y el “desarrollo e implementación” de un “sistema para la gestión de la logística y la distribución de medicamentos”.

Un total de $93.3 millones se destinarán a “mejorar el acceso a servicios de salud de calidad”: construcción, el mejoramiento y la remodelación de “infraestructura priorizada” a nivel nacional y la adquisición de equipamiento médico y no médico.

Estos fondos se desglosan así:
-$47.9 millones para la red de servicios de primer nivel de atención.
-$12.6 millones para atención hospitalaria.
-$32.8 millones para centros especializados como construcción del Centro de Cuidados Paliativos y Nacional de Radioterapia.

Otros $22.9 millones se destinarían a infraestructura tecnológica, equipo y herramientas, actividades de formación del recurso humano y de los profesionales de la salud y servicios de apoyo a la gestión, de los cuales $11.5 millones se destinarían a “transformación digital”, $1.5 millones para “fortalecer el talento humano” y $9.9 millones para “cadena de suministros”. Hacienda detalló que también incluye “servicios de lavandería, alimentación, entre otros”.

Además, un total de $3.8 millones se destinarán a la administración, supervisión y auditorías del proyecto. Este fue el desglose más detallado que presentó el Ministerio de Hacienda a los diputados en la reunión que tuvo el lunes con los diputados de la Comisión de Hacienda.

Con 54 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la ley de presupuesto del año 2025 para incorporar $8.7 millones de un préstamo del Banco Mundial para mitigar condiciones de vulnerabilidad de los habitantes del cantón La Canoa, en distrito de San Miguel, por las inundaciones que ocurren en los márgenes y bordas del río Grande de San Miguel.

Los fondos provienen del préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente en El Salvador» al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), que permite destinar parte de los fondos a los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto en junio de 2024.

El director de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que el MOPT diseñó el proyecto rehabilitación de bordas y margen en el río Grande de San Miguel para «mitigar condiciones de vulnerabilidad» de los habitantes del cantón La Canoa originadas por riesgos de inundación en los márgenes del Río Grande de San Miguel y anegaciones en la zona.

Según Hacienda, con ese dinero, se intervendrán bordas de 3.5 a 4 metros de altura con muros de gaviones –muros que se rellenan con grava–, obras de control de erosión en un margen del río de aproximadamente de 600 metros y plantación de árboles a lo largo de la ruta y en áreas protegidas como medida de compensación ambiental.

En la comisión celebrada el lunes, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió a Hacienda extender las obras a otras zonas del ríos Grande y no limitarlo únicamente al cantón La Canoa. Pidió intervenir el cantón El Tecomatal y los caseríos El Picudo, El Consuelo y El Altamiz.

En el pleno, este martes, reiteró su petición.

“Me decía el personal de Hacienda que van a mandar esa observación al ministro de Obras Públicas, a él también de manera personal le he expresado esta problemática, porque si tapamos solo desde el lado de La Canoa, el agua siempre va a buscar su salida”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

En la comisión, el diputado aseguró que se puede incluir a las otras comunidades. “Se puede porque el título es rehabilitación de bordas en San Miguel”, indicó. “Nosotros vamos a trasladar estas necesidades”, le prometió el funcionario de Hacienda.

En la sesión del lunes, el diputado William Soriano le pidió al director de Crédito Público que para construir una ruta de 16 kilómetros entre Polorós y Nueva Esparta “solo está pendiente una nota” de Hacienda. “Ya se tiene el diseño por parte de Obras Públicas, hace falta una nota de Hacienda para la adjudicación”, le dijo.