El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que lo autorice a suscribir dos nuevos préstamos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial que suman $350 millones, que pueden ser usados en obligaciones del Estado, transferencias varias o refuerzo a la caja fiscal.
El primer préstamo por $250 millones será destinado para el proyecto “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador”, será pagado a un plazo de 25 años, una comisión inicial de 0.25 % y una comisión de compromiso de 0.25 %.
Según el ministro de Hacienda, Jerson Posada, podrá usarse para “atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias o eventuales apoyos a caja fiscal”.
Hacienda fue autorizado por el presidente de la República, según el secretario jurídico presidencial, Adolfo Muñoz, para suscribir este préstamo. “El gobierno tiene entre sus propósitos el continuar realizando esfuerzos a fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y la resiliencia”, argumentó Muñoz, en su correspondencia al ministro.
Un segundo préstamo, por $100 millones, titulado “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador como una opción de desembolso diferido ante catástrofes” busca financiar procesos de respuesta y recuperación ante emergencias “ya sea por eventos naturales adversos o de salud pública”.
Según el artículo 2 del proyecto de decreto de autorización, podrá usarse en transferencias varias, financiamiento de acciones estratégicas u obligaciones generales del Estado, o apoyo directo a la caja fiscal.
Este préstamo será pagado a un plazo de 30 años y una comisión inicial de 0.50 % del monto del préstamo, es decir, $500,000.
Ambos créditos tienen un periodo de gracia de cinco años.
Las solicitudes de autorización de negociación de los préstamos serán estudiadas en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que se reúne el lunes.
La «Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana» aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa establece regulaciones para tres tipos de salvadoreños: los que viven en el extranjero o la diáspora, los deportados y quienes aplican a programas de trabajo temporal en el extranjero.
La normativa define una persona retornada como la que «voluntariamente o en cumplimiento de una decisión administrativa o judicial de un tercer Estado regresa a su país» y establece que incluye a los deportados.
La ley establece una instancia que reúne a varias instituciones públicas para establecer una política de «movilidad humana», considerada como un «derecho humano» por «razones voluntarias o forzadas» para establecerse temporal o definitivamente en un lugar de destino.
Estas son las claves y los beneficios para la diáspora que viene o visita El Salvador, los salvadoreños deportados desde el extranjero y los contratados en el extranjero bajo un programa laboral temporal.
Exención a menaje de casa
Si reside en el extranjero y manifiesta su intención de retornar para fines vacacionales, temporales o permanentes, sin renunciar a la nacionalidad, una declaración jurada de su domicilio en El Salvador «para efectos de comprobación de la ubicación» se beneficiarán con:
Exención de impuestos a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, por única vez, siempre que el valor del menaje del grupo familiar –bienes para uso del hogar– no supere los $100,000.
Exención a la importación de dos vehículos
Exención de derechos e impuestos a la importación, incluyendo el impuesto a la transferencia de bienes muebles, de dos vehículos automotores de tipo liviano por grupo familiar, que deberán conservar por al menos dos años. Aplica para vehículos de trabajo. Los diputados sostienen que los vehículos no deben tener más de ocho años de fabricación.
Exención a la importación de implementos de trabajo
Un año después del ingreso del salvadoreño a su país, podrá beneficiarse con la exención total al pago de los derechos arancelarios a la importación, incluyendo el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, por un monto que no supere los $100,000.
Estado facilitará inversiones de la diáspora
La ley indica que las instituciones como Invest y ministerios de exteriores y economía, así como el comisionado para la atención de salvadoreños en el exterior, facilitarán las inversiones de la diáspora en El Salvador.
Facilidades financieras a la diáspora
También establece que «las instituciones financieras», las gestoras de fondos de inversión y casas corredoras de bolsa «pondrán a disposición medios electrónicos» disponibles en «el exterior» para «ejecutar transacciones», para operaciones remotas.
Las entidades financieras «estarán en la obligación de prestar servicios financieros a salvadoreños» amparados bajo la ley y que deseen abrir cuentas bancarias o hacer uso de los servicios financieros. Podrán presentar su historial crediticio o declaraciones en el extranjero para demostrar su capacidad crediticia y de pago.
Facilidades a inversionistas de la diáspora
El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrán la facultad de «vincular a potenciales inversionistas de la diáspora» con las instituciones nacionales «para su seguimiento».
Diáspora podrá inscribir en Gobernación fundaciones desde el extranjero
Los salvadoreños que residan en el extranjero podrán constituir asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en el extranjero y solicitar su registro en El Salvador digitalmente en Gobernación, y se regirán por la Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Podrán aplicar a exención fiscal para donaciones sociales.
Gobierno integrará a la diáspora en actividades
El gobierno se ha planteado en la ley la participación de salvadoreños que residen en el extranjero en actividades artísticas, culturales, económicas, deportivas «para su desarrollo e integración».
Empleo para salvadoreños deportados: incentivos
La ley establece incentivos para las empresas que contraten personas retornadas o deportadas, y serán incluidos en un registro de «Empleos para salvadoreños retornados». Podrán deducirse de su renta imponible cantidades desde tres hasta cinco salarios mínimos. Actualmente el salario mínimo es $408.80 en el sector comercio e industria.
Regulación a empresas que reclutan trabajadores salvadoreños en el extranjero
La ley regula las agencias o empresas privadas que deseen participar en programas de movilidad laboral internacional, que deberán registrarse ante el Ministerio de Trabajo de manera obligatoria, que llevará el monitoreo y la supervisión de las mismas.
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves un paquete de leyes que busca atraer la inversión en El Salvador, incluso dando paso a la creación de bancos que también podrán ser proveedores de bitcoin y criptomonedas estables.
Las nuevas leyes, que promueven incentivos fiscales para grandes inversiones o capitales que se ubiquen en El Salvador y exoneraría del impuesto de renta los salarios superiores a $100,000 mensuales de grandes ejecutivos de nuevas inversiones, fueron criticadas por la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien pidió la exoneración de impuestos para los alimentos y los medicamentos que consumen los salvadoreños.
Mientras, los diputados de Nuevas Ideas, esperan que estas normativas atraigan grandes inversiones a El Salvador y puedan generar empleo, así como provocar una especie de «derramamiento económico a todo nivel» en palabras del diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.
Las leyes aprobadas fueron:
1. Una ley de bancos de inversión.
Los bancos de inversión podrán realizar operaciones en bitcoin o otros activos de fácil liquidación, así como en dólares u otras monedas, únicamente con personas con al menos $250,000 de libre disponibilidad (en dólares u otros como bitcoin, monedas estables, bonos u oro incluso tokenizados). La ley se denomina Ley de bancos de inversión.
2. Incentivo fiscal para nuevas inversiones
[Decreto: Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador]
Una ley para exonerar de todo tipo de impuestos a las nuevas inversiones o patrimonios de $2,000 millones o más que se trasladen a El Salvador, ya sea de extranjeros o de salvadoreños que residan en el exterior desde hace un año.
3. Incentivo fiscal a salarios de técnicos de nuevas inversiones
[Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador]
Una ley para exonerar el Impuesto sobre la Renta los salarios de técnicos contratados por las nuevas inversiones que ganen más de $100,000 mensuales, y cobrar únicamente el 10 % de Impuesto sobre la Renta a los salarios de hasta $100,000 de los técnicos contratados por estas nuevas inversiones. Actualmente, en El Salvador, la retención del Impuesto sobre la Renta sobre salarios superiores de $2,038.11 mensuales es el 30 % sobre el exceso de $2,038.10 más una cuota fija de $288.57.
4. Incentivos para contratación de salvadoreños retornados
[Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana]
Una normativa para incentivar la contratación de personas “retornadas” a El Salvador. Las empresas que contraten personas «retornadas» –o deportados– de Estados Unidos u otros países «deducir» (restar) de su «renta imponible» (la renta o ingreso a la cual se aplica el impuesto) cantidades anuales desde $1,226.7 hasta $2,044.5 dependiendo de cuántos salvadoreños retornados contraten, así:
-Deducción de tres salarios mínimos ($1,226.40): si han contratado de 2 a 6 retornados.
-Deducción de cuatro salarios mínimos ($1,635.20): si han contratado de 7 a 12 retornados.
-Deducción de cinco salarios mínimos ($2,044.00): si han contratado al menos 13 retornados.
Con 55 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves 7 de agosto la Ley de bancos de inversión para crear y regular bancos especiales que operen únicamente con los llamados “inversionistas sofisticados” con quienes, además, podrán hacer operaciones incluso en bitcoin y criptomonedas estables si son autorizados para ello.
Los interesados en constituir un banco de inversión deberán cumplir los requisitos de la creación de bancos de la Ley de Bancos y serán fiscalizados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que podrá aplicar las sanciones de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero ante incumplimientos.
La nueva normativa ordena a la SSF que deberá comprobar la suficiencia financiera y solvencia de los accionistas de los bancos de inversión.
Según la ley, una vez se autorice el funcionamiento de un banco de inversión, «no podrá suspender o poner término a sus operaciones” sin autorización de la SSF. Así, los bancos de inversión serán “instituciones de funcionamiento obligatorio» dice la normativa.
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que la ley permitirá que “grupos financieros y actores de alto patrimonio se instalen en el país”, la ampliación del sistema financiero salvadoreño, operaciones reguladas con el bitcoin, stablecoins, oro y bonos tokenizados y la conversión de El Salvador “como un hub financiero”.
“La banca de inversión es una institución financiera que ayuda a las empresas, gobiernos y otras organizaciones a obtener fondos económicos para financiar proyectos grandes, como la construcción de infraestructura pública, el lanzamiento de productos nuevos o la expansión de otros países”. Dania González (Nuevas Ideas).
No hubo ninguna otra opinión. La ley fue aprobada con 55 votos. Diputados de oposición no votaron ni a favor ni en contra.
¿En qué consiste la nueva Ley de bancos de inversión?
Para quiénes: inversionistas sofisticados
Los nuevos bancos atenderán exclusivamente a inversionistas sofisticados que deberán tener “la libre disposición” de $250,000 conformados por dólares “o activos de fácil liquidación” (bitcoin, stablecoins, bonos del tesoro, bonos del tesoro tokenizados, oro, oro tokenizado). Estos fondos deben poder ser usados inmediatamente sin restricciones legales o contractuales.
Los inversionistas sofisticados deben tener capacidad financiera de asumir riesgos de las operaciones por su cuenta y posibles pérdidas.
Autorizados por la SSF
Deberán ser autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que deberá pronunciarse de manera “expedita”. La SSF dberá tener un servicio de información crediticia de los usuarios de los bancos para la evaluación de riesgos.
Capital mínimo
El capital social mínimo de un banco de inversión será $50 millones.
Reservas de liquidez del 25 %de su capital pagado
Los bancos deberán tener reservas de capital de por lo menos 25 % de su capital pagado y los bancos destinarán al mismo por lo menos el 10 % de sus utilidades anuales. El comité de normas del BCR dictará normas sobre la reserva de liquidez.
Del total de la reserva de liquidez, un 25 % estará constituido por depósitos a la vista en dólares en el BCR de acceso automático para el banco de inversión; otro 25 % por depósitos a la vista en dólares en el BCR o títulos emitidos por el BCR, de acceso automático, el BCR cobrará un cargo proporcional al retiro; y un tercer tramo del 50 % por títulos valores emitidos por el BCR cuyo uso será autorizado por el superintendente del sistema financiero.
Votación de la Ley de Bancos de Inversión. / Imagen video Asamblea.
Relación de 8 % patrimonio/activos
Deberá tener una relación mínima de 8 % del fondo patrimonial respecto a los activos ponderados. Este porcentaje fue disminuido de 12 % y 14 % en los primeros tres años, la propuesta inicial. Los bancos deberán informar de su fondo patrimonial y sus activos.
Podrán invertir o dar financiamiento en bitcoin
La ley permite a los bancos otorgar financiamientos a los inversionistas sofisticados, quienes podrán presentar garantías en dólares o activos de fácil liquidación (bitcoin, monedas estables).
Podrán contratar a terceros para servicios con bitcoin o criptomonedas
Sí, para el servicio de proveedor de servicios bitcoin o activos digitales, comprar activos de fácil liquidación, inversiones en bitcoin o en monedas estables.
Deberán responder por daños
Los bancos de inversión responder civil y solidariamente “por los daños” a terceros por acciones u omisiones de sus directores, administradores y empleados.
Deberán cumplir con ley de prevención de lavado
Deberán tener una oficina física en El Salvador con “fines de representación legal” y deberá cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero y de activos, así como la de protección al consumidor. Serán supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero.
Aplicará el secreto bancario
El secreto bancario aplicará a los bancos de inversión.
Podrán invertir en sociedades salvadoreñas
Los bancos de inversión podrán invertir en sociedades subsidiarias o filiales salvadoreñas bajo vigilancia de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Aplicación parcial de Ley de Bancos
Aunque la normativa establece que los bancos de inversión deben cumplir con requisitos de la Ley de Bancos, la nueva normativa solo ordena expresamente el cumplimiento de 19 artículos de la Ley de Bancos.
Algunos artículos que habían sido incluidos en la propuesta inicial fueron excluidos finalmente en la versión aprobada en sesión plenaria de este jueves.
Las obligaciones de la Ley de Bancos que fueron excluidas respecto a la propuesta original:
1. Sustentar los financiamientos otorgados a través del análisis riesgo de recuperación de fondos, la capacidad de pago y empresarial, los estados financieros auditados, garantías, declaración de impuesto sobre la renta, entre otros, de los solicitantes de financiamiento.
2. No conceder créditos ni asumir riestos por más del 25 % de su fondo patrimonial en relación a la misma persona natural o jurídica.
3. Retener un monto de productos pendientes de cobro de reservas de saneamiento.
4. Obligación de que el Instituto de Garantía de Depósitos sea garante de depósitos hasta por $6,700.
5. Prohibición de dar préstamos para que una persona suscriba acciones de su propio capital o dar en garantía bienes de su activo fijo.
6. Prohibición de realizar inversiones en países sin regulación prudencial y supervisión según usos internacionales.
7. Prohibición de entregar financiamientos a bancos de accionistas al grupo empresarial al que pertenece el banco, entre otras.
En junio de 2024, la Comisión de Activos Digitales informó que inversionistas sofisticados estaban tratando de inyectar capital a El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves un régimen para fijar en un 10 % el Impuesto sobre la Renta que gravará los salarios de los técnicos de nuevas inversiones en El Salvador que ganen hasta $100,000 mensuales, un porcentaje menor a la retención que actualmente se realiza a los trabajadores que ganan más de $2,038.11 mensuales en El Salvador.
El decreto “Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador” fue aprobado con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.
El decreto aplicará a personas o empresas que realicen nuevas inversiones en El Salvador y hagan pagos al personal técnico, domiciliado o no, que preste servicios para sus actividades comerciales en el territorio nacional.
El artículo 4 establece que, “con carácter excepcional”, para los servicios profesionales prestados por el personal técnico contratado por los inversionistas “se aplicará una retención en concepto de pago definitivo de Impuesto sobre la Renta” igual a la establecida en el artículo 156 del Código Tributario, es decir, 10 %.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, criticó que el decreto no exige nada a las nuevas inversiones como una cantidad de empleos a generar. “Estas leyes para traer inversionistas quitan todo tipo de impuesto pero no les pide ningún tipo de condición, no les pide nada”, expresó.
Señaló que la exoneración fiscal es “una política totalmente injusta”. “Es insultante para la gente que está pagando impuestos por la comida, por las medicinas”, indicó.
Ortiz aseguró que la política económica del gobierno actual ha fracasado y que el rebalse económico prometido “no existe”, ya que la inversión extranjera directa en El Salvador «se ha mantenido baja», no pasa de $250 millones y la “pobreza sigue a la alza”, señalando que en 2023 hubo 55,000 pobres más.
«Le están quitando impuestos a la gente que los puede pagar, mejor quiten el impuesto a la comida a las medicinas», indicó Ortiz, quien además propuso exenciones al transporte escolar y a personas trabajadores con ingresos menores a $1,000 mensuales.
La diputada advirtió que los inversionistas requieren, antes de una exención fiscal, “reglas claras y estables”, seguridad jurídica y una fuerza laboral educada y capacitada con habilidades técnicas, pero que en El Salvador no hay seguridad jurídica y hay un deterioro del sistema educativo. Además, advirtió que hay un riesgo de que El Salvador “se convierta en paraíso fiscal” con este tipo de decretos.
“Los inversionistas serios buscan tres cosas: que las leyes se mantengan claras y estables (además de infraestructura y fuerza laboral capacitada). Este es el país de la inseguridad jurídica y el mayor factor de inseguridad jurídica en este país está sentado en estos curules, son ustedes, colegas diputados. Quitar impuestos o no pagar impuesto va en último lugar para los inversionistas”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Por su parte, diputados de Nuevas Ideas aseguraron que la extranjera directa ha aumentado un 64 % durante el primer trimestre de 2025, según el Banco Central de Reserva (BCR), aunque no mencionaron la proporción de El Salvador respecto a Centroamérica.
La inversión extranjera directa neta aumentó de $195.67 millones en el primer trimestre de 2024 a $322.24 millones en el primer trimestre de 2025; pero El Salvador recibió solo el 5 % de la inversión extranjera de Centroamérica durante 2024.
El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, aseguró que en El Salvador no existe una empresa que actualmente que tenga inversiones de $2,000 millones. Mencionó empresas que tiene patrimonios arriba de los $20,000 o $50,000 millones, como AT&T, China Mobile, General Electric, Boeing, Siemens, Catterpillar, entre otras. Los salarios de los ejecutivos «pudieran oscilar entre los 13 y 14 millones de dólares anuales» o un millón de dólares al mes y los operadores financieros «pudieran estar entre los $29,000 a $40,000 mensuales».
«Con esta ley, sus impuestos serán pagados, como cualquier persona, la retención del Impuesto sobre la Renta estará presente para personas que no superen los $100,000. De cero a $100,000 su retención será del 10 %, aquellas personas que superen los $100,000 mensuales esos serán exentos del Impuesto sobre la Renta (el excedente)», indicó.
Mulato aseguró que estas «grandes corporaciones» permitirán generar empleo en El Salvador y que «la recaudación fiscal esté presente» en todo su personal técnico y ejecutivo de las nuevas empresas que vengan a El Salvador.
«Lo van a ver en los siguientes meses», dijo, por su parte, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas. «Dijeron tantas veces que este país no podía salir adelante y se equivocaron», expresó. Insistió en que habrá empleos de mejor calidad y elevará la calidad de vida, «ese es el legado que le queremos dejar a los salvadoreños, estoy seguro que vamos por la dirección correcta», agregó. Soriano atribuyó las críticas a «cálculos mezquinos» para «grabar videos de uno o dos minutos y tener 10 likes».
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el “Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador” a personas o empresas que trasladen su dinero o activos a El Salvador por al menos $2,000 millones.
A estos les exonerarán los impuestos sobre la renta, impuestos a transferencia de inmuebles, impuestos municipales y aranceles por las importaciones relacionadas a las actividades de inversión.
Los beneficiados podrán ser extranjeros o salvadoreños radicados en el exterior desde al menos un año.
Las inversiones podrán ser: aportes a capital a constitución de sociedades mercantiles o suscripción de acciones, aportes para compras de bienes inmuebles situados en El Salvador, otorgamiento de préstamos para nuevas inversiones a personas o empresas domiciliadas en el país, aportes a capital para compra de plantas industriales, maquinaria, repuestos, materias primas, productos terminados o intermedios, bienes intangibles, propiedades intelectuales sobre distintivos comerciales y patentes sobre servicios técnicos o desarrollo de nuevas tecnologías o aporte de conocimientos administrativos.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que “estos capitales y estas inversiones que van a llegar al país generarán empleos de altísimo nivel, de muy buena calidad, que al final se van a traducir en buenos salarios”. «Es un encadenamiento que estamos creando que no se ha visto en la historia del país», prometió.
«Si queremos transformar el PIB del país, debemos apuntar a ser sede de inversiones de alto impacto, inversiones que nos permitan transformar realmente la economía de El Salvador y multiplicarla en los próximos años… Capitales que van a generar no solo un gran impacto en la economía sino un derramamiento económico a todo nivel». William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.
Según el diputado Mauricio Ortiz, del mismo partido, estas nuevas inversiones beneficiará a El Salvador con: “empleo masivo y recaudación por salarios”, pago de cotizaciones al Seguro Social y a las AFP, contratación de proveedores que generarán riquezas en sus patrimonios, activación de sectores como construcción, transporte y logística, aumento de consumo y mayor recaudación de impuestos por consumo, e inversión estatal en infraestructura por el aumento de la recaudación.
La ley establece las sanciones relacionadas a la obligación de inscribirse según los artículos 235 y 237 del Código Tributario; y relacionadas a no informar sobre el registro de inversiones o del patrimonio, el artículo 241 del mismo Código.
El decreto fue aprobado con 56 votos de Nuevas Ideas. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) está buscando adquirir equipos y accesorios para ser instalados en los pozos rehabilitados del llamado sistema Zona Norte, que abastece de agua potable a Mejicanos, San Salvador, Santa Tecla y Zaragoza.
Con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la institución estatal lanzó la licitación pública internacional 03/2025-ANDA-BID.
Con estos fondos se adquirirán bombas tipo turbina verticales, motores eléctricos, páneles de contorol, cables, conductores eléctricos, tubería y válvulas, todos con un presupuesto de $1.2 millones.
La apertura de ofertas se prevé para el 22 de agosto de 2025. Según los términos de la licitación, se podrá aumentar o disminuir la cantidad de artículos unitarios licitados en un 100 % y, si son artículos en pares, un 50 %. Los oferentes deberán entregar una declaración de mantenimiento de la oferta.
Según las bases, la entrega del material y equipo para la renovación del sistema se debe entregar en 120 días calendario, es decir, cuatro meses; o 90 días, en tres meses.
Los equipos y accesorios serán usados para equipar los siguientes pozos a rehabilitar en el Sistema Zona Norte: pozos número 1 en Opico 1, Opico 3A, Chanmico, El Jabalí, Colombia 1 y P, Colombia 4.
El Programa de Fortalecimiento del sector Agua y Saneamiento en El Salvador es financiado con el préstamo de $100 millones del BID.
ANDA promete reforzar el servicio de agua potable a sectores de Mejicanos, San Salvador, Santa Tecla y Zaragoza, con obras como la limpieza y la rehabilitación de 19 pozos ubicados en San Juan Opico y Quezaltepeque que según la institución no han sido intervenidos desde hace más de 40 años.
El proyecto incluye la perforación de 7 pozos, 6 de producción y 1 de monitoreo.
El Salvador hizo una reserva a la “Declaración sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático”, aprobada el 6 de agosto por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Salvador, según la declaración, estableció una reserva que indica que “la situación jurídica del Estado salvadoreño” en relación a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y actuaciones de sus órganos, “no se verá afectada por el apoyo otorgado a la presente resolución”.
En la declaración, se detalla que el gobierno de El Salvador reconoció que “el cambio climático es una amenaza apremiante para el futuro de la humanidad” y manifiesta su “disposición” para promover políticas para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos.
Estados Unidos no se sumó a la declaración, ya que incluye afirmaciones “que son incompatibles con las posiciones de Estados Unidos” sobre el cambio climático y los derechos humanos. “Esta declaración es fundamentalmente defectuosa y no la apoyamos ni desde el punto de vista procedimental ni desde el punto de vista sustantivo”, indicó. Le pidió al Consejo Permanente de la OEA evitar “distracciones innecesarias en cuestiones que carecen de consenso”.
La Corte Penal Internacional, según los artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), indicó que los Estados están obligados a actuar “con la debida diligencia para prevenir la contaminación marina, proteger ecosistemas raros o frágiles y adoptar un criterio de precaución con respecto a los daños ambientales”.
El 23 de julio, la CPI emitió una opinión consultiva sobre que el “incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales en materia de cambio climático constituye un hecho internacionalmente ilícito por parte de los Estados responsables, lo que da lugar a consecuencias jurídicas”, como el cese del hecho ilícito, garantías de no repetición y reparación en forma de restitución, indemnización y satisfacción.
En la declaración, el Consejo Permanente de la OEA hizo un llamado a todos sus Estados miembros a tomar medidas con todos los proyectos importantes de desarrollo e infraestructura relacionadas a derechos humanos y grupos vulnerables, integrar consideraciones climáticas y de derechos humanos en las leyes, entre otros.
Los nuevos bancos de inversión que en El Salvador podrán realizar operaciones exclusivamente con “inversionistas sofisticados”, incluso en bitcoin o monedas estables, deberán cumplir con al menos 19 artículos de la Ley de Bancos aprobada en 1999.
La nueva Ley de Bancos de Inversión, cuyo proyecto podría ser aprobado por la Asamblea Legislativa en su sesión plenaria de este jueves 7 de agosto, les exigirá cumplir con exigencias como reservas de capital o reserva legal de por lo menos 25 % de su capital pagado (39), no compartir con sociedades del ámbito previsional (131) y establecer el secreto bancario (232).
Los bancos de inversión, también, podrán realizar en otros países operaciones financieras a través de entidades bancarias subsidiarias reguladas y supervisadas según los usos internacionales (23) e invertir en acciones de sociedades salvadoreñas incluso subsidiarias o filiales bajo vigilancia de la Superintendencia del Sistema Financiero (24).
Otros artículos de la Ley de Bancos que se aplicarán a los bancos de inversión tienen que ver con la obligación de la Superintendencia de tener un servicio de información crediticia de los usuarios para la evaluación de riesgos (61), una presunción de fraude si el banco reconoció deudas inexistentes (212) y la obligatoria divulgación sobre el fondo patrimonial y sus activos (234).
La asesora del Ministerio de Economía leyó, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, la nueva propuesta de artículo 71 de la Ley de bancos de inversión, así:
“A los bancos de inversión, además de lo dispuesto en la presente ley, les serán aplicables los artículos 23, 24, 35, 39, 55, 56, 61, 62, 71, 72, 130, 133, 200, 212, 231, 232, 233, 234 y 238 de la Ley de Bancos en lo que no contravengan a esta ley ni la naturaleza o la finalidad de los bancos de inversión”. Artículo 71 con modificaciones.
¿Qué artículos de la Ley de Bancos fueron suprimidos de propuesta original?
Respecto al proyecto original, enviado por el Ministerio de Economía, se quitarían los artículos 7, 40, 59, 70, 73, 167, 169, 173, 195, 197, 198, 199, 209 de la Ley de Bancos, entre los que estarán obligados a cumplir los llamados bancos de inversión.
La propuesta original establecía que estaría obligado a cumplir el artículo 59 de la Ley de Bancos, que obliga a los bancos a sustentar la concesión de los financiamiento en un análisis de las solicitudes con el riesgo de recuperación de los fondos, considerando capacidad de pago y empresarial de los solicitantes, sus estados financieros auditados, garantías, declaración de impuesto sobre la renta, entre otros.
También, se excluyó de la propuesta la obligación de cumplir el artículo 197, que establece que los bancos no podrán conceder créditos ni asumir riesgos por más del 25 % de su fondo patrimonial con relación a una misma persona natural o jurídica excepto que se trate del Banco Central de Reserva o Instituto de Garantía de Depósitos.
La petición de modificación del Ministerio de Economía también excluyó otros artículos relacionados a la retención de un monto de productos pendientes de cobro de reservas de saneamiento, al Instituto de Garantía de Depósitos como garante de depósitos hasta por $6,700 y prohibiciones para los bancos como dar préstamos para que una persona suscriba acciones de su propio capital, dar en garantía bienes de su activo fijo, realizar inversiones en entidades financieras en países donde no exista regulación prudencial y supervisión según los usos internacionales sobre esa materia, o conceder financiamientos con bancos o institucionales financieras cuya propiedad esté vinculada a accionistas pertenecientes al grupo empresarial al que pertenece el banco, entre otros.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pidió este miércoles a las autoridades de Estados Unidos que frenen la persecución de los migrantes y también instó a que se respeten sus derechos.
«Pedimos a las autoridades de Estados Unidos detener la persecución contra nuestros hermanos migrantes. Pedimos que se le respeten sus derechos y el derecho a la migración es fundamental en los derechos humanos», dijo Escobar en el marco del cierre de las fiestas patronales de la capital salvadoreña.
El principal jerarca católico salvadoreño también instó a «no criminalizarles en su estatus solo por ser indocumentados», ya que «son personas nobles, personas buenas, trabajadoras que han hecho mucho por aquel país» y sostuvo que «merecen un trato digno».
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.
Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.
El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- alcanzó los 39.292 en los primeros cinco meses de 2025, un 86,5 % menos que en el mismo lapso del año 2024, según datos oficiales. E
