El procurador general, René Gustavo Escobar Álvarez, no considera que las 8,000 personas que han sido capturadas bajo el régimen de excepción y posteriormente liberadas con medidas cautelares distintas a la detención sean inocentes o culpables.
En una entrevista que le hizo la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, como candidato a la reelección en su cargo de procurador, el funcionario aseveró que «una revisión (de medidas) no significa que esa persona sea inocente o culpable de la comisión de un delito».
Es una revisión de la medida cautelar que hace un juez, (que) puede considerar que esa persona no represente un riesgo y que puede continuar el proceso en libertad”. René Escobar, procurador genera.
Según los datos del funcionario, «de un poco más de 8,000 personas liberadas por una revisión de medidas, de manera directa más de 4,700 han sido promovidas por un defensor público de la PGR y de manera indirecta a través de estrategias de defensa superan los 2,000 casos, por gestiones ante Fiscalía General de la República«, expresó.
El funcionario defendió de esta forma el papel de la PGR en el régimen de excepción, luego de cuestionamientos de la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos.
La diputada Cesia Rivas le preguntó cómo están haciendo ante los recortes en la PGR y ante las demandas de los familiares de las personas privadas de libertad y de niños que están en total abandono.
«Estamos abiertos a que ustedes puedan conocer esa situación», le dijo Escobar, quien calificó el papel de la PGR como «contrapeso» del Estado.
El funcionario también aseveró que «más del 87 %» de los «270 casos de personas inocentes» presentadas por un «organismo internacional» eran personas que «tenían antecedentes penales y policiales por una serie de delitos todos relacionados con el crimen organizado». Comentó que él había pedido una semana para analizar los casos pero que la organización publicó en un medio que la PGR le había «denegado la información».
«Mi mandato es atender de manera personal a las personas, no a grupos. No es la manera (colectiva). No se puede desmeritar el trabajo de un defensor público. Hemos solicitado habeas corpus en algunos casos», afirmó el procurador ante los diputados.
«Damos la garantía de los derechos de la defensa técnica a todas las personas privadas de la libertad, incluyendo quienes han estado en contexto de régimen de excepción», afirmó, sin proporcionar un dato específico sobre la cantidad de casos del régimen de excepción por cada defensor público y la mora que presentan.
Hasta abril, el Gobierno ha informado de más de 85,500 capturas de personas bajo el régimen de excepción –desde marzo de 2022–, la incautación de 4,683 armas de fuego, $4.9 millones en efectivo, 10,834 vehículos, 22,087 celulares y también registra una disminución de homicidios gradualmente desde 2016 (14 diarios) a 2024 (menos de 1 al día).
En contraste, la organización Socorro Jurídico Humanitario calcula que más de 300 personas detenidas bajo régimen de excepción han muerto en cárceles y que la mayoría de estas no tenían relación con estructuras criminales; además de más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre estas capturas arbitrarias y torturas.
En abril de 2022, la PGR reportó un total de 3,097 asesorías legales del 27 de marzo al 1 de abril, la mayoría correspondiente a capturados por el régimen de excepción.
El informe de rendición de cuentas de derechos humanos de las mujeres de 2024 indica que la Unidad de Defensa Pública Penal de la PGR ha dado un total de 12,655 asistencias en el contexto del régimen de excepción, 1,668 a mujeres y 10,987 a hombres.
