Autor: Yolanda Magaña

Alejandro Nóchez, concejal de San Salvador Centro por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), no cree que haya un objetivo de privatización de mercados municipales detrás de la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», cuyo proyecto será recibido el lunes por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.

«Si fuera una privatización, no se estaría creando una Dirección Nacional de Mercados, se está creando un ente del Estado, no se está pidiendo a un privado que sean los que vengan a administrarlo. Posiblemente pueda darse en algún momento una sociedad de economía mixta, pero esos son ya otros términos, que en ninguna parte de ahí habla que los mercados pasarán a una institución privada. Yo no veo que el objetivo sea una privatización», reaccionó el concejal Nóchez.

Concejales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) opinan que el proyecto busca privatizar o expropiar los mercados municipales a través de sociedades de economía mixta. Los regidores Cayetano Cruz y Simón Paz, de San Salvador Este y San Salvador Centro, aseguraron que el cobro de arrendamiento de puestos de venta provocará el aumento de los precios de los proyectos en estos nuevos mercados nacionales.

La sospecha de los regidores efemelenistas se origina del artículo 23 del proyecto, que establece que las municipalidades deberán manifestar su voluntad de entregar en «comodato» a la nueva Dirección los inmuebles de los mercados, cuando hayan solicitado la intervención a cualquier institución del Poder Ejecutivo.

Nóchez tampoco ve el proyecto ley se establezca una «obligación» para que los municipios entreguen los inmuebles de los mercados en los cuales solicite una intervención del Ejecutivo. «Yo no lo veo como una obligatoriedad, lo veo como una opción, porque si yo no quiero como municipalidad utilizar recursos del Estado para una mejora de mercado, no le veo dónde se está obligando que ese municipio tenga que entregar dichas instalaciones», afirmó.

«Una oportunidad»

El concejal Alejandro Nóchez cree que el proyecto de ley entregado por el Gobierno para crear la Dirección de Mercados puede ser una «oportunidad para mejorar».

«Yo sí creo que pueda ser una oportunidad para mejorar en beneficio de la población, sin embargo, pero también el tema de la centralización lastimosamente no llega a más personas, sino que a veces se reduce», expresó.

Según el concejal, el proyecto busca dar certeza a los comerciantes que ya tienen puesto y «puedan creer que se les va a quitar» que serían «los primeros que serán tomados en cuenta».

El funcionario tampoco cree que el proyecto de normativa subiría los precios de los productos por el cobro del arrendamiento de los puestos de venta que haría la Dirección de Mercados.

Sin embargo, no se atrevió a decir que Arena debería votar por el proyecto ya que falta información. «Yo creo que Arena debería tener toda la información necesaria, todos los elementos necesarios como para que ellos evalúen si votan a o no, eso ya es una decisión de los diputados», indicó, en referencia a falta de información sobre la cantidad de mercados que serían intervenidos y que pasarían a manos de la nueva dirección. «No habla de todos los mercados», observó.

El concejo municipal de San Salvador Este aprobó un decreto para exonerar de intereses y multas el pago de las deudas por tasas, impuestos municipales y contribuciones de todos sus distritos, Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

El concejo aseguró que se requiere brindar a la población de todos los distritos «incentivos para solucionar la mora tributaria» y realizar convenios de pago, con el fin de terminar con la deuda tributaria.

El periodo de amnistía de intereses y multas estará vigente desde el martes 8 de abril hasta el 15 de junio de 2025. El decreto fue aprobado el 20 de marzo de 2025 y fue publicado en la edición del Diario Oficial del 31 de marzo de 2025.

El beneficio se aplicará a multas o contravenciones impuestas por el Departamento de Registro Tributario, Catastro Distrital o Mercados Distritales, así como por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos o la Delegación Contravencional.

Podrán aplicar aquellos contribuyentes que se encuentren en mora, arrendatarios con plan de pago con cuotas pendientes de pago, arrendatarios que hayan incumplido planes de pago, usuarios que posean multas por presentación extemporánea de solicitudes de renovación de permisos, lilcencias, matrículas; contribuyentes que hayan puesto un recurso o personas que no hayan presentado escrituras en el Registro Tributario y Catastro Municipal después de 30 días de la escrituración.

La alcaldía podrá dispensar los intereses por mora y la multa si se paga el total de las tasas o impuestos adeudados, o se realiza un plan de pago con un pago inicial de 30 %.

El Concejo aún no tiene consolidado un Portal de Transparencia Fiscal en donde informe sobre la deuda consolidada en tasas, impuestos y contribuciones, además de multas e intereses, que tienen los contribuyentes de sus distritos.

Una nueva Dirección de Mercados Nacionales se encargaría de adjudicar puestos de venta en los llamados «mercados nacionales» que estén bajo su administración, según el nuevo proyecto de «Ley de creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos» en manos de la Asamblea Legislativa.

Tal como está redactado el proyecto, esta ley aplicaría a «todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad comercial, como adjudicatario de puestos de venta de los mercados o de los locales» ubicados en plazas, parques y espacios públicos con infraestructura construida o remodelada por el Órgano Ejecutivo.

A la hora de adjudicar los puestos de venta en estos mercados, la Dirección tendría que dar “prioridad” a la población vulnerable y los comerciantes que ya han tenido puestos de venta en dichos mercados. Las tarifas serán definidas por la misma Dirección, que también podrá conformar sociedades mercantiles.

Es el artículo 31 del proyecto que define dos prioridades para la adjudicación de puestos: los «comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos» y los «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».

El concejal de San Salvador Este Cayetano Cruz, del FMLN, cuestionó quién definirá si una persona está en situación de vulnerabilidad. «Estoy seguro que mucha gente que vende a la orilla de los mercados, porque no les alcanza para pagar la infraestructura de un local (quedarán fuera)», indicó.

Sin embargo, el concejal Hernán Carrasco, del CD, cree que se puede garantizar la asignación de puestos a grupos vulnerables, con «criterios claros y públicos», como ingresos bajos, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad.

Estos contratos de arrendamiento, que tendrían un plazo temporal, no darían derecho a los arrendatarios para vender, ceder, donar o subarrendar sus puestos o locales.

Sin ventas ambulantes

En los mercados regulados por esta nueva Dirección que pretende crear el Gobierno no podrá haber ventas ambulantes en un perímetro de cien metros y se multaría a los arrendatarios de puestos que no estén completamente limpios, que obstruyan los pasillos o que almacenen productos en condiciones antihigiénicas. Las multas oscilan entre $5 y $50.

También, los empleados de estos puestos de venta o locales comerciales no podrán tener un salario inferior al salario mínimo, es decir, $365 mensuales, según el artículo 38 del proyecto.

Visiones encontradas

La creación de una nueva Dirección de Mercados no es bien vista por concejales del FMLN, que prevén un aumento de precios por el cobro de las nuevas tarifas de adjudicación que establecería la Dirección según el proyecto, y porque creen que el Gobierno busca quitarles los mercados a las municipalidades, algo que aseguran viola la autonomía municipal.

Sin embargo, uno de los concejales de San Salvador Este, Hernán Carrasco, del Cambio Democrático (CD), cree que la nueva ley podría ayudar a ordenar los mercados en el país que considera sufren de muchas deficiencias como corrupción, desorden e insalubridad. «Existiría un mayor control y fiscalización, mejorando la higiene y seguridad, esto ayudaría a que más personas prefieran ir a comprar a los mercados», indicó.

Por el contrario, Simón Paz, concejal de San Salvador Centro por el FMLN, cree que la pretensión es una «clara injerencia en el quehacer municipal de parte de Ejecutivo» en donde la nueva Dirección tendría toda la potestad sobre los mercados, cuyos inmuebles pasarán a la Dirección. «El día de mañana no van a haber concejos municipales», auguró. Tanto Paz como Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este por el FMLN, no dudan de que los precios de los productos subirán si se aprueba la normativa.

Una de las disposiciones polémicas del proyecto es que los municipios que soliciten inversión para obras en los mercados «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble».

El concejal del partido Cambio Democrático en San Salvador Este, Hernán Carrasco, dio su respaldo al proyecto de Ley de la Dirección de Mercados Nacionales presentado por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa y, pese a las críticas sobre violación a la autonomía municipal, cree que puede mejorar la gestión de los mercados en el país.

«Pienso que la nueva ley mejoraría la gestión, la transparencia, la salubridad y garantizaría la libre competencia en los mercados», indicó.

Carrasco sostuvo que el sistema actual tiene «muchas deficiencias como el desorden, la corrupción y la falta de control real de los mercados» y la nueva normativa podría provocar potencialmente «una estandarización de la gestión a nivel nacional con reglas claras y homogéneas para todos los mercados».

También existiría un mayor control y fiscalización, mejorando la higiene y seguridad; esto ayudaría a qué más personas prefieran ir a comprar a los mercados.

Hernán Carrasco, concejal de San Salvador Este (CD).

Sobre la pérdida de autonomía municipal, aseguró que «las municipalidades han hecho muy poco» por la mejora en los mercados.

El regidor indicó que la nueva ley, que crea una nueva Dirección de Mercados Nacionales que estaría a cargo de los mercados intervenidos por el Ejecutivo, no provocaría aumento de precios en los productos en venta, como prevén concejales del FMLN.

«Si la administración es eficiente y transparente, los costos podrían incluso bajar y los productos para el consumidor serán más bajos. Si se evitan monopolios dentro de los mercados y se incentiva la competencia», señaló.

El proyecto de ley crea una Dirección de Mercados Nacionales que adjudicaría los puestos de venta a una tarifa que establecería la misma dirección y que recibiría en comodato los inmuebles de los mercados municipales que intervenga el Ejecutivo, ya sea en diseño, remodelación o construcción.

Así mismo, prohibiría en estos mercados ventas ambulantes o temporales en un perímetro de 100 metros y en los pasillos, así como multaría a los arrendatarios que no tengan sus locales completamente limpios.

Concejales del FMLN creen que la nueva Ley de Dirección de Mercados Nacionales, bajo estudio de la Asamblea Legislativa, violaría la autonomía de los municipios, aumentaría los precios de productos, debilitaría a los concejos municipales y se privatizarían los mercados municipales.

«Todo apunta a que hay un plan que tiene que ver con el hecho de desaparecer el municipalismo», dice el concejal Cayetano Cruz, concejal por el FMLN de San Salvador Este, municipio que reúne a los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

El funcionario recordó que a las municipalidades ya les han quitado parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), a algunas le han quitado la administración de los desechos sólidos, con la creación de la Autoridad Nacional de Desechos Sólidos (Andrés) y el pago por la certificación de partidas de nacimiento.

El concejal Simón Paz, parte del concejo de San Salvador Centro, que reúne a los distritos de San Salvador, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado, también cree que el objetivo es «desaparecer» las municipalidades con una injerencia total del Ejecutivo y tener el control territorial sin responder a las necesidades de las comunidades.

La potestad que la Dirección de Mercados va a tener es total. Hoy por hoy pasan en manos del Ejecutivo aquellos mercados en donde el Ejecutivo intervino a través de la DOM, Obras Públicas, esos mercados pasan tácitamente al Ejecutivo y el ejemplo más claro es San Miguelito, en una clara violación a la autonomía municipal.
Simón Paz, concejal de San Salvador Centro.

Ambos concejales se refirieron al artículo 23 del proyecto que obligaría a las municipalidades a manifestar su voluntad de entregar en «comodato» a la Dirección los inmuebles de los mercados intervenidos por cualquier institución del Poder Ejecutivo.

El artículo, aunque expresa que la entrega sería «voluntariamente», aclara que la municipalidad «deberá» manifestar la intención de entregar el inmueble al Ejecutivo si este lo interviene.

«Voluntario según el gobierno es obligatorio. Lo que está diciendo es que el Ejecutivo se va a tomar el tema de los mercados y obviamente será a través de privatizaciones para lo cual no dudo que se van a crear las sociedades de economía mixta para trasladarlas a manos privadas. Obviamente al inicio será bonito, mercados nuevos, con un poco de tecnología pero a la larga va a ser un costo más para la crisis económica de la canasta básica», dijo el concejal Cruz.

La abogada Roxana Cardona manifestó en redes sociales que, si los mercados se declaran de «utilidad pública», como lo indica el artículo 22 del proyecto, podrá «expropiarse», algo que coincide con la prohibición del dominio sobre los puestos de venta.

Este traslado «voluntario» de los mercados municipales intervenidos por el Ejecutivo, según el concejal Cruz, también buscaría trasladar los cobros por servicios, como actualmente hace municipalidades con la Autoridad Nacional de Desechos Sólidos (Andrés).

«Detrás de todo ese decreto va la privatización de los mercados, que va a elevar los precios. El Hula Hula tiene parqueo, espacios limpios, pero tiene costos. El tema del regateo eso se va a ir acabando. Un local pequeño en el Hula Hula, de $300 a $500 andan… Eso llevaría a que la canasta básica incremente».
Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este.

Así, el trasfondo del proyecto de Ley de la Dirección de Mercados, según el concejal Cruz, es «decir que las municipalidades no sirven» y «quedarse con todo lo que manejan las municipalidades» incluidos presupuestos millonarios, cita. «¿Quiénes van a ganar?, las sociedades de economía mixta porque los servicios ya no van a ser públicos, sino privados», cuestionó. El objetivo «es centralizar todos los fondos en una sola bolsa pero que no se van a ver revertido en desarrollo comunal», concluyó, por su parte, el concejal Paz.

Paz cree que el Gobierno está «allanando» un camino para desaparecer los concejos municipales porque quieren mantener el «control territorial».

«Esa entidad va a tener toda la potestad, adjudicar, desadjudicar, poner multa, los empleados municipales en los mercados están en el limbo… ¿Y cuál es el camino que lleva esto?, el día de mañana van a desaparecer concejos, yo más creo que ese camino están allanando, que el día de mañana no hayan concejos municipales y lo que por hoy está va a ser una figura no más para seguir teniendo el control territorial», manifestó.

Para el regidor, el debilitamiento de los concejos municipales afectará a las comunidades ya que «la razón de ser de un concejo municipal es el trabajo en función de las necesidades de las comunidades».

La nnministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos».nnEl proyecto fue recibido a las 11:42 a.m. del 1 de abril, sin convocatoria de prensa, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura, que ha programado su reunión el lunes 7 de abril a las 11:00 de la mañana.nnEl Gobierno argumenta que es necesario crear una Dirección que administre los puestos de venta o locales en los mercados y controle tanto a las personas o empresas que comercien en los espacios públicos, para «garantizar» una libre competencia y salubridad.nn

Esto sería lo más relevante de la nueva Ley de la Dirección de mercados y locales comerciales

n¿Cuáles mercados regulará?nMercados nacionales, locales comerciales en plazas, parques y espacios públicos. Habrá un «Registro Único de Puestos de Mercado» y un sistema informático de registro.nn¿Quién será la autoridad máxima?nLa ley crearía la «Dirección de Mercados Nacionales», que se relacionará con el Ejecutivo por medio de la Presidencia de la República.nEl nuevo director de Mercados Nacionales sería nombrado por el presidente de la República por un periodo de cinco años. Será la máxima autoridad. Deberá ser mayor de 30 años y tener «experiencia comprobable en materias relacionadas».nn¿Cómo se financiará?nPodrá recibir del Fondo General, de los cobros que realice y también podrá endeudarse. Podrán solicitar el Ejecutivo inversión para el diseño, construcción o remodelación de mercados municipales o de locales comerciales.nn¿Cuáles serán las atribuciones de la Dirección? –adjudicará los puestos de venta y podrá revocarlosnLa Dirección adjudicará los puestos de venta o locales o revocarán las adjudicaciones, y monitoreará el pago del arrendamiento de los puestos e impondrá sanciones. Usará los fondos para mejorar y expandir los mercados.nSegún el proyecto, la Dirección deberá dar «prioridad en la adjudicación» a los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado» y a «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».nEntre sus 15 atribuciones, también estarían: administrar los mercados, garantizar que los puestos de venta tengan energía, agua, servicios sanitarios, emitirá instrumentos normativos para los mercados. También definirá el horario de los mercados.nn¿Cuáles son las atribuciones más importantes que tendrá el director nacional de Mercados?n1. Conocerá y resolverá las solicitudes de adjudicación de los puestos de venta dentro de los mercados y de los locales comerciales dentro de plazas, parques o espacios públicos.n2. Revocará las adjudicaciones.n3. Firmará contratos de arrendamiento de los puestos de venta.n4. Impondrá sanciones por infracciones.n5. Fijará tarifas de arrendamiento de los puestos de venta.nn¿Podrán pasar los mercados municipales a la Dirección de Mercados Nacionales?nSí. Los municipios podrán solicitar inversión para obras en los mercados municipales, pero «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble» a comodato «a favor de la Dirección de Mercados Nacionales«.nEn todo caso, es decir, «sin perjuicio» de lo anterior, la Dirección también «podrá solicitar a los municipios la entrega de los referidos mercados y locales cuando lo considere pertinente».nn¿Qué prohibiciones tendrán los mercados?n1. Ventas ambulantes dentro de 100 metros de superímetro.n2. Puestos en los pasillos o vías de circulación interior.n3. Transferencia de puestos de venta.n4. Almacenar sustancias prohibidas, promover juegos de azar, efectuar negocios no relacionados al giro y otros.nn¿Cuáles serán las infracciones?nLas muy graves serán almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, explosivos, material peligroso o hacer desórdenes públicos. Las graves serían realizar acciones que alteren la disciplina y orden del mercado, plaza, parque o espacio público, botar basura, obstruir pasillos; y las leves, mantener el puesto de venta sucio, sin depósitos de basura.nn¿De cuánto serán las multas para los puestos de venta?nDe $5 a $25 para infracciones leves; de $26 a $50 para infracciones graves; y revocación de la adjudicación para infracciones muy graves.

Cuatro diputados de Nuevas Ideas presentaron un proyecto para reformar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) con el objetivo de evitar que los legisladores se abstengan en las votaciones de las iniciativas propuestas.

La reforma propuesta consiste en agregar un inciso final al artículo 86: «Las votaciones deberán consignarse a favor o en contra, de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución».

En su solicitud, los diputados argumentan que las votaciones «de lo que se presente a consideración» de la Asamblea Legislativa «deberían de someterse dichas votaciones ya sea a favor o en contra», «para una mayor certeza jurídica».

La iniciativa de reforma es firmada por los diputados Ernesto Castro, Suecy Callejas, Elisa Rosales y Alexia Rivas, todos legisladores integrantes de la junta directiva del Legislativo.

La propuesta para evitar los votos en abstención de los diputados pasó a estudio de la Comisión Política, que está convocada a reunirse el lunes 7 de abril a las 2:00 de la tarde, día en que entrevistará a cuatro candidatos a procurador general.

Actualmente, el reglamento únicamente establece que los diputados pueden votar a mano alzada o por medio electrónico, y también de manera nominal y pública, a viva voz, después de nombrar a cada diputado.

También establece que los diputados podrán «razonar» su voto por un máximo de cinco minutos o de forma escrita a la junta directiva.

El mismo reglamento establece como derechos de los diputados «participar con voz y voto en las sesiones plenarias» así como a votar según su voluntad individual y sin ninguna coacción.

El sistema de conteo de votos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa registra tres tipos de votos: a favor, abstención y en contra. Un diputado también puede optar por no registrar ninguno de los tres tipos de votación, no presionando el botón o no levantando su mano.

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la abstención es una «opción voluntaria de participar en una votación parlamentaria sin manifestarse a favor ni en contra».

El artículo 125 de la Constitución establece: «Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan».

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación» para facilitar la legalización de propiedad de más de mil inmuebles a favor del Ministerio de Educación y Tecnología.

Con la reforma a la ley original, aprobada en 2015, los procesos para que las propiedades sean inscritas a favor de Ministerio se apilarán no solo a los terrenos donde operan centros educativos sino aquellos «en los que tenga interés el Ministerio, que sean propiedad de personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado».

Esta nueva disposición es introducida en el artículo 2 de la normativa, cuyos efectos fueron prorrogados por cinco años más, hasta el año 2030.

La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, detalló que la ley actual ha permitido legalizar 1,976 inmuebles a favor del Ministerio de Educación, en donde funcionan 1,618 centros educativos, pero aún faltan 1,636 inmuebles que «deben ser legalizados» en donde hay 1,232 centros educativos «por encontrarse en terrenos que no están inscritos a favor del Mined». Merlos rechazó que sea expropiación.

Podrá aplicarse a hipotecados o bajo el ISTA

La reforma permitirá aplicar las disposiciones también a las propiedades hipotecadas o bajo legalización del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ya que fue eliminada la exclusión que se hacía de estas condiciones en el artículo 4.

Listado con información del CNR

La reforma también establece que la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP) del Ministerio de Vivienda, a petición de Ministerio de Educación, realizará los levantamientos topográficos de los inmuebles que formarán parte del listado de interés del Ministerio de Educación y serán presentados al Centro Nacional de Registros (CNR) para su revisión hasta tener una «resolución favorable».

Así mismo, la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) extenderá la reposición de los testimonios de los títulos de propiedad de los inmuebles en 30 días hábiles, «independientemente de qué fuere el titular del derecho», «con el solo requerimiento por escrito del Ministerio».

Con la reforma, la publicación necesaria para que se ciudadanos terceros se opongan a la legalización de propiedad se reducirá de dos a una sola vez en el Diario Oficial y el plazo para presentarse será 60 días. El listado también se publicará en el sitio electrónico del Ministerio de Educación.

¿Cómo será el proceso?

Si el Ministerio posee bienes inmuebles sin un título de dominio escrito, podrá «titular su derecho» mediante un proceso abreviado ante juez competente o notario.

Una condición es la posesión pacífica por al menos siete años. La reforma dice que, si hay un poseedor distinto, «bastará con la declaración jurada otorgada por el titular o a quien delegue para probar la posesión».

1. Ante notario el fiscal presentará solicitud escrita que exprese que el Ministerio es el poseedor.
2. El notario citará al síndico municipal y persona de quien se haya adquirido el inmueble, publicará un edicto en un periódico de circulación nacional, abrirá a pruebas en tres días hábiles.
3. Inspección del inmueble con un perito y ordenará citar al síndico municipal y se establecerá la posesión con base en la inspección, la prueba documental y la prueba testimonial.
4. Si hay derechos de varios propietarios (proindivisos) se realiza un proceso diferente: el fiscal presentará solicitud escrita ante notario, que realizará la inspección con perito, citando a los colindantes y al menos un copropietario, se levantará acta y la resolución.

Con 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este martes el «Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024» que el Ministerio de Hacienda debe rendir en cumplimiento del artículo 168 ordinal sexto de la Constitución de la República.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron.

El informe indica que las 140 instituciones del Estado presupuestaron un total de $17,650.9 millones de ingresos y en realidad ingresaron $16,678 millones, un 94.4 %.

También indica que de un total de $17,650.9 millones de egresos presupuestados, las 140 instituciones gastaron o ejecutaron $15,379.4 millones, un 87.1 %.

El Estado –gobierno central, descentralizadas no empresariales y empresas públicas– tiene un total de activos de $25,056.2 millones, según el informe, lo cual incluye el patrimonio estatal mu00e1s pasivos o deudas.

El informe tiene detalles de gastos como los siguientes:
-El Gobierno Central presupuesto $2,695 millones en remuneraciones y ejecutó $2,685 millones. En remuneraciones permanentes previó $1,718 millones y ejecutó $1,715 millones. El resto son remuneraciones eventuales, gastos de representación u otros.
-El sistema penitenciario erogó $165.4 millones, cantidad similar a la programada.
-Se ejecutaron $14.1 millones en pasajes y viu00e1ticos. Se habían programado $15.1 millones.
-Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia programó $38.4 millones pero se ejecutaron $22.3 millones.
-Inteligencia del Estado programó $43.5 millones y ejecutó $43.5 millones.
-La Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República proyectó un presupuesto de $37.2 millones y ejecutó $14.7 millones.

El artículo 168 de la Constitución ordena como obligación del presidente de la República «presentar dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año el informe de labores de la Administración Pública en el año transcurrido».

El mismo artículo obliga al ministro de Hacienda «además, dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada periodo fiscal, la cuenta general del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal».

La Constitución advierte que, si no se cumplen estas obligaciones, «quedará por el mismo hecho depuesto el ministro que no lo verifique», lo cual será notificado al presidente para que nombre al sustituto.

La deuda que el Estado salvadoreño tiene con el Fondo de Pensiones de los trabajadores que cotizan en las AFP creció en febrero de 2025 a $10,619.74 millones, 20 % de la cual fue adquirida desde la reforma de pensiones de diciembre de 2022.

Un total de $8,395.73 millones corresponde a la deuda de pensiones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que es la deuda heredada de periodos antes de la reforma de diciembre de 2022 y que antes estaba en Certificados de Inversión Previsional (CIP).

La reforma de diciembre de 2022 continuó permitiendo que el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) pueda emitir Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para que estos puedan ser adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) hasta en un 100 % y así el ISP pueda pagar las pensiones de jubilados del Sistema de Pensiones Público (SSP).

Desde la reforma, la deuda de pensiones en COP suma $2,224.01 millones, un 20.94 % del saldo de la deuda registrada por el Banco Central de Reserva.

Desde abril de 2023 a febrero de 2025, el saldo promedio emitido en nuevos certificados o COP ha sido de $96 millones mensuales según el registro del BCR, aunque se desconoce si el reporte de abril de 2023 incluye emisiones de meses anteriores.

Por otra parte, el saldo de la deuda estatal de pensiones emitida a través de CIP, ahora expresada en CFT, no estu00e1 recibiendo amortizaciones de intereses y capital por el acuerdo al que llegaron el Gobierno y las AFP de cuatro años de gracia, para reanudar el pago de capital e intereses del Estado al Fondo de Pensiones de los trabajadores cotizantes de las AFP.