La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el decreto «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda«, que faculta a este Ministerio como encargado de otorgar los permisos de construcción de proyectos calificados como de interés social, de construcciones de dimensión menor a 250 metros cuadrados si la municipalidad no tiene capacidades técnicas y de torres de telecomunicaciones.
El decreto fue aprobado con 56 votos a favor, de Nuevas Ideas y sus aliados.
Según el decreto, será infracción grave obstaculizar la verificación del Ministerio de Vivienda en los proyectos de construcción y será infracción muy grave realizar obras de construcción o instalar torres sin el permiso respectivo del Ministerio de Vivienda. La infracción grave implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada; y la muy grave, del 6 % al 10 %.
Los permisos que serían gestionados en el Ministerio de Vivienda incluirían, por ejemplo, factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.
Los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).
De acuerdo con el decreto, los trámites iniciados en las municipalidades serán asumidos por el Ministerio de Vivienda si esta cartera de Estado determina que la oficina municipal carece de capacidad técnica para otorgar los permisos.
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves disposiciones especiales que eliminan el requisito de incluir plazas para vehículos o estacionamientos en los proyectos de construcción, salvo para personas con discapacidad, embarazadas, adultos mayores y vehículos de emergencia.
“Se prohíbe exigir como requisito para la obtención de factibilidades, calificaciones, permisos, licencias para funcionamiento, autorizaciones o cualquier otra de similar naturaleza la obligación de proyectar y construir plazas o espacios destinados para estacionamientos”, indica el artículo 3 de las aprobadas “Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos”.
Según el decreto, el objetivo es «simplificar los trámites» para que los inversores o constructores obtengan «calificaciones, factibilidades, licencias, permisos y autorizaciones»; la prohibición de exigir obligatoriamente la construcción de parqueos aplicará a las «distintas instituciones de gobierno, instituciones autónomas, municipalidades y oficinas de planificación».
El decreto sancionará a los funcionarios o servidores públicos que contravengan dichas prohibiciones. Según Nuevas Ideas, esto significa que la construcción de parqueos en la construcciones será «opcional». «Era un intervencionismo ineficiente. El parqueo no desaparece, lo que desaparece es la obligación irracional de construirlo donde no hace falta», indicó el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, rechazó el decreto. “La calidad de vida de la gente que vive con el estrés día a día de no saber si va a llegar a su casa y va a encontrar parqueo para dejar su carro seguro en la noche, déjeme decirle que a esa gente sí le importa”, indicó Ortiz. La diputada agregó que se le quita a las municipalidades y a la Opamss (Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador) “si conviene o no exigir este requisito”.
“Si se quita este requisito de forma generalizada en todo el país, incluso habría sanciones para aquellas instituciones o funcionarios que exijan este requisito, estaríamos afectando en las zonas urbanas la calidad de vida de la gente porque se genera desorden”. Claudia Ortiz (Vamos).
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que entiende la finalidad pero cuestionó qué pasará con los proyectos habitacionales que se están construyendo en San Salvador y La Libertad. “¿Qué es lo que va a pasar? Al final van a construir y van a dejar sin parqueo, y el problema van a estar molestando a los otros vecinos, y va a ser de verdad un desorden”, indicó.
La diputada de Arena, además, pidió mejorar la redacción ya que esta ley es de “carácter especial” pero que la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) también fue aprobada con “carácter especial”. “Hay un choque de leyes”, observó.
“El problema más grande de que si hay parqueo o no es el desorden que hay porque no existe un buen sistema de transporte público en nuestro país, hay que orden el sistema de transporte público que dé un transporte de calidad para que las personas no tengan que estar comprando carro”. Marcela Villatoro (Arena).
“No estamos prohibiendo que construyan casas o apartamentos con parqueos”, dijo por su parte el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, quien calificó el requisito de absurdo, ya que “ha encarecido la vivienda”. Agregó que muchas veces otras personas viven otras realidades y no se ve la necesidad de la mayoría de la población.
“¿Por qué no hay más proyectos como la IVU o la Zacamil? Porque esta ley que ahora estamos cambiando ha impedidos por décadas que se construyan apartamentos de vivienda social porque siempre los obligan a incluir en el precio el costo de los parqueos”. Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas.
Posteriormente, la diputada Ortiz aseguró que “el tema no lo están abordando con la seriedad que lo amerita” y sugirió “incentivos reales y oferta de vivienda social”.
Recordó que, se había reforzado a la Presidencia de la República con $16.7 millones, mientras el presupuesto del Ministerio de Vivienda asciende a $11 millones de los cuales se destinan $5 millones para inversión. “Ese es el problema, colegas, y no son los parqueos”, dijo.
El diputado Castro respondió que se busca bajar los costos de los inversionistas para que puedan ofrecer las viviendas a un precio accesible a los salvadoreños. “Y siguen hablando preocupados de qué va a pasar en la Escalón y la San Benito, nosotros estamos enfocados en la vivienda social”, reclamó.
Al final de la discusión, el decreto tuvo 57 votos a favor y un voto en contra. Las dos diputadas suplentes de Arena pidieron posteriormente que se les consignara sus votos en contra del decreto correspondiente al dictamen 17 de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial. El diputado Castro dijo que no estaban incorporadas.
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves dos reformas presupuestarias para inyectar un total de $3.42 millones a los presupuestos de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y al Consejo Nacional de Especialidades Médicas (Conadem) para que estas nuevas instituciones creadas por leyes el año pasado puedan empezar a funcionar.
Los diputados, sin discusión, aprobaron las reformas: la reforma para ANDRES fue aprobada con 55 votos y dos votos en contra de Arena; y la reforma para inyectar fondos al Conadem fue aprobada con 56 votos y un voto en contra de Vamos.
ANDRES fue creada a través de la Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos el 20 de diciembre de 2024; mientras, Conadem fue creada a través de la Ley de especialidades de las profesiones médicas aprobada el 4 de abril de 2024.
ANDRES, que se encargará de la recolección de basura enalgunos municipios como San Salvador Centro, San Salvador Este, La Libertad Costa, La Libertad Este y La Paz Este, tendrá 171 empleados.
Es una institución adscrita al Ejecutivo mediante el Ministerio de Obras Públicas y Transporte que recibirá el 50 % de las tasas municipales para el aseo y la gestión de desechos. ANDRES tiene la facultad de asumir la recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos «en sustitución de las municipalidades de forma completa o suplementaria». Podrá emitir y colocar bonos, titular activos y constituir fidecomisos.
Mientras, Conadem, que se convirtió en la única entidad autorizada para certificar especialidades y subespecialidades médicas en El Salvador, tendrá 45 empleados.Estos serán los presupuestos de ANDRES y ConademPresupuesto 2025 de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) 1. Remuneraciones: $1,641,483. Remuneraciones en Dirección y administración: $545,363. Remuneraciones en Logística y recolección: $1,095,120. 2. Bienes y servicios: $513,000. Bienes y servicios en Dirección y administración: $493,000. Bienes y servicios en Logística y recolección: $20,000. 3. Gastos financieros y otros: $92,000. 4. Activos fijos: $70,000. Total: $2,316,483
Presupuesto 2025 del Consejo Nacional de Especialidades Médicas (Conadem) 1. Remuneraciones: $463,575. Remuneraciones en Dirección y administración: $396,980. Remuneraciones en Regulación y autorización de especialidades médicas: $66,595. 2. Bienes y servicios: $575,000. Bienes y servicios en Dirección y administración: $357,248. Bienes y servicios en Logística y recolección: $217,752. Gastos financieros y otros: $23,775 (seguros). Activos fijos: $50,000. Total: $1,112,350
Con 56 votos a favor y dos en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma al presupuesto 2025 para transferir $53.9 millones a siete instituciones públicas: $16.7 millones a la Presidencia de la República, $16 millones al Ministerio de Economía, $8 millones a Salud, $4 millones a Cancillería, $4 millones a Seguridad, $3 millones Turismo y $2.2 millones a Obras Públicas.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó la falta de transparencia sobre el destino de los fondos dirigidos a la Presidencia de la República.
“No dice para qué va, no se da el detalle de a qué partidas presupuestarias se van a asignar estos recursos, Presidencia de la República tiene muchas áreas, comunicaciones, prensa, verdad, ahí es donde se paga mucha publicidad también, este decreto es un ejemplo de por qué la gente les reclama y les dice puyabotones”, cuestionó en el pleno.
Después de la participación de Ortiz, el diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, indicó que es una “reorientación de recursos” y que “actualmente diferentes instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos que ya se habían planteado para lo que resta del año”.
Luego, el diputado de Nuevas Ideas leyó la distribución de los fondos en este orden: $4 millones para Cancillería, $4 millones para Seguridad, $8 millones para Salud, $16 millones para Economía, $2.2 millones para Obras Públicas, $3 millones para Turismo y $16.7 millones para Presidencia.
Después, la diputada de Vamos, quien mencionó la “deplorable” situación del sistema de salud salvadoreño, le preguntó al diputado de Nuevas Ideas: “¿Cuáles son esas necesidades impostergables?, ¿será que los diputados de la Comisión de Hacienda tuvieron el valor de preguntarle a los funcionarios de Hacienda cuáles son las necesidades prioritarias e impostergables que se van a cubrir en la Presidencia con $16.7 millones”. La diputada preguntó si se aumentará presupuesto a Inteligencia o Comunicaciones, e insistió en preguntar en qué se van a usar esos $16.7 millones. “¿O van a callar?, la gente merece saber”, indicó.
El diputado Zaldaña volvió a pedir la palabra y respondió a Ortiz invitándola a asistir a la Comisión de Hacienda. “Veo que no entienden el tema algunos, entonces la invitación es para que puedan llegar a la Comisión. Hagamos un poquito más de esfuerzo para que puedan de verdad trabajar”, le dijo.
La diputada Claudia Ortiz volvió a pedir la palabra: “Diputado, no es mi obligación ir a la Comisión de Hacienda pero sí es la suya y es su obligación siendo parte de la Comisión indagar al máximo cuáles son los detalles de los proyectos de ley… ¿Y usted solo dice amén a todo?”. Zaldaña ya no le respondió y el dictamen se sometió a votación.
“Cerrando esta discusión que tenemos en estos momentos, no habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, lo someteré a votación”, dijo el presidente legislativo. La votación tuvo dos votos en contra de las diputadas Marcela Villatoro y Claudia Ortiz; y 56 votos a favor.
El decreto aprobado de reforma al presupuesto 2025.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este jueves modificar la agenda de la sesión plenaria con el fin de introducir la aprobación de un pronunciamiento por el «Día del médico» el 14 de julio y una segunda iniciativa a favor del ingreso de una solicitud de estudiantes de medicina para que les aprueben plazas para realizar su internado rotatorio ad honorem.
«Atrasarse para ellos es algo delicado, ellos decían nosotros lo que queremos es trabajar gratuitamente aunque sea, pero no perder nuestro año escolar. La idea es permitirles abrirles esas plazas ad honorem, sin remuneración y así que no se atrasen», argumentó la diputada al inicio de la sesión plenaria de este jueves, casi a las 12 del mediodía.
Villatoro explicó que únicamente se han dado 84 plazas remuneradas para que los estudiantes de medicina hagan su internado rotatorio. La diputada explicó que los estudiantes le dijeron que lo que no quieren es atrasarse en sus estudios.
La propuesta, detalló, era aprobar un dictamen recomendable dirigido al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, sometió a votación la solicitud, pero no tuvo votos suficientes para ser agendada en la sesión plenaria. «Votos en contra», pidió Castro. Ningún diputado votó en contra. «Votos a favor. Tres votos a favor, no hay resolución», expresó esta mañana Castro. Solo votaron Villatoro, Francisco Lira (Arena) y Claudia Ortiz (Vamos).
El gobierno de El Salvador afirmó que las autoridades salvadoreñas «no han arrestado, detenido o transferido» a los venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), según un documento oficial de las Naciones Unidas entregado por representantes de cuatro venezolanos en una demanda judicial contra el gobierno de Estados Unidos. Además, alegó que no tiene responsabilidad jurisdiccional sobre los mismos y que solo facilita la infraestructura carcelaria.
El documento, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por los demandantes, es la respuesta del gobierno de El Salvador a la investigación sobre una demanda de cuatro familias que alegaban la desaparición de sus familiares, enviados el 15 de marzo de 2025 al Cecot, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (GTDI) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«El Estado salvadoreño afirma enfáticamente que sus autoridades no han arrestado, detenido o transferido a las personas a las que se hace referencia en las comunicaciones del Grupo de Trabajo. Las acciones del Estado de El Salvador se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, a través de la cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de las personas detenidas dentro del ámbito del sistema de justicia y la aplicación de la ley de ese otro Estado», respondió el gobierno de El Salvador.
La respuesta del gobierno salvadoreño, que no ha sido publicada oficialmente, indica que la responsabilidad jurisdiccional y legal «recae exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes en virtud de acuerdos internacionales firmados y de acuerdo con los principios de soberanía y cooperación internacional en el ámbito penal».
«En este sentido, las acciones atribuibles al Estado salvadoreño son limitadas a su soberanía y jurisdicción territorial, por lo que no puede ser considerado responsable de la falta de observancia del principio de no devolución respecto a las personas mencionadas». Gobierno salvadoreño ante la Oficina de la ONU.
Este jueves, fue consultado al respecto el subsecretario principal de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una conferencia virtual con periodistas latinoamericanos sobre la aplicación de autodeportación CBP Home. Únicamente respondió la pregunta sobre la aplicación, sin referirse a los venezolanos recluidos en el CECOT: «La primera parte de esta pregunta que puedo responder es que la aplicación CBP Hom está disponible para cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos».
«No quiero adelantarme a ningún anuncio sobre la pregunta secundaria», agregó, en referencia a la pregunta sobre si cree que Estados Unidos tiene jurisdicción sobre los venezolanos.
Desde el 15 de marzo, el gobierno estadounidense, usando la Ley de enemigos extranjeros de 1798, envió 252 migrantes venezolanos que fueron recluidos en el Cecot mediante un acuerdo de $6 millones anuales, alegando que eran miembros de la pandilla Tren de Aragua. El hecho es objeto de una polémica sobre la falta de debido proceso, ya que algunos son migrantes deportados bajo la ley migratorio Título 8 o no han sido llevados a audiencia ante un tribunal antes de ser recluidos en una cárcel.
El mecanismo no se ha suspendido, sin embargo, no se ha conocido de deportaciones recientes al CECOT pero la polémica sobre la jurisdicción real sobre los deportados del CECOT se mantiene.
Un 67.3 % de los salvadoreños –dos de cada tres– que residen en los Estados Unidos califican como «muy bueno» o «bueno» el desempeño del gobierno de El Salvador según una encuesta realizada por la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera.
El estudio indica que el 44.2 % de los salvadoreños en EE.UU. considera el desempeño del gobierno como «muy bueno» y el 23 % lo califica de «bueno», sumando un 67.3 %, aproximadamente siete de cada diez salvadoreños en EE.UU.
El resto de la población que reside en el país norteamericano, un 32.7 %, califica el desempeño del gobierno salvadoreño como regular, malo o muy malo, o no responden.
De la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, las personas mayores son las más optimistas con el gobierno de Bukele: mientras un 37.4 % de los jóvenes entre 18 y 25 años piensan que es «muy bueno» el desempeño del gobierno salvadoreño, este porcentaje sube a un 54.5 % entre los mayores de 65 años.
La calificación «regular» es más abundante en los jóvenes que en los mayores. Por ejemplo, un 23.1 % de los jóvenes entre 18 y 25 años lo califican de esa manera, mientras solo lo hacen de esa forma un 9.9 % de las personas mayores de 65 años.
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La encuesta fue realizada en línea a una muestra de 1,020 encuestas con un margen de error de 3.1 % y un nivel de confianza del 95 % con una estrategia de anuncios segmentados en redes sociales y reclutadores residentes en Estados Unidos, y por invitación en correo electrónico o redes sociales, sin control directo sobre variables demográficas.
El nuevo Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem) ya registró 5,560 médicos o profesionales de salud en diferentes especialidades y el detalle de los ya inscritos puede consultarse en el sitio web conadem.gob.sv.
El presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, es uno de los registrados como especialista en Infectología, con un número único. Solano Leiva es uno de los 1,384 médicos con certificación de especialistas incluidos en un directorio que el Conadem ha hecho público. Por ley, el Conadem debe publicar un registro de especialistas autorizados y un listado de certificaciones suspendidas o canceladas.
En el sitio se detalla dónde realizó su especialidad, en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en 1996 y en el Hospital de Infectología del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1999.
El sitio web dispone un lugar para colocar las amonestaciones. «No se han encontrado amonestaciones», indica el registro del presidente del Colegio Médico.
El lunes, en una entrevista televisiva, Solano Leiva hizo un llamado general el lunes a los médicos de El Salvador para que se registren en el Conadem; mientras, el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Ramos Hinds, aseguró que aún no ha recibido una notificación sobre su inscripción en el registro. Ese día, Solano aseguró que los médicos en el país viven bajo un régimen de «ver, oír y callar».
El Conadem será la única instancia que podrá certificar a los profesionales de la salud –médicos y técnicos– para poder ejercer en El Salvador. Las credenciales tienen una duración de un año y su precio es establecido por el Conadem. Si no se certifican enfrentan una multa de hasta $180,000 e incluso a la suspensión o cancelación de su especialidad, con lo cual no podrán ejercer su profesión. Los médicos con especialidades tienen un periodo transitorio de seis meses para obtener su credencial luego de un proceso de obtención de unidades valorativas evaluadas por un Comité Nacional de Educación Médica para lo cual el Conadem otorgará un periodo de 18 meses.
El Conadem tendrá un presupuesto de $1.1 millón que le será transferido de Hacienda para lo que resta del año, de los cuales $463,575 será destinado a las remuneraciones de 45 empleados, $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para compras de seguros de bienes y personas, y $50,000 para muebles y equipos informáticos.
La Asamblea Legislativa aprobará en la próxima sesión plenaria el contrato de préstamo por $71,847,393.66 de Deutsche Bank para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito de La Libertad.
El proyecto incluye la construcción de cinco estaciones de bombeo «que se han identificado como el Cementerio, El Obispo, Conchalío, Chilama Oeste y Chilama 2 Norte», una planta de tratamiento de aguas residuales, y una red de alcantarillado de 31.5 kilómetros de longitud y 764 unidades de pozos, detalló el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera.
En la carta que envió el ministro de Hacienda, Jerson Posada, a la Asamblea Legislativa, detalla que el MOPT suscribirá contrato con la sociedad ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. para la construcción.
«En el marco de la Ley especial para la contratación de obras públicas y servicios esenciales con financiamiento incluido, es el que el MOPT impulsó el proceso y financiamiento que en esta oportunidad estamos solicitando su ratificación», explicó el director Herrera a los diputados de la Comisión de Hacienda.
El contrato C-10/2024 estará a cargo de la empresa española ASCH Infraestructura y Servicios, que serían los responsables de las cinco intervenciones y de la ejecución del proyecto.
El gobierno promete contribuir a la sostenibilidad del recurso hídrico en la zona del río Chilama en La Libertad y beneficiaría «más de 8,000 familias» de la zona. Actualmente, según el sitio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ya existe una planta de tratamiento en el río Chilama.
La Asamblea Legislativa suma un total de $1,235.7 millones en nueve préstamos autorizados o aprobados, tomando en cuenta el crédito adicional de $120 millones para transporte e infraestructura resiliente que será autorizado y otro por $75 millones para educación o manejo de caja fiscal que será aprobado en una próxima sesión plenaria.
Del total de préstamos que han pasado este año por el Legislativo, seis por $940,747,393.7 están aprobados, o por aprobarse, si se cuenta el otorgado por Deutsche Bank que asciende a $71.8 millones y cuyo dictamen fue avalado el lunes y por tanto su aprobación pasará en una próxima sesión plenaria.
Los préstamos aprobados tienen como destino infraestructura de datos, Surf City I, sostenibilidad macroeconómica, atención de salud, fortalecimiento integral de la educación, pago de obligaciones o manejo de caja fiscal, además de la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama, que será aprobado en la próxima sesión.
Dos créditos, uno por $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para modernización del sistema educativo y otro del CAF por $75 millones para salud o manejo de caja fiscal, ya recibieron la autorización legislativa para ser suscritos, pero aún no han sido aprobados, proceso que los diputados conocen como «segunda vuelta» o segunda votación.
La finalidad de dos de los créditos otorgados por la CAF será «atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal» indica el artículo 2 de su decreto de autorización, aunque fueron originalmente a «programas sectoriales» de apoyo a la educación y a la salud en El Salvador. De estos empréstitos, uno está aprobado y el otro únicamente autorizado.Garantías a deudas de autónomasAlgunas instituciones están facultadas a asumir deudas directamente sin que estas sean aprobadas por la Asamblea Legislativa, sin embargo, los acreedores les exigen garantías estatales para respaldarlas.
Así, durante el mismo año, la Asamblea Legislativa ha visto garantías soberanas para respaldar créditos de instituciones autónomas por $970,988,636.4, contando la garantía para el préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por $150 millones para energía geotérmica cuyo dictamen ya está aprobado en Comisión de Hacienda.
Sumando únicamente las garantías que respaldaron créditos nuevos, los préstamos y garantías de créditos que han pasado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, el presente año, suman $1,625,747,394. Si se tomaran en cuenta garantías de créditos de años anteriores, dicha suma se dispara a $2,206,736,030. Cuatro garantías aprobadas en febrero corresponden a deudas de años anteriores.
Es así como las nuevas deudas suscritas por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda o por instituciones autónomas como la CEL, Fondo Social para la Vivienda y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) que han pasado este año por la Asamblea Legislativa suman $1,625 millones.
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