Autor: Yolanda Magaña

El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, aseveró el lunes que, de los $39 millones presupuestados para el año 2015 del préstamo del Banco Mundial de $150 millones para transporte e infraestructura resiliente, ya se ejecutaron $14 millones o $15 millones.

El contrato de préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco Mundial, fue autorizado el 9 de enero y aprobado (ratificado) el 9 de abril de 2024 por la Asamblea Legislativa. De esta cantidad, se han incorporado $39 millones al presupuesto de 2025.

«Solamente en este año lleva asignado $39 millones de los cuales de los cuales ya se ejecutó casi el 50 por ciento por el Ministerio de Obras Públicas», expresó el director de Crédito Público a los diputados de la Comisión de Hacienda, el pasado lunes, cuando solicitó la autorización para suscribir un segundo préstamo para el mismo proyecto, pero que se destinará en su mayoría para la construcción del puente atirantado que compone la estructura del bypass de Apopa.

Según Herrera, el financiamiento del primer préstamo «está cubriendo» «la infraestructura vial excepto el bypass, la obra del puente» y los $14 millones ejecutados corresponden «posiblemente a anticipos que se entregan a las empresas proveedoras, estudios, diseños, así como la contratación de la unidad ejecutora responsable del proyecto».

En el Portal de Transparencia, hasta mayo de 2015, aparecían $10,991.50 ejecutados, de un total de $39,704,500 programados para el año fiscal 2025, aunque $57,908.17 ya aparecían comprometidos para ese entonces.

La infraestructura estará entre Apopa (San Salvador Oeste), Tonacatepeque (San Salvador Este) y Ciudad Delgado (San Salvador Centro).

El nuevo contrato de préstamo por $120 millones con el BIRF se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» e incluye la construcción de una carretera de circunvalación de 13 kilómetros, pasos subterráneos y elevados, diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias, iluminación, señalización de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal, y el puente con una estructura «atirantada».

El puente «atirantado» del bypass de Apopa tendrá una longitud de 320 metros con dos pilones que sostendrán los cables, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros, y cuatro carriles de circulación.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele respondió con una carcajada a una noticia sobre una iniciativa demócrata presentada en el Senado de Estados Unidos que sugiere sanciones contra él y sus funcionarios que hayan cometido «graves violaciones de derechos humanos» y que exige al secretario de Estado de EE.UU. presentar un informe sobre las compras de bitcoin por el gobierno salvadoreño.

«Los demócratas están simplemente salados», escribió Bukele en X.

La iniciativa de «Ley de responsabilidad de El Salvador de 2025» fue presentada el 12 de julio por el senador Chris Van Hollen y otros senadores demócratas; y remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La iniciativa propone sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el presidente Bukele, el vicepresidente, Félix Ulloa, y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda, Justicia y Seguridad, Turismo, procurador general de la República, el presidente del Banco Central de Reserva y cualquier persona extranjera en El Salvador que trabaje en nombre del gobierno o partido político «que haya cometido graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos», haya «participado en la aceptación de dinero de contribuyentes estadounidenses para privar de libertad a estadounidenses», o que haya dado apoyo para dichos fines.

En el proyecto demócrata se sugieren sanciones como bloqueo de bienes y transacciones en Estados Unidos, inadmisión, no elegibilidad para visas o no libertad condicional para extranjeros bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad; revocatoria de visas vigentes; prohibición de préstamos.

La solicitud demócrata también plantea, al final de la misma, que el secretario de Estado de EE.UU. entregaría un informe sobre las acciones del presidente Nayib Bukele y funcionarios salvadoreños «que utilizan criptomonedas como mecanismo para la corrupción flagrante, el soborno y la evasión de sanciones», con detalles de la cantidad de fondos del gobierno salvadoreño para comprar bitcoin y otras criptomonedas, una lista de plataformas de intercambio utilizadas para ello, direcciones de depósito, personas con acceso.

HAHAHAHAHAHAHA the Dems are just salty… https://t.co/O6CLtZuV46

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 8, 2025

La Comisión de Hacienda aprobó ayer el dictamen favorable 105, con el fin de aprobar en la sesión plenaria del jueves un contrato de garantía estatal que respalda el préstamo 9788-SV por $150 millones que el Banco Mundial otorgará a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

El contrato de préstamo fue suscrito el 6 de mayo por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el 2 de mayo por el representante de la CEL y el 12 de junio por el ministro de Hacienda.

Los $150 millones se destinarían al financiamiento del «Proyecto de energía geotérmica para el desarrollo sostenible e inclusivo de El Salvador».

En la misiva enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el funcionario menciona que se adjuntó una copia del contrato de garantía, el cual no ha sido publicado por la Asamblea Legislativa junto al proyecto de decreto.

La Comisión de Hacienda aprobó el dictamen favorable número 105 este lunes. Con esta aprobación la Asamblea Legislativa suma un total de $730,988,636 respaldados en garantías estatales para préstamos de CEL, de los cuales $580,988,636 fueron adquiridos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que corresponden a deudas suscritas en 2008, 2017, 2022 y 2025.

La Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa establece como una atribución de la CEL «obtener préstamos directos, emitir y colocar bonos en los mercados interno y. externo, titularizar activos y otras obligaciones ya sea de forma directa o a través de sociedades mercantiles que forme para tal fin» aunque no podrá hipotecar o gravar sus instalaciones y demás bienes.

El Ministerio de Vivienda podrá imponer multas de hasta 10 % el valor de la obra o incluso demolerla si no tiene su autorización cuando se trate de torres de telecomunicaciones, viviendas sociales y áreas de construcción menores a los 250 metros cuadrados si dicho Ministerio determina que la municipalidad no tiene capacidad.

Según las nuevas disposiciones, en estos cass, será infracción «muy grave» no construir con el permiso del Ministerio de Vivienda e implicará multas desde el 6 % hasta el 10 % del valor del terreno o la obra.

El decreto «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda» fue aprobado ayer como dictamen favorable para que sea aprobado formalmente en una sesión plenaria por la Asamblea Legislativa.
Evaluará a municipalidadesEl Ministerio de Vivienda será la autoridad competente de dar los permisos en la construcción de viviendas declaradas de interés social y de torres de comunicaciones.

En el caso de los proyectos de construcción con áreas menores a 250 metros cuadrados asumirá los permisos, si el mismo Ministerio determina que la municipalidad no tiene capacidad técnica para otorgarlos o realizar los trámites.

Por ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).
Vivienda hará inspecciones físicasDificultar la verificación que haga el Ministerio de Vivienda sobre los proyectos de construcción en los que tenga competencia será infracción grave e implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada. También lo será omitir las normas técnicas de los planes y documentos aprobados, y no acatar suspensiones de obras ordenadas por el Ministerio por haberse realizado sin autorización del mismo.

El Ministerio de Vivienda quedará facultado a «realizar inspecciones físicas en los lugares de construcción y requerir a los sujetos obligados documentos, informes y aclaraciones» y podrá emitir lineamientos.¿Cuándo las obras serán demolidas?Según las disposiciones, si después de impuesta la multa por el Ministerio de Vivienda, los «sujetos» no inician «procedimientos para obtener los trámites y permisos «en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la imposición de la sanción» o no culminen en los plazos establecidos por el Ministerio de Vivienda, «deberán proceder a la demolición de la obra o proyecto» según las instrucciones de Vivienda.

La Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de estas disposiciones el lunes, en su Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que también dictaminó otras disposiciones para eliminar el requisito de disponer un área de estacionamiento a todas las construcciones y volverlo opcional.

«Estos permisos los va a dar exclusivamente el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, este es el primer paso para ordenar este tema. Todo va a ser desde el Ministerio de Vivienda, esto va a tener impacto en comercios digitales».
Michelle Sol, ministra de Vivienda.

El permiso que dará el Ministerio de Vivienda para las construcciones de viviendas sociales o en áreas menores a los 250 metros cuadrados incluye permisos factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable para eliminar el requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos a través de «Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos«.

El decreto, que podrá ser aprobado en la sesión plenaria del jueves, prohibirá a instituciones de gobierno, autónomas, municipalidades y oficinas de planificación y gestión del territorio que exijan este requisito cuando autoricen proyectos de construcción, «salvo» espacios para la «facilitación a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y vehículos de emergencia» según principios de «inclusión, accesibilidad universal y equidad».

«Nosotros lo que estamos haciendo es que ya no sea una obligación, que no sea algo que se imponga, ellos van a tener la opción de construir con parqueo o sin parqueo», dijo este lunes la ministra de Vivienda, Michelle Sol, a los diputados, antes de la aprobación del dictamen. La ministra explicó que esto aplicará también a los establecimientos comerciales.

La funcionaria argumentó que «un parqueo en un edificio de interés social eleva el valor del apartamento en $10,000 más por parqueo».

Aseguró que muchas veces las familias están «comenzando» y puede ser «accesible» comprar una vivienda sin parqueo y, en el futuro, pueden «venderla y ya pasar a otro apartamento que en ese momento ya lo necesiten o que sus ingresos le permitan comprar uno que ya tenga parqueo».

El artículo 70 de la «Ley de desarrollo y ordenamiento territorial del área metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños» indica que las áreas para estacionamiento en las edificaciones comerciales o institucionales «deberán tener un número mínimo de espacios vehiculares».

La obligatoriedad en la construcción de estacionamientos también fue eliminada en una reforma al Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y de los municipios aledaños, al cual se le incorporó un artículo 33-A que indica que las disposiciones técnicas de los estacionamientos para proyectos inmobiliarios «no será de obligatorio cumplimiento».

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable de «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda». El decreto podría aprobarse en la sesión plenaria del jueves.

Con dichas disposiciones, para obtener permisos de construcción de torres, viviendas de interés social o con menos de 250 metros cuadrados, los desarrolladores o inversionistas deberán acudir a la Gerencia de Trámites y Permisos del Ministerio de Vivienda y no requerirán solvencias municipales.

«Estos permisos los va a dar exclusivamente el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, este es el primer paso para ordenar este tema. Las compañías de telecomunicaciones podrán presentar todos sus permisos en un solo lugar permitiendo expandir la conectividad», explicó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien aclaró que serán las alcaldías las que seguirán cobrando las tasas por las torres.

Sol agregó que las empresas de telecomunicaciones podrán «tramitar en un solo lugar» y no tendrán que ir a alcaldías para obtener los permisos de las torres de comunicación. «Todo va a ser desde el Ministerio de Vivienda, esto va a tener impacto en comercios digitales», enfatizó.

«Los trámites y el permiso de construcción e instalación de infraestructuras pasivas emitido por el Ministerio de Vivienda será la única autorización administrativa que el interesado deberá obtener para ejecutar dichos proyectos», reza el primer inciso del artículo 4 del proyecto aprobado.

El mismo artículo establece que «ninguna institución pública, incluyendo a las municipalidades, asociaciones municipales y oficinas de planificación y/o gestión territorial podrá requerir la presentación de otras autorizaciones», salvo que Vivienda se las pida o se esté construyendo en bienes municipales.

Según la ministra, la baja cantidad de torres en El Salvador es «una barrera estructural para reducir la brecha digital». «Esto va a abonar al despliegue del 5G», proyectó.Para viviendasCon el nuevo decreto, el Ministerio de Vivienda también será la única instancia encargada para otorgar los permisos de construcción de proyectos calificados como de interés social por el Ministerio de Vivienda y de construcciones de dimensión menor a 250 metros cuadrados si la municipalidad no tiene capacidades técnicas.

Esto incluye factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.

Los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

Los trámites iniciados en las municipalidades serán asumidos por el Ministerio de Vivienda si la oficina carece de capacidad técnica.

Las disposiciones crean infracciones graves y muy graves, como dificultar la verificación del Ministerio de Vivienda sobre los proyectos de construcción, como infracción grave, e iniciar obras de construcción o instalar torres sin el permiso del Ministerio de Vivienda, como infracción muy grave. La infracción grave implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada; y la muy grave, del 6 % al 10 %.

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes el dictamen favorable 103 para autorizar al Ministerio de Hacienda a que suscriba un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Mundial para financiar obras relacionadas al bypass de Apopa para el cual ya se aprobó un primer crédito.

El proyecto de este préstamo por $120 millones se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» y es adicional al préstamo de $150 millones aprobado el 9 de abril de 2024. De estos $150 millones, ya se han ejecutado unos $15 millones dijo hoy el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera.

Según Hacienda, los nuevos fondos buscan mejorar la «conectividad» en la construcción del bypass de Apopa e incluye «la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos subterráneos y elevados».

También, estos fondos se usarían en el «diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias en la infraestructura existente», en iluminación, señalización, control de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal; y un «puente con una estructura atirantada».

El puente «atirantado» del bypass de Apopa tendría una longitud de 320 metros con dos pilones que sostendrían los cables, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros, y cuatro carriles de circulación.Aumenta presupuestoEl director de Crédito Público detalló que hay aumentos en el presupuesto en algunas obras.

«Algunas consideraciones que es necesario señalar en este financiamiento adicional es que cuenta entre otros con estudios de ingeniería relativos diseños detallados del proyecto. Por ejemplo, incluye la ampliación del alcance del puente, con un diseño atirantado; aumento en el presupuesto asignado a obras complementarias a vías de acceso en la circunvalación y sus alrededores; y aumento en el presupuesto asignado a actividades de fortalecimiento institucional», fueron las palabras de Herrera en la Comisión de Hacienda.

Explicó que el crédito incluirá «estudios de diseño de proyectos futuros», como parte del fortalecimiento institucional, y «asistencia técnica» en la evaluación de impacto y auditorías.
¿Cómo la ejecución del primer crédito?El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quien relató que hay que estar «como mínimo una hora» en Apopa para ir a Chalatenango, preguntó dónde se ha iniciado la ejecución del primer préstamo. «No lo hemos visto», observó.

El representante de Hacienda respondió que, de $39 millones programados para este año 2025, se han ejecutado «aproximadamente $14 o $15 millones».

«Solamente en este año lleva asignado $39 millones de los cuales de los cuales ya se ejecutó casi el 50 por ciento por el Ministerio de Obras Públicas. Ese financiamiento que ya fue contratado está cubriendo digamos la infraestructura vial excepto el bypass, la obra del puente, este financiamiento adicional viene a complementar… Corresponde (la ejecución) posiblemente a anticipos que se entregan a las empresas proveedoras, estudios, diseños, así como la contratación de la unidad ejecutora responsable del proyecto».
Marlon Herrera, director de Crédito Público.

El diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, había dicho un poco antes que la construcción beneficiará a la población de Apopa, Guazapa, Aguilares y Tonacatepeque, así como a Chalatenango ya que solo cruzar ese tramo es «una o dos horas». El gobierno promete que el proyecto beneficiará a 500,000 habitantes. La infraestructura estará entre Apopa (San Salvador Oeste), Tonacatepeque (San Salvador Este) y Ciudad Delgado (San Salvador Centro).

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 99, que contiene una reforma al presupuesto general del Estado de 2025 para transferir $53.9 millones de Hacienda a ocho instituciones, la mayor parte a la Presidencia de la República y al Ministerio de Economía para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.

Laura Arce de Aguilar, subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, llegó este lunes a la Comisión de Hacienda a detallar brevemente los destinos.

Arce de Aguilar dijo que $16.7 millones serán destinados a la Presidencia de la República para «seguir promoviendo y participando en el diseño de políticas públicas, planes y programas que permitan el desarrollo económico del país y que genere bienestar a la familia salvadoreña».

Así mismo, detalló que los $16 millones para el Ministerio de Economía será destinado para fomentar la «innovación y la manufactura de tecnología nacional», «generar más y mejores empleos».

Un total de $8 millones para el Ministerio de Salud: $8 millones servirán «para ampliar la cobertura».

En menor cantidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibirá $4 millones para «representaciones diplomáticas y consulares del país».

También, aseveró que el Ministerio de Justicia y Seguridad será reforzado con $4 millones para «garantizar la seguridad, la prevención de delitos, el combate a la delincuencia»; el Ministerio de Turismo recibirá $3 millones para «inversión turística» y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte recibirá $2.2 millones para «infraestructura vial y social».Aprueban siete dictámenesDespués de la explicación de Hacienda de este y otros proyectos de ley, los diputados aprobaron de manera unánime el dictamen favorable de reforma presupuestaria, así como otros dictámenes para transferir, también de Hacienda, $1.1 millones al Consejo de Especialidades Médicas (Conadem) y $2.3 millones a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (Andres).

Los diputados también aprobaron otros dictámenes para incorporar fondos de préstamo para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), autorizar un nuevo préstamo de $120 millones del Banco Mundial para el proyecto del bypass de Apopa y para ratificar un préstamo de $71.8 millones del Deutsche Bank para construir una planta de tratamiento de agua en La Libertad.

También, aprobó otro dictamen para ratificar una garantía soberana para un préstamo de $150 millones que adquirirá la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) del Banco Mundial; esta garantía fue autorizada en mayo.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, aseguró que en el gremio médico existe un régimen de «ver, oír y callar», mientras explicaba que muchos médicos del sistema público presentarían su renuncia al concluir en junio.

«En estos tiempos la situación se ha vuelto mucho más difícil para los colegas, en primer lugar, porque viven bajo un régimen de ver, oír y callar, no pueden mencionar nada», fueron las palabras del titular de la gremial que reúne a 43 asociaciones y unos 2,800 médicos afiliados en El Salvador, este lunes en Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Solano ejemplificó que si el médico le dice al paciente «el medicamento que usted necesita en este momento no lo tenemos, pero yo le voy a dar una receta» o se la entrega a solicitud del paciente, «como estamos rodeados por cámaras, llaman al médico y ese médico puede ser despedido». Explicó que «ellos» lo ven como que el médico «está demostrando al paciente una falencia del sistema».

El presidente del Colegio Médico opinó que el sistema de salud actual «impide que uno brinde atención con calidad y calidez», ya que la calidad no solo consiste en amabilidad sino en existencia de medicamento y de exámenes oportunos. Explicó que la problemática de falta de medicamentos «se mantiene» independientemente de quién esté en el poder.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Ramos Hinds, aseguró que dentro de los hospitales «hay cámaras y micrófonos que están registrando todas las conversaciones» y «dentro de los quirófanos están en todo momento monitoreando» todo lo que hacen los médicos, con quiénes se reúnen y con quiénes platican. Ambos líderes rechazaron que sean «activistas» y que basta ver el historial del papel que ha tenido el Colegio Médico durante los diferentes gobiernos para entenderlo.

Solano aseguró, por otra parte, que en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) nunca ha tenido una crisis como la actual, ejemplificó que no hay un gel que se utiliza para colocar sondas.

Según la encuesta realizada en mayo por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, casi la mitad de los salvadoreños, un 47.1 %, opina que la calidad de la atención en el sistema de salud pública «ha mejorado»; un 17.5 % dice que «sigue igual», pero un 34 % sostiene que «está peor».

El nuevo Consejo Nacional de la Especialidades Médicas (Conadem), que será la competente de certificar las especialidades médicas en El Salvador, tendrá un presupuesto de $1,112,350 para lo que resta del año 2025, según una solicitud de reforma realizada por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Los fondos solicitados serán tomados de «asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda y que no serán utilizadas en lo que resta del presente ejercicio hasta por el mismo monto».

Un total de $800,064 serán asignados a la unidad «Dirección y Administración Institucional» del Conadem y $312,286 serán destinados a la unidad «Regulación y autorización de especialidades médicas» del Conadem.

Un total de $463,575 será destinado a remuneraciones de 45 empleados, incluyendo salarios, aportaciones patronales y aguinaldos. Del monto, $396,980 de la partida de remuneraciones estarán bajo la Dirección Superior y Administración de la institución, y $66,595 estará bajo la línea de trabajo «Autorización y seguimiento de las especialidades médicas».

El Conadem tendrá 45 empleados según el proyecto de reforma: el presidente, 4 ejecutivos, 26 técnicos, 7 administrativos y 7 de servicio.

De los $1.1 millón, se destinarán $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para gastos en seguros de personas y bienes, $50,000 para muebles, equipos informáticos y software, según la solicitud.El ConademEl 4 de abril de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Especialidades de Profesiones Médicas, que creó el Consejo Nacional de la Especialidades Médicas (Conadem), la única que podrá certificar y recertificar las especialidades y subespecialidades de los médicos y los técnicos de salud en El Salvador.

Los profesionales de salud, médicos y técnicos, enfrentarán multas de 51 a 150 salarios mínimos si ejerce la especialidad sin estar certificado por el Conadem. Más de 5,500 profesionales se han acreditado según el sitio web del Consejo.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo actualizado es $408.80, las multas oscilarían entre $20,848.8 y $61,320.

El artículo 4 de los estatutos del Colegio Médico, gremial que reúne a 43 asociaciones de médicos con 2,800 afiliados, faculta a los especialistas de las diferentes ramas médicas a emitir certificaciones de especialidades; en 2023, el Colegio Médico emitió 20 certificaciones. Sin embargo, la nueva ley facultó al Conadem a emitir las certificaciones de las especialidades médicas.