Autor: Yolanda Magaña

  • Gobierno pide financiamiento adicional de $120 millones del BIRF para infraestructura vial y transporte

    Gobierno pide financiamiento adicional de $120 millones del BIRF para infraestructura vial y transporte

    El gobierno está gestionando otros $120 millones con el Banco Mundial para el proyecto de transporte de personas y de carga con mejoras en la red vial e infraestructura en el área metropolitana de San Salvador, adicionales a un crédito de $150 millones suscrito y ratificado el año pasado.

    El nuevo proyecto se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador«.

    El financiamiento adicional de proyecto de transporte e infraestructura resiliente se sumaría al préstamo aprobado por $150 millones para el mismo objetivo el 9 de abril de 2024, y autorizado en enero de ese año.

    En esta ocasión, el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez Castro, a solicitud del secretario jurídico presidencial, Adolfo Muñoz, y del vicepresidente Félix Ulloa, actuando como encargado del despacho presidencial.

    El nuevo préstamo tendría un plazo de 25 años con cuatro años y medio de gracia, con comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo y 0.25 % anual sobre saldo no desembolsado.

    El primer préstamo con la misma finalidad ascendió a $150 millones, que tiene un periodo de ejecución de seis años e incluye la construcción de un bypass en Apopa de cuatro carriles y 10,655.12 metros de construcción, a un costo de $102.64 millones según el borrador de estudio de impacto ambiental.

    El bypass iniciará sobre la carretera de Oro entre las comunidades San Pablo y Los Elías y finalizará sobre el kilómetro 16 de la carrretera Troncal del Norte, incluye 12 «obras de paso a desnivel» para la incorporación de la Troncal del Norte y la Panamericana Este o carretera a Quezaltepeque y un puente sobre río Las Cañas.

    Este primer proyecto promete reducir la congestión en el área metropolitana del norte de San Salvador, con la construcción de carreteras y puentes, y financiamiento para respuestas a emergencias ante crisis por fenómenos naturales y cambio climático. El proyecto de decreto del segundo préstamo no tiene mayores detalles.

  • Firma legal da estos consejos a los migrantes en EEUU y reporta alza en consultas ante política de Trump

    Firma legal da estos consejos a los migrantes en EEUU y reporta alza en consultas ante política de Trump

    La abogada de inmigración Cynthia Grande, hija de padres salvadoreños y fundadora de The Grande Law Firm en Los Ángeles, California, detectó que solo en su firma las consultas legales de migrantes que sienten temor por las nuevas políticas de la administración Trump tuvieron un alza del 64 % desde febrero hasta antes de las redadas antimigrantes.

    Tras los operativos migratorios recientes, dice que las consultas aumentaron un 40 % adicional.

    «Recibimos llamadas de madres con miedo, padres que no saben si ir a trabajar o quedarse en casa. Nuestro rol como abogados no es solo técnico, es profundamente humano. Queremos que la comunidad sepa que no están solos, que hay caminos legales y personas comprometidas en orientarlos correctamente», expresó Grande, quien también es presidenta de Latina Lawyers Bar Association.
    ¿Qué recomendaciones generales hace esta firma legal a los migrantes en EE.UU.?1. No abrir la puerta a autoridades si no presentan una orden firmada por un juez.
    2. No firmar documentos sin entender su contenido o sin la presencia de un abogado.
    3. Tener preparada una carpeta con documentos importantes y un plan familiar.
    4. Evitar fuentes no oficiales y redes sociales como única fuente de información.
    5. Consultar siempre con abogados acreditados antes de tomar decisiones migratorias.

    Cynthia Grande, abogada de inmigración y presidenta de Latina Lawyers Bar Association.

    En una entrevista con Diario El Mundo, la abogada sugirió a los migrantes conocer sus derechos para protegerse e incluso evitar que los arresten.

    «Se han visto casos que Inmigración no ha detenido a personas porque esas personas sí conocían sus derechos y uno es mantener silencio; si está dentro de su carro no abrir la ventana a menos que haya una orden judicial; no abrir la puerta de la casa a menos que haya una orden judicial», recomendó.

    ¿Qué debe hacer un migrante si los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le quiebran los vidrios de su vehículo?

    Según la abogada, en estos casos los migrantes pueden intentar grabar o pedirle a un acompañante en el vehículo que grabe un video de lo que está pasando, ya que en ocasiones se puede iniciar una moción que argumente que la detención fue ilegal.

    ¿Recomienda al migrante acudir a una cita si tiene un trámite pendiente para otro estatus migratorio?

    «Depende de qué tipo de cita es, lo que recomiendo es que tengan abogados, consulten con abogados de inmigración. Las noticias donde se ven que personas han sido detenidas más que todo han sido en audiencias de corte de deportación… Cada tipo de entrevista tiene diferentes riesgos y beneficios», fue la respuesta de la abogada.

    Una de las situaciones más comunes de los migrantes, según Grande, es que ingresan sin permiso a los Estados Unidos, tienen un hijo ciudadano estadounidense y un empleador que los quiere patrocinar en la búsqueda de opciones para quedarse pero la situación se complica si la permanencia irregular supera un año.

    «Cuando alguien entra a los Estados Unidos sin permiso y está aquí por más de un año sin permiso, hay leyes migratorias que evita que pueda legalizar su estatus a menos que califique para un perdón».
    Cinthya Grande, abogada de inmigración.

    ¿Qué debe hacer un inmigrante o familiar de migrante si es capturado en una redada?

    Explicó que la situación es mucho más difícil para un migrante que ingresó a EEUU en los últimos dos años que para una persona que ya tiene 15 años de haber migrado y además tiene hijos estadounidenses.

    Esto ocurre, detalló, porque el gobierno de EEUU determinó que las personas que han ingresado en los últimos dos años no tienen derecho a tener una audiencia en un tribunal de migración y pueden ser deportados inmediatamente.

    Si es una persona que ha vivido en los Estados Unidos por muchos años, se incluye en la moción «toda la evidencia para demostrar que uno tiene su comunidad aquí en los Estados Unidos, que no va a huir en caso que le den la fianza» para que el juez determine y se le da seguimiento al caso, ya que dicha persona tendría procedimientos de deportación pendiente.

    «Primero se tuviera que analizar si pueden calificar para una fianza, después se tiene que meter la moción para pedir una audiencia para que le den la fianza», sugirió.

    Cynthia Grande, abogada de inmigración y presidenta de Latina Lawyers Bar Association.

    ¿Qué documentación debe tener lista un migrante en situación irregular que pueda ser objetivo de estas redadas contra migrantes o incluso con estatus de protección migratoria como TPS?

    Si no tienen familiares ciudadanos o residentes en EE.UU., debe tener comprobantes o evidencias de que ha vivido en los Estados Unidos por más de dos años, como pago de impuestos, estados de cuenta y recibos de impuestos sobre la renta. La abogada también recomienda tener fondos disponibles para pagar una fianza.

    ¿Qué deben hacer los empleadores si Inmigración no tiene una orden judicial pero quiere ingresar?

    «Es un poquito diferente con los empleadores, porque Inmigración puede entrar en lugares públicos, pero no pueden entrar en lugares que normalmente son solo para los empleados. Con los lugares privados, si Inmigración no tiene una orden judicial, no pueden entrar y eso puede ser un cuarto donde los empleados guardan sus cosas», explicó la representante de la firma legal.

    Autoridades detienen a una persona durante las protestas contra las redadas de la Administración Trump en Los Ángeles, California. EFE

  • Santa Ana Centro contrata a empresa para recolección de desechos por hasta $470,640

    Santa Ana Centro contrata a empresa para recolección de desechos por hasta $470,640

    La municipalidad de Santa Ana Centro contrató a la empresa Cinco Siete, S.A. de C.V., para realizar servicios de barrido, recolección y transporte de desechos sólidos hasta el sitio de disposición final en el municipio por hasta un valor de $470,640.

    El servicio de barrido, recolección y disposición final finalizaré el 12 de agosto de 2025 de acuerdo con el contrato, pero el paso puede prorrogarse o ser modificado según la Ley de Compras Públicas.

    Según el contrato, correspondiente a la licitación competitiva LC-01-AMSAC-2025, el costo de la recolección y transporte de desechos sólidos es de $29.50 por tonelada métrica.

    La municipalidad paga el costo del contrato de manera mensual según el servicio prestado en un plazo de 30 días calendario luego de la emisión de un quedan por el Departamento de Tesorería de la alcaldía.

    El contrato fue suscrito el 7 de marzo de 2025 por el alcalde Gustavo Acevedo y el apoderado de la empresa; y puede encontrarse en el Portal de Transparencia de la municipalidad.

    Cinco Siete, S.A. de C.V., es una empresa salvadoreña inscrita el 25 de abril de 2017 con la finalidad de toda clase de actividades lícitas para importar, exportar, distribuir y vender toda clase de armas, municiones y repuestos, vehículos, accesorios y repuestos, brindar servicios de seguridad y protección, a personas naturales y jurídicas, en el sector público o privado, seguridad electrónica, custodia e investigaciones privadas, asesoría y planificación de seguridad privada nacional e internacional, etcétera.

    Para resolver la recolección de basura en el país, el gobierno creó la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que funcionará con un presupuesto de $2,316,483 bajo estudio por la Asamblea Legislativa. Tendrá una estructura de 171 empleados, incluido el director, según la nueva Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos.

  • César Marín, de Amnistía Internacional: «Esta declaración no es limitada a estas tres personas»

    César Marín, de Amnistía Internacional: «Esta declaración no es limitada a estas tres personas»

    César Marín, encargado senior de campañas y crisis de Amnistía Internacional, aseguró que la declaración que ha realizado esta organización internacional para considerar como «prisioneros de conciencia» a Ruth López, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez no se limita a estas tres personas.

    El 1 de julio, Amnistía Internacional declaró a Pérez, López y Henríquez como prisioneros de conciencia.

    El representante de la organización de derechos humanos explicó que esta declaratoria es única de Amnistía Internacional y no tiene una implicación legal, sino que es una herramienta que marca un punto de inflexión para movilizar acciones nacionales e internacionales en torno a lo que está pasando en El Salvador.

    «Esta declaración no es limitada a estas tres personas, en el sentido que también aprovechamos con esta declaración de extender la preocupación sobre decenas de otras personas detenidas en El Salvador y expresamos toda la solidaridad con todas ellas».
    César Marín, Amnistía Internacional.

    Marín indicó que la declaratoria de prisioneros de conciencia «es una herramienta» que hace que Amnistía Internacional llame la atención «sobre las circunstancias específicas que se están viviendo en El Salvador en este momento», que consideran que viene materializándose desde hace varios años y que uno de sus ingredientes es la «puesta en prisión de personas que le resultan incómodas a las autoridades».

    «Es importante que resaltemos que, cuando hablamos de personas presas de conciencia, no estamos diciendo que son las únicas con las cuales Amnistía y todo el movimiento internacional que representamos en más de 90 territorios vaya a dirigirse solo a tres personas, estamos hablando de la generalidad de lo que esá ocurriendo en El Salvador y sobre todo las personas que están padeciendo estas violaciones a derechos humanos. No estamos dejando de lado a alguien, simplemente estamos poniendo el foco en estos tres casos para poder aumentar la exposición de lo que ocurre en El Salvador y esto de alguna manera engloba la situación de todas las personas que están padeciendo circunstancias similares», indicó el activista de derechos a nivel internacional, ante la pregunta si la declaratoria no incluiría al abogado Salvador Enrique Anaya, capturado el sábado 7 de junio.

    El representante da la organización indicó que la «categoría de prisionero de conciencia es única de Amnistía Internacional» y no existe legalmente ni tiene vinculación legal, pero que es «atesorada en el sistema internacional de justicia y de derechos humanos» especialmente en campañas y movilización.

    «Genera un punto de inflexión y de atención muy importante hacia las circunstancias que se viven en el país y hacia las circunstancias que viven las personas detenidas. Si bien no es vinculante, es una categoría que genera bastante interés y preocupación y moviliza la acción de distintas instancias internacionales al respecto, instancias que se van a mover ahora a partir de la declaración», subrayó.

    Detalló que la atención también se genera sobre otros contextos de violaciones a derechos humanos y mencionó casos de desapariciones señaladas en las deportaciones de extranjeros y su posterior reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) o detenciones sin juicios bajo el régimen de excepción, así como arrestos de activistas con acusaciones infundadas.

    Luego de la protesta cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, por parte de miembros de la comunidad El Bosque, las autoridades capturaron el 12 de mayo al pastor José Ángel Pérez, coordinador de la cooperativa El Bosque, el 13 de mayo, al abogado, líder comunitario y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. El 18 de mayo, fue arrestada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal; y el 7 de junio, a Enrique Anaya, el abogado que pidió anular la inscripción de la candidatura a la reelección presidencial de Nayib Bukele. Mientras Pérez y Henríquez son acusados de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores, López es acusada de enriquecimiento ilícito y Anaya es acusado de lavado de dinero. Los casos de López y Anaya fueron declarados en reserva total.

  • Gobierno pide presupuesto de $2.3 millones para ANDRES, que tendrá 171 empleados

    Gobierno pide presupuesto de $2.3 millones para ANDRES, que tendrá 171 empleados

    El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa un presupuesto de $2,316,483 para que la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) inicie su funcionamiento en el ejercicio fiscal de 2025.

    Del total del presupuesto de la nueva entidad que se encargará de la recolección de desechos en distintos municipios, incluido San Salvador Centro, un total de $1,641,483 se destinaría a remuneraciones y $513,000 a bienes y servicios.

    También se asignan $92,000 en gastos financieros y $70,000 en inversiones en activos fijos, que puede ser infraestructura.

    El proyecto detalla un total de 171 empleados, con salarios desde los $450 y un máximo no detallado. Seis empleados tendrán un salario superior a los $2,301. La mayoría de los empleados, un total de 157, están clasificados como técnicos. El titular de ANDRES tendrá ingresos anuales de $40,000.

    La solicitud fue recibida el 2 de julio por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa y fue enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, a solicitud del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, quien el 30 de junio recibió las instrucciones del vicepresidente Félix Ulloa, como encargado del despacho presidencial.

    La solicitud fue enviada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que la recibirá el lunes para su estudio y posterior aprobación.

  • Nueva ley sanciona abusos de ventas de gas y combustibles, incluso si cobran FEFE y Cotrans

    Nueva ley sanciona abusos de ventas de gas y combustibles, incluso si cobran FEFE y Cotrans

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el jueves una nueva «Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo«, que establece multas de $500 a $100,000 a los distribuidores por cometer abusos en la venta de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y combustibles.

    La nueva ley fue aprobada tres días después del vencimiento de la anterior y estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

    La normativa establece multas desde $500 hasta $10,000 si las estaciones de servicio no permiten inspecciones o si las distribuidoras de gas incumplen el precio máximo de venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

    Además, establecen multas desde $10,001 hasta $100,000 a los distribuidores que incumplan la legislación o la reglamentación, no atiendan la instrucción de interrumpir la salida de vehículos durante una inspección o no envasan el contenido exacto de gas en los cilindros.

    La nueva ley castiga expresamente con multas de $10,001 hasta $100,000 a las empresas si cobran los cargos de FEFE ($0.16 por galón de combustible) y Cotrans ($0.10 por galón de combustible), los cuales fueron restablecidos el 27 de septiembre de 2022, en aquel entonces, debido al «comportamiento hacia la baja» del precio del petróleo.

    Los diputados no se refirieron a estas sanciones aprobadas para los establecimientos que cobren el FEFE y Cotrans, impuestos que actualmente están vigentes y que son recaudados por el Ministerio de Hacienda. Tampoco explicaron esta modificación en la solicitud del proyecto de ley.

    Este año, la recaudación en ambos cargos ya suma $47.9 millones, $1.7 millones más de la alcanzada durante el mismo periodo del año 2024. En detalle, el gobierno ha recaudado $22.4 millones en FEFE y $25.5 millones en la Contribución especial para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo (Cotrans) en los primeros cinco meses de 2025 según el Portal de Transparencia de Hacienda.Por la guerra Israel-IránLa ley original que castiga abusos en las ventas de GLP y combustibles fue aprobada en 2022 con el argumento de los efectos que causaría en los precios la guerra entre Ucrania y Rusia, pero la última prórroga de esta normativa venció el 30 de junio de 2025.

    Dicho decreto legislativo 311 fue aprobado el 13 de marzo de 2022. En la última prórroga, el 11 de diciembre de 2024, el gobierno argumentó que «la coyuntura mundial descrita se mantiene vigente», referida al «conflicto bélico Ucrania-Rusia y la OTAN». En la nueva ley aprobada ayer el gobierno expuso que la guerra entre Israel e Irán ha provocado aumento de precios.

    «Dada la coyuntura mundial por el conflicto bélico que se ha agudizado entre los Estados de Israel e Irán, ha generado alzas en los precios del petróleo a nivel internacional, por lo que es necesario emitir el presente decreto, con la finalidad de evitar abusos en la distribución y comercialización de productos de petróleo», argumentó el gobierno en uno de los considerandos del decreto.

    El decreto aprobado ayer establece esta obligación a las empresas dedicadas a la venta o distribución de productos de petróleo.

    No cumplir la obligación 'f' conllevará una multa de hasta $100,000 según el decreto aprobado. Así fue leído por la diputada Elisa Rosales.

  • Hacienda pide transferir $53.9 millones a Presidencia, Economía, Salud y otras carteras

    Hacienda pide transferir $53.9 millones a Presidencia, Economía, Salud y otras carteras

    El viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, envió a la Asamblea Legislativa una solicitud para reformar la Ley general de presupuesto del Estado del año 2025 para transferir $53.9 millones a diferentes carteras de Estado, de fondos provenientes de Hacienda.

    En una carta, con fecha 30 de junio de 2025, dirigida a los secretarios de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, es decir, a Elisa Rosales, Reynaldo López Cardoza y Reinaldo Carballo, el viceministro Sánchez les explicó que, «cumpliendo instrucciones del señor vicepresidente de la República, encargado del Despacho», pide su aprobación «conforme a derecho».

    En su solicitud, detalló que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de junio de 2025 una reforma con fondos disponibles del presupuesto «con cargo al Fondo General» y detalló su distribución.

    «Y es que en la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en lo que resta del presente año 2025».
    Luis Enrique Sánchez, viceministro de Hacienda, en carta a diputados.

    Los fondos se distribuirían así:
    -Presidencia de la República: $16.7 millones.
    -Ministerio de Economía, específicamente para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), dentro de «Apoyo a instituciones adscritas»: $16 millones.
    -Ministerio de Salud: $8 millones.
    -Ministerio de Relaciones Exteriores: $4 millones.
    -Ministerio de Justicia y Seguridad: $4 millones
    -Ministerio de Turismo: $3 millones.
    -Ministerio de Obras Públicas y Transporte: $2.2 millones.

    Según Sánchez, el Ministerio «identificó asignaciones disponibles dentro de su presupuesto vigente hasta el monto de los $53,900,000 que no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal y podrán ser utilizados para reforzar a las instituciones antes referidas». La solicitud fue enviada el 30 de junio al ministro por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz.

    «cumplimiento de los objetivos y metas institucionales» durante el ejercicio 2025.

  • Crean Fondo de Mitigación y concentran en Hacienda administración de subsidios a la energía

    Crean Fondo de Mitigación y concentran en Hacienda administración de subsidios a la energía

    La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma a la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) para que dicho Fondo encargado de subsidiar el consumo de energía eléctrica pase formalmente a la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda, que además administrará un nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE).

    «Se vuelve necesario concentrar en el Ministerio de Hacienda la administración, gestión y operación de todos los subsidios que se otorgan a la población, entre los que tenemos el subsidio al consumo de energía eléctrica y telefonía», explica el decreto de reforma aprobado con 57 votos.

    La reforma faculta al FINET a «otorgar cualquier otro subsidio que al efecto se determine» por acuerdo de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, en el artículo que le faculta a otorgar el subsidio al consumo de energía y a servicios de telefonía en áreas rurales de bajos ingresos o consumo residencial.Un nuevo Fondo de MitigaciónLa reforma crea un nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía, el cual se constituirá con $80 millones que serán emitidos en títulos valores por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y que esperan ser colocados en mercado nacional o internacional. La emisión de los títulos por $580 millones fue aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa incluidos $500 millones para consolidación de deudas de CEL.

    El nuevo FMSE que será administrado por el FINET, ahora bajo Hacienda, apoyará «el cumplimiento de obligaciones en el sector eléctrico» según los lineamientos que le emitirá la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, la cual le establecerá las condiciones para el uso del FMSE.

    «Los montos por pagar con recursos del FMSE incluirán todos y cada uno de los conceptos que se encuentren dentro de los parámetros y lineamientos emitidos por la Dirección», indica el proyecto de decreto. El artículo 7 también menciona que el FMSE será «recuperado progresivamente por medio de los pagos realizados por los usuarios beneficiados».

    Será la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas la que autorizará los desembolsos al FINET, que a su vez le informará a la Dirección de Energía sobre los saldos y proyecciones del uso del FMSE.

    El decreto no detalla qué otro subsidio a la energía será autorizado por el FINET, además de los otorgados al consumo en áreas rurales de bajos ingresos o consumo de energía eléctrica residencial.

    La ley del FINET establecía que el FINET era administrado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), entidad disuelta a través de la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), normativa que facultaba a la DOM a suscribir convenios que le competían al FISDL.

    Las funciones del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (Cenade) del Ministerio de Economía pasaron a Hacienda mediante una reforma del 20 de octubre de 2022 a la Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

  • Diputados no agendan propuestas de Arena y Vamos sobre salud mental y megaescuelas

    Diputados no agendan propuestas de Arena y Vamos sobre salud mental y megaescuelas

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso este jueves en sesión plenaria una reforma a la Ley General de Educación para incorporar la asignatura de salud mental en todas las escuelas y que se obligue la contratación de un psicólogo o psiquiatra en todos los centros escolares, públicos y privados para la atención de los estudiantes.

    «El Ministerio de Educación exigirá en cada centro educativo nacional y privado, así como a instituciones de educación superior la contratación de personal especializado en psicología o psiquiatría para administrar atención de salud mental a los estudiantes… Será obligatorio impartir la currícula de Salud Mental, como una materia más en todas las instituciones», reza la propuesta de reforma firmada por Villatoro y el diputado Francisco Lira, ambos de Arena.

    Villatoro planteó que muchos padres han sido llevados por el régimen de excepción, otros padres padecen de alcoholismo o drogadicción y no atienden a sus hijos, y otros han migrado. «No existe ese núcleo familiar que permita que ellos se desenvuelvan como una familia normal», dijo.

    Citó la encuesta de salud mental realizada por el Instituto Nacional de Salud a estudiantes y reiteró que el 13 % presenta conductas de ira, el 70 % tiene hiperactividad elevada, el 23 % sufre bullying escolar, un 56 % sufre de transtorno de pánico, un 42 % tiene síntomas de depresión y más del 3 % ha tenido pensamientos suicidas.

    La propuesta no tuvo apoyo de Nuevas Ideas ni de sus aliados el Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Solo tuvo tres votos, de Arena y Vamos.

    Luego de la votación, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, intentó introducir su propuesta de Ley de megaescuelas. «La idea es que estas megaescuelas estén totalmente equipadas», reiteró. Aseguró que «no se trata de fusionar escuelas y dejarlas más lejos de los niños de las comunidades» sino de acercarlas y establecer un sistema de transporte gratuito y destinar el 8 % del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a la red vial escolar.

    Ortiz propuso que, según el artículo 143 de la Ley Crecer Juntos, se incorporen los Centros de atención a la primera infancia o Capis, ya que actualmente, dijo, «todos son privados».

    «Solicito que esta pieza de correspondencia y pase a la comisión correspondencia, así como pido que las otras 30 iniciativas de ley que esta servidora ha presentado también sean tomadas en cuenta por esta Asamblea Legislativa», dijo.

    El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió a votación la modificación. «Con tres votos a favor, no hay resolución», dijo.

    Ortiz aseguró que el proyecto de ley también fue presentado el 30 de junio. «Queda en manos de usted, señor presidente, como obligado legalmente a darle trámite de ley a cada una de las propuestas legislativas que se someten a que pase a la comisión respectiva», le dijo la diputada. El presidente legislativo no le respondió y continuó con la sesión plenaria.

  • Asamblea aprueba Ley de tecnologías robóticas que regulará a sus fabricantes y desarrolladores

    Asamblea aprueba Ley de tecnologías robóticas que regulará a sus fabricantes y desarrolladores

    La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de tecnologías robóticas» que promete incentivos para fomentar la fabricación en El Salvador de tecnologías robóticas «únicamente» las utilizadas en espacios públicos o para actividades comerciales o de servicios, o bien para transporte, cuido de personas vulnerables o para el área de salud.

    La ley no será aplicable a actividades de aficionados sin fines comerciales o dispositivos que tengan permisos previamente obtenidos, sensores de edificios ni a drones.

    Será la «Agencia Nacional de Inteligencia Artificial» la que aplicará la normativa, tendrá un catálogo y códigos de conducta de la industria robótica, y reconoce la ISO/TS 15066 (robots colaborativos), ISO 10218 (robots industriales), ISO 13482 (robots de cuidado personal), IEC 611508 (seguridad funcional) y versiones posteriores.

    La nueva normativa distingue entre diseñadores, desarrolladores y fabricantes, integradores, desplegadores, operadores y usuarios finales, roles que «se tomarán en cuenta» para «determinar el responsable ante un incidente con una tecnología robótica que provocó daños a propiedad ajena o lesiones o percances a personas».

    La ANIA clasificará las operaciones de estos roles en riesgo básico, intermedio o alto, según el potencial de cada tecnología robótica de provocar daños físicos o incluso «irreversibles» si las medidas fallan o no son atacadas, y también emitirá directrices.

    Los diferentes roles o actores tendrán la obligación «de acatar las normas técnicas de seguridad» establecidas por la ANIA, como medidas de seguridad si integran elementos de inteligencia artificial, características de lugares utilizados para pruebas, procedimientos para pruebas, requisitos de supervisión.

    El gobierno estará obligado a promover la creación de laboratorios, crear incentivos fiscales, promover la enseñanza de robótica y generar oportunidades de prueba piloto para impulsar la innovación.