Autor: Yolanda Magaña

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó este miércoles citar al gabinete de seguridad, al fiscal general y a la Corte Suprema de Justicia para analizar la ratificación del artículo 27 de la Constitución que levantará la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador, así como las reformas relacionadas propuestas por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

Luego de la votación, la sesión quedó abierta para reanudarse el jueves a las 2:00 de la tarde, cuando recibirán al gabinete de Seguridad.

La calendarización propuesta por el diputado Ernesto Castro, presidente de la comisión, incluirá al fiscal general y a la Corte Suprema de Justicia. La diputada Marcela Villatoro, del partido de oposición Arena, pidió invitar también al director del Instituto de Medicina Legal y a los procuradores general y de derechos humanos.

“Muchas personas tienen dudas con respecto al tema de violación, cómo eso puede comprobarse”, argumentó.

“De acuerdo. Vamos a evaluar la propuesta de diputada Marcela Villatoro después de escuchar a la Corte Suprema de Justicia el día lunes y ahí volvemos a evaluar cómo está y lo vamos a someter…, lo vamos a dejar aquí ahorita como puesto, vamos a tomar nota y lo vamos a considerar después el día lunes”, fue la respuesta de Castro.

Programación de entrevistas sobre reforma de cadena perpetua

Jueves 19 de marzo: Gabinete de seguridad

Viernes 20 de marzo: Fiscal general de la república

Lunes 23 de marzo: Corte Suprema de Justicia

El martes 24 de marzo, según Castro, se haría una última revisión y se emitiría dictamen.

En la Comisión, la diputada Alexia Rivas, secretaria de la Comisión, leyó los proyectos propuestos por el Gobierno.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, subrayó el orden que llevarán en la reforma, afirmando que, una vez reformada la Constitución, deben “armonizar las leyes secundarias”.

“Como bien lo hemos dicho y lo ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa, nosotros como diputados hemos sido cuidadosos en seguir el orden que se debe para poder hacer estas reformas a la Constitución y ahora también vamos a ser ordenados para hacer ese engranaje para que estos delitos queden debidamente legales y que sean leyes de la República”, fueron las palabras de Navarro.

La diputada Marcela Villatoro aseguró que estas reformas “son necesarias”, es un tema serio y aclaró que Arena dio sus votos para la reforma constitucional. “No queremos que ningún violador vea la luz del día, incluso los homicidas que todos sabemos el daño que le han causado a este país que tampoco vean la luz del día”, insistió.

La Asamblea Legislativa acordó una reforma del artículo 27 de la Constitución para levantar la prohibición de la cadena perpetua y permitirla solo para “homicidas, violadores y terroristas”; esta reforma aún requiere la ratificación de la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Seguridad también presentó reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley por una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) y Ley especial contra el terrorismo, en las cuales proponen que la pena para los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, organizaciones terroristas y violación sea la pena perpetua, incluso para los menores de edad. La propuesta de reforma al Código Penal incluye la posibilidad de que el juez emita la “libertad controlada” a un condenado a cadena perpetua cuando haya estado más de 25 años en prisión si es menor de edad o más de 30 años si es adulto.

La Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido Fuerza Solidaria (FS) convocó este 18 de marzo a las elecciones internas de sus candidatos a presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados, para el día miércoles 29 de julio de 2026, el último día habilitado legalmente.

Los partidos políticos tienen hasta el 7 de agosto de 2026 para convocar a sus elecciones internas hacia las elecciones de 2027, y hasta el 29 de julio de 2026 para elegir a sus candidatos mediante voto igualitario, directo y secreto de sus militantes, según los plazos establecidos por el Código Electoral y oficializados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La CEN del partido Fuerza Solidaria, fundado por exintegrantes de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), informó en un comunicado que las elecciones se darán electrónicamente. El comunicado fue divulgado en WhatsApp. Hasta el mediodía de este miércoles, las redes sociales en X del partido político no habían divulgado el comunicado.

Los partidos políticos que estarían habilitados para participar en las elecciones 2027 son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Vamos, Gana, Democracia Salvadoreña, Fuerza Solidaria, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y Partido Independiente Salvadoreño (Pais).

El 28 de febrero de 2027, los salvadoreños están convocados a elección de presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

La organización Human Rights Watch aseguró en una publicación del 16 de marzo que “El Salvador está desapareciendo por la fuerza y deteniendo arbitrariamente a los salvadoreños deportados de Estados Unidos”.

La directora para las Américas en HRW, Juanita Goebertus, dijo que “cualquiera que sea el historial criminal de estos hombres salvadoreños, tienen derecho al debido proceso, a ser llevados ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde están detenidos y por qué”. “La deportación no puede significar desapariciones forzadas”, dijo.

HRW asevera que entrevistó a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños deportados de Estados Unidos entre marzo y octubre de 2025, detenidos en El Salvador, y concluyen que se mantienen en incomunicación y no han sido llevados ante un juez “desde su llegada”. Diez de los detenidos cumplieron condenas en Estados Unidos por posesión de drogas y dos por delitos violentos, según familiares citados por la organización.

Familiares de cinco de los presos en cuestión presentaron una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno informó, según la HRW, que uno estaba en la prisión de Santa Ana y otro en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Según la nota de HRW, algunos de los deportados llegaron al país el 15 de marzo, fecha en que también fue deportado un grupo de venezolanos señalado por las autoridades estadounidenses de ser miembros de la banda Tren de Aragua, que fueron recluidos en el CECOT y finalmente intercambiados por presos políticos de Venezuela.

Según la organización, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que varios son miembros de la pandilla MS-13 y que uno es César Humberto López Larios, alias El Greñas, pero asegura que no hay información sobre los vínculos con las pandillas del resto.

La reforma al Código Penal propuesta por el Gobierno plantea la posibilidad de que los jueces puedan otorgar, a los condenados a cadena perpetua, el régimen de “libertad controlada” luego de una revisión obligatoria de las penas cuando hayan cumplido una cantidad específica de años.

La eliminación de la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador está en proceso de ratificación en la Asamblea Legislativa luego de que el martes 59 diputados decidieran aprobarla como acuerdo de reforma al artículo 27 de la Constitución de la República. Luego de la ratificación, entrarían a analizar un paquete de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley por una vida libre de violencia para las mujeres y Ley especial contra el terrorismo.

La libertad controlada según la propuesta de reforma al Código Penal, que aún no ha sido aprobada, conlleva “medidas de control orientadas a prevenir y evitar reincidencia delictiva” por cinco años y si se incumple dicho beneficio se revocará automáticamente y el condenado reingresaría a la cárcel.

Para los menores de edad condenados a cadena perpetua esta revisión se haría luego de 25 años de cumplimiento de pena, después de 30 años si el delito es cometido por un adulto y solo es un delito, después de 35 años si son dos o más delitos y después de 40 años de la pena cuando el delito por el cual se le condenó fue cometido con agravante o haya una “extrema gravedad cualificada”.

El régimen de libertad controlada aplicaría a casos sancionados con pena de prisión perpetua una vez cumplido dichos plazos y superados dos procesos: un “pronóstico individualizado favorable de reinserción social del condenado” realizado en la revisión que haga el juez competente; y el informe del Consejo Criminológico Regional.

Según la propuesta de reforma, el Consejo Criminológico Regional emitirá un informe que deberá contener la evaluación de la evolución penitenciaria del interno, la participación efectiva en programas de tratamiento y actividades de reinserción y pronóstico individualizado de peligrosidad y probabilidad de reinserción social.

La propuesta de reforma indica que el juez convocaría a una audiencia en donde deberá resolver si concede o no el régimen de libertad controlada al condenado, tomando en cuenta el informe del Consejo Criminológico Regional, las condiciones de ejecución, los medios utilizados en la comisión del delito y cualquier otra circunstancia. Si se deniega, la revisión posterior se daría en cinco años.

La Asamblea Legislativa realiza un proceso de reforma constitucional para levantar la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador y tiene en sus manos un paquete de reformas a cuatro leyes para regular su aplicación en El Salvador.

El director ejecutivo de las Comunidades de Fe Organizadas (COFOA), Alberto Velásquez Trujillo, confirmó este lunes que están en proceso de cierre por una recomendación que habría dado el Gobierno salvadoreño a la Nunciatura Apostólica.

Velásquez aclaró que COFOA no es una organización no gubernamental, sino un centro de servicio de la Diócesis de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro, y agregó que el Gobierno sugirió al Nuncio Apostólico que “debe cerrar COFOA”.

“Desafortunadamente estamos en una transición, quiero que entendamos una cosa, COFOA no desaparece, se fortalece y crece. Lo que ha pasado es que tuvimos que tomar una decisión, estamos en un proceso de cierre, el personal de COFOA y yo como director estamos cerrando este ciclo”, afirmó al inicio de una conferencia esta mañana.

Velásquez enfatizó en que COFOA es un movimiento de fe que nació en 2008 y que en 18 años logró hacer «grandes cambios», uno de los cuales aseguró fue el avance en el proceso de regularización de las lotificaciones de más de 350,000 familias que están sin escrituras de sus propiedades.

“El nuncio apostólico fue mal informado y él habló con el obispo Bolaños, de la Diócesis de Zacatecoluca, porque el Gobierno sugiere al Nuncio que debe cerrar COFOA, que deben detener el personal, que deben de pararlo, no sabemos las razones, no entendemos un poco el pensamiento de ellos, pero definitivamente el obispo tuvo que ajustarse a la decisión del Nuncio, el Nuncio viene del Vaticano, tiene la capacidad de sugerir también este cierre”, aseveró Velásquez. «El señor nuncio fue mal informado por gente mal intencionada de Gobernación que básicamente no quieren que yo esté aquí», dijo.

Aseveró que van 70,000 escrituras entregadas y pidió a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, que continúen ese trabajo.

“Desafortundamente el obispo tuvo que aceptarlo porque definitivamente es una parte de la obediencia”, indicó.

Velásquez aclaró que COFOA “no trabaja para ningún partido político” ni contra algún partido político, ante comentarios sobre que ellos estaban conformando 128 grupos en las comunidades para apoyar a cierto partido político. La organización trabaja con 128 comités locales en el país.

“COFOA cierra sus puertas pero la realidad es que COFOA está en todo el país, COFOA no se va a quedar quieto”, indicó, frente a un grupo de miembros. Señaló que COFOA continuará en Colombia, Honduras y Panamá. “COFOA continúa a nivel latinoamericano y algún día, si los obispos deciden invitarnos, venimos otra vez”, indicó Velásquez. Insistió, por otra parte, que “COFOA no se va” porque COFOA son “todos”.

El pasado 9 de marzo, COFOA anunció en un comunicado de prensa el cierre «de una etapa en El Salvador como centro de servicio de la Diócesis de Zacatecoluca.

El Gobierno entregó el martes un paquete de reformas a cuatro leyes para aplicar la cadena perpetua a personas condenadas por delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

Las reformas se realizarían a cuatro normativas: Código Penal, a la Ley especial contra actos de terrorismo, a la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) y a la Ley Penal Juvenil.

La reforma al Código Penal también incluye la posibilidad de otorgar, al condenado a cadena perpetua, el régimen de «libertad controlada» luego de una revisión obligatoria de las penas cuando hayan cumplido: 25 años para delitos cometidos por menores, 30 años si solo es un delito, 35 años si son dos o más delitos y 40 años cuando haya una agravante o haya «extrema gravedad cualificada».

Los anteproyectos de reformas serán recibidos este miércoles por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que está convocada para las 2:00 de la tarde.

Esta Comisión deberá estudiar antes una iniciativa para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución, cuyo acuerdo fue aprobado el martes, que levanta la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador. La ratificación deberá ser aprobada en el pleno antes de las reformas penales.

Las reformas a estudio

La propuesta de reforma al Código Penal establece como pena la «prisión perpetua» para los delitos: homicidio simple, homicidio agravado, violación, violación en menor de 15 años de edad, violación en menor o incapaz, y para la pertenencia a organización criminal o terrorista.

También, la pena de prisión perpetua se plantea para los delitos de feminicidio o feminicidio agravado en la Ley para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV).

Así mismo, según la propuesta de reforma a la Ley especial contra actos de terrorismo, quienes formen parte de organizaciones terroristas serán sancionados “con prisión perpetua”. La condición de cabecillas, jefes, dirigentes u organizadores, se entiende agravada «para efectos de la revisión de la pena».

En la propuesta de reforma a la Ley Penal Juvenil, también se introduce la «pena de prisión perpetua» como una de las posibles para los menores, ya que se aplicaría para los mismos delitos que establecería la reforma al Código Penal. «En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta y la revisión de la misma se hará conforme a lo dispuesto en el Código Penal».

Agrupaciones ilícitas

En la propuesta de reforma al Código Penal, se establece que aquellas agrupaciones conformadas por al menos tres personas con la finalidad de delinquir será sancionado con prisión de 8 a 15 años, y se suprimirían las penas que estaban establecidas para las maras o pandillas.

En el Código Penal actual, las maras o pandillas eran castigados con prisión de 20 a 30 años y, si son creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas, de 40 a 45 años.

Agravantes

En la propuesta de reforma al Código Penal, se considera «agravada» la pertenencia a organización terrorista si la persona es jefe, dirigente, financista, cabecilla, autoridad pública, promotores, o quienes ofrezcan o promuevan acuerdos de «no persecución criminal» y los «intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes».

En otra propuesta de reforma se explica el carácter agravado del delito afecta la revisión de la pena.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó en sus redes sociales que, cuando un estudiante que está por cumplir los 18 años realiza su trámite de Documento Único de Identidad (DUI) anticipado, sus maestros pueden servir de testigos.

“Presenta un documento con fotografía. Si no tienes, tus maestros pueden servir como testigos. Además, debes presentar un permiso firmado por tus padres”, anunció el Registro, en redes sociales, a los estudiantes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027.

El trámite de DUI anticipado busca que los jóvenes que cumplirán años cuando ya se haya cerrado el Registro Electoral 2027 puedan ser incorporados en dicho listado con el fin de que puedan ejercer su voto en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. Se trata de un “preenrolamiento” electoral. El Registro Electoral cierra el 31 de agosto de 2026.

El RNPN explicó que el preenrolamiento puede realizarse en cualquier duicentro, en jornadas en los centros educativos y, si vive en el exterior, puede ser solicitado en centros de servicios o jornadas móviles de la institución.

Si el trámite se realiza en un centro escolar, los maestros pueden servir de testigos, pero el estudiante debe presentar un permiso firmado por sus padres que lo autorice a realizar el trámite.

Pero, si el joven acude a un duicentro, debe presentar un documento con fotografía y, si no lo tiene, debe asistir con uno de sus padres o con dos testigos que tengan DUI vigente, explicó el RNPN en la publicación del 17 de marzo.

El DUI dentro del territorio nacional es gratuito cuando es emitido por primera vez.

En una jornada móvil en el exterior, el joven debe presentar un documento con fotografía y pagar $35 o su equivalente en moneda local.

Del 19 al 20 de marzo, habrá jornadas móviles de DUI para jóvenes que están por cumplir los 18 años en el Instituto Nacional de El Congo, Instituto Técnico Ricaldone, Instituto Nacional Maestro Alberto Masferrer, Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, Instituto Nacional José María Peralta Lagos, Instituto Nacional El Tránsito, Instituto Nacional de Comercio e Instituto Nacional de la Colonia Ciudad Obrera.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, pidió el martes agendar una propuesta de reforma a la Ley Penitenciaria para incorporar un nuevo artículo 103-B con el fin de permitir la castración química para las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual.

La propuesta plantea que los internos serían sometidos a un estudio del Instituto de Medicina Legal para determinar los factores de riesgo, grado de peligrosidad y perfil psicológico, entre otros, para determinar si son sometidos a un régimen de tratamiento médico especial para «inhibir temporalmente a nivel cerebral la liberación de hormonas y neurotransmisores» relacionadas a la agresividad y a la libido.

«Que esos violadores no solo vean la luz del día, sino también sean castrados». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro también pidió que la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa le pida una explicación al director de Centros Penales, Osiris Luna, sobre la inclusión de un hombre condenado por violación en el Plan Cero Ocio.

«Que explique por qué un violador de niñas de 4 y 6 años estaba en el programa Plan Cero Ocio cuando se supone que solo lleva 5 años de la sentencia de 36 años decretada», aseveró en la pieza de correspondencia.

Villatoro se refería al caso de Osvaldo Adonay García, de 37 años, quien fue condenado por agresión sexual y apareció en un video del Gobierno en el cual realizaba una pintura del programa RehabilitArte, del Plan Cero Ocio.

Una mujer que se identificó como familiar de la víctima citó que García ha cumplido cinco de su condena de 20 años de prisión por el delito de agresión sexual contra menor o incapaz y ya forma parte del Plan Cero Ocio.

De acuerdo con una publicación de la Fiscalía General de la República, Osvaldo Adonay García, de 30 años, fue condenado por el Tribunal 5o. de Sentencia de San Salvador por el delito de «agresión sexual en menor modalidad continuada» por hechos ocurridos en 2014 «cuando la víctima relató que el novio de una tía, que había venido visita desde Canadá, le había agredido sexualmente en reiteradas ocasiones».

La legisladora del partido de oposición aseguró que, ante los reclamos en redes sociales, Centros Penales únicamente borró la publicación en donde el interno salía con una pintura artística.

En el sitio de la FGR, García Ceballos aparece con una condena de 16 años de cárcel por el Tribunal 4o. de Sentencia de San Salvador por el delito de «agresión sexual agravada en menor continuada» contra otra menor por hechos iniciados desde el año 2009 y denunciados en 2020. «El relato establece que la menor tenía 6 años cuando comenzaron las agresiones y, debido a las serias amenazas a muerte que recibía de parte de García Ceballos, nunca contó nada a su padre, hasta el mes de octubre del año 2020, quien procedió a denunciarlo», indica la noticia.

«No queremos ver a ningún violador en la calle que vuelva a ver la luz del día», indicó la legisladora. Citó que solo durante 2025 se registraron un total de 2,749 casos de violación sexual.

La propuesta de la legisladora solo tuvo dos votos, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). «Con dos votos a favor, no hay resolución», dijo el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.

La Asamblea Legislativa aprobó el martes un acuerdo de reforma constitucional para aprobar la aplicación de la cadena perpetua a las personas condenadas por homicidios, feminicidios, violaciones sexuales o pertenecientes a grupos terroristas. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa estudiará hoy la solicitud de ratificación de la reforma constitucional y posteriormente entraría a estudiar un paquete de reformas a cuatro leyes que establece la pena de prisión perpetua para los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, propuso el martes una reforma a la Ley del IVA para que el Ministerio de Hacienda únicamente pueda exigir el pago del impuesto a las micro y pequeñas empresas (MYPE) proveedoras del Estado, cuando estas hayan recibido el correspondiente pago estatal por los bienes y servicios proveídos al mismo.

Ortiz quiso incorporar al pleno su propuesta de reforma al artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (Ley del IVA).

«Cuando el contribuyente proveedor del Estado, de las municipalidades, de las instituciones autónomas o de cualquier entidad pública, sea una persona natural o jurídica clasificada como micro o pequeña empresa (…) y no esté exento del pago del impuesto por disposición especial, el impuesto correspondiente (…) solo será exigible a partir del momento en que reciba efectivamente el pago, total o parcial, del precio respectivo, en la proporción correspondiente al monto percibido», indica la propuesta de reforma.

La diputada pidió introducir su propuesta de reforma en la agenda de la sesión plenaria de este martes. No logró los votos necesarios. Solo votó ella y dos legisladores del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

«Golpea a miles de familias, tanto a las micro y pequeñas empresas, como a las familias trabajadoras que dependen de estas empresas, y es cuando son proveedoras del Estado y el Estado no les paga a tiempo», señaló. La diputada relató que esta es una realidad que lo saben las MYPE.

«Reciben excusas, reciben un quedan, un papel que promete que algún día el Estado les va a pagar, ese algún día pueden ser semanas, meses o años. Aún así el sistema les exige pagar IVA. No es lógico, justo ni coherente. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Relató que un microempresario participó en una licitación pública y contrató personal, se endeudó, cumplió a tiempo, pero a la hora del pago le dijeron «te pagamos en un mes» y «se tardaron seis meses». «Al final quebró, el Estado lo quebró», señaló.

Ortiz también ha propuesto reducir el IVA a la mitad, una propuesta que fue considerada inviable fiscalmente por el diputado William Soriano, de  Nuevas Ideas.

Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE) que facilitan el acceso al financiamiento del sector pero también elimina la responsabilidad personal de los titulares de instituciones públicas por atrasos en pagos a proveedores.

Sin embargo, la reforma obliga al Ministerio de Hacienda a establecer mecanismos para «priorizar la cancelación de las cuentas por pagar a las MYPE» presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quienes desempeñen esas funciones.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, acusó este martes a las ONG de «defender a criminales» y las mandó «al carajo», por sus señalamientos de violaciones de derechos humanos en el país, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022 para combatir a las padillas.

«Quisiera decírselo como ciudadano, porque tengo que respetar el cargo que me inviste, simplemente les puedo decir: ¡Váyanse al carajo!», expresó Villatoro en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, a la que acudió para presentar una reforma a la Constitución para permitir la cadena perpetua para «homicidas, violadores y terroristas».

Villatoro recordó que el estado de excepción va para «cuatro años» y aseguró que en este tiempo las autoridades han enfrentado «todo los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales que también defienden a criminales violentos».

Señaló que el Gobierno «ha sido cuestionado sobre el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños».

Tras la presentación del dictamen de la reforma constitucional, Villatoro aseguró que se verá «a esas organizaciones defendiendo a criminales violentos, a violadores, a asesinos de hombres y mujeres, y a terroristas representantes de organizaciones criminales».

«No es por no ser democráticos que nos atacan, nos atacan porque el resultado de la democracia es lo que no les gusta», dijo.

Las declaraciones del ministro de Seguridad llegan días después de que se presentara un informe que concluye que en el contexto de la implementación de un régimen de excepción en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El informe, presentando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

El presidente Nayib Bukele criticó dicho informe y en X apuntó que «están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción».

Sin embargo, en el informe no se llama a liberar a la totalidad de detenidos, sino que a «establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas, asegurando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad».