Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), una entidad que fue el soporte técnico para crear los Códigos Penal y Procesal Penal en 1998 calificados como “desatre” por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.

La ley de disolución fue aprobada con 57 votos a favor. Tres diputados, de Arena y Vamos, votaron en contra. Ningún diputado emitió opinión en el pleno.

El proceso de liquidación se deberá finalizar a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y las indemnizaciones a los empleados de la UTE serán pagadas en los primeros tres meses de 2027.

La ley establece indemnizaciones de un salario por año de servicio hasta 24 salarios si estos oscilan entre $408.80 y $900; y hasta 12 salarios si este es igual o superior a $901.

La nueva ley traslada el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la UTE al Ministerio de Seguridad Pública, tanto sus competencias y el personal. El ministro de Seguridad aseguró que redefinirán el programa aunque no dio detalles.

Al Programa de Protección a Testigos y Víctimas le corresponde resolver las solicitudes de medidas de protección formuladas por el Órgano Judicial, la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Policía nacional Civil, resolver o suprimir medidas de protección adoptadas provisionalmente por situaciones de riesgo inminente, organizar y administrar albergues permanentes y casas de seguridad temporales,

La dirección general de la UTE y el Ministerio de Seguridad deberán conformar un comité de liquidación. La UTE deberá cancelar los contratos con proveedores y trasladar sus bienes al Ministerio de Seguridad.

La “Ley de disolución de la Comisión Coordinadora del sector justicia y de disolución y liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia” deroga la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, que estaba conformada por el presidente del Órgano Judicial, el ministro de Justicia, el fiscal general de la República, el procurador general de la República y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y tenía la atribución legal de definir la política y estrategias del sector así como analizar la problemática relacionada con el sector.

El ministro de Seguridad calificó de «contaminación” el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la labor de la UTE y señaló que “fue una institución que nació para poder hacer viable el desastre del Código Penal y Procesal Penal que nos impusieron en 1998”.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de protección de datos personales para derogar la obligación expresa que establecía la normativa a todos los sujetos obligados de nombrar a un delegado de protección de datos para gestionar los derechos conocidos como ARCO-POL.

Los derechos ARCO-POL son los derechos de «Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Portabilidad, Olvido y Limitación», es decir, a saber qué datos personales tiene una entidad, a que se corrijan incorrecciones o datos incompletos, a cancelar datos, al olvido o limitación del tratamiento, o a cancelar datos personales.

Con los cambios, en el artículo 47, se establece que las instituciones públicas “nombrarán un delegado” y que este podrá ser el mismo oficial de información, a diferencia del sector privado, cuya obligatoriedad que establecía en artículo 15 se derogó.

La reforma trasladó las obligaciones que tenían los delegados de protección de datos personales a los sujetos obligados de la normativa, algo que se aplicará en el caso de las empresas privadas.

El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, confirmó en su intervención que se deroga la obligatoriedad de nombrar a un delegado de protección de datos personales para las empresas. Señaló que, para los pequeños empresarios, implicaba un gasto y que, con la reforma, las empresas privadas ya no tendrían por disposición de ley incorporar en su estructura la figura de un delegado de protección de datos personales.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó que aún no había sido entregado el proyecto de reforma y preguntó cuál será el medio por medio del cual las personas podrán garantizar la protección de sus derechos.

“Se deroga el artículo 15 y el artículo 17, pero no queda claro, el artículo 16 dice el delegado tendrá las siguientes atribuciones, pero si se elimina la obligación de nombrar delegado, ¿cómo queda ese artículo?”, preguntó la diputada de Vamos.

Con la reforma, las solicitudes de los derechos ARCO-POL ya no deberán ser dirigidas al delegado, sino al sujeto obligado, que siempre deberá responder en un plazo de 20 días hábiles, y se traslada también al sujeto obligado la tarea de certificar rectificaciones, notificar transferencias y denegar resoluciones.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, opinó que la reforma busca que la “transformación digital avance de la mano con la protección de las personas, de nuestros datos” y que no están disminuyendo las garantías de protección de datos personales sino “facilitando su cumplimiento”. Según la diputada, con la reforma, se da mayor flexibilidad “sobre cómo cada sujeto obligado se organiza internamente”.

La reforma permite que el director de protección de datos en la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), que rige esta ley, sea nombrado por el presidente de la República por un periodo de tres años.

Los delegados de protección de datos personales, según los lineamientos emitidos por el director de la ACE y vigentes desde el 19 de agosto de 2026, debían estar certificados por la ACE. Estos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial del 11 de agosto de 2026.

El pasado viernes, la ACE dejó sin efecto la fecha límite del 16 de septiembre de 2026 para el nombramiento de delegados de protección de datos personales.

Víctimas del fraude ocurrido en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (Cosavi de R. L.) pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declare al Estado de El Salvador responsable de la violación de garantías judiciales y de protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El abogado de los afectados, Henry Fino, ve responsabilidad directa del fiscal general de la República ya que «por ley tiene que proteger a la víctima» pero «les ha negado información, no ha sido eficiente y eficaz», y de los jueces y magistrados que han rechazado demandas de afectados

«El Estado nos negó la justicia, a dos años y medio este gobierno nos ha dado la espalda», dijo el directivo de los afectados, Juan José Ortiz, quien añadió que tampoco la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) les han garantizado protección.

Fino relató que los afectados presentaron 104 demandas ante juzgados de lo civil por la falta de pago, algunas de las cuales fueron declaradas improponibles y otras inadmisibles argumentando que los certificados de aportación «no eran instrumentos ejecutivos que se pudieran cobrar». En otros casos, agregó, los jueces pidieron la escritura de constitución de la cooperativa cuando esta no se constituye por escritura.

Sin embargo, «hubo un juez que admitió la demanda justo antes de salir a las vacaciones de diciembre» pero señaló que «sorprendentemente el primer día hábil después de las vacaciones, revoca la admisión».

Posteriormente, argumentan, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la causa no era justiciable. «Teniendo el derecho, la institucionalidad negó a las víctimas el debido proceso», concluyó.

«Hay sentimientos encontrados, hay tristeza, creo que ningún salvadoreño quiere exponer al país en la palestra internacional por cosas negativas pero también hay esperanza. El 8 de septiembre no va a ser recordado no solo por lo del helicóptero sino como el día en que el Estado nos dio la espalda». Juan José Ortiz, directivo de afectados de Cosavi.

Los afectados pidieron, además de la condena al Estado de El Salvador, solicitaron a la CIDH que «se repare el daño» por la falta de administración de justicia y como garantía de no repetición que el Estado revise el marco normativo regulatorio del sistema cooperativo en el país. «Un actor importante en esto no aparecido, que es Insafocoop, Cosavi está regulado por Insafocoop y sin embargo brilla por su ausencia. Solo esa omisión ya le hace responsable», indicó.

Los afectados destacaron que luego de 30 meses del desfalco han fallecido 15 personas entre familiares y socios de Cosavi ninguno de los cuales recuperó su dinero en certificados de aportación.

En la conferencia de prensa, estaba Luis Alvarenga, quien se desempeñó como piloto aviador durante 42 años, y le solicitó a la SSF que le devolvieran una parte de su dinero para cubrir los gastos médicos ante la enfermedad de su esposa. «A 30 meses no le dieron respuesta y su esposa falleció», relató Ortiz.

El fraude de Cosavi fue un hecho conocido públicamente la noche del 9 de mayo de 2024 cuando la Fiscalía informó que procesaba a 32 personas, uno fallecido el 8 de septiembre de 2024, el gerente de la cooperativa, Manuel Alberto Coto Barrientos, en la caída del helicóptero junto al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y otros dos altos jefes policiales (Douglas Omar García Funes y Rómulo Pompilio Romero Torres), quienes lo trasladaban a una conferencia de prensa en San Salvador luego de que fuera arrestado por autoridades hondureñas. El 27 de julio de 2024, el fiscal había asegurado que Coto Barrientos había sido capturado en Panamá y que sería deportado a El Salvador.

La SSF ha anunciado la devolución de montos de hasta $150,000 a los afectados de la cooperativa. Los afectados critican este mecanismo de devolución, ya que no incluye la devolución de fondos invertidos en certificados de aportación.

El ministro de Seguridad de Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró el miércoles que duda de que el programa de protección de víctimas y testigos que ha estado a cargo de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia haya funcionado.

Villatoro sostuvo que el sistema judicial “fue incapaz de tutelar la vida de los testigos”.

Argumentó que actualmente cuando un salvadoreño se enfrenta a una organización criminal como testigo, ellos son los que sustituyen al salvadoreño; «y es el Estado el que se enfrenta a la organización criminal», expresó.

«Ya no necesitamos más que la víctima ande compareciendo y llevándola de un lado para otro y metiéndola en programas que no tengo evidencia que hayan funcionado, no tengo una evidencia. Lo que sí tengo es el sinsabor de saber que ese sistema de justicia penal, con el cual convivían muchas organizaciones, y alababan, fue el que fue incapaz de tutelar la vida de esa gran cantidad de víctimas y testigos», señaló el funcionario.

Villatoro cuestionó cuántos de los homicidios cometidos por los pandilleros fueron promovidos por el «sistema desgraciado penal», en referencia a los códigos penal y procesal penal creados en 1998. «¿Cuántos fue que llevó al paredón de fusilamiento (a las víctimas) porque en el sistema tradicional exigía al momento del juicio que la víctima y los testigos comparecieran», cuestionó.

Al solicitar a los diputados el traslado del programa de protección a testigos al Ministerio de Seguridad, declaró que en dicha cartera de Estado están asumiendo “grandes retos” al buscar un “programa que verdaderamente funcione” para estar «a la altura de países de primer mundo».

Villatoro defendió el traslado del Programa de Protección de Víctimas y Testigos al Ministerio de Seguridad mientras explicaba un proyecto de decreto que disolverá la UTE y la Comisión Coordinadora del Sector Justicia.

Argumentó que, al disolver la Comisión y la UTE, no tocarán el programa de víctimas y testigos, pero que lo redefinirán y lo actualizarán «a la luz de ese nuevo El Salvador”.

Para el año 2026, la UTE tiene asignado un presupuesto de $1,533,417, luego de un recorte de $703,272. La línea presupuestaria de Gerencia Programa de Protección 2026 tiene asignados $502,692, de los cuales ya devengó $269,304.71.

Villatoro dijo que no requerirán “ningún refuerzo presupuestario”, aunque al disolver la UTE, que tiene 43 empleados, la ley de disolución aclara que entregarán indemnizaciones en los primeros meses del año 2027.

Los encuentros de migrantes salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos han aumentado en 45 % a lo largo del último año, de 128 retenciones registrados en agosto de 2025 hasta 237 en agosto de 2026, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Pese a esta alza en el último año, las cifras de las detenciones de migrantes salvadoreños aún no superan los números registrados por la CBP antes de enero de 2025 cuando ascendían a casi 3,000 encuentros mensuales.

Antes del inicio de la administración Trump, se reportaron 3,121 encuentros de migrantes salvadoreños en octubre de 2025, se mantuvo en 3,105 encuentros en noviembre y 2,971 encuentros en enero de 2026.

De enero a febrero de 2025, las retenciones de migrantes salvadoreños siguieron una tendencia general ocurrida en los encuentros de migrantes de otros países, cayendo de 2,971 a 286 casos, seis veces menos. En el resto del año, las cifras no superaron los 208 encuentros, en mayo.

La cantidad de migrantes salvadoreños retenidos durante los cuatro meses recientes de 2026, de mayo a agosto, han superado los 200 casos. Así, el año 2026 arrancó con 134 retenciones de salvadoreños en enero, subió a 207 en mayo, 233 en junio, 238 en julio y se mantiene en 237 en agosto.

En general, el año fiscal 2026 cerrará con una disminución aproximada del 45 % de encuentros de migrantes extranjeros en Estados Unidos, respecto al año fiscal estadounidense 2025, cuando se reportaron 691,906. Los años fiscales 2023 y 2024 cerraron con 2.9 millones y 3.2 millones de encuentros de migrantes de todas las nacionalidades, de los cuales 62,846 y 57,207 salvadoreños, respectivamente. Bajaron a 14,221 en 2025 y van 4,112 en el año fiscal 2026.

En la frontera sur, año fiscal 2025 cerró con 12,282 salvadoreños retenidos, luego de finalizar los dos años anteriores con 61,515 y 53,888. Este año, en la frontera sur llevan 2,090 encuentros de salvadoreños en 11 meses del año fiscal 2026.

El director de transparencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Manuel Guevara Hernández, en su entrevista como candidato a miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), no se pronunció sobre la falta de publicación de los informes de auditorías desde el año 2024.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), le dijo al candidato que actualmente los informes de auditoría de la Corte de Cuentas deben ser públicos porque así lo ordena la Ley de la institución.

Villatoro relató que el presidente de la CCR, Walter Sosa Funes, aseguró en la Comisión Política que se debía para cuidar los «datos sensibles» de los funcionarios. «¿Usted está de acuerdo con esta aseveración que hizo el presidente de la Corte de Cuentas?, ¿usted lo hubiese manejado distinto? y ¿cuál es su opinión de realmente esconder los informes que deben ser públicos y cómo lo ve usted del lado de un director que ve los temas de transparencia?», preguntó la diputada de Arena al director de transparencia de la CCR.

Guevara Hernández respondió: «Para todo el pueblo salvadoreño, aquí como ustedes saben estoy siendo entrevistado para ser consejal del CNJ, todo lo que yo venga a rendir o a declarar es conforme a esa postulación. Si yo vengo y traslado todos mis conocimientos de transparencia, los voy a aplicar al CNJ».

En su exposición, el candidato dijo que «el CNJ está haciendo un gran trabajo» y que él estaba ahí «prácticamente para poder dar un fortalecimiento». «Hay tantas cosas que ellos están realizando, pero considero que es esencial ese elemento de liderazgo», afirmó.

El aspirante tituló su plan de trabajo «Transparencia y liderazgo transformacional en el CNJ».

La Corte de Cuentas de la República mantiene en línea las auditorías en su área de fiscalización desde el año 2009 hasta el año 2023, en el área de «Resultado del proceso de fiscalización» de su Portal de Transparencia. Sin embargo, desde 2024 dejó de publicar las auditorías.

«Lo que nos impide es no publicar información sensible”, dijo el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa, en su entrevista como candidato a la reelección en la Corte de Cuentas. Sosa aseguró que estaban armonizando los informes de auditoría con la Ley de protección de datos personales, la Ley de acceso a la información pública y la Ley de la Corte de Cuentas.

La diputada Claudia Ortiz está recolectando firmas en línea para respaldar una petición titulada “Defendamos la democracia interna en Vamos” en la que ciudadanos expresan preocupación por los acontecimientos dentro del partido político Vamos y solicitan dejar sin efecto las suspensiones contra la legisladora y uno de los miembros de su planilla para dirigir el partido.

Según la petición, Ortiz y Pacífico Chávez ya han sufrido los efectos de las suspensiones, ya que ya fueron excluidos de reuniones del Consejo Ejecutivo Nacional, que adoptó decisiones sobre el proceso interno, como suspender las elecciones internas y convocar para el nombramiento de los nuevos miembros de la Comisión Electoral Permanente (CEP).

Hasta ayer, Ortiz llevaba 2,022 firmas verificadas en respaldo de la petición en el sitio change.org.

En el programa La Tribu, Ortiz aseguró el pasado 14 de septiembre que dentro del partido Vamos «han movido todas las piezas». Ante la pregunta ¿quiénes?, respondió: «Las personas que pusieron la denuncia, las personas que han admitido esa denuncia y han emitido una medida cautelar y más allá quizás en algún momento las motivaciones van a salir a la luz».

«Evidentemente esto ya estaba pensado. Es evidente quién (gana), gana el partido oficialista y los partidos satélites y los partidos que están haciendo una oposición que no tiene una visión de futuro, sino que están ahí cómodos siendo oposición», dijo la legisladora, quien dijo incluía al partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en esta categoría.

En el mismo programa Ortiz aseguró que ningún partido político se le ha acercado ante la posibilidad de que la expulsión se concrete en Vamos.

Claudia Ortiz, quien disputa la secretaría general de Vamos a su diputada suplente Cesia Rivas, enfrenta una demanda de expulsión ante el Tribunal de Honor del partido por lo que la han suspendido de su facultad de ejercer su cargo dentro de la dirigencia actual y de sus derechos políticos.

Mientras tanto, la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, denunció ante la Fiscalía General de la República el uso no autorizado de la marca Vamos luego de la divulgación de audios desde un correo aparentemente de Vamos. La denuncia ocurrió luego de una publicación del diario CoLatino que sobre un «plan para armar expediente y bloquear candidatura de Claudia Ortiz”. En uno de los audios un supuesto integrante de Vamos exhorta a «tirar cascaritas» a Ortiz porque se «anda moviendo como que fuera candidata presidencial” y un supuesto secretario de Vamos dice que recaban “pruebas” por “un equipo de profesionales” “contratados” contra Ortiz. En la nota se afirma que la plataforma de votación de las internas fue manejada por un empleado del Órgano Ejecutivo a encargo supuestamente de un miembro de la Comisión Electoral Permanente (CEP) de Vamos.